Las derechas extremas y la pretensión de un fujimorismo 2.0

 

Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.

Tres décadas después, las derechas exhiben cinco grupos, comprometidos todos con la defensa neoliberal. La derecha populista y autoritaria fujimorista, que introdujo temprano y con fuerza un componente mafioso en la política; la de los partidos tradicionales –PPC, AP y APRA– que se fue desdibujando con el paso del tiempo y que parió posteriores grupos mafiosos como Solidaridad Nacional y Podemos; la derecha tecnocrática, materializada en un grupo de funcionarios públicos y en diversos think tanks vinculados a la gran empresa privada, como el Instituto Peruano de Economía (IPE); aquella otra surgida del «emprendimiento» de César Acuña y finalmente, la derecha religiosa y conservadora, católica y evangélica, que encuentra canales políticos en partidos como Renovación Popular. Aunque no todos estos sectores hacen automáticamente parte de la derecha extrema y algunos de ellos buscan una apariencia mínimamente liberal, la defensa cerrada del modelo los hermana, más aún en momentos de polarización que ellos mismos alentaron. Todos ellos, por cierto, con vinculación estrecha con la Coordinadora Republicana, autodefinida como organización de la sociedad civil que agrupa a lo más rancio de la derecha y el autoritarismo nacional.

Estas agrupaciones, con el concurso de Perú Libre, impusieron a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, lo que además de una ironía de mal gusto, evidencia la oscuridad y la alevosía que se han instalado en la política del país. Su elección, tras un proceso plagado de vicios y arbitrariedades que a estas alturas no sorprenden a nadie, llamó la atención de algunos analistas que parecen jugar a ingenuos, dadas las características del personaje, que no se destaca por su trayectoria como jurista o abogado y que es recordado como el exparlamentario nacionalista que antes de instalado ese gobierno, pretendió sorprender a los rusos presentándose como emisario del nuevo gobierno, como militante devoto y abogado de Vladimir Cerrón y más recientemente como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

Su elección, después de un concurso por demás opaco, promovida finalmente por Fuerza Popular y la agrupación que llevó al gobierno a Pedro Castillo, permite medir el deterioro y la pérdida del poco contenido que le queda al sistema democrático y es parte de la ola autoritaria que avanza por el mundo, donde la justicia y su independencia están entre sus principales blancos, como lo demuestran los casos de Hungría, Polonia, Nicaragua o Filipinas, por citar apenas algunos. Controlar la justicia en todas sus manifestaciones es un interés claro de las derechas de este país desde el año 2020. Derrotados en las fantasías de fraude que enarbolaron, y que hoy Keiko Fujimori quien las promoviera, las ignora para defender la legitimidad de su transitoria socia actual, la señora Boluarte, fracasaron en sus intentos de vacancia hasta el suicidio político del exmandatario.

No obstante tales contratiempos, desde la instalación del Congreso actual, el mismo que tiene los niveles de desaprobación más altos de la historia, las derechas se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a la captura de distintas instituciones que administran justicia. La elección del Tribunal Constitucional fue el primer paso. El segundo busca acabar desde hace dos años con la independencia de la justicia electoral; la arremetida acompañada de sus barras bravas, incluyó amenazas de muerte, campañas violentas de movilización y de noticias falsas, así como amenazas de destitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La elección de Gutiérrez es el tercer paso, que apunta al control de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, donde el Defensor encabeza la comisión que define los integrantes de aquella. Controlar los órganos electorales, siguiendo el modelo de Ortega y la pretensión similar de AMLO, es uno de los pendientes que seguramente abordarán en un futuro próximo.

Junto con el control de la justicia, se pretende también el de distintas instituciones autónomas que deben regular y ordenar distintas actividades que buscan ser definitivamente capturadas por grupos mafiosos. Fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aceptado por la señora Boluarte, pero también fueron las presiones sobre el tema del transporte que han terminado, por decisión del Ejecutivo, cambiando a la Autoridad de Transporte Urbano, mientras continúan las presiones alrededor de la minería artesanal, la tala y la pesca artesanal.

