Adelanto de elecciones: lecciones de una derrota anunciada

Como era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en concreto.

La cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente. Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso que está expurgando la trayectoria del Presidente).

Cabe preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles (y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.

Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de las comisiones.

Los errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha terminado cercando al Ejecutivo.

Las dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su falta de un aparato político lo han ido aislando.

Por otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales, muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves que saben manejar.

Los resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un acuerdo político lejanas.

Una derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo, carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.

Entonces, una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave), sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun, considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad política del país.

desco Opina / 27 de setiembre de 2019

Las varias facetas de un Presidente neoliberal

Desde el 2001, Martín Vizcarra es el quinto presidente neoliberal del siglo; su incuestionable defensa del modelo económico (recordar cómo enmendó la plana a su cercano ministro de Justicia sobre la creación de una aerolínea estatal), su apoyo a una política nacional de competitividad, que a pesar de las críticas, difícilmente puede ser calificada como heterodoxa, el piloto automático en el que sigue la economía por falta de rumbo, convicción o concesiones a los poderes fácticos, así lo evidencian.

Pero es también evidente que el presidente Vizcarra es un demócrata, aunque el aprofujimorismo y sus aliados de diversas bancadas y medios masivos digan lo contrario (hasta hoy no ha abandonado las reglas de juego vigentes). Su defensa del enfoque de género y su apoyo a la lucha anticorrupción no hacen más que reafirmar esta percepción.

Sin embargo, ahora soporta un bullying político y mediático a raíz de unos audios (la oposición oculta oportunistamente que han sido ilegalmente grabados) difundidos de una reunión con autoridades arequipeñas. El aprofujimorismo lo acusa de tener doble discurso, de violentar el orden legal y hasta de azuzar la violencia, olvidando que, en el período 2006-2011, cuando constituían mayoría en el Congreso, retrocedieron abiertamente ante la crisis de Bagua, saldada con 36 muertes, derogando el dispositivo legal que motivó las movilizaciones; o que el mismo presidente Alan García, en el 2011, suspendió la continuación del proyecto minero Santa Ana a raíz del “aymarazo”, sin ser por ello acusado de radical, traidor o antiminero.

La Confiep y los poderes fácticos, mostrando una vez más lo poco o nada que han aprendido de las recientes experiencias de conflictividad social en los proyectos extractivos, se quejan de que el Presidente no respetó los procedimientos legales y privilegió soluciones políticas antes que técnicas; algunos hasta hablan de traición. Desde la izquierda, a su vez, se denuncia la falta de transparencia presidencial, sus intentos por eludir responsabilidades ante un conflicto y su error al no anular la licencia a Southern.

Montados en los errores presidenciales, aparecen ahora algunos opositores (el congresista Mulder, por ejemplo) que anuncian incluso mociones de vacancia, que no son otra cosa más que un intento de liquidar la propuesta del Presidente para adelantar las elecciones.

Las marchas y contramarchas del gobierno y su conducta errática son frutos de la impericia y falta de habilidad política del Presidente, como lo es cierta ingenuidad (confiar en autoridades y líderes, algunos tan aventureros, oportunistas e inescrupulosos, como los que abundan en el congreso).

Más allá de errores, candores y oportunismos, la crisis en torno al conflicto de Tía María puede ser leída también como la primera vez que un Presidente defensor del modelo económico, no se somete a las presiones de los poderes fácticos para imponer un proyecto minero con argumentos legalistas y economicistas. Más aún, por primera vez plantea revisar y cambiar la ley de minería, algo que se puede interpretar incluso como una herida al modelo económico vigente, aunque eso de ninguna manera lo pone en cuestión y convierte a Vizcarra en un antiminero o «antisistema»; todo lo contrario, su paso por la presidencia regional de Moquegua incluyó la negociación exitosa con una empresa minera para el desarrollo del proyecto Quellaveco, contribuyendo a legitimar social y políticamente una inversión de esa envergadura y, por tanto, el mismo modelo. Ninguna otra autoridad política regional ha logrado eso en el país. La negativa de Vizcarra a imponer un proyecto a costa de muertos, tampoco es una posición radical y antiminera; es más bien la de un político liberal y demócrata.

