La selva y la ausencia de USAID

 

En la última semana del mes de enero el presidente norteamericano Donald Trump decidió paralizar por 90 días la asistencia financiera a los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de reevaluar y reorientar dichos fondos. Su arremetida contra esta agencia ha sido más agresiva al señalar que "la corrupción está a niveles raramente vistos antes. ¡ciérrenla!" Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. había emitido un comunicado en el que detallaba haber iniciado “una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior”.

USAID ha transferido en los últimos 24 años más de dos mil millones de dólares para proyectos diversos en Perú. Implementa diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente, pero es la selva peruana la que recibe una importante atención a través de los fondos para la lucha contra las drogas. USAID se convirtió en una de las fuentes financieras más importantes para el desarrollo de la selva peruana, pues desde sus presupuestos se promueven proyectos de asistencia técnico productiva y de infraestructura vial, se apoya principalmente a los gobiernos locales de las zonas sensibles al narcotráfico y en especial, la promoción de cultivos alternativos como café y cacao para la lucha contra los cultivos ilícitos. Además, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se canalizan proyectos de desarrollo alternativo, pero parece que el gobierno de Trump no ha calibrado el impacto que tendrá esta medida en la lucha contra el tráfico de drogas que se ha realizado por años en nuestra Amazonía, y los efectos que traerá para las ciudades norteamericanas.

En este escenario el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú dijo estar “absolutamente convencido” de que “la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, sin embargo, a pesar de que la lucha contra las drogas es estratégica para los intereses norteamericanos, reconoció que podría haber impactos en áreas como “salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras”, en las cuales USAID implementa su cooperación a través de su relación con aproximadamente 60 ONG locales que “efectivamente van a sentir el impacto”. Por su parte, DEVIDA, un organismo oficial del Gobierno del Perú adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (no es una ONG), ha funcionado como la contraparte nacional para recibir fondos de la cooperación, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su dependencia económica a USAID es más que evidente. Si bien es cierto DEVIDA se crea en 1999, es desde 1981 que se inician las acciones de reducción del cultivo de coca, por presión del gobierno norteamericano, mediante el proyecto CORAH, el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga.

Las municipalidades de las áreas sensibles al narcotráfico reciben asistencia técnica brindada por DEVIDA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y USAID, lo que permite que se gestionen fondos adicionales a sus presupuestos municipales para invertir en proyectos y actividades. La suspensión del apoyo, en principio por 90 días, deja en tensión los compromisos con estos gobiernos locales, compromisos que han logrado resultados alentadores en la lucha contra la pobreza y en especial contra las drogas. El personal de DEVIDA señala que sus presupuestos para este 2025 están asegurados, sin embargo, se corre el riesgo que se frustren las expectativas futuras debido a la dependencia con el apoyo económico norteamericano. El personal de DEVIDA busca ganar la fidelidad de los agricultores para que estos no vuelvan a depender de los cultivos ilegales que sirven de insumo básico para el narcotráfico, con lo cual todo lo avanzado en la lucha contra las drogas corre el riesgo de perderse irremediablemente. El gobierno peruano debe de aclarar cuál es el futuro de esta institución en el caso de que el apoyo norteamericano no retorne nunca. Cabe mencionar que el esfuerzo de Trump por desmantelar USAID también desmantela los esfuerzos que su país ha hecho durante este tiempo para ejercer un “poder blando” global, como herramienta de influencia para persuadir a otros países, como el Perú, a fin de garantizar sus propios intereses por sobre los intereses de aquellos que se han mantenido como el patio trasero de Estados Unidos. La suspensión es por 90 días, pero los efectos serán por un mayor plazo.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de febrero de 2025

descocentro

Ley y orden neoliberal

Podemos plantearnos serias dudas sobre las reales preocupaciones del ministro de Interior acerca de la generalizada desaprobación de su gestión. A fin de cuentas, la suya no está lejos de las desaprobaciones de prácticamente todos los actores políticos del país; además, desde el Ejecutivo, se declara firmemente que su presencia en el Gabinete está más que asegurada; y, por si fuera poco, sus antecedentes como abogado defensor de altos jefes policiales, hacen suponer que es una persona de mucha confianza entre los que conducen la institución central del sector que actualmente lidera.

En otras palabras, no debe importarle mucho lo que opine la ciudadanía en un ambiente de total descomposición institucional, que se obtuvo como resultado tras un cuarto de siglo de impulsar un sistema político democrático que, como agregado, se implementó durante un ciclo de crecimiento económico que jamás tuvo el país. Son las paradojas del subdesarrollo diríamos, si estuviéramos en los años 60, cuando, al parecer, se pensaba de manera algo más seria la situación de nuestros países y cómo generar las alternativas que permitieran superarla.

Pero, el colapso puede estar ofreciéndonos una oportunidad. El ministro Santiváñez, el sector Interior y la Policía Nacional podrían ser elementos firmes para construir nuevas maneras de comprender nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, que seamos un país perfectamente intrascendente, no sólo en la dimensión global sino también en la regional, sin posibilidad de superar situaciones seculares de pobreza y postración, debiéndose agregar los crecientes índices de criminalidad, debiera conducirnos a concluir tajantemente que nuestro problema no es, ni mucho menos, escasez de recursos.

¿Qué ha fallado? A estas alturas, nadie podrá negar que la clave fundamental del atraso económico reside en la institucionalidad. Desde Douglas North y Robert Fogel, premios Nobel 1993, hasta Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, premios Nobel 2024, el debate se orienta en ese sentido, y nuestro país, claramente, se presenta como un caso nítido de cómo pueden desaprovecharse, una tras otra, las oportunidades económicas que se presentaron cíclicamente, debido a los cuellos de botella insalvables, que se encuentran en esta dimensión.

La diferencia entre el desastre institucional que mostramos actualmente, con otros en el pasado, es que éste fue generado por la misma fórmula que nos garantizó el paraíso en base a privatizaciones –de empresas que ahora quiebran porque su deuda tributaria es impagable– y el desmontaje salvaje del aparato público, porque, decían, era ineficiente. En su lugar, fueron tomando posiciones “los técnicos”, que ahora vemos en acción.

Aún más. El neoliberalismo, con su énfasis en los mercados “libres” y la desregulación en versiones radicales, ha conducido a la creación de formas de actividad económica "parias", que pueden incluir economías ilegales, que surgen como respuesta a las desigualdades y exclusiones generadas por las políticas neoliberales, y no, como creen los ingenuos, simples respuestas delincuenciales disfuncionales que se replican con policialización y militarización.

En este orden de cosas, que está en la base de la informalidad, se ha ido dinamizando una institucionalización paralela, en la que el Estado termina cediendo aún más autonomía a sus fuerzas de seguridad y éstas se adecuan al “terreno” de manera cada vez más firme, es decir, como muchos ciudadanos y ciudadanas hemos intuido desde tiempo atrás: los agentes del Estado que deben evitar la inseguridad –desde el Ministro hasta el policía de servicio en la calle– son también generadores de la misma.

 

desco Opina / 21 de febrero de 2025 

La diplomacia de Trump

 Si alguna «virtud» tiene el presidente Trump es la de generar una propuesta, lanzar una idea o una amenaza que tiene consecuencias políticas tanto nacionales como internacionales y que, además, no deja de sorprender a tirios y troyanos. Ni bien asumió la presidencia comenzó a actuar como el «matón del barrio», comportamiento que no debe extrañarnos si consideramos que, para él, América Latina es su patio trasero y el mundo, una suma de países mayormente ineptos, muchos de los cuales sobreviven gracias al apoyo de Estados Unidos (EE.UU.). El mundo que se imagina es uno que le otorga el derecho a mandar.

No nos debe sorprender, por ello, la forma en que Trump ha comenzado a poner en marcha su nueva política exterior en América Latina. Anunció con bombos y platillos que estaba interesado en «recuperar» (es decir apropiarse) el Canal de Panamá. Sus razones: que el Canal es manejado por los chinos, lo que explica por qué los buques de bandera norteamericana pagan una tarifa más costosa.

