Las oportunidades que ofrece la economía rural en tiempos del Covid-19

Centenares de personas, adultos, jóvenes y niños e incluso ancianos, se han venido movilizando diariamente desde el inicio de la cuarentena, hacia la sierra y selva central del país. Esto ha quedado en evidencia con la detención de más de 500 personas, el 13 de abril.

En efecto, todas ellas han manifestado no disponer de más recursos para seguir alimentándose, que no cuentan con efectivo para pagar sus alquileres y que su economía se basa en el día a día, evidenciando una vez más la situación que ya era conocida: la falta de empleo formal, la ausencia de viviendas dignas e inexistentes servicios que debieran ser ofrecidos por el Estado. Pero, también la «criollada», que opaca las mejores intenciones políticas porque al no contarse con herramientas eficientes para focalizar las necesidades de los peruanos y peruanas, la falta de principios de algunos ha dificultado aún más el acceso al bono de subsidio otorgado a familias e independientes, dejando a muchas personas fuera de estas compensaciones que, aunque mínimas, son valiosas para los que tienen poco o nada.

No es una historia reciente, aunque la crisis de salubridad la haya evidenciado nítidamente una vez más. A partir de 1950 se inicia el desplazamiento masivo de grupos de migrantes hacia la capital, proceso que se agudiza en el periodo de violencia política y que finalmente pasa a constituir una práctica frecuente de los pobladores, que en la búsqueda de mejores oportunidades sea de empleo, educación, salud u otros, termina dejando su pueblo de origen. A partir de esta movilización de la población, vigente hasta el momento, se originan diferentes escenarios en la sociedad peruana; por un lado, un crecimiento excesivo y desordenado de ciudades como Lima, Arequipa, Huancayo, entre otras y, por otro, un despoblamiento de departamentos con altos niveles de ruralidad, en los que encontramos poblaciones con tasas altas de adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, cuya fuerza laboral se ha visto afectada de manera contundente y que hasta el día de hoy, no avizoran un posible cambio.

Así, el espacio rural –asociado fuertemente a la agricultura familiar– no ha sido una alternativa para estos peruanos migrantes, que decidieron apostar por opciones diferentes en los espacios urbanos que, muchas veces, no les otorgó las condiciones mínimas para mejor calidad de vida, pero donde las referencias de negocios pujantes continúan alimentando ese sueño, el mismo que se ha visto opacado por la propagación de la epidemia más importante de los últimos tiempos, el Covid-19. Es a partir de las medidas de aislamiento social adoptadas, que el sentido de estos flujos migratorios ha cambiado radicalmente, principalmente de los migrantes temporales, y así su inminente retorno de las grandes ciudades –principalmente Lima–a sus pueblos de origen, se está dando a paso de carrera.

Ante este retorno masivo, que algunos han denominado el éxodo de los migrantes a sus pueblos, la primera reacción de las autoridades huancavelicanas, por ejemplo, ha sido prohibir el acceso de los mismos con el argumento de evitar un aumento de contagios en sus territorios; dejando de atender a un grupo de personas que probablemente emitieron su voto a favor de ellos, porque muchos cuentan con un DNI que refleja sus lugares de origen.

Sobre ello, no es oponerse obviamente a las restricciones de movilización y del desarrollo de diferentes actividades sociales, económicas e incluso culturales. En su lugar, debe apelarse a salidas prácticas que no se opongan sino faciliten la reinserción de los que regresan a la economía familiar rural, que aun con sus carencias y dificultades la hace una economía de subsistencia, evidentemente asegura que las personas puedan alimentarse mínimamente.

Es oportuno reflexionar sobre esta situación, identificar los riesgos para controlarlos, así como las oportunidades que representan para el campo peruano. En esa línea, preguntamos si no es más sensato cuestionarnos sobre lo que se ha hecho para desarrollar la base productiva de los departamentos con fuerte presencia rural y si acaso no estamos ante una oportunidad para que los gobiernos regionales propongan alternativas de desarrollo que no sean solamente la producción de materia prima, sino ir más allá y proponer valor agregado enlazado con la industrialización e incorporación de tecnología innovadora para alcanzar la competitividad de los sistemas productivos, otorgando nuevas oportunidades.

