La tierra no avisa, pero deja constancia. Los sismos que remecieron Junín entre fines de julio y los primeros días de agosto no llamaron la atención por su magnitud, moderada en cualquier escala técnica, sino por el desbalance entre la energía liberada y el daño que dejaron: 6 fallecidos, más de 300 damnificados, viviendas inhabitables y un decreto supremo (el N.° 115-2026-PCM) que puso en emergencia por 60 días a Chupaca, Concepción y Huancayo, además de Huancavelica y Tayacaja. La cifra sismológica fue discreta; la social, no, y buena parte de esa distancia se explica por la profundidad, porque el movimiento se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en una falla local de la cordillera que llevaba décadas quieta, y esa cercanía concentra la aceleración del suelo justo donde vive la gente.
Para tener una referencia basta mirar el terremoto de 7,4 que devastó el Chocó colombiano por esos mismos
días: ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y aun
así dejó más de 130 muertos, una comparación que no consuela sino que advierte,
sobre todo porque en los anexos altoandinos de Chupaca y Concepción la vivienda
sigue siendo de adobe y tapial, levantada sin vigas soleras ni confinamiento y
muchas veces sobre suelos humedecidos por la temporada, de modo que cuando el
terreno acelera esa masa se comporta como lo que es: peso sin capacidad de
tracción. El estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) ofrece el marco nacional de este problema y es demoledor: de los 6,6
millones de viviendas del país, el 71% fue autoconstruido y apenas el 3% de
ellas cumple estándares adecuados, es decir, cuenta con planos, estudios de
suelos y supervisión profesional.
La preocupación nacional suele quedarse en la costa, donde la
fotografía del riesgo resulta más evidente, pero la sierra central carga una
vulnerabilidad propia, sobre todo por las distancias entre los poblados y los
centros de auxilio: los anexos rurales están lejos de las capitales distritales
y la evaluación de daños demora días en llegar, los centros de salud de nivel I
y las escuelas salen de servicio justo cuando se vuelven indispensables. La
falta de sismos destructivos recientes instaló una sensación de exención que
hoy se paga en escombros. El adobe, además, no es un capricho cultural, sino la única técnica al
alcance de familias sin título ni crédito, lo que traslada el problema
constructivo al terreno económico y legal.
Junín, por lo demás, tampoco termina en el Mantaro. Chanchamayo,
Satipo, Pichanaqui y las cuencas que bajan hacia Oxapampa comparten departamento
y presupuesto con Huancayo, aunque su riesgo tenga otra forma, porque en la
ceja de selva el sismo casi nunca aparece como colapso masivo de edificaciones,
sino como ladera que cede, carretera que se corta y pueblo que queda
incomunicado; suelos saturados por la lluvia y un movimiento moderado que
funciona como detonante de deslizamientos. Ocurre, sin embargo, que la gestión
del riesgo se sigue diseñando desde la mirada de la ciudad: los mapas de
microzonificación, los simulacros multipeligro y hasta los formularios de
empadronamiento asumen manzanas, calles y lotes, cuando en Río Negro, en
Mazamari o en las comunidades asháninkas del Ene y del Tambo, la casa es de
madera y calamina, dispersa en chacra, con acceso por trocha. Que ese material
resista mejor el sacudimiento no vuelve segura a la familia: el peligro
simplemente se muda al camino, al puente artesanal, al talud y a la imposibilidad
de sacar a un herido.
Súmese a esto una coincidencia de calendario que exige lectura
política: especialistas en infraestructura hidráulica advierten sobre un fenómeno
de El Niño de gran intensidad entre enero y abril de 2027. El Ejecutivo ya instaló una comisión nacional para ese escenario con
1900 puntos críticos identificados en cauces de ríos, de los cuales se
priorizarían apenas 569, de modo que un territorio
con laderas fracturadas por un sismo que en pocos meses recibirá
precipitaciones extraordinarias no enfrenta dos amenazas sucesivas, sino una
sola encadenada. Mientras tanto, el decreto de emergencia contempla una línea
que pasó casi inadvertida: las acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades
involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público, así que regiones y municipios deberán reasignar lo que ya tenían.
Para distritos con equipos técnicos mínimos y ejecución presupuestal
históricamente baja, la declaratoria opera entonces como una habilitación
administrativa antes que como respaldo financiero, sirve para comprar rápido y
recibir donaciones, no para reconstruir. Ahí está, en el fondo, el punto débil
del modelo, la respuesta está razonablemente normada, pero la prevención sigue
repartida entre entidades que no se hablan, se declara la emergencia después
del daño, se reparten calaminas y colchones, se firma un acta y el ciclo se
cierra hasta el siguiente temblor, mientras que la reconstrucción choca con
trabas que ningún decreto resuelve solo.
Sin título saneado no hay bono de vivienda ni
crédito, así que el damnificado vuelve a levantar lo mismo, con los mismos
materiales y en el mismo terreno, en un país donde el 73% de las viviendas se
edificó sin licencia y solo el 4% recibió alguna sanción. A eso se suman las
fajas marginales y las laderas inestables que siguen ocupadas porque no existe
oferta de suelo seguro donde reubicar a las familias; mientras los fake
news hacen lo suyo provocando alarma en la población ante la ausencia de
información oficial.
Detrás de todo esto sigue el asunto mayor:
frente a la costa central persiste una zona de acoplamiento que no
libera energía desde 1746, con
escenarios técnicos que proyectan un evento cercano a 8,8 grados y simulaciones
oficiales que hablan de decenas de miles de fallecidos y
medio millón de edificaciones destruidas, casi todo en Lima. Allí asoma la paradoja que la sierra y la
selva central conocen de memoria: cuando llegue ese día, el aparato estatal se
volcará entero hacia la capital y las regiones que hoy reciben atención tardía
dejarán de recibirla.
Por eso la mirada desde Junín, Huancavelica y Pasco no puede ser la
del espectador. La resiliencia del centro del país no vendrá en brigadas
enviadas desde Lima, sino de la capacidad instalada aquí, con equipos técnicos
permanentes en los gobiernos regionales, municipios que fiscalicen antes de que
se levante el muro, universidades locales produciendo estudios de suelos y
comunidades preparadas para sostenerse solas durante las primeras setenta y dos
horas. Anticiparse, en este caso, es una condición de supervivencia.
desco Opina –
Regional / 14 de agosto de 2026
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