Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores
dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a
beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta
situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos
Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así,
problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la
pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades
en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad
de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable
desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los
camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con
el mundo andino.
El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e
interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos
Sudamericanos (INCAS) como “organismo
descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego
dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente
la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos
sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector,
para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.
Se encargó al
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se
estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una
comisión de cinco personas “con la
finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el
Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte
días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo
que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano
recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas
especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel
nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización
del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es
promover la inviabilidad de su propósito.
En estos más de 180 años que tiene la exportación de la
fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la
empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el
sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores
alpaqueros –que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza– aportar
los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector
industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente
una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base
productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió
en la industria láctea, por ejemplo.
La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la
Ley 29987 que busca promover la ciencia, la
innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas
como “modalidades de participación de la
inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología
preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener
infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la
existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector
privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda
estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley
del INCAS –dada la modalidad para su implementación– se presenta como el mayor
riesgo para su fracaso.
Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como
organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos
humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la
dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la
implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo
un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon
minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas
altoandinas. Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo
plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la
producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la
concertación de los centros de investigación universitarios del país y el
exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional,
especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales).
Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores
para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación
favorable del INCAS.
Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que
requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la
comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas
de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la
inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y
corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus
almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para
realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes
internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas
y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna
responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y
certificar la sanidad.
Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de
los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI
ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es
vital para el sector, pero no tal como está planteada.
desco Opina - Regional / 12
de enero de 2018
Programa Regional Sur
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