Nuevo aeropuerto: ¿Necesidad pública o movida política?

 

En las últimas semanas, la discusión sobre la construcción, modernización y ampliación de aeropuertos en el Perú ha regresado con fuerza, particularmente en la región Junín. El cierre temporal del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja y la propuesta de levantar una nueva infraestructura del aeropuerto en Orcotuna han polarizado a la opinión pública. La pregunta que ronda en el ambiente es clara: ¿se trata de una verdadera necesidad regional o de una movida política con otros fines?

Desde marzo de 2025, el Aeródromo Francisco Carlé permanece cerrado debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, según comunicó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). La medida que se extiende hasta mayo, afectó notablemente la conectividad en plena temporada de Semana Santa provocando una disminución importante en el turismo local. Sin embargo, más que una solución planificada, el cierre ha reavivado el debate sobre la necesidad de un nuevo aeropuerto en Junín.

Uno de los argumentos principales de quienes promueven el nuevo aeropuerto es la saturación y obsolescencia del actual terminal. No obstante, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido un informe concluyente: el proyecto de un nuevo aeropuerto, tal como se ha planteado, no cuenta con viabilidad técnica ni económica. Además, se cuestiona la falta de coordinación con los planes nacionales de transporte y desarrollo.

A pesar de estas observaciones, el impulso detrás del proyecto sigue adelante, liderado por la bancada del exgobernador regional y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según informó Infobae (abril, 2025), Cerrón ha convertido el aeropuerto en una promesa clave de su discurso político, aprovechando el malestar regional para posicionarse nuevamente en el escenario nacional en medio de un contexto preelectoral. En ese sentido, la obra parece más un símbolo de reivindicación política que una solución planificada.

El periodista Marco Sifuentes abordó esta controversia en su programa La Encerrona del 28 de marzo en el que cuestionó la viabilidad del nuevo proyecto, recordando que ni las aerolíneas han mostrado interés en operar, ni hay estudios técnicos serios que sustenten la inversión. “Hay una narrativa de progreso, pero sin pasajeros, sin demanda y sin sostenibilidad, el aeropuerto podría terminar como otro elefante blanco”, afirmó el periodista.

El clima en Jauja es de frustración y escepticismo. Si bien algunos grupos han convocado a protestas y paros contra el cierre del aeropuerto, estos no han tenido gran convocatoria. Wayka y otros medios locales y alternativos, han advertido que la población no está siendo adecuadamente informada sobre los alcances reales del nuevo proyecto. El sentimiento predominante no es necesariamente de oposición, sino de sospecha frente a una propuesta impuesta desde arriba, sin consulta y con intereses electorales de por medio.

La discusión en torno a los aeropuertos no debe ser monopolizada por intereses políticos o discursos populistas. La necesidad de mejorar la infraestructura de transporte en regiones como Junín es real, pero esto no justifica que se tomen decisiones improvisadas ni se opte por megaproyectos sin sustento. Se necesita una visión integral de desarrollo territorial que considere las particularidades geográficas, económicas y sociales de cada región.

Es fundamental que las decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria en la región se basen en criterios técnicos, económicos y sociales bien fundamentados. Más allá de apoyar o rechazar una propuesta específica, es importante preguntarnos si existe una verdadera necesidad que justifique la inversión de recursos públicos y si esta cuenta con los estudios adecuados que respalden su viabilidad. La planificación a largo plazo debe estar guiada por el interés colectivo y no por presiones políticas o coyunturales.

 

desco Opina – Regional / 25 de abril de 2025

descocentro

Estamos advertidos

 Como ya es dramáticamente evidente, la inseguridad está desbordada en el país. Entre el primer día del año y el 8 de abril, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 597 homicidios, esto es 6 crímenes diarios y hasta el 31 de marzo el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional sumaba 6412 denuncias, 14.2% más que en el mismo período el año anterior. No es casual entonces que las mediciones de opinión pública más recientes muestren que 79% de los encuestados cree que la inseguridad continuará igual o empeorará en los próximos meses, que la aprobación de la mandataria, del presidente del Congreso y de Gustavo Adrianzén esté por debajo del 5% y que el nuevo ministro del Interior, ex viceministro de Santiváñez y arrastrando una indagación penal, no despierte ningún entusiasmo.

En septiembre 2024, los gremios y asociaciones de transportistas realizaron el primero de varios paros, que se han sucedido desde entonces, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra las extorsiones y el sicariato, que crecen aceleradamente en el país y los tienen entre sus víctimas más visibles. A ese mes, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. Se decía entonces que cerca del 20% de los transportistas urbanos estaban siendo extorsionados. El reciente jueves 10 de abril se produjo una nueva paralización de este sector, a la que se plegaron más de 30 000 unidades de servicio público generando grandes dificultades para la movilización de los habitantes de la ciudad. A fin de cuentas, en lo que va del año han sido asesinados más de 15 transportistas y se dice que la extorsión está afectando a más del 60% de las empresas del ramo.

La medida de lucha de los transportistas incluyó distintas movilizaciones hacia el centro de Lima, donde las voces de choferes y cobradores señalaban la responsabilidad del gobierno y el Parlamento en el agravamiento de la situación, en una jornada en la que se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. En este marco, las respuestas desde el Ejecutivo y el Congreso de la República evidenciaron, una vez más, la desconexión que ambos poderes tienen de la gente, su incapacidad y su desinterés para garantizar la seguridad, tanto como su desdén por malestares y protestas que parecen no preocuparles. Así, mientras el Presidente del Consejo de Ministros se quejaba porque paralizar Lima y el Callao significan mucho dinero para el Estado, y el jefe de la Defensoría de la Policía decía que los trabajadores del sector no ganan lo suficiente como para ser víctimas de extorsiones acusándolos de confabular para bloquear carreteras, dos congresistas evidenciaban su insensibilidad y su falta de inteligencia; uno, promoviendo que los asesinos peruanos acaben con los extranjeros, el otro, sosteniendo que los transportistas deberían llevar pistola para defenderse y usar una lámina antibalas.

Más allá de la fanfarria autoritaria que comparten –estado de emergencia, pena de muerte, servicio militar obligatorio, renuncia al sistema interamericano de protección de derechos humanos, criminalización de adolescentes–, Ejecutivo y Congreso son cómplices del agravamiento de la crisis que vivimos. Con un gobierno ineficiente y asediado por la incompetencia de sus ministros, la única novedad en materia de inseguridad, ha sido la instalación de una patética parodia del denominado cuarto de guerra. Un espacio en el que la señora Boluarte se reúne regularmente con los mandos policiales y militares, así como con algunos de sus ministros, para recibir poco más que el parte diario de las distintas comisarías y facilitar sus declaraciones desde ese espacio, responsabilizando a los gobiernos anteriores de la situación que vivimos y dando frecuentes números de sus supuestos éxitos; la mandataria olvida que el gobierno de Castillo registraba alrededor de 3 homicidios diarios, menos de la mitad de los que se producen en el suyo. En lo que hace a números inflados, su Presidente del Consejo de Ministros la superó; en su presentación de más de cinco horas en la pantomima de interpelación que le hiciera el Congreso hace unos días, dio cifras tan surrealistas como la adquisición de 370 000 vehículos nuevos para la policía o la realización de 291 516 operativos..

En el caso del Congreso, recordemos que 24 horas después del paro, éste aprobó las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa en caso de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Una responsabilidad más para un poder que ha logrado que la delincuencia cuente con un plazo menor para la prescripción de sus delitos, que anuló la utilidad del allanamiento al establecer que éste debe notificarse e incluir la presencia del abogado del intervenido, que no puedan ser juzgados por organización criminal en gran cantidad de delitos, que convirtió en prescriptibles los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera más.

