Los ases del Sur

Con el cambio de gabinete ministerial, todos los cargos de confianza de las diferentes instituciones que componen el Gobierno Nacional fueron puestos a disposición del Ejecutivo. Es así que uno de los cargos clave para la promoción de descentralización del país quedó en suspenso tras la renuncia de Manuel Dammert a la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre.

Luego de un breve periodo de transición, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés Dancuart, a fin de año toma la decisión de convocar a un viejo amigo para este puesto: el arequipeño Alberto Muñoz Najar. Él ocupó, como Valdés Dancuart, la Secretaría Técnica de la Macro Región Sur, una dependencia propuesta desde las Cámaras de Comercio del sur que gestó la Macro Región. Su trabajo consistió básicamente en la concertación con distintos actores políticos y empresariales del sur para la construcción de esta gran región, que finalmente no fraguó por diferentes intereses políticos de algunas de las autoridades convocadas, el boicot del poder central del fujimorismo y el resultado negativo del referéndum. Pese a este resultado la experiencia previa de Muñoz Najar es una credencial interesante para las tareas que le ha encomendado la PCM: implementar la política de descentralización y regionalización del Gobierno articulando y concertando con los gobiernos regionales y locales de todo el Perú.

Manuel Dammert y su equipo han dejado preparado el terreno para Alberto Muñoz Najar. Trabajaron en la conformación de cuatro juntas de coordinación interregionales y elaboraron la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012 - 2016.

La última junta en conformarse fue la Junta de Coordinación Interregional Macro Sur, que creemos viene con buena estrella tras esta designación. Esta junta ha priorizado trabajar en dos temas: inclusión social y articulación. En el Plan Nacional de Descentralización se han incluido los proyectos consensuados por la junta como son: a) corredor vial turístico productivo, b) gasoducto y petroquímica, c) proyecto integral de camélidos sudamericanos, d) plataforma logística del sur, e) programa de afianzamiento de cuencas, f) programa minería con valor agregado, g) programa de implementación de energías renovables, h) megapuerto sur, i) programa de saneamiento básico y, j) red ferroviaria del sur. La meta es desarrollarlos en los próximos cuatro años.

De todo este abanico, la construcción del gaseoducto y la petroquímica es el que ha recibido un compromiso formal del gobierno. Para sacar adelante los otros contamos con el apoyo de otro hombre del sur: Mauricio Chabaneix Belling, desde este año el nuevo jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Chabaneix, también cercano a la extinta Secretaría Técnica de la Macro Región Sur.

Ciertamente, dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y que las autoridades del sur dejen sus egos en casa y trabajen en conjunto, para avanzar en la conformación de esta gran región; pero contar por primera vez con dos personas tan cercanas en el Ejecutivo, que vieron nacer e impulsaron este proyecto, se presenta como una gran oportunidad. Las reiteradas derrotas de los proyectos descentralistas han obedecido a la capacidad de resistencia de una estructura de poder centralista. Queda planteado el reto que tienen por delante las actuales autoridades y líderes regionales.

desco Opina / 13 de enero de 2012
Programa Regional Sur
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La selva y el efecto mariposa

En estos cuatro primeros meses de gobierno acaecieron una serie de conflictos en diversas regiones del país. Si bien es cierto muchos de ellos tienen sus orígenes en gobiernos anteriores, el manejo del actual Ejecutivo ha merecido duras críticas por sus avances y retrocesos; así como por las manifiestas contradicciones entre sus miembros, lo que ha demostrado la falta de estrategias para abordarlos.

