El 24 de
marzo de 2025 se hizo pública una grave denuncia que puso en vilo a la
población y dejó en evidencia, una vez más, los malos manejos a los que la gran
empresa privada suele recurrir en complicidad con el Estado. El anuncio trágico
de la muerte de una joven en Cusco, luego de recibir la dosis de un suero
fisiológico defectuoso elaborado por Medifarma, encendió las alarmas sobre
posibles anomalías en la concentración de cloruro de sodio que debe contener
este medicamento, de la cual la Dirección General de Medicamentos y Drogas (Digemid),
ya había sido alertada días antes.
Medifarma,
una empresa con operaciones desde 1964, presente en cuatro países de América
Latina, pertenece al Grupo Picasso Candamo, un conglomerado cuyas inversiones
están distribuidas en varios sectores de la industria peruana como los sectores
inmobiliario, alimentario, minero y otros. Su fuerte presencia en el rubro de
la salud le ha valido para mantenerse como una de las empresas favoritas del
Estado peruano desde tiempo atrás. Entre 1999 y 2024 registraron contratos con el
Estado por un monto que bordea los 979 millones de soles. Además,
según un informe de
Ojo Público, entre 2015 y 2018, Medifarma se constituyó como la
segunda empresa con mayor contratación de fármacos por establecimientos de salud pública en cinco
regiones del país (Áncash, Huánuco, Junín, Puno y Cusco), pese a haber sido
observada catorce veces en 2011 por haber incumplido los plazos establecidos
para la entrega de los productos, según registros del propio Ministerio de
Salud. Su incumplimiento de contratos o compromisos no es novedad, es una
práctica recurrente que ha sido penalizada con más de 1 millón de soles por el
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, por el
retraso ocasionado en el abastecimiento de medicamentos necesarios para la
atención médica entre 2015 y 2017.
Cabe
señalar que Medifarma, junto a otras dos empresas del mismo rubro, IQ Farma y
AC Farma, son parte de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales
(Adifan), un gremio empresarial que concentra la producción de medicamentos en
el país y que se opuso a la compra centralizada de medicamentos genéricos por
parte del Estado, que fuera aprobada mediante un Decreto Supremo de Urgencia en
2019. La negativa argumentaba que el Estado
estaría infringiendo la Constitución al intervenir en la economía y
pretender regular una actividad que se desarrolla por libre competencia. En realidad,
estas empresas buscaban frenar la acción estatal que les exigía tener en su
stock treinta y cuatro medicamentos genéricos comunes, si no podrían ser
sancionadas con hasta con 2 UIT. El malestar real de estas grandes empresas
quedó en evidencia a través de las declaraciones que en su momento brindó el
entonces presidente de Adifan, José Silva, “El Estado no puede obligarte a tener en tu inventario
productos que quiera que tengas con tu dinero…”. Sin duda, una clara muestra del espíritu empresarial.
Luego de idas y vueltas, en febrero de 2024, dicho
Decreto quedó sin efecto a raíz de la decisión del Ministerio de Salud de no
prorrogar su vigencia. Si bien el mismo tuvo deficiencias y no logró
garantizar el acceso de la población a medicamentos esenciales de bajo costo,
hoy no contamos con una normativa expresa o la voluntad política que busque
subsanar tales vacíos. No se conoce lo que el ministro de Salud, César Vásquez,
pretende en esta materia para no seguir dependiendo de medidas cortoplacistas,
pese a haber señalado, un año atrás, que estaban preparando un proyecto de ley.
En 2024, el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual, inició un
proceso sancionador de oficio contra quince empresas debido a una presunta
colusión en procesos de compra de medicamentos esenciales,
convocados por el Estado entre el 2006 y 2020 por un monto de 6000 millones de
soles. En dicho negocio alrededor de la concentración y distorsión de precios y
prácticas anticompetitivas que perjudicó a miles de pacientes que se atienden a
diario en los establecimientos de salud pública, está involucrada como
principal empresa, Medifarma. En un reciente anuncio del ministro de Salud, se
informó que el
Ministerio Público archivó dicha investigación.
Si bien el
hoy ministro acuñista rechaza dicha decisión y denuncia la existencia de una
red criminal en la que involucra a la cuestionada Medifarma, su
administración no ha sido capaz de prever las medidas preventivas y correctivas para que
organismos como Digemid garanticen la calidad del suero de Medifarma, pese a
que en 2024 realizaron cuatro inspecciones a dicha empresa. Tampoco logró
activar de manera oportuna su sistema de fármaco vigilancia a fin de impedir
que se siga distribuyendo el lote afectado. Tarde llegó la orden de
inmovilización del Ministerio, junto a la suspensión del registro sanitario del
suero en cuestión. Lo que no calcularon Vásquez, ni ningún otro funcionario,
fue que dichas acciones ocasionarían un desabastecimiento de este producto
esencial en los establecimientos de salud, ya que Medifarma es hoy la principal
compañía farmacéutica en vender sueros fisiológicos al Estado peruano. Tal y
como lo evidenció un estudio de
Salud con Lupa, sólo en 2024 y 2025, las compras hechas a Medifarma representaron
el 47% del total del suero en el país, es decir, más de 22 millones de frascos.
El nivel de dependencia que tenemos con Medifarma hace imposible que el sector
Salud logre paralizar su administración, optando por habilitar
su uso bajo medidas que garanticen la calidad del suero.
Genera duda
la capacidad de Digemid para comprobar la seguridad del producto, más aún
cuando la
institución quedó al mando de Sonia Delgado, una exacuñista
cercana al hoy ministro, cuya permanencia en el Ministerio de Salud representa
la vigencia del pacto entre el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña
y el gobierno de Boluarte. Si bien la designación de Delgado duró solo un día
luego de conocerse un conflicto de interés pues también es accionista de dos
empresas farmacéuticas que asesoran a laboratorios en temas de regulación, los
malos manejos persisten en el sector Salud y en las entidades regulatorias,
favoreciendo a los intereses privados y en desmedro del derecho a la salud de la
población.
A la fecha,
Digemid no ha logrado confirmar la calidad de treinta y cinco
medicamentos en circulación, representando un riesgo para la salud de quienes siguen
consumiendo productos de los que no se conoce si efectivamente contienen
componentes adecuados para la salud y no ocasionan muertes como el nefasto
producto de Medifarma. La
debilidad de Digemid es
impulsada desde el Congreso, que acaba de aprobar una ley que permite el ingreso
automático de medicamentos si la encargada de su regulación en Perú no responde
a las solicitudes de registro en un plazo de cuarenta y cinco días, pudiendo ocasionar que no se corrobore
adecuadamente la calidad de medicamentos procedentes de otros países y
limitando la capacidad de control del Estado para garantizar la salud de todas
y todos los peruanos.
desco Opina – Regional / 11 de
abril de 2025
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