Las recientes encuestas y entrevistas al presidente Humala definen claramente la magnitud de los desafíos que debe gestionar el actual gobierno y sus flagrantes limitaciones para dar cuenta de ellos. Apenas un dato puede graficar esta falta de sintonía: tanto el presidente del consejo de ministros como el titular del Congreso, el oficialista Víctor Isla resultan desconocidos por gran parte de los ciudadanos del país. Sin blindaje, el presidente de la República queda expuesto a la crítica directa.
Sin duda, los cambios operados en el Gabinete en julio último ensanchan el divorcio existente entre los rumbos tomados por el Ejecutivo y la naturaleza de las demandas sociales. Buscando establecer un equipo mínimo para gobernar, la PCM anunció la conformación de un grupo asesor en el que llama la atención que no figure ningún componente nacionalista. Esto nos muestra un Ejecutivo que ha prescindido del partido «oficialista», al que suple con mecanismos informales que intentan generar nuevas y efímeras alianzas, con las que pretende enfrentar dos escenarios inmediatos: los conflictos redistributivos y el latente malestar en el Sur Andino.
Amenguado momentáneamente el frente socio-ambiental, el relevo de la protesta social lo toman los maestros, los profesionales de la salud y, próximamente, los jueces, dando un giro sustancial a la conflictividad: el escenario es eminentemente urbano, con actores sindicalizados provenientes de un sector medio empobrecido. Pese a los esfuerzos de las dirigencias por mantener cierta cohesión, es claro que en estos espacios actúan abiertamente expresiones cercanas al radicalismo senderista, sin que el gobierno considere en la negociación alguna fórmula que permita aislarlos.
En cuanto al escenario Sur Andino, la preocupación por el gasoducto paulatinamente se coloca en el centro del debate, de manera comprometedora para el gobierno no sólo porque desdice lo prometido durante la campaña electoral sino, más importante aún, porque acrecienta las sospechas de la actuación de lobbies muy fuertes y dinámicos que estarían imponiendo la tónica a la cambiante posición oficial.
Si las deficiencias del gobierno son alarmantes lo es aún más la inexistencia de oposición. La prensa de derecha difundió con alegría inocultable que una reciente encuesta diera como resultado el perfilamiento del fujimorismo como primera fuerza opositora, dato que relativizamos, pues depende de su remota posibilidad de extender este rol más allá de las paredes del Congreso, y del juego que les abra la reciente maniobra del indulto humanitario. Otra opción que pugna por ubicarse como contrapeso a la política oficialista es la izquierda, que transita por ahora en carriles paralelos con Tierra y Libertad, el incipiente MAS del cajamarquino Santos y el nuevo intento de reagrupamiento denominado Fuerza Ciudadana. Al parecer la primacía de la desconfianza y el cortoplacismo posponen aún la búsqueda común del discurso y la práctica que ubiquen a las fuerzas de izquierda como alternativa legítima entre un gobierno que perdió el rumbo y el creciente radicalismo violentista.
Un logro del modelo neoliberal es haber alejado la política de la economía, imponiendo el indicador macroeconómico como medidor universal de la realidad social y principio del bien común. No obstante, la persistencia de expectativas embalsadas y las grietas sociales en las que prospera el violentismo son los puntos en los que ese principio hace agua. La derecha nativa, acostumbrada a equiparar política con captura de aparatos estatales y acción lobista ha demostrado que no tiene nada que proponer en este punto. El reto político de más y mejor democracia le corresponde a la izquierda. Queda por ver con qué instrumento político y con qué rostros decidirá a enfrentarlos en la cancha social y en la electoral.
desco Opina / 28 de setiembre de 2012
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