El conflicto y sus secuelas inmediatas han evidenciado una vez más las limitaciones políticas y los serios déficits de gestión del presidente Vizcarra y su reducido entorno, pero también la miopía y oportunismo de una clase política que, en su afán de enfrentarlo y derrotarlo, no mira los intereses estratégicos del país. La observación es extensible a la clase empresarial, incapaz también de ver más allá de estrechos intereses corporativos y de comprender que una minería con legitimidad social, que respete los derechos de las poblaciones y no se imponga a sangre y fuego, es la mejor garantía para que puedan seguir disfrutando de sus beneficios. Ello supone, sin duda, reformas políticas, pero también en el modelo de concesiones y desarrollo de la actividad extractiva y en el rol del Estado. No verlo así es parte del drama nacional.

desco Opina / 16 de agosto de 2019

Cuando el río suena

El Congreso de la República ha iniciado la interpelación a la ministra Flor Pablo, usando como coartada el tema de los textos escolares. Será la tercera ocasión en la que el titular del sector pasa por este trámite desde la elección del gobierno de PPK. Recordemos que Jaime Saavedra fue censurado, mientras la gestión de Marilú Martens estuvo a la base de la caída del gabinete Zavala. En el primer caso, se argumentó una compra irregular de computadoras y retrasos en las obras para los Panamericanos; en el segundo, la ministra se puso en la mira del Legislativo en el contexto de una larga huelga magisterial. La arremetida actual, porque de eso se trata, es parte de la estrategia fujimorista que se encuentra con el fundamentalismo religioso más derechista, en su búsqueda de una base social de apoyo que les permita remontar la derrota política que ha sufrido.

Como ha sido certeramente señalado, tras el cuestionamiento a los materiales educativos, a los directamente involucrados en el caso y al conjunto de los contenidos elaborados, se esconde la pretensión de controlar la información a los escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno. El fujimorismo, en alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una campaña de desinformación y mentira, busca imponer su visión «provida y profamilia» anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así como su particular narrativa sobre la violencia en el país. Lo hace en alianza con los comerciantes de la educación superior en el país, interesados en terminar con el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que los obliga a condiciones básicas de calidad en sus negocios, recuperando el «poder» que perdieron los rectores de las universidades que defienden.

La interpelación a la Ministra, hay que decirlo, es parte del ambiente crecientemente enrarecido y polarizado que se observa en las últimas semanas, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ingresa a un nuevo capítulo. El retorno de Fuerza Popular a su discurso más duro y de bloqueo a la acción del gobierno –que le costó su derrumbe en la aprobación de la gente– busca aprovechar la debilidad de un Ejecutivo que descubrió tarde que sus problemas de gestión y su debilidad política, exigían de propuestas y capacidades que no se resolvían con un simple cambio de rostros. Sus opositores, es decir, el conjunto de fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo a parte de «su» bancada, encontraron espacio para presionar y avanzar en sus diversas pretensiones y en su afán compartido de supervivencia. La multiplicación de la información de Lava Jato y la evidencia del desplome de la clase política tradicional, sirvieron como acicate.

En este escenario, el fujiaprismo y sus distintos aliados de ocasión como los congresistas Sheput y García Belaunde, juegan a consolidar el «poder» del Congreso y a mantener su desprestigio. Bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la reforma judicial es su consigna. Golpear al gobierno en su precariedad es el camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del Ministro del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa. A fin de cuentas, de lo que se trata es de proteger sus privilegios y de mantener su impunidad, afectados los últimos años, sin duda, por el debilitamiento del partido naranja y de sus socios de la estrella. Desde el Ejecutivo, durar hasta el 2021 sigue siendo la tarea prioritaria.

La pregunta de fondo es si le resultará posible sin enfrentar al Congreso y recuperar formas de encuentro con la sociedad. El Primer Ministro, aunque tardíamente, parece pensar que no, a juzgar por sus declaraciones recientes que evidencian creciente malhumor por la «mecida» de la reforma política y el apoyo decidido a la ministra Pablo. Parece decidido, por lo menos, a una escaramuza grande. Le queda la relación del Ejecutivo con la sociedad. Ésta, distante y harta de la disputa en las «alturas», manifiesta cada vez más los malestares de su situación cotidiana. El conflicto de Las Bambas y los colaterales del corredor minero están lejos de resolverse y la impericia del gobierno no asegura puerto cercano; la inminencia del paro agrario convocado por CONVEAGRO, más allá de su fragmentación, evidenciará la distancia creciente entre el régimen y el interior del país, mientras la inseguridad y la delincuencia que permanecen indetenibles en las grandes ciudades, alimentan la insatisfacción de la gente que no parece dispuesta a movilizarse por una reforma política, que les resulta abstracta, cuando lo que quieren es que se vayan muchos de los que pretenden mantenerse.

desco Opina / 10 de mayo de 2019