El 3 de octubre, desde Cusco, el presidente Castillo anunció el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Algunos puntos sobre las íes simbólicas se hacen necesarios. Los diversos entornos del Presidente escogieron un día significativo, en un lugar donde más de cuarenta años atrás, con un rol protagónico de la Confederación Campesina del Perú-CCP se escenificó una de las más importantes tomas de tierras (Anta), precisamente como una reacción campesina a «la primera» reforma agraria. Se trata de una denominación excesiva en tanto reforma agraria, porque ésta, en sentido estricto, como precisa FAO, es “la reforma de la tenencia de la tierra como un elemento clave para el desarrollo rural”.
Sin embargo, ha sido importante que el gobierno, desde su principal autoridad, haya presentado abiertamente un bosquejo de su línea política en esta materia estratégica, referida, además, a parte de la población peruana –la rural andina– que evidencia enormes dificultades para su inclusión económica, social, política y cultural.
Como se ha dicho continuamente estos días, los anuncios presidenciales, en alguna forma no suponen mayores novedades frente a lo que venimos escuchando las últimas décadas. Sin embargo, tiene la virtud de expresar nítidamente una voluntad política, que no está dirigida a todas las actividades y personas que forman parte del sector agrario, apuntando a aquellos que están postrados por la lógica del mercado y que, en términos generales, producen para el abastecimiento alimentario nacional.
De allí que las primeras críticas que provinieron de la derecha, tras calmar sus pesadillas expropiadoras, fue señalar la exclusión de la agroexportación del espacio político intersectorial y multiniveles que se diseña. Los empresarios costeños no tenían forma de ser parte, porque el sentido de la intervención estatal anunciada busca, sobre todo, resultados sociales y los económicos, se entiende, son un medio para arribar a aquellos.
En línea con esa orientación, un día antes, en Pichari, el corazón del VRAEM, el presidente Castillo, luego de inaugurar el CITE-agroindustrial, sostuvo que era deseo de su gobierno la industrialización de la hoja de coca y construir un aeropuerto en la zona, para que sus productos “salgan directamente al mercado nacional”.
De los diversos elementos que pueden extraerse de las intervenciones presidenciales para el debate, hay dos muy puntuales.
Uno, son los precios relativos. Al respecto, un tema que puso en la mesa desde 1981 uno de nuestros más grandes especialistas en economía agraria, José María Caballero, fue la bajísima productividad y la reducción relativa de las tierras agrícolas del Ande: “las difíciles condiciones naturales y el atraso tecnológico producen bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo. El campesino andino está sometido a desventajas que dan lugar a rentas diferenciales negativas; se ve forzado a competir en el mercado con la agricultura capitalista nacional, más capitalizada y con tierras mejores, con los productores internacionales cuando produce para la exportación o cuando rivaliza en el mercado interno con productos agropecuarios importados”.
El 2017, el Banco Mundial afirmaba nuevamente que “la otra realidad [paralela a la agricultura de la costa], mucho más común a lo largo de grandes áreas de la sierra y la selva, muestra sistemas agrícolas estáticos, improductivos, orientados a la subsistencia, mal integrados en el mercado y que proveen medios de subsistencia inaceptables para los participantes”.
En efecto, el censo 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez menores. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga, actualmente, como su principal ingreso lo que sus miembros pueden obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.
Así, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, tanto como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades –de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos– están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Lo atractivo de estas actividades está en su mayor rentabilidad respecto a las otras opciones económicas que se presentan como alternativa al poblador rural de la Sierra peruana.
Ante esta situación, ¿estamos viendo las cosas desde la perspectiva adecuada?, ¿estamos realmente integrando los complejos y diversos factores que componen la situación del poblador del campo peruano, o estamos asumiendo parcialmente cada uno de estos aspectos? Porque podemos dar una solución «técnica» a estos asuntos y alcanzar capacidades, crédito y tecnología a los campesinos, con lo cual impulsaremos algunas mejoras en su condición, pero sin cambios significativos. También, como propuso Caballero hace cuarenta años, podemos ver esta situación como proclive a cambiar aplicando un claro sentido redistributivo.
El segundo aspecto puntual es la participación de ciudadanos y ciudadanas en el proceso seguido por la política pública propuesta. ¿Cómo participarán los productores, comercializadores, consumidores y demás integrantes de los sistemas productivos y alimentarios en las decisiones que se adopten, garantizando así el debido consenso político?
No deja de ser un gran avance el deseo de articular y coordinar los sectores para lograr resultados. El esfuerzo seguramente también supone la presencia de algunas organizaciones importantes en los espacios por crear. Pero, en un ambiente en el que la asociatividad es un aspecto muy débil –fortalecer a las organizaciones es un punto que forma parte de la agenda–, sería muy oportuno conocer cómo se está pensando darle legitimidad a este significativo esfuerzo.
Finalmente, pero no menos importante, en la línea de la participación de ciudadanos y ciudadanas está la incorporación del protagonismo femenino en la economía rural. Su presencia central, al grado de afirmarse la existencia de una feminización de las tareas agropecuarias, en parte por los procesos ya descritos, no puede responderse anunciando recursos para desarrollo de la mujer rural, fomentar la entrega de créditos a las mujeres de la agricultura familiar, incentivar la asociatividad, la seguridad y soberanía de las familias. Lo que debe hacerse con esos medios descritos, es promover su liderazgo y su consolidación política.