En sentido estricto, del presidencialismo de nuestro sistema político, la derecha nos está llevando al parlamentarismo autoritario, repitiendo el camino que realizara Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, décadas atrás. Su aspiración es un fujimorismo 2.0 para asegurar un nuevo ciclo político neoliberal y para terminar de liquidar a los “caviares, los auténticos enemigos del Perú”, como señala uno de sus pensadores más auténticos. La pretensión no es fácil, más allá del creciente rechazo que paulatinamente seguirá generando, porque la disputa por el liderazgo en las derechas, no está resuelta. Que Keiko Fujimori lleve ventaja porque es la única que cuenta con un partido organizado y relativamente disciplinado y que sea la validadora del entendimiento de Fuerza Popular con la agrupación de los hermanos Cerrón, que todo indica que va más allá de un simple canje de algunas posiciones de poder, no garantiza nada, más allá de la demolición de nuestra institucionalidad.

 

desco Opina / 19 de mayo de 2023

Erre que erre

Una medición de opinión pública del mes pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo. El porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta. Ese mismo mes, las dos principales mediciones políticas nacionales indicaban que la desaprobación del mandatario alcanzaba 70% en un caso y 71% en el otro, mientras la del Congreso de la República llegaba al 75% y al 85% según fuera el caso.

A menos de un año de la instalación de ambos poderes, es evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Julio, mes de la patria y de los circos, este año parece que será más de los segundos. Tras once meses de constantes enfrentamientos que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que devinieron pronto en los intentos de vacancia presidencial y las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continúan navegando en las investigaciones que lidera un congresista náutico, En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos y están arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Las últimas semanas, el Ejecutivo y el mandatario, asediados desde distintos flancos que alimentaron sistemáticamente desde su instalación en el gobierno, presentaron su polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que más allá de sus eventuales razones, busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta para beneplácito de quienes buscan liquidar al gobierno y multiplican sus ataques. En ese escenario de asedio, el Primer Ministro, haciendo gala de su tino político, recuerda nuevamente a Hitler; si la primera vez que lo hizo fue con ambigua admiración, ahora lo hace como abierta anatemización, consiguiendo en ambas oportunidades portadas y titulares que no le disgustan.

Buscando responder a un sector de su clientela, el Ejecutivo intervino la Derrama Magisterial, una empresa de derecho privado y controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en una decisión cuestionable y con nombre propio, que le abrirá al Ejecutivo y al mandatario en particular, un nuevo escenario de confrontación. Todo ello sin olvidar el cotidiano y lamentable surgimiento de parientes y paisanos aprovechando el vínculo para sus negocios privados y trapacerías, denunciados por personajes similares que buscan reducir el castigo por sus propios delitos.

Durante los mismos días, el Congreso y su Presidenta, ya especialista en agresividad y discriminación a estas alturas del partido, continuó acumulando sus propios méritos. Protegiendo a varios de sus propios clientes, la Mesa Directiva aprobó a fines de junio una bonificación extraordinaria para el personal de confianza y otra para todos los trabajadores del Congreso, que rondaría los 70 millones de soles. Para que no queden dudas de su talante y corazón, no contentos con blindar a Manuel Merino y sus secuaces, el ex presidente de facto fue el personaje central de una ceremonia en su homenaje en el Congreso el 11 de julio pasado. El apuro de esos gestos, ciertamente está acompañado por la prisa en otras decisiones mayores.

Así, la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo y el apuro por sancionar la bicameralidad sin ninguna discusión seria y con el interés único de crear mayores y mejores condiciones para su continuidad, está acompañada por el golpe a la reforma universitaria con la aprobación por insistencia de la ley que incorpora a Sundeu a tres representantes elegidos por las universidades y la extingue como organismo técnico especializado. La alianza de la derecha más pura y más dura, el fujicerronismo y los intereses de varias universidades bambas presentes en la representación nacional, se evidencia una vez más, por si fuera necesario a estas alturas.

