Desde que asumió el cargo de ministro del Interior, la visibilidad del abogado Juan José Santiváñez ha adquirido particular notoriedad, al extremo que ha desplazado a todos los ministros, incluyendo al propio jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. No es que antes de ejercer el cargo fuera un completo desconocido, porque por su trayectoria como defensor de distintos policías acusados de diversos delitos –corrupción en el caso de un general sindicado de compras sobrevaloradas en la epidemia del Covid-19, liderazgo de una organización criminal en el del exdirector de un penal o dirigir el denominado Escuadrón de la Muerte sindicado de más de 20 muertes en 9 falsos operativos–, apareció regularmente en los medios de comunicación, mostrando la locuacidad que ahora conocemos mejor. Llegó al ministerio del Interior como jefe del gabinete de asesores en el gobierno de Vizcarra, cargo al que tuvo que renunciar al recordarse algunas de sus defensas. Retornó al sector años después, y en abril pasado fue nombrado viceministro de Orden Interno, para convertirse finalmente, en mayo, en el sexto ministro nombrado en esa cartera por la señora Boluarte.
Desde el primer momento quedó claro que había llegado con la pretensión de quedarse y continuar haciendo carrera. Pronto desplazó al waikicha Oscorima en los afectos e intereses de la mandataria y paulatinamente se afirmó como su chapaku o yanapaqui, es decir, su protector o guardaespaldas, sin importar mucho la multiplicación de escándalos y controversias en las que se ha visto envuelto. Sus audios con el capitán Izquierdo en los que adelanta temprano supuestas presiones para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el abuso de autoridad denunciado por el periodista Marco Sifuentes, su evidente aunque negada guerra contra Harvey Colchado y la Diviac, su enfrentamiento constante contra las cifras de violencia e inseguridad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud en su afán por negar su incapacidad y el naufragio de su gestión, son algunas de las perlas de un largo rosario marcado por una curiosa combinación de altanería y soberbia y un creciente apuro por hacer de su verborrea en el último tiempo, parte de una cruzada contra los “caviares” en su sector. Todo ello sazonado con los abrazos y el respaldo entusiasta de la mandataria, cada vez que lo requirió.
Las últimas semanas de febrero, las cosas se aceleraron. El ministro le declaró la guerra a la Fiscalía, que le tiene abiertas sendas investigaciones y que lo presiona buscando verificar las grabaciones de los audios entregados por el capitán Izquierdo y negados por Santiváñez tras entregar su equipo limpio y sin chip. En esa dirección, denunció a la fiscal Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República buscando que la suspendan o la destituyan, a la par que le pide al juez que debiera proteger sus derechos, la acumulación de sus casos en uno solo, en otras palabras, ninguna medida de protección, lo que evidencia su búsqueda de aliados en la guerra que comparte con el Ejecutivo, contra el Ministerio Público.
Así las cosas, durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, el enfrentamiento continuó escalando. En los medios empezó a circular la versión de un posible allanamiento de la casa del ministro. Éste apareció en una tensa entrevista en Cuarto Poder en la que evidenció que conocía el contenido del programa antes de su emisión, que estaba al tanto de la información reservada en manos de la Fiscalía y que incluso, rumbo a la entrevista, se había comunicado con dos de sus antiguos defendidos, cuyos nombres, en teoría no tenía como conocer, que negaban la versión de un testigo protegido, que sindicaría a Santiváñez de haberles pedido dinero para negociar con los jueces. Presionado por la indignada entrevistadora para que explique cómo conocía el contenido del programa de televisión, el único ministro con vocero propio, responsabilizó a su jefa de comunicaciones, la que lo desmintió.
El lunes pasado, producido el anunciado allanamiento de la casa, la mandataria, subiendo los decibeles del autoritarismo combinado con miedo, que exhibe en sus recientes peroratas –recordemos, por ejemplo, su “basta de palabras discrepantes”, lanzado en un acto público en Apurímac–, acusó un juego en pared entre el Ministerio Público, Canal 4 y Canal N, para “dar un golpe de Estado blanco”. Indicó que ella y su ministro eran víctimas de acoso político porque están limpiando el ministerio de los caviares que lo tenían capturado. Finalmente, en un hecho sin precedentes, que no sorprende hay que decirlo, el Gabinete en pleno recibió entre abrazos y aplausos a Santiváñez y los ministros multiplicaron su arremetida en medios contra la Fiscalía y el fantasioso golpe que se pretende.
En el escenario actual, ¿cómo entender el protagonismo y la importancia del ministro? En principio, es el pararrayos de la presidencia porque desde su instalación es el foco de las críticas y facilita los largos silencios de Boluarte. Es una pieza bastante locuaz en el ataque a “caviares” y opositores y en la defensa constante de la mandataria y su familia, lo que no es poca cosa. Por lo demás, le encanta dar la cara, como parte de su desmedida ambición. En otras palabras, se ha convertido en el chapaku que la mandataria necesita con urgencia. Un protector, como lo fuera en su momento el waikicha, que Dina necesita a su lado. Todo esto en un juego en el que Santiváñez resulta poderoso por la información que tiene sobre la presidenta, por sus vínculos con una mayoría congresal que se niega a interpelarlo y censurarlo, así como por el apoyo de las distintas derechas obstinadas en arrasar con todo lo que consideran el mundo caviar.
desco
Opina / 7 de marzo de 2025
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