Mientras se llevaba a cabo la Convención Minera 2009, en Arequipa, se produjo una impresionante ola de anuncios sobre nuevas oportunidades de negocios para los inversionistas, basada nuevamente en la explotación de recursos energéticos y minerales. Junto al descubrimiento de un gran yacimiento petrolero en el golfo de México por la empresa británica BP Plc (2/sep), se sumó la noticia de los tres hallazgos de la transnacional YPF Repsol: la mayor reserva de gas en Venezuela (11/sep), el gigante yacimiento de petróleo al frente de las costas de Río de Janeiro (15/sep) y el primer gran descubrimiento de hidrocarburos offshore en Sierra Leona (17/sep). Además, se confirmó que la minera Chinalco iniciaba sus operaciones en Toromocho –donde se encontrarían 1500 millones de toneladas de minerales– y la minera Goldfields lograría una producción de más de un millón de onzas de oro en los próximos cinco años, en Cajamarca.
Todas estas noticias se han dado en medio de un marco poco promisorio para la economía mundial en los próximos cinco años, definido por la repentina subida del precio de la onza de oro por encima de la barrera de los mil dólares. En efecto, las primeras lecturas de este hecho señalan que los inversionistas se encuentran muy preocupados en proteger sus riquezas, frente a lo que sería una segunda caída en el producto mundial. Ante ello, sólo sería posible refugiarse en el metal más valioso: el oro y, eventualmente, también, en el petróleo. Este fenómeno conlleva una serie de problemas para el funcionamiento de la economía global, al presionar fuertemente en la inflación de los servicios y productos que la población apenas si tiene opciones para escoger: los seguros, los impuestos, la educación, la salud y, sobre todo, los alimentos. Todo será más caro.
Por otro lado, tendremos un dólar cada vez más bajo, haciendo que lo único competitivo que pueda exportarse sean nuevamente los minerales. Para asegurar que las ganancias sean líquidas, será necesario que las transnacionales mantengan su alianza con los gobiernos de los países en desarrollo, de donde extraen las materias primas, fundamentalmente en la estabilidad de la estructura de impuestos ventajosa y en la capacidad de sostener «gobernabilidad», es decir, tener a la población controlada mediante dádivas pordioseras y la penalización de la protesta social. En este marco, la colonización de la estructura del Estado por parte de los ricos junto con una mayor opacidad en el funcionamiento del mismo, configurará un caldo de cultivo perfecto para nuevos «faenones» y «aceitadas» que potenciarán en la población la sensación de insatisfacción ante un modelo de crecimiento económico que no comparte sus beneficios ni promueve la creación de valor y dignidad a través del trabajo.
Ante ello, ¿qué posibilidades tiene el Perú de elevar sus índices de democratización? Al parecer, mientras se siga acentuando la ya enorme influencia de los grupos económicos en los procesos de toma de decisiones en el aparato público, el resto del país continuará siendo visto solamente como cerros y selvas de donde extraer minerales e hidrocarburos para el gran mercado internacional. En suma, la sociedad no importa. Tampoco un Estado que anteponga el interés social sobre los particulares.
Mientras persista esta grave contradicción, en la que cada gobierno se vea compelido a maximizar la desigualdad en el acceso a la riqueza a pesar de que prometa durante una campaña electoral que la redistribuirá, los incentivos al conflicto social persistirán hasta que el crecimiento económico se someta a la paz que sólo la democracia puede garantizar.
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