Debemos asumir que es legítimo que las personas busquen mejoras materiales para ellas, más confort, mejores expectativas. Esto no es el problema sino, por el contrario, lo que debe fomentarse. El reto es cómo formar el contexto adecuado para hacerlo realidad, siendo lo más urgente salir de entornos de subsistencia y asegurar empleo digno que permita los ingresos necesarios para mejorar las condiciones de vida. Si no es así, solo aseguraremos la precariedad y fragilidad que, ciertamente, la pandemia no ha generado, sino ha contribuido a evidenciar con claridad. Por lo pronto, el retorno no se ha detenido.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2020

descocentro

Los meses más difíciles para el país

Próximos ya a los 6000 casos y con más de 140 muertes registradas, la crisis del coronavirus continúa avanzando en el país. Las oportunas y rápidas respuestas iniciales lideradas por el Ejecutivo, todo lo indica así, permitieron ganar tiempo y hacer más lento el avance de la pandemia a fin de evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud. En este escenario, el anuncio presidencial de la prolongación de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, no fue una sorpresa y fue adelantado por otros funcionarios.

Con el transcurso de los días y el incremento de contagiados, hospitalizados y muertos, el riesgo del colapso de nuestro limitado sistema de salud fue también en aumento. Las dificultades del mismo para armar la denominada curva epidemiológica,  –la herramienta fundamental para tomar decisiones y enfrentar la pandemia en base a datos de calidad, entre otras cosas por el escaso número de pruebas de las que disponíamos hasta hace pocos días que llegaron las recientemente adquiridas– se sumaron a la precariedad de nuestro sistema sanitario: límites de camas, infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidades de médicos y personal especializado, etc. Del optimismo inicial en nuestra lucha contra la epidemia, transitamos a la incertidumbre ligada al crecimiento exponencial de los casos y al insuficiente cumplimiento de las medidas de control.

Como también era previsible, los límites en la capacidad de gestión del Ejecutivo, empezaron a visibilizarse. El gran desafío de un Estado lento e ineficiente resultó imposible de disimular, peor aún para un gobierno que carece de las capacidades y los operadores propios para operar una emergencia del calibre de la que estamos viviendo con los limitadísimos recursos de los que disponemos. Los trámites engorrosos y los infinitos protocolos, combinados con burocracias débiles y muchas veces ineficientes, además de la fragilidad de la articulación entre distintos niveles de gobierno, generan demoras en la adquisición de equipos y pruebas indispensables, más aún en un mercado global saturado de demandantes.

Si los desafíos sanitarios e institucionales son grandes y desbordan al gobierno, los económicos no son menores. Hay que evitar el crecimiento de las muertes, pero también una crisis económica y una recesión prolongada, protegiendo a la gente y sus derechos. El Ejecutivo ha hecho anuncios importantes y significativos en esa dirección, señalando la disposición del 12% del PBI para responder al coronavirus. Se trata de un monto importante y muy significativo, reconocido internacionalmente. Sin embargo, menos del 1% del paquete está orientado a los más pobres y vulnerables; la ayuda para las Pymes –que son las principales generadoras de ingreso en el país– alcanza los 300 millones de soles, mientras las empresas más grandes recibirán a través de los bancos –que decidirán a quiénes, la modalidad y el interés– 30 000 millones de soles. En otras palabras, el mantenimiento de los privilegios que consagra el modelo económico y la exclusión de sectores neurálgicos como la pequeña agricultura que es la que abastece el 70% de la alimentación nacional, sin que se haya contemplado ningún tipo de bono o apoyo para este sector.

Privilegios que fueron exigidos desde el primer día con la exoneración de las medidas para la minería y la gran agricultura y que continúan siendo demandados evidenciando su falta de empatía con los sectores más vulnerables, como lo muestra la reciente comunicación de la Confiep a la Ministra de Trabajo, donde piden la posibilidad de ceses colectivos de manera automática y sin justificación, la reducción unilateral de salarios y jornada laboral o la extensión del plazo de la suspensión perfecta de labores, además de la postergación de impuestos y otros beneficios. Privilegios y comportamientos poco oportunos e insensibles de algunas empresas repartiendo utilidades cuando están en el ojo de la tormenta, en contraste con todas aquellas otras empresas y emprendimientos que buscan colaborar en la crisis y defender a sus trabajadores.

En este escenario difícil y complejo, en el que nos enfrentamos a los límites innegables del modelo, la debilidad estatal, la precariedad de las instituciones, la informalidad y la fragmentación social, el Ejecutivo tiene la posibilidad, la obligación diríamos, de convocar a un diálogo nacional que plantee una serie de reformas urgentes que precisen la reorientación del gasto público y la seguridad y previsión social en base al bien común y no a la tentación del salvataje de unos cuantos grupos económicos. Creemos que si pretendemos mejores opciones para salir de la emergencia y hacer de ésta un campo de aprendizaje, reconocimiento y redefinición de la sociedad y el Estado que queremos, es una condición ineludible y la única manera de empezar a recuperar la política. ¿Queda claro en qué asuntos se van a necesitar cambios en la Constitución de la República?

desco Opina / 9 de abril de 2020

El sur posaislamiento

Las medidas de aislamiento social dictadas por el presidente Martín Vizcarra para contener el contagio masivo del nuevo coronavirus han sido saludadas, no solo por grandes sectores en el país, sino por expertos en otros lados del mundo. También queda claro que Perú no podrá escapar de la recesión económica mundial que se viene, ciertamente con sus particularidades: una economía con el 72 % de informalidad, dependiente en un 60% del mercado externo y cadenas económicas frágiles en provincias y, simultáneamente, uno de los países con mayores márgenes de decisión por su situación económica.

