Entramos a la recta final rumbo a la
primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán
pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación
tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal
como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no
logra definir su voto, como
lo evidenció la reciente encuesta del IEP.
Creemos que el país no solo se enfrenta
a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad
incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las
cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando
la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que
descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto
mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción
y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.
Hablar de ello implica hacer memoria
para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la
historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no,
los fake news, se han encargado de
pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de
rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia
reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista,
significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado
de derecho.
Más allá del protagonismo individual que
asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral
fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la
oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los
90, como lo analiza el
historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de
hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede
ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa,
lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas
por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de
la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica,
laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice
la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.
De ahí que personajes como Rafael López
Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del
Pacto de San José,
responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos
humanos que fueron trabajadas y
defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo
del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en
carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad
para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.
No es casual que, en los últimos años,
sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el
país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias
que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o
de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del
fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo
sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y
captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en
la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con
sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.
Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar,
han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al
menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los
que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que
desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político,
construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que
demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este
proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se
alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido
ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también
de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo
afirmado en su momento.
Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a
quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy
salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que
afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para
enfrentar los discursos de odio pululantes.
Ese discurso que comparten, construido
sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas
e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en
herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes
merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de
ciudadanía.
No se puede ignorar el desencanto que
atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase
política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a
las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese
contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que
tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario,
lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.
Por ello, el llamado no es a un
optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso
desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a
la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles,
que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han
guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente
retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como
herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los
sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el
que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no
puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos
dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país
estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.
desco Opina Regional / 10 de
abril de 2026
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario