Megadecepciones

 

Hay varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte del país.

Comencemos con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos. Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a otro país esté tambaleando.

La relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima, no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además, no se ha resuelto aún el arbitraje internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya terminado el túnel para el trasvase de aguas.

Para los cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles, mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130 soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, exigió que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas) y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no, obstaculizarían su avance.

El problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.

En febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El ministro señaló que “El ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a conectar”, lo que significa dejar al resto de regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo abastecidas por el “gas virtual” (suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada el año pasado por las autoridades nacionales. Los manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les agende una reunión para el próximo 3 de abril.  

No podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.

El Sitgas quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este mismo año, el Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el Gobierno Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por mantenimiento y preservación de tubos, y aunque solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el momento.

Con una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.

 

desco Opina – Regional / 28 de marzo del 2025

descosur

La calle se fortalece

 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las ollas comunes o el espectáculo musical.

La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga, además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.

Este crimen ha sido también el catalizador del proceso de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está cansada de ver como se beneficia a los criminales.

Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.

En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación. Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora Boluarte.

La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales.

En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la vida de nuestras familias y compatriotas.

 

desco Opina / 21 de marzo de 2025

Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

Del waikicha Oscorima al chapaku Santiváñez

 

Desde que asumió el cargo de ministro del Interior, la visibilidad del abogado Juan José Santiváñez ha adquirido particular notoriedad, al extremo que ha desplazado a todos los ministros, incluyendo al propio jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. No es que antes de ejercer el cargo fuera un completo desconocido, porque por su trayectoria como defensor de distintos policías acusados de diversos delitos –corrupción en el caso de un general sindicado de compras sobrevaloradas en la epidemia del Covid-19, liderazgo de una organización criminal en el del exdirector de un penal o dirigir el denominado Escuadrón de la Muerte sindicado de más de 20 muertes en 9 falsos operativos–, apareció regularmente en los medios de comunicación, mostrando la locuacidad que ahora conocemos mejor. Llegó al ministerio del Interior como jefe del gabinete de asesores en el gobierno de Vizcarra, cargo al que tuvo que renunciar al recordarse algunas de sus defensas. Retornó al sector años después, y en abril pasado fue nombrado viceministro de Orden Interno, para convertirse finalmente, en mayo, en el sexto ministro nombrado en esa cartera por la señora Boluarte.

Desde el primer momento quedó claro que había llegado con la pretensión de quedarse y continuar haciendo carrera. Pronto desplazó al waikicha Oscorima en los afectos e intereses de la mandataria y paulatinamente se afirmó como su chapaku o yanapaqui, es decir, su protector o guardaespaldas, sin importar mucho la multiplicación de escándalos y controversias en las que se ha visto envuelto. Sus audios con el capitán Izquierdo en los que adelanta temprano supuestas presiones para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el abuso de autoridad denunciado por el periodista Marco Sifuentes, su evidente aunque negada guerra contra Harvey Colchado y la Diviac, su enfrentamiento constante contra las cifras de violencia e inseguridad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud en su afán por negar su incapacidad y el naufragio de su gestión, son algunas de las perlas de un largo rosario marcado por una curiosa combinación de altanería y soberbia y un creciente apuro por hacer de su verborrea en el último tiempo, parte de una cruzada contra los “caviares” en su sector. Todo ello sazonado con los abrazos y el respaldo entusiasta de la mandataria, cada vez que lo requirió.

Las últimas semanas de febrero, las cosas se aceleraron. El ministro le declaró la guerra a la Fiscalía, que le tiene abiertas sendas investigaciones y que lo presiona buscando verificar las grabaciones de los audios entregados por el capitán Izquierdo y negados por Santiváñez tras entregar su equipo limpio y sin chip. En esa dirección, denunció a la fiscal Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República buscando que la suspendan o la destituyan, a la par que le pide al juez que debiera proteger sus derechos, la acumulación de sus casos en uno solo, en otras palabras, ninguna medida de protección, lo que evidencia su búsqueda de aliados en la guerra que comparte con el Ejecutivo, contra el Ministerio Público.

Así las cosas, durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, el enfrentamiento continuó escalando. En los medios empezó a circular la versión de un posible allanamiento de la casa del ministro. Éste apareció en una tensa entrevista en Cuarto Poder en la que evidenció que conocía el contenido del programa antes de su emisión, que estaba al tanto de la información reservada en manos de la Fiscalía y que incluso, rumbo a la entrevista, se había comunicado con dos de sus antiguos defendidos, cuyos nombres, en teoría no tenía como conocer, que negaban la versión de un testigo protegido, que sindicaría a Santiváñez de haberles pedido dinero para negociar con los jueces. Presionado por la indignada entrevistadora para que explique cómo conocía el contenido del programa de televisión, el único ministro con vocero propio, responsabilizó a su jefa de comunicaciones, la que lo desmintió.

El lunes pasado, producido el anunciado allanamiento de la casa, la mandataria, subiendo los decibeles del autoritarismo combinado con miedo, que exhibe en sus recientes peroratas –recordemos, por ejemplo, su “basta de palabras discrepantes”, lanzado en un acto público en Apurímac–, acusó un juego en pared entre el Ministerio Público, Canal 4 y Canal N, para “dar un golpe de Estado blanco”. Indicó que ella y su ministro eran víctimas de acoso político porque están limpiando el ministerio de los caviares que lo tenían capturado. Finalmente, en un hecho sin precedentes, que no sorprende hay que decirlo, el Gabinete en pleno recibió entre abrazos y aplausos a Santiváñez y los ministros multiplicaron su arremetida en medios contra la Fiscalía y el fantasioso golpe que se pretende.

En el escenario actual, ¿cómo entender el protagonismo y la importancia del ministro? En principio, es el pararrayos de la presidencia porque desde su instalación es el foco de las críticas y facilita los largos silencios de Boluarte. Es una pieza bastante locuaz en el ataque a “caviares” y opositores y en la defensa constante de la mandataria y su familia, lo que no es poca cosa. Por lo demás, le encanta dar la cara, como parte de su desmedida ambición. En otras palabras, se ha convertido en el chapaku que la mandataria necesita con urgencia. Un protector, como lo fuera en su momento el waikicha, que Dina necesita a su lado. Todo esto en un juego en el que Santiváñez resulta poderoso por la información que tiene sobre la presidenta, por sus vínculos con una mayoría congresal que se niega a interpelarlo y censurarlo, así como por el apoyo de las distintas derechas obstinadas en arrasar con todo lo que consideran el mundo caviar.

desco Opina / 7 de marzo de 2025