La selva central no ha sido ajena a esta tendencia conflictiva aunque no haya merecido la atención del Ejecutivo, lo que en el largo plazo puede generar problemas, pues transmite una sensación de desinterés. En primer lugar, recordemos que unas desatinadas gestiones y declaraciones del Congresista Federico Pariona, en relación a la sede de la recientemente creada Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, motivaron la paralización por 24 horas de la provincia de Chanchamayo. Aunque los medios periodísticos digan lo contrario, el paro preventivo fue bien manejado por sus convocantes y nunca buscó enfrentar a dos pueblos hermanos como Pichanaqui y Chanchamayo, pero sí alteró los ánimos de líderes representativos de ambos distritos y generó algunas pérdidas al turismo y comercio local. El manejo del conflicto aparentemente no concitó el interés del Gobierno Central, pero sí el de aquellos que se sienten afectados con las noticias, quienes actualmente se vienen movilizando por canales legales y pacíficos para la solución de sus inquietudes. La solución definitiva no depende de ellos, por lo que aún no puede decirse que alrededor de este tema la calma esté asegurada, y el riesgo de enfrentamientos reales y bloqueos de carreteras está todavía presente.

Por otro lado, en la selva central quedan temas ambientales pendientes, que en muchas reuniones locales salen a la luz amenazando con transformarse en conflictos. Estos deben de ser atendidos antes de que lleguen a su fase de crisis. En primer lugar, podemos señalar la futura explotación de hidrocarburos en los lotes 107 y 108. Las actividades preliminares que se vienen realizando cuentan con una aparente aprobación social de los líderes de las comunidades nativas pero con muy poco arraigo en sus bases, lo que nos dice que estas empresas extractivas no pueden sentirse satisfechas con estos apoyos. Por otro lado, si consideramos que parte de estas explotaciones están dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha, es de suponer que se escucharán otras voces disconformes que no necesariamente serán de las etnias originarias.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, otro tema pendiente de atención es el contrato de construcción de la central de Paquitzapango en el río Ene (Satipo), parte del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Esta obra requerirá la construcción de una represa que derivará en una gigantesca laguna artificial y afectará a unos 12 mil habitantes entre nativos y colonos, quienes tendrían que abandonar sus tierras productivas. Las comunidades nativas a través de sus centrales han señalado lo inconsulto de este contrato de acuerdo energético, y en más de una ocasión en la selva central se han señalado intenciones de movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones subregionales promovidas desde las bases de las comunidades nativas que están en contra de esta obra.

El llamado «efecto mariposa» se sustenta en una teoría que propone que los pronósticos meteorológicos pueden tener un margen de error no identificado, cuyas causas se producen en distancias lejanas, por una causa aparentemente tan simple como el aleteo de una mariposa. En el clima social peruano, la analogía cobra vigencia y un lejano aleteo de mariposa tal vez pueda ser la paralización de Andahuaylas o el caso de minas Conga, cuyo errado manejo ya ha trascendido nuestras fronteras.

Las paralizaciones que hasta ahora se le han presentado a Ollanta Humala no ofrecen visos suficientes que demuestren haber sido políticamente concertadas para ponerle trabas al actual gobierno. Todo indica que se están asomando las promesas de campaña electoral difíciles de cumplir, ya que no existe ningún grupo político que tenga la capacidad de convocatoria para jaquear al Ejecutivo –sobre todo en las provincias donde Gana Perú obtuvo su más alta votación–, pero sí existen señales de ausencia de orientaciones claras sobre el tema, donde la presión de las masas, por ejemplo, logró arrancar la promesa de declarar Andahuaylas libre de minería; lo que puede terminar siendo el lejano «aleteo de mariposa» que necesitan los líderes de la selva central para poner en el tapete los conflictos latentes. La Ley de Consulta Previa tal vez tenga la oportunidad de ser puesta a prueba, pero mientras no se tenga totalmente claro cuál es la capacidad y la voluntad de aplicarla, esta norma podría ser insuficiente.

desco Opina / 16 de diciembre de 2011
Programa Selva Central
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El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

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Se reactiva el proyecto de la Macro Región Sur

El 10 y el 11 de noviembre en la ciudad de Moquegua el representante de la Secretaría de Descentralización Manuel Dammert, el premier Salomón Lerner, los presidentes de los gobiernos regionales del sur y sus equipos técnicos, los representantes de la sociedad civil de esta parte del país y otros funcionarios del gobierno, se reunieron en busca de animar la conformación de la Macro Región Sur, frustrada ya una vez en las urnas en el 2005.