De esta forma, erre que erre, Ejecutivo y Legislativo insisten en darle la razón a una opinión pública que crecientemente entiende que la única solución es que se vayan todos. Una opinión pública que tiene cada vez más claro que ni a unos ni a otros les preocupa la situación de la gente y su futuro, su aspiración de progreso y derechos. En ese camino que tiene mucho de salto al vacío, entre las cosas urgentes a aprender y resolver está el desplome de nuestro presidencialismo parlamentarizado en el que basta tener los votos necesarios para tener al mandatario como rehén, como ocurre ahora o en el escenario opuesto, asegurarse la mayoría parlamentaria para decidir sin control, como ocurrió con el fujimorismo. En alguna medida, la continuidad de una manera nefasta de gobernar.

desco Opina / 15 de julio de 2022

A pensar una nueva agenda social

 

Incapacidad, mediocridad y corrupción son tres adjetivos justos para caracterizar los últimos nueve meses en la vida política institucional del país, una temporada en la que Ejecutivo y Legislativo compiten por establecer cuál de los dos poderes justifica mejor la consigna «que se vayan todos», que aparece en los sondeos de opinión con más frecuencia –y no sin intereses discutibles–. Personajes mediocres, desinformados y sin coherencia argumentativa que son quienes ocupan curules y portan fajines; junto a interinos, segundones y magistrados con plazos vencidos, han empujado al país al borde del colapso.

El generosamente llamado «conflicto de poderes» entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no es otra cosa que una serie interminable de «debates» sin profundidad ni resultados de provecho para la ciudadanía: vacancia presidencial, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, acusaciones fiscales múltiples, denuncias constitucionales o censura de ministros; nada se trata como es debido. Con la participación irresponsable de la prensa, todo ello se ve reducido a un tratamiento equivalente al que se otorga a los acontecimientos y frivolidades de la farándula local. Los personajes de uno y otro lado de la trama aparecen al mismo tiempo como acusados, denunciantes y procesados, cargados de incoherencia y provocando vergüenza ajena. Pese a la cantidad de espacio y tiempo que se les dedica, han pasado a convertirse en noticias sin importancia real. Incluso hechos como la vacancia sorpresiva del alcalde de una ciudad tan importante como Lima, no generan mayor reacción de la ciudadanía.

La normalización de la mediocridad, el predominio del interés menudo y de valores retrógrados se han hecho patentes no solo en cada renovación de gabinete que ha intentado el Presidente Castillo, sino también en las decisiones que, más allá de supuestas «ideologías» irreconciliables, unen a las bancadas parlamentarias: la eliminación de la SUNEDU, el retiro del enfoque de género de la educación escolar o el destrozo de las normas electorales en favor de partidos que ni siquiera logran cumplir los cronogramas establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta tragedia de la política peruana, que siempre se resuelve «por mientras» con la opción del mal menor, se proyecta a repetirse y multiplicarse en el proceso electoral regional y municipal previsto para el 2 de octubre de este año. Las ideologías de Renovación Popular (RP) Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP) no cuentan cuando se trata de bajar todas las vallas y ceden paso a la componenda fácil para proteger opacos intereses compartidos.

Seamos claros: tampoco existen liderazgos alternativos ni organizaciones que guíen a una ciudadanía decepcionada y harta. Tras semanas de intensas marchas y paros en diversas zonas del país, no se refleja aún una movilización propositiva importante desde las organizaciones sociales, ni se manifiesta por parte de ellas una fuerza que realmente «cuadre» al gobierno y le haga cumplir sus ofertas de campaña. Y si se mira al sector privado, queda claro que, lejos de presentar alternativas alineadas con la realidad económica en un país con un tercio de la población en pobreza, su presencia institucional solo se activa para una desfasada defensa del «modelo» y la Constitución, sin sensibilidad frente a mayorías con las que no comparten (ni desean compartir) beneficio alguno.

En este desolador escenario, el reto para las organizaciones de la sociedad civil es enorme. El trabajo de reconstrucción democrática de la política está lejos de las ambiciones y populismos de izquierda y derecha que tanto daño nos producen. Pasa por sincerar la integralidad de la crisis y por incorporar a las y los pobres y excluidos como actores efectivos del cambio, promoviendo su organización y su capacidad de agencia en la tarea de formular una nueva agenda social.

