Según las estadísticas oficiales del
MINSA, a casi 60 días de iniciada la pandemia, se reportan en Arequipa 20 fallecimientos
a causa del Covid-19. Aunque el número de contagios se ha venido incrementando,
la tasa de letalidad es una de las más bajas a nivel nacional.
Comparativamente con otras regiones, estos
resultados son buenos, ello a pesar de los desaciertos de nuestra principal
autoridad regional, cuya falta de profesionalismo puso en peligro a los habitantes
de esta región. Esta no es una apreciación solo nuestra, fue la conclusión a la
que se arriba en dos Informes de Orientación de Oficio que la Contraloría General de la República cursa al Gobierno Regional de
Arequipa; el primero por no ejecutar en su totalidad los recursos transferidos
para afrontar la pandemia (Informe de Orientación de Oficio nº
007-2020-OCI/5334-SOO) y, el segundo, por la ausencia de protocolos específicos para la realización de la cuarentena de
las personas que llegaron a la ciudad desde otras localidades (Informe de
Orientación de Oficio nº 008-2020-OCI/5334-SOO).
El comando Covid-19 regional reaccionó rápidamente
ante la escalada de contagios y los casos positivos que encontraron en sus
controles inopinados. Tomaron la dura decisión de suspender por dos semanas el
transporte público, y así obligar a las personas a abastecerse dentro de sus
distritos, evitando la alta movilidad. La otra medida fue cerrar tres de los principales centros de abasto de la ciudad, al
comprobarse que varios comerciantes estaban infectados con el virus y los
mercados constituyen potenciales focos de contagio; sin embargo, la medida fue
bastante discutible, en especial por la alta tasa de informalidad existente.
Una mejor alternativa hubiera sido empadronar a los comerciantes y ordenar la
comercialización de productos por día, pero por lo menos; los comerciantes
diagnosticados dejaron de ser fuente de contagios.
Por otro lado, se aprecia en Arequipa
municipalidades muy activas para enfrentar la pandemia, esforzándose por
asegurar el control de medidas sanitarias en los centros de abasto; garantizar que se cumplan los protocolos en las ferias itinerantes de alimentos
frescos; realizar controles en las tiendas –muchas de ellas ahora convertidas
en minimarkets– donde también se expenden productos frescos; y desinfectar calles. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es la fractura
existente entre estas y la sociedad civil; pues no conocemos ninguna
experiencia municipal de movilización comunitaria, donde se involucre a las
juntas vecinales o a otras organizaciones de la sociedad civil para
comprometerlas con las medidas de control.
Los empresarios locales a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, también se han sumado a la causa y han donado una serie de equipos, como los ventiladores no
invasivos tipo CPAP, que tienen un gran valor en estos días para preservar la
salud de los contagiados.
Si bien estamos en la etapa de contagios
comunitarios y vemos todavía algunas aglomeraciones, además de otras condiciones
que deben mejorarse, la situación en esta parte del país parece controlada. Las
acciones del comando Covid-19 y la paulatina toma de conciencia, vienen
surtiendo efectos positivos.
La pandemia desnuda una vez más, serios
problemas de fondo a nivel nacional. En los días transcurridos emerge la
precariedad del empleo en la región como en muchas otras; ello además, en un
contexto previo de frágil capacidad de los gobiernos locales y ante la ausencia
de programas efectivos de empleo. Miles de ciudadanos desempleados salen a las
calles a vender todo lo que sea posible para lograr algún ingreso de
sobrevivencia y, en ese afán, se quebrantan las directivas del distanciamiento
social y todas las precauciones que la situación demanda. De aquí la
importancia de convocar a la ciudadanía para asegurar los mecanismos de control
de la pandemia, al mismo tiempo que el ejercicio de la solidaridad para
afrontar las carencias de ingresos y empleo de nuestra precaria economía.
desco Opina - Regional / 15 de
mayo de 2020
descosur
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