El hecho de que la
congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) expusiera públicamente a
niñas víctimas de violación junto a los hijos nacidos de embarazos forzados generó,
como ya es conocido, una fuerte condena nacional e internacional.
Incluso, su propio
partido manifestó su desaprobación, aunque sin reconocer que comparte
plenamente el objetivo de la instrumentalización política y religiosa de la que
ha hecho gala su candidata al Senado. Porque es innegable que la exposición
pública de niñas violadas con sus bebés refleja cómo ciertos sectores, entre
ellos, Renovación Popular, usan el sufrimiento infantil para legitimar agendas reaccionarias,
invisibilizando derechos reproductivos.
La Organización de las
Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que obligar a niñas a continuar
embarazos producto de violaciones, puede constituir una forma de tortura. El caso de la señora
Jáuregui muestra el rotundo fracaso estatal, porque refleja la ausencia de
políticas efectivas de protección y el desmontaje del enfoque de género en Perú,
promovido entusiastamente por la referida congresista y su partido.
Si
bien las reacciones han sido firmes y contundentes, pueden ser más precisas. La
violencia sexual contra niñas en Perú sigue siendo manifestación de una crisis
estructural y persistente, con cifras alarmantes y consecuencias graves para la
niñez y la sociedad en general. En el 2025, los CEM han
documentado 13 096 casos de violación sexual contra mujeres, de los cuáles el 63% (7768)
corresponde a víctimas entre 0 y 17 años. En este ambiente, casi 1000 niñas menores
de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres como resultado de violencia
sexual.
Más aún, sólo en enero 2026 ya se reportaban más de 40 nuevos casos.
Una mayor desagregación
de estos enojosos resultados, nos conducirá a la lamentable conclusión de que
la alta vulnerabilidad de la niñez peruana ante agresiones sexuales, aumenta
considerablemente si se trata de niñas indígenas.
Los datos más recientes
confirman –especialmente en comunidades amazónicas como las awajún y wampis– que
las niñas indígenas enfrentan una situación crítica de violencia sexual. Cerca de 800 denuncias
de abuso sexual contra menores indígenas en Condorcanqui (Amazonas) permanecen sin
resolución judicial, lo que evidencia una grave impunidad.
La presidenta del
Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc y otras organizaciones de mujeres awajún, han
exigido justicia por estos cientos de abusos perpetrados por maestros y
familiares, señalando que la reducción de fiscalías ha debilitado la capacidad
de investigación. El Ministerio de Educación documentó en 2025 que las comunidades indígenas
amazónicas y andinas enfrentan violencia sexual sistemática, con barreras
culturales y lingüísticas que impiden la denuncia y atención.
Así, el violento
resultado que impacta en la niñez peruana es causado por una combinación de
factores que van desde el aislamiento geográfico, que dificulta el acceso a
servicios de salud, justicia y protección; la discriminación estructural, que invisibiliza
las denuncias; la debilidad institucional, que se materializa en el reducido
número de fiscalías y la falta de presupuesto para atender casos en territorios
indígenas.
La responsabilidad de
los últimos gobiernos no se puede obviar. El desmontaje de los limitados
avances que se lograron en materia de género, equidad e interculturalidad se
encuentra a la base de esta condenable situación. En los territorios indígenas,
donde los embarazos infantiles son más frecuentes en términos relativos, la
ausencia de políticas interculturales reales (salud en lenguas originarias,
justicia territorializada) han agravado la vulnerabilidad.
Las denuncias y
condenas por la exposición pública de las niñas en Lima, contrasta con el
silencio sobre la situación de las niñas indígenas en la Amazonía peruana, que no
solo enfrentan violencia sexual por ser mujeres y menores de edad, sino también
discriminación por su origen étnico, su condición socioeconómica y la exclusión
territorial que sufren.
desco Opina / 20 de febrero de
2026
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