Casi al mismo tiempo, anunció que aumentaría en un 25% los aranceles aduaneros a sus socios comerciales, Canadá y México, argumentando que el TLC firmado por estos tres países no favorecía a EE.UU. y que, además, había propiciado un proceso de desindustrialización de su país. El objetivo es traer de regreso a EE.UU. a estas empresas y empresarios afincados en México y en otros países. También, en estos días de elocuencia presidencial, anunció que iba cambiar el nombre al Golfo de México por el de Golfo de América.

Cabe señalar que la controversia sobre la propiedad del Canal de Panamá terminó cuando el Presidente panameño, un político de derecha y amigo de los EE.UU., anunció luego de conversar con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se encontraba de gira por Centro América, que su gobierno renunciaba a pertenecer a la llamada Ruta de la Seda, que es acaso uno de los mayores proyectos estratégicos de carácter internacional de la China. Por otro lado, el tema del aumento de aranceles se sigue discutiendo y tomará tiempo. Y en cuanto al cambio de nombre del Golfo de México, esto fue en verdad un bluf. El Decreto que firmara a los pocos días de asumir la presidencia lo que aprobó fue el cambio de nombre en la zona de la plataforma marítima de EE.UU., mientras el nombre del Golfo de México nunca estuvo en discusión. Fue un acto de propaganda.

Es claro que la política exterior de Trump tiene dos preocupaciones centrales. Por un lado, el tema de la migración –o mejor dicho cómo contenerla–, ya que fue un eje de su campaña presidencial; por el otro, la presencia de la China, que es para EE.UU. su principal rival.

“Stephen Miller, asesor de seguridad interior de Estados Unidos, y Tom Homan, el «zar» de las migraciones, son los ideólogos de la política trumpista en torno a este eje. Ambos quieren expulsar a alrededor de 11 millones de personas (40% con permisos temporales y 60% indocumentados). Esa cifra incluye a 4 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos, más de 800.000 sudamericanos y 400.000 caribeños. Las deportaciones tendrán efectos graves en las economías de los países de origen. En este marco, se espera una disminución de las remesas, y varios estados de Estados Unidos planifican imponer mayores impuestos a las que perduren. Las remesas representan entre 20% y 25% del PIB de El Salvador, Guatemala y Honduras. En México suponen 60.000 millones de dólares al año. Aceptar los deportados supone una inmensa carga económica y potenciales crisis políticas y sociales”.

Para que se entienda la complejidad y el impacto que este tema tiene en nuestro país, se calcula que para el 2024, las remesas que han enviados los peruanos en el exterior superan los cuatro mil millones de dólares. Todo un record.

Hace unos días, el presidente Trump declaró que le gustaría reconstruir la ciudad de Gaza para convertirla en una suerte de balneario, es decir un lugar turístico VIP, desplazando a toda la población palestina que vive en ese territorio. Si bien lo primero que uno puede decir ante esta barbaridad es que Trump no tiene «alma» y menos humanidad, es claro que lo que está haciendo es una diplomacia activa, con un tinte pragmático, que empieza provocando, para después negociar, como lo demuestra la reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, que terminó con la liberación de un norteamericano preso por varios años, o los acuerdos con Venezuela que incluyeron la liberación por el gobierno de Maduro, de varios ciudadanos estadounidenses. En realidad, lo que busca es convertirse en un líder de talla mundial. Para ello cuenta con aliados internacionales tanto de la ultraderecha europea como latinoamericana. ¿Lo podrá hacer?

 

 

desco Opina – Regional / 14 de febrero del 2025

Las batallas perdidas

 

En Alemania las marchas y manifestaciones contra el fascismo se multiplican ante el inminente avance de la ultraderecha en las próximas elecciones; en Francia su ascenso fue contenido gracias a una alianza de última hora entre el centro y la izquierda para impedir que llegara al poder. En contraste, en muchos países de América Latina, como es el caso del Perú, estas corrientes continúan en crecimiento, prácticamente sin una oposición organizada.

Desde una perspectiva progresista son varias las batallas perdidas en el mundo. Entre ellas está el debilitamiento intenso de las Naciones Unidas, promovido por el presidente estadounidense contra sus agencias de desarrollo, cuestionando su validez y calificando de despilfarro a sus programas, o peor aún, contrarios a la libre determinación de los pueblos.