El primer día, durante el diálogo con diversos representantes de la sociedad civil, se hizo entrega del pronunciamiento producto de los encuentros que la sociedad civil ha sostenido durante los últimos cinco años, los cuales concuerdan en gran parte con la agenda de las autoridades regionales del sur. En algunos casos ya se ha tomado una decisión política sobre estos intereses compartidos, por ejemplo respecto del gasoducto sur andino. Uno de los escollos más grandes para la integración son los conflictos interregionales, originados en el uso del agua y la demarcación territorial. El conflicto recurrente entre agricultores arequipeños y moqueguanos por el uso del agua del río Tambo, que después de años recién parece empezar a encontrar una solución, es un claro ejemplo.

En el sur hay dos fuerzas que bregan contra la integración: los regionalismos arraigados y los intereses políticos regionales, usualmente electorales y de corto plazo. Los primeros, hacen que los habitantes de un departamento se crean por encima de los otros por suponer que cuentan con más recursos económicos o incluso por criterios de discriminación racistas. Dammert en su discurso reiteró que más importante que tener el recurso es saber cómo aprovecharlo para el bien común, cosa que todavía parece difícil de aceptar en el sur. Sobre el segundo punto, ha sido evidente que algunas autoridades regionales han escondido dentro de su discurso integrador, el miedo a perder su cuota de poder, de allí que las Juntas Interregionales hayan tenido poco protagonismo estos años.

Después de poner sobre el tapete estos dos problemas nos preguntamos ¿cómo es que este gobierno busca hilvanar la ansiada integración del sur? Una respuesta, aunque no del Gobierno Central, se esbozó en el segundo día del mencionado evento, cuando los presidentes regionales de Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Madre de Dios, expusieron sus estrategias para el desarrollo de la Macro Región Sur. Éstas se orientan a promover iniciativas y acciones en proyectos comunes para hacer que la integración sea una realidad más concebible. El compromiso quedó plasmado (en una forma muy general, hay que decirlo) en el acta de reinstalación de la Junta de Coordinación Interregional Macro Región Sur.

El 5 y el 6 de diciembre se realizará en Lima el Seminario internacional ’Descentralización y territorio: desafíos para la ciudadanía‘, en el cual se deben delinear las primeras acciones para que, a partir del 2012, se implemente el Plan Nacional de Descentralización y Regionalización. Un plan que tiene entre sus puntos centrales la creación de cinco grandes regiones. Es claro que el actual proceso de descentralización sobre la base de las 24 regiones existentes se encuentra bloqueado por la incapacidad para constituir, desde estos espacios, unidades geoeconómicas y políticas con posibilidades de contrapesar el centralismo limeño. Pensar en cinco grandes regiones abre la posibilidad de reactivar efectivamente la descentralización sobre bases sólidas.

A decir de Dammert el acta de reinstalación de la Macro Región Sur con el nuevo gobierno, «afirma una vía de transformación ciudadana descentralista, por lo que será recordada como un hito en la industrialización y desarrollo territorial del sur, para afirmar al Perú como una nación democrática». Pero más allá de las miradas principistas, el reto para la sociedad civil es hacer seguimiento a la agenda del sur, viendo que estos megaproyectos (los actuales y los que están por venir) beneficien no sólo a algunos sectores sino a la mayoría de la población. De otra forma, los conflictos continuarán a la vuelta de la esquina. El contexto es favorable para avanzar y es necesario que los liderazgos regionales estén a la altura de las circunstancias.

desco Opina / 2 de diciembre de 2011
Programa Regional Sur
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Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
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Vacancia de autoridades y representación política en Lima Sur

Las elecciones municipales del año 2010 trajeron nuevas autoridades en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el caso de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo volvería a la alcaldía después de algunos años, muchas acusaciones y hasta haber purgado prisión efectiva por denuncias en una de sus gestiones municipales. En el caso de Lurín, el Alcalde Jorge Marticorena fue reelegido en representación del Apra, en Pachacamac el Alcalde Hugo Ramos –quien fuera en las elecciones anteriores en la Alianza Unidad Nacional–, fue reelecto en las filas de Restauración Nacional.