Estamos advertidos. A la coalición autoritaria que nos gobierna no le preocupa especialmente la inseguridad. Le interesa concluir el diseño de la institucionalidad autoritaria en la que están embarcados y proteger su impunidad, como queda demostrado con dos de sus decisiones de los últimos días. La modificación del reglamento del Congreso, aprobada por la Comisión de Constitución para posibilitar la suspensión indefinida de fiscales y jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, con apenas 50 votos, así como la reinterpretación del artículo 117 de la Constitución que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para blindar a Boluarte por el caso de los Rolex y abrir la posibilidad de sancionar al fiscal por actuar “con fines políticos”, evidencian el juego en curso. Estamos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder para asegurar el control del Estado en beneficio propio. Se trata de enfrentar con firmeza a la coalición autoritaria y su juego, si queremos que las elecciones del 2026 sirvan para cambiar algo.

 

 

desco Opina / 16 de abril de 2025

Estado chico, infierno grande

 

El 24 de marzo de 2025 se hizo pública una grave denuncia que puso en vilo a la población y dejó en evidencia, una vez más, los malos manejos a los que la gran empresa privada suele recurrir en complicidad con el Estado. El anuncio trágico de la muerte de una joven en Cusco, luego de recibir la dosis de un suero fisiológico defectuoso elaborado por Medifarma, encendió las alarmas sobre posibles anomalías en la concentración de cloruro de sodio que debe contener este medicamento, de la cual la Dirección General de Medicamentos y Drogas (Digemid), ya había sido alertada días antes.

Medifarma, una empresa con operaciones desde 1964, presente en cuatro países de América Latina, pertenece al Grupo Picasso Candamo, un conglomerado cuyas inversiones están distribuidas en varios sectores de la industria peruana como los sectores inmobiliario, alimentario, minero y otros. Su fuerte presencia en el rubro de la salud le ha valido para mantenerse como una de las empresas favoritas del Estado peruano desde tiempo atrás. Entre 1999 y 2024 registraron contratos con el Estado por un monto que bordea los 979 millones de soles. Además, según un informe de Ojo Público, entre 2015 y 2018, Medifarma se constituyó como la segunda empresa con mayor contratación de fármacos  por establecimientos de salud pública en cinco regiones del país (Áncash, Huánuco, Junín, Puno y Cusco), pese a haber sido observada catorce veces en 2011 por haber incumplido los plazos establecidos para la entrega de los productos, según registros del propio Ministerio de Salud. Su incumplimiento de contratos o compromisos no es novedad, es una práctica recurrente que ha sido penalizada con más de 1 millón de soles por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, por el retraso ocasionado en el abastecimiento de medicamentos necesarios para la atención médica entre 2015 y 2017.

Cabe señalar que Medifarma, junto a otras dos empresas del mismo rubro, IQ Farma y AC Farma, son parte de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), un gremio empresarial que concentra la producción de medicamentos en el país y que se opuso a la compra centralizada de medicamentos genéricos por parte del Estado, que fuera aprobada mediante un Decreto Supremo de Urgencia en 2019. La negativa argumentaba que el Estado estaría infringiendo la Constitución al intervenir en la economía y pretender regular una actividad que se desarrolla por libre competencia. En realidad, estas empresas buscaban frenar la acción estatal que les exigía tener en su stock treinta y cuatro medicamentos genéricos comunes, si no podrían ser sancionadas con hasta con 2 UIT. El malestar real de estas grandes empresas quedó en evidencia a través de las declaraciones que en su momento brindó el entonces presidente de Adifan, José Silva, “El Estado no puede obligarte a tener en tu inventario productos que quiera que tengas con tu dinero…”. Sin duda, una clara muestra del espíritu empresarial. Luego de idas y vueltas, en febrero de 2024, dicho Decreto quedó sin efecto a raíz de la decisión del Ministerio de Salud de no prorrogar su vigencia. Si bien el mismo tuvo deficiencias y no logró garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales de bajo costo, hoy no contamos con una normativa expresa o la voluntad política que busque subsanar tales vacíos. No se conoce lo que el ministro de Salud, César Vásquez, pretende en esta materia para no seguir dependiendo de medidas cortoplacistas, pese a haber señalado, un año atrás, que estaban preparando un proyecto de ley.

