José Jerí, encargado de la presidencia del país, es definitivamente un hombre con suerte. Tras llegar al Congreso por la ventana como accesitario de Martín Vizcarra, con 11 654 votos, vale decir con más de 15 000 menos que el congresista que obtuvo la menor votación en Lima, de ilustre desconocido hizo carrera rápida en el Parlamento. El 2022 ya aparecía como un operador político relevante de Somos Perú, llegando en julio 2023 a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, controlando la asignación de recursos públicos y desarrollando relaciones privilegiadas con los ministerios y los gobiernos regionales; pasó así rápidamente a ser parte central del poder presupuestal.
Simultáneamente, su patrimonio tuvo un aumento millonario desde su ingreso al Legislativo y cargó con una denuncia por violación —archivada finalmente por el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez—, otra por desobediencia a la autoridad, y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. Como representante votó a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, respaldó las leyes que demolieron la institucionalidad, votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y aquella contra la extinción de dominio. Hizo lo propio con las normas sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales. En resumidas cuentas, un congresista a carta cabal; un digno representante del autodenominado primer poder del Estado.
Que fuera encargado de la Presidencia no fue sorpresa. La conducción del Congreso quedó en manos del fujimorista más duro y el Ejecutivo se le entregó a un joven inexperto al que previamente se lo había puesto como autoridad máxima del Parlamento. A fin de cuentas, la única misión que tenía parecía elemental: no ser Dina Boluarte. Convencido de su rol de personaje jugó a ser un Bukele hiperactivo, apostando por la conexión con el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo. Sus ideas le alcanzaron apenas para abrazar el estado de emergencia y las visitas altisonantes a los penales como estrategia. Empoderado por las encuestas iniciales, pensó que tenía un bono seguro hasta el 28 de julio. Incapaz de presentar su anunciada estrategia de seguridad, se vio desbordado por la realidad: los asesinatos aumentaron en su gestión, la extorsión crece imparable en ciudades como Lima, Trujillo, Piura y Sullana, los transportistas públicos son atacados y asesinados cotidianamente y las capturas que hace la Policía y reporta cotidianamente su jefe máximo, siguen acompañadas por los escándalos frecuentes en los que aparece involucrada esa institución.
Para peor, el escándalo del “chifagate” apareció en todo su esplendor. El presidente encargado, disfrazado de achorado, como comensal una vez, como comprador la segunda, desnudó sus largos vínculos con el empresario chino Zhihua Yang, con el que, existen indicios sobrados, mantiene una relación opaca desde su paso por el Congreso. Sus inútiles explicaciones, en realidad una sucesión de embustes, fueron tan flojas que, su Primer Ministro, por defenderlo, terminó descalificándolo al intentar explicar la reunión en San Borja como una trampa en la que había caído Jerí por su juventud, tratando de hacer creer que era un acto de inmadurez y no de corrupción política.
Como si ello no bastara, un informe televisivo, como lo señalara con elegancia un reconocido historiador, nos recordó que el Bukele nacional en realidad es un sucesor de Pantaleón. Las varias visitantes de la Plaza de Armas, convertidas en funcionarias públicas, hablan de un presunto tráfico de influencias a favor de aquellas. Esa investigación se hace más dura si se suma a la celebración de su cumpleaños en Cieneguilla, cuando ya era congresista, y la presencia de personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, así Gálvez sea el Fiscal perdonavidas, es evidente que la imagen de Jerí seguirá cayendo.
La fresa de la torta, más grave y de mayor calado aún, se produjo el martes 10. El embajador americano, Bernie Navarro, difundió en sus redes sociales una foto de su reunión “informal” con el presidente encargado en la residencia de la Embajada. Ambos personajes aparecen compartiendo una “hamburguesa americana” a decir de Navarro, que de manera mordaz anuncia “cambiando el menú”, aludiendo directamente al “chifagate”. Más allá de la anécdota y de las características personales del embajador directamente designado por Trump y Marco Rubio, apunta a alinear explícitamente nuestra política exterior con los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, aprovechando la debilidad del gobierno. Simultáneamente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental emitió un comunicado expresando su preocupación por reportes que sugieren que el Estado peruano carecería de poder para supervisar el megapuerto de Chancay, que es descrito como una infraestructura bajo la jurisdicción de "propietarios chinos depredadores”. El Embajador reposteó el mensaje, añadiendo que no hay precio más alto que perder la soberanía.
En esa dirección, recordemos que el Primer Ministro, días atrás sorprendió a la platea cuando desde la Casa de Pizarro, anunció que la próxima adquisición de cazas para la Fuerza Aérea del Perú aprobada por el Congreso, será definida de acuerdo con la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Las declaraciones de Álvarez dejaron claro que, habiéndose realizado el estudio técnico de los modelos ofertados, la decisión será política y responderá al alineamiento de Perú con Estados Unidos, a días de que esta nación declare al Perú como “aliado extra OTAN”.
En este escenario, Podemos y Alianza para el Progreso anunciaron que se suman al pedido de realización del Pleno del Congreso para discutir el futuro de su expresidente, convertido por su decisión en presidente encargado. Los costos electorales que puede representarles el mantenerlo, les inquietan ahora, como en su momento ocurriera con Boluarte, cuando lo que debiera preocuparles más es cómo se está arriesgando alegremente el futuro del país en todos los campos, incluido, como resulta obvio, el geopolítico.
desco Opina / 13 de febrero de
2026
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