Los resultados de la encuesta más reciente, como era previsible, registran una
significativa caída en la aprobación presidencial. Diecinueve puntos, para
situarse en 60%, mientras el gobierno retrocede 3 puntos a 40% y el Presidente
del Consejo de Ministros baja 13 puntos, a 30%. Previsible decimos, porque la
aprobación del mes anterior registra el momento más importante de lo que va del
gobierno de Martín Vizcarra. La disolución constitucional del Congreso de la
República en octubre pasado marcó el punto culminante de su relación con la
gente, que la demandaba mayoritariamente. A partir de entonces, el descenso de
su popularidad, mayor o menor, será un lugar común.
Sus dificultades para hacer política y
gestionar el país, continuarán sin duda. La renuncia de la exministra de Salud,
tanto como las desafortunadas declaraciones del inefable ministro de
Transportes y Comunicaciones sobre el “club de la construcción”, son apenas los
síntomas más recientes de un Ejecutivo que carece de ideas y de la fuerza
necesaria para hacer realidad la limitada agenda de reformas que le permitió
conectar con la opinión pública. Su negocio desde este momento, hasta el
término de su mandato, será mantener su nivel de flotación.
En este contexto, la inscripción de las
22 listas y las decisiones recientes del JNE evidencian que las elecciones de
enero no se darán en condiciones aceptables ni despertarán interés mayor en la
ciudadanía. Las mismas viejas normas que nos llevaron a la anterior
representación, los partidos franquicia y los muertos con historial y prontuario
que no quieren terminar de morir o pretenden resucitar, son parte de un
escenario poco atractivo. La aprobación de la reelección, establecida por el JNE con el
argumento de las elecciones complementarias, anuncia que ni siquiera tendremos
el consuelo de la valla electoral, sacando de carrera para el 2021 a algunas de
las combis en competencia.
La decisión del Jurado Especial
Electoral de Lima Centro 1, que ha iniciado un proceso al Primer Ministro y a
la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por supuesta violación del
principio de neutralidad que los funcionarios deben tener en una elección, por exhortar
al electorado a votar con información y responsabilidad, debe llamar nuestra atención. Máxime cuando alguno de los más altos
funcionarios de ese poder del Estado, aparece en diversos audios de “los
cuellos blancos”.
A esos «ruidos», más importante aún, se
añadieron en las últimas horas las explosivas declaraciones de Dionisio Romero,
mandamás del Banco de Crédito, aceptando un aporte de más de tres millones de
dólares entregados el 2011 a Keiko Fujimori para “que el chavismo no tomara el control del país”. Que un banquero
use los dineros de su empresa para apoyar a una política, que lo haga en
efectivo y bajo la mesa para que nadie se entere y, finalmente, que decida
hacerlo público ocho años después cuando se siente apremiado por el Ministerio
Público, sorprende tanto como el descenso de la aprobación presidencial. Quien
lo hereda, no lo hurta; recordemos que el padre del directivo del BCP fue protagonista
estrella de uno de los videos más populares de Vladimiro Montesinos.
Más allá de si se trata de un presunto delito de lavado de activos o de una «simple» falta administrativa,
como sostienen distintos abogados preocupados por el futuro de Keiko Fujimori,
lo que es evidente es que seguiremos asistiendo a temblores de distinta
intensidad que continuarán afectando a nuestros principales grupos
empresariales como parte de las disputas y pugnas por la corrupción. Ello,
porque es evidente que la pregunta sobre dónde se origina la corrupción,
adquiere renovada vigencia en el país.
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