En 2024, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, inició un proceso sancionador de oficio contra quince empresas debido a una presunta colusión en procesos de compra de medicamentos esenciales, convocados por el Estado entre el 2006 y 2020 por un monto de 6000 millones de soles. En dicho negocio alrededor de la concentración y distorsión de precios y prácticas anticompetitivas que perjudicó a miles de pacientes que se atienden a diario en los establecimientos de salud pública, está involucrada como principal empresa, Medifarma. En un reciente anuncio del ministro de Salud, se informó que el Ministerio Público archivó dicha investigación.

Si bien el hoy ministro acuñista rechaza dicha decisión y denuncia la existencia de una red criminal en la que involucra a la cuestionada Medifarma, su administración no ha sido capaz de prever las medidas preventivas y correctivas para que organismos como Digemid garanticen la calidad del suero de Medifarma, pese a que en 2024 realizaron cuatro inspecciones a dicha empresa. Tampoco logró activar de manera oportuna su sistema de fármaco vigilancia a fin de impedir que se siga distribuyendo el lote afectado. Tarde llegó la orden de inmovilización del Ministerio, junto a la suspensión del registro sanitario del suero en cuestión. Lo que no calcularon Vásquez, ni ningún otro funcionario, fue que dichas acciones ocasionarían un desabastecimiento de este producto esencial en los establecimientos de salud, ya que Medifarma es hoy la principal compañía farmacéutica en vender sueros fisiológicos al Estado peruano. Tal y como lo evidenció un estudio de Salud con Lupa, sólo en 2024 y 2025, las compras hechas a Medifarma representaron el 47% del total del suero en el país, es decir, más de 22 millones de frascos. El nivel de dependencia que tenemos con Medifarma hace imposible que el sector Salud logre paralizar su administración, optando por habilitar su uso bajo medidas que garanticen la calidad del suero.

Genera duda la capacidad de Digemid para comprobar la seguridad del producto, más aún cuando la institución quedó al mando de Sonia Delgado, una exacuñista cercana al hoy ministro, cuya permanencia en el Ministerio de Salud representa la vigencia del pacto entre el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña y el gobierno de Boluarte. Si bien la designación de Delgado duró solo un día luego de conocerse un conflicto de interés pues también es accionista de dos empresas farmacéuticas que asesoran a laboratorios en temas de regulación, los malos manejos persisten en el sector Salud y en las entidades regulatorias, favoreciendo a los intereses privados y en desmedro del derecho a la salud de la población.

A la fecha, Digemid no ha logrado confirmar la calidad de treinta y cinco medicamentos en circulación, representando un riesgo para la salud de quienes siguen consumiendo productos de los que no se conoce si efectivamente contienen componentes adecuados para la salud y no ocasionan muertes como el nefasto producto de Medifarma. La debilidad de Digemid es impulsada desde el Congreso, que acaba de aprobar una ley que permite el ingreso automático de medicamentos si la encargada de su regulación en Perú no responde a las solicitudes de registro en un plazo de cuarenta y cinco días,  pudiendo ocasionar que no se corrobore adecuadamente la calidad de medicamentos procedentes de otros países y limitando la capacidad de control del Estado para garantizar la salud de todas y todos los peruanos.