Sin embargo, ha sido importante que el gobierno, desde su principal autoridad, haya presentado abiertamente un bosquejo de su línea política en esta materia estratégica, referida, además, a parte de la población peruana –la rural andina– que evidencia enormes dificultades para su inclusión económica, social, política y cultural.
Como se ha dicho continuamente estos días, los anuncios presidenciales, en alguna forma no suponen mayores novedades frente a lo que venimos escuchando las últimas décadas. Sin embargo, tiene la virtud de expresar nítidamente una voluntad política, que no está dirigida a todas las actividades y personas que forman parte del sector agrario, apuntando a aquellos que están postrados por la lógica del mercado y que, en términos generales, producen para el abastecimiento alimentario nacional.
De allí que las primeras críticas que provinieron de la derecha, tras calmar sus pesadillas expropiadoras, fue señalar la exclusión de la agroexportación del espacio político intersectorial y multiniveles que se diseña. Los empresarios costeños no tenían forma de ser parte, porque el sentido de la intervención estatal anunciada busca, sobre todo, resultados sociales y los económicos, se entiende, son un medio para arribar a aquellos.
En línea con esa orientación, un día antes, en Pichari, el corazón del VRAEM, el presidente Castillo, luego de inaugurar el CITE-agroindustrial, sostuvo que era deseo de su gobierno la industrialización de la hoja de coca y construir un aeropuerto en la zona, para que sus productos “salgan directamente al mercado nacional”.
De los diversos elementos que pueden extraerse de las intervenciones presidenciales para el debate, hay dos muy puntuales.
Uno, son los precios relativos. Al respecto, un tema que puso en la mesa desde 1981 uno de nuestros más grandes especialistas en economía agraria, José María Caballero, fue la bajísima productividad y la reducción relativa de las tierras agrícolas del Ande: “las difíciles condiciones naturales y el atraso tecnológico producen bajos rendimientos por hectárea y productividad del trabajo. El campesino andino está sometido a desventajas que dan lugar a rentas diferenciales negativas; se ve forzado a competir en el mercado con la agricultura capitalista nacional, más capitalizada y con tierras mejores, con los productores internacionales cuando produce para la exportación o cuando rivaliza en el mercado interno con productos agropecuarios importados”.
El 2017, el Banco Mundial afirmaba nuevamente que “la otra realidad [paralela a la agricultura de la costa], mucho más común a lo largo de grandes áreas de la sierra y la selva, muestra sistemas agrícolas estáticos, improductivos, orientados a la subsistencia, mal integrados en el mercado y que proveen medios de subsistencia inaceptables para los participantes”.
En efecto, el censo 2012 muestra que el 80% de las unidades agrícolas en el Perú tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de ellas hacen una agricultura de bajos insumos/baja producción. Además, los precios de sus productos son tendencialmente cada vez menores. La combinación de estos factores hace que la economía familiar campesina tenga, actualmente, como su principal ingreso lo que sus miembros pueden obtener en actividades ajenas a la parcela o el hato.
Así, economías ilegalizadas como la coca, la pequeña minería, la tala, el contrabando y otras, tanto como los servicios que pueden ofrecerse desde las ciudades –de donde la población rural obtiene buena parte de sus ingresos– están íntimamente ligadas con esta situación de la pequeña economía agraria de la Sierra peruana. Lo atractivo de estas actividades está en su mayor rentabilidad respecto a las otras opciones económicas que se presentan como alternativa al poblador rural de la Sierra peruana.
Ante esta situación, ¿estamos viendo las cosas desde la perspectiva adecuada?, ¿estamos realmente integrando los complejos y diversos factores que componen la situación del poblador del campo peruano, o estamos asumiendo parcialmente cada uno de estos aspectos? Porque podemos dar una solución «técnica» a estos asuntos y alcanzar capacidades, crédito y tecnología a los campesinos, con lo cual impulsaremos algunas mejoras en su condición, pero sin cambios significativos. También, como propuso Caballero hace cuarenta años, podemos ver esta situación como proclive a cambiar aplicando un claro sentido redistributivo.
El segundo aspecto puntual es la participación de ciudadanos y ciudadanas en el proceso seguido por la política pública propuesta. ¿Cómo participarán los productores, comercializadores, consumidores y demás integrantes de los sistemas productivos y alimentarios en las decisiones que se adopten, garantizando así el debido consenso político?
No deja de ser un gran avance el deseo de articular y coordinar los sectores para lograr resultados. El esfuerzo seguramente también supone la presencia de algunas organizaciones importantes en los espacios por crear. Pero, en un ambiente en el que la asociatividad es un aspecto muy débil –fortalecer a las organizaciones es un punto que forma parte de la agenda–, sería muy oportuno conocer cómo se está pensando darle legitimidad a este significativo esfuerzo.
Finalmente, pero no menos importante, en la línea de la participación de ciudadanos y ciudadanas está la incorporación del protagonismo femenino en la economía rural. Su presencia central, al grado de afirmarse la existencia de una feminización de las tareas agropecuarias, en parte por los procesos ya descritos, no puede responderse anunciando recursos para desarrollo de la mujer rural, fomentar la entrega de créditos a las mujeres de la agricultura familiar, incentivar la asociatividad, la seguridad y soberanía de las familias. Lo que debe hacerse con esos medios descritos, es promover su liderazgo y su consolidación política.
desco Opina / 8 de octubre de 2021
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