En julio del presente año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declara la vacancia del regidor distrital de Villa María del Triunfo Juan César Pianto Peralta de Perú Posible por la existencia de una condena privativa de la libertad por delito doloso. El JNE sustentó su decisión en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala como causal de vacancia la existencia de una condena a pena privativa de la libertad, consentida o ejecutoriada, por delito doloso. En nota de prensa del JNE se expresa “La resolución del órgano electoral constituye un importante paso en la lucha contra la corrupción, así como en la consolidación de la institucionalidad del país y en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de preservar la idoneidad de sus funcionarios”.

En Villa El Salvador en junio del presente año, regidores Perú Posible y del mismo grupo político del Alcalde de Villa El Salvador –Santiago Mozo Quispe– solicitaron ante el JNE la vacancia del alcalde del Concejo Distrital de ese distrito, por tener condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Sustentando su demanda en que éste fue sentenciado por la comisión del delito de defraudación tributaria contra el Estado a cuatro (4) años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2) años. El JNE requirió al Concejo Distrital de Villa El Salvador se pronuncie sobre la vacancia. La sesión fue postergada reiteradamente por la inasistencia del Alcalde hasta que en sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2011, el Concejo Distrital de Villa El Salvador acordó, con 11 votos a favor y 2 en contra, aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Santiago Mozo Quispe, sesión a la que no asistió el alcalde, ni el secretario general, pese a encontrarse debidamente notificados. El 21 de setiembre Santiago Mozo interpuso recurso de apelación contra el acuerdo municipal y el JNE acepta su apelación y declara nulo el acuerdo de Consejo del 2 de setiembre. Nuevamente se llama a Sesión del Concejo Distrital de Villa El Salvador y en esta ocasión con presencia del alcalde y regidores, se obtiene como resultado 8 votos a favor y cinco en contra. No alcanzándose los dos tercios de los votos de los regidores para aprobar la vacancia del Concejo Municipal. Ahora le corresponde al JNE emitir una decisión final sobre la vacancia y si finalmente se aplica, en el marco de todo el proceso seguido en los últimos meses.

Otro caso conocido es el que se viene librando en Lima Norte, específicamente en el distrito de los Olivos. El JNE declaró infundado el pedido de vacancia del alcalde Felipe Castillo, por haber, supuestamente, destinado fondos públicos para crear la Universidad Científica y Tecnológica de Los Olivos. El Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) rechazó su inscripción al percatarse de ello, pero el Congreso creó una ley para convertir su universidad en pública, obviando al Conafu.

De acuerdo al portal del JNE existen una serie de procesos de nuevas solicitudes de vacancia de regidores en Lima Sur. Todo ello, evidencia la precariedad del sistema político local (el nacional no es la excepción) y la manera cómo se constituyen y definen las candidaturas a alcalde y las listas de regidores. Otro problema recurrente es la débil representación social con que cuentan las autoridades electas, quienes ganan con tan solo un 20% del voto de los electores en promedio, a pesar de lo cual cuentan con una amplia mayoría del Concejo Municipal y el control total de la Municipalidad. Estos datos nos ayudan a pensar en la manera como se distribuye el poder de acuerdo a los resultados electorales, surgiendo también preguntas sobre la democracia al interior de los partidos y la forma en que se estructuran. Es común, también, ver como una vez ganada la elección se reconfiguran los acuerdos y vínculos políticos locales, con lo que los partidos políticos pierden poder y representación, siendo los alcaldes elegidos quienes gobiernan «solos» olvidándose de planes y promesas electorales con los que ganaron las elecciones.

La ciudadanía y sus organizaciones sociales rechazan esta situación. Sin embargo, mientras los partidos políticos no superen la crisis en la que se encuentran y puedan funcionar como organizaciones con mecanismos de control y fiscalización de sus miembros, seguiremos eligiendo autoridades con problemas judiciales, que en teoría no podrían postular, pero que terminan asumiendo el poder que les otorga la función pública como autoridades locales.

desco Opina / 21 de noviembre de 2011
Programa Urbano
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Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.

desco Opina / 14 de noviembre de 2011
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