 

desco Opina – Regional / 11 de abril de 2025

La inseguridad y las fantasías

 

El 28 de marzo, César Vásquez, ministro de Salud, aseguró que si los delincuentes ven en la televisión que la Policía Nacional del Perú (PNP) está realizando capturas, dejarían de delinquir y, dado el caso, los fiscales no los liberarían: “Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si el delincuente ve todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas, y que los fiscales están liberándolos, los fiscales van a pensarlo dos veces antes de liberarlos, los delincuentes no van a querer delinquir, se van a ir a otro lado", declaró.

Como vemos, lo que el problema de la inseguridad pone sobre la mesa es la insondable incapacidad de nuestras autoridades. También la turbación de los que, en teoría, deberían alcanzar alternativas y, por si fuera poco, la convicción de una “oposición” política –si existe–, de saber poco o nada sobre el principal problema que declara tener la mayoría de peruanos, por lo menos en la última década y media.

Para los que deciden, es un tema de moda, nada más, y, obviamente, no debiera ser así, dados los inmensos daños que ocasiona la actividad criminal. En ese sentido, si algo es meridianamente cierto en el mar de dudas e incertidumbres que rodea el tema de la inseguridad ciudadana, es que el enfoque de “guerra contra el crimen”, que era el hegemónico, no va más.

Este enfoque consiste en priorizar una estrategia de confrontación directa y punitiva contra el crimen organizado, principalmente a través de medidas militares y policiales intensivas. Se centra en el uso de la fuerza para desmantelar organizaciones criminales y reducir actividades ilícitas. Entre sus mecanismos están la militarización de la seguridad pública, la cacería de líderes ("kingpins"), el incremento de penas y acciones represivas, así como campañas simbólicas que remarquen el mensaje de “tolerancia cero”, entre otros.

El ejemplo más conocido del fracaso de esta estrategia fue lo acontecido en México, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), donde se desplegó al ejército para combatir a los cárteles de la droga, con resultados catastróficos como el aumento de la violencia; la imposibilidad de construir un enfoque integral, porque tiende a centrarse en medidas punitivas y militares, dejando de lado aspectos sociales como la prevención, la educación y la creación de oportunidades económicas; la generalización de la corrupción y la debilidad institucional, debido a que, en muchos casos, las instituciones encargadas de implementar estas estrategias están infiltradas por el crimen organizado, lo que limita su eficacia. Sin embargo, seguimos capturados por la fantasía de la “mano dura”.

Mientras tanto, las economías ilegales han ganado más espacio en el país y se estima que el 2024 movilizaron en conjunto unos US$ 12 645 millones. La principal es, como sabemos bien, la minería ilegal de oro, que pudo haber transado unos US$ 6840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE). Por ello, en una encuesta realizada por Ipsos-Apoyo en agosto del 2024, el 45 % de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, ubicándose sólo después del Congreso.

De hecho, un factor que fortalece a la actividad minera ilegal del oro es el precio internacional, que la ha hecho más rentable pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que aquél, que hoy bordea casi los US$ 3000 la onza. En otras palabras, en los últimos 20 años el precio se ha multiplicado por diez y esto nos da una idea del enorme y creciente margen de incentivo para dicha actividad.

Pero, no es todo. Según distintas estimaciones, el 2023 se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6400 millones. Esto evidencia por sí solo la intensidad con la que las economías ilegales han capturado áreas sensibles del Estado, especialmente las que emiten regulaciones, volviéndose por lo mismo, cada vez “menos ilegales”.

La minería ilegal, como hemos presenciado en los últimos años, es otra oportunidad de la indefinición normativa, que le permite camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde hay población con altos niveles de vulnerabilidad, que buscan oportunidades de subsistencia.

En esta línea, las elecciones del 2026 es probable que cuesten alrededor de US$ 1000 millones al Estado peruano, y la cantidad de recursos que se moverán para financiar todas las campañas electorales será igualmente inmensa. Desde ya, allí tenemos un espacio en el que debe centrarse la vigilancia ciudadana.

 

 

desco Opina / 4 de abril de 2025