A pocos sorprenderá por eso que en nuestro país avancemos rápidamente en esa dirección y que se incremente el ataque a la sociedad organizada y se socaven las instituciones encargadas de aplicar la ley y administrar la justicia. En nuestro caso, además, asistimos al incremento de la persecución de las ONG, sus programas y proyectos, acusándolas de destructores de la libertad y del mercado libre.

Vemos que en Europa la ultraderecha avanza. La presencia de partidos y líderes políticos de orientación ultraderechista se ha consolidado en varias naciones europeas. Están a la vista los casos de Italia, con el partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, primera ministra que ganó las elecciones generales de 2022, también de Hungría, desde hace quince años, con Viktor Orbán y de Polonia, países donde gobiernan con una orientación ultraconservadora.

Más recientemente, en Suecia, tras las elecciones de 2022, el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, se convirtió en la segunda fuerza política y pasó a formar parte de la coalición de gobierno. Algo similar ocurrió en Finlandia, donde el Partido de los Finlandeses, también de extrema derecha, ha ganado creciente influencia y participa en el gobierno.

En Austria, el Partido de la Libertad de Austria mantiene una presencia significativa en la política nacional. En Bélgica, el partido nacionalista flamenco, N-VA, cuyo primer ministro, ha marcado un giro hacia la derecha. En Francia, aunque la ultraderecha no gobierna a nivel nacional, el partido Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas de 2024, consolidando su influencia.

Mientras tanto, en América, se han establecido gobiernos de corte conservador, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y el actual gobierno de Guatemala, que cuentan con la simpatía del presidente Donald Trump.

En nuestro país soportamos la alianza conservadora que controla en gran medida al gobierno también conservador, violador de los derechos humanos y corrupto de Dina Boluarte, validando la desigualdad, el crecimiento injusto, las políticas contra derechos y pueblos originarios, etc.

El crecimiento del conservadurismo a nivel global, de nacionalistas que restringen los derechos ciudadanos, sigue un proceso claro de fortalecimiento. Ejemplos de ello se observan en Irán, Rusia, India, Arabia Saudita y recientemente, en Estados Unidos, donde el triunfo del Partido Republicano, con Donald Trump, marcó un nuevo giro hacia la derecha con fuerte impacto en el mundo por sus rápidas políticas comerciales y la deportación de migrantes sin papeles, sindicados de criminales.

Si bien no existe un consenso sobre qué es ser de ultraderecha, la lista se amplía a más países con políticas conservadoras, como Ecuador y el nuestro. En este panorama internacional, los políticos de derecha en Perú tienden lazos de mayor cercanía con la ultra derecha española, particularmente con VOX, mientras el alcalde limeño pugna por aparecer como un émulo local de Milei. También es verdad que ante la pobreza de propuestas inteligentes y atractivas de parte de las organizaciones y partidos de izquierda, el panorama, ante las cada vez más cercanas elecciones del próximo año, aparece como muy desalentador para las fuerzas progresistas, carentes de liderazgos capaces de aglutinar a las organizaciones de izquierda; más grave aún, de construir puentes con la sociedad y tener propuestas frente a sus necesidades y malestares.

La ausencia de líderes reales en la izquierda, capaces  de generar un cambio favorable que combata la enorme corrupción y descrédito de la política y los políticos en general,  facilitan y favorecen la permanencia y continuidad de las posiciones y políticas conservadoras ante un electorado desinformado y dispuesto a dejarse llevar por el populismo y las ofertas autoritarias y de orden, disfrazadas de anti establisment que abundan en el escenario nacional.

Para evitar seguirnos hundiendo y que los millones de jóvenes que abandonan el país nos dejen sin su valioso aporte, es hora de alentar la militancia democrática y diseñar una estrategia y propuestas atractivas que convoquen a la ciudadanía a ejercer un voto responsable que nos permita evitar mayores desastres a los que, casi con estupor, si no con indiferencia, contemplamos a diario, viendo las decisiones en contra del sentido histórico constructivo que deseamos para la humanidad y los peruanos en particular. Evitemos ser parte de la lista de las batallas perdidas ante la ultraderecha, que profundiza la precarización laboral, la destrucción ambiental y la erosión de la democracia, representando un desafío histórico que demanda organización colectiva para impedir un colapso civilizatorio.

 

desco Opina / 7 de febrero de 2025