 

desco Opina / 6 de mayo de 2022

Cuando el río suena

El Congreso de la República ha iniciado la interpelación a la ministra Flor Pablo, usando como coartada el tema de los textos escolares. Será la tercera ocasión en la que el titular del sector pasa por este trámite desde la elección del gobierno de PPK. Recordemos que Jaime Saavedra fue censurado, mientras la gestión de Marilú Martens estuvo a la base de la caída del gabinete Zavala. En el primer caso, se argumentó una compra irregular de computadoras y retrasos en las obras para los Panamericanos; en el segundo, la ministra se puso en la mira del Legislativo en el contexto de una larga huelga magisterial. La arremetida actual, porque de eso se trata, es parte de la estrategia fujimorista que se encuentra con el fundamentalismo religioso más derechista, en su búsqueda de una base social de apoyo que les permita remontar la derrota política que ha sufrido.

Como ha sido certeramente señalado, tras el cuestionamiento a los materiales educativos, a los directamente involucrados en el caso y al conjunto de los contenidos elaborados, se esconde la pretensión de controlar la información a los escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno. El fujimorismo, en alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una campaña de desinformación y mentira, busca imponer su visión «provida y profamilia» anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así como su particular narrativa sobre la violencia en el país. Lo hace en alianza con los comerciantes de la educación superior en el país, interesados en terminar con el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que los obliga a condiciones básicas de calidad en sus negocios, recuperando el «poder» que perdieron los rectores de las universidades que defienden.

La interpelación a la Ministra, hay que decirlo, es parte del ambiente crecientemente enrarecido y polarizado que se observa en las últimas semanas, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ingresa a un nuevo capítulo. El retorno de Fuerza Popular a su discurso más duro y de bloqueo a la acción del gobierno –que le costó su derrumbe en la aprobación de la gente– busca aprovechar la debilidad de un Ejecutivo que descubrió tarde que sus problemas de gestión y su debilidad política, exigían de propuestas y capacidades que no se resolvían con un simple cambio de rostros. Sus opositores, es decir, el conjunto de fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo a parte de «su» bancada, encontraron espacio para presionar y avanzar en sus diversas pretensiones y en su afán compartido de supervivencia. La multiplicación de la información de Lava Jato y la evidencia del desplome de la clase política tradicional, sirvieron como acicate.

En este escenario, el fujiaprismo y sus distintos aliados de ocasión como los congresistas Sheput y García Belaunde, juegan a consolidar el «poder» del Congreso y a mantener su desprestigio. Bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la reforma judicial es su consigna. Golpear al gobierno en su precariedad es el camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del Ministro del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa. A fin de cuentas, de lo que se trata es de proteger sus privilegios y de mantener su impunidad, afectados los últimos años, sin duda, por el debilitamiento del partido naranja y de sus socios de la estrella. Desde el Ejecutivo, durar hasta el 2021 sigue siendo la tarea prioritaria.

La pregunta de fondo es si le resultará posible sin enfrentar al Congreso y recuperar formas de encuentro con la sociedad. El Primer Ministro, aunque tardíamente, parece pensar que no, a juzgar por sus declaraciones recientes que evidencian creciente malhumor por la «mecida» de la reforma política y el apoyo decidido a la ministra Pablo. Parece decidido, por lo menos, a una escaramuza grande. Le queda la relación del Ejecutivo con la sociedad. Ésta, distante y harta de la disputa en las «alturas», manifiesta cada vez más los malestares de su situación cotidiana. El conflicto de Las Bambas y los colaterales del corredor minero están lejos de resolverse y la impericia del gobierno no asegura puerto cercano; la inminencia del paro agrario convocado por CONVEAGRO, más allá de su fragmentación, evidenciará la distancia creciente entre el régimen y el interior del país, mientras la inseguridad y la delincuencia que permanecen indetenibles en las grandes ciudades, alimentan la insatisfacción de la gente que no parece dispuesta a movilizarse por una reforma política, que les resulta abstracta, cuando lo que quieren es que se vayan muchos de los que pretenden mantenerse.

desco Opina / 10 de mayo de 2019