El 13 de abril no volveremos a la normalidad, como muchos están pensando. El aislamiento social continuará y las restricciones para la movilidad interna también, sobre todo porque la mayoría de contagios del virus están focalizados en la capital y hay solo un departamento que aún está libre del virus (Puno) de los libres del sur que había hasta la semana pasada (Apurímac, Moquegua y Puno), mientras el número de casos confirmados en otros departamentos del sur son bajos y están controlados. La incertidumbre por los contagios está haciendo que algunas provincias del sur comiencen a cerrar sus accesos, salvo para el transporte de alimentos, como Sánchez Cerro (Moquegua), o que estén con las alertas al tope, como Santa Lucía (Puno), por el transporte ilegal de pasajeros en estos días de confinamiento.

Si bien estamos seguros que no tendremos problemas de desabastecimiento alimentario, pues felizmente en el sur tenemos un movimiento agrícola y pecuario muy dinámico a pequeña y gran escala, hay sectores económicos que se verán afectados. Por nuestro quehacer institucional nos preocupan dos en particular: el turismo rural y la producción alpaquera.

Respecto al primer sector, sin duda el Valle del Colca será grandemente afectado. Aún no es claro a qué se dedicarán todas las personas que han invertido en diversos negocios de servicios al turista, como casas vivenciales, restaurantes, guías, artesanías etc. En estos días vimos un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos: los habitantes de la isla de Uros retornando a sus actividades ancestrales para vivir mientras la actividad del turismo está detenida. ¿Cómo harán otros emprendedores del turismo rural en otras partes de Arequipa, Cusco y Puno? En breve lo sabremos. Aún no se avizoran políticas de nivel regional que puedan atender este problema. Es momento de revalorar la importancia de la pequeña agricultura, que predomina en el Valle del Colca y que tradicionalmente abastece a la ciudad de Arequipa, para que se constituya en una alternativa de compensación a la previsible caída del turismo.

Pero, sin duda, el golpe más duro lo recibirá el sector alpaquero. En la Macrorregión sur se calcula que hay 64 800 familias dedicadas a la crianza de camélidos sudamericanos domésticos (Cenagro 2012). Ya a finales del año pasado, el precio de la fibra había caído estrepitosamente a 8 soles la libra, luego de estar a 18 soles al comenzar el 2019. Es muy probable que muchas compras del extranjero se cancelen, teniendo en cuenta que el principal mercado de la fibra se concentra en China, Italia y Estados Unidos, tres de los países más golpeados por las consecuencias del covid-19. Tenemos el antecedente de la crisis financiera del 2008, cuando el precio de la fibra cayó a 3 soles la libra de fibra blanca y su recuperación tardó varios años. Se debería esperar que entre las medidas que el gobierno viene organizando para enfrentar la crisis, se considere a este sector con políticas para las compras estatales de fibra y la mejora del sistema de comercialización de la carne de camélidos que abastece el mercado interno.

En el caso de la fibra de alpaca, esperamos que las misiones comerciales en los países compradores cumplan un rol dinámico en la promoción y recuperación de este mercado y brinden información acerca de su evolución y que, complementariamente, se impulsen las compras estatales de fibra como se hizo en anteriores oportunidades para la confección de chompas escolares, por ejemplo. En el caso de la carne, serán importantes las acciones del Minagri para mejorar el sistema de comercialización con un rol muy activo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para potenciar este recurso como fuente de ingreso de los criadores, previniendo así su descapitalización con una saca planificada. Nos queda pendiente la pregunta ¿Cuál será la reacción del empresariado dedicado a la confección con estas fibras?, la respuesta es incierta.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció recientemente que el gobierno está preparando un plan para contener y reactivar la economía, que por lo poco que se conoce se centrará en facilidades a las empresas para acceder a préstamos, que seguro ayudarán a sobrellevar la crisis a grandes empresas y a algunas pequeñas, pero hay otros sectores (empresas familiares, asociaciones productivas) que quedarían fuera del plan. También se anunció un incentivo a las empresas para que no despidan personal, solventando el 35% de la planilla de trabajadores que ganen menos de 1500 soles. ¿De qué les sirven estas medidas a las personas a las cuales se les cierra el mercado?

Se vienen tiempos feroces.

desco Opina - Regional / 6 de abril de 2020

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