Como era
previsible, los temblores empezaron a acechar al nuevo gobierno apenas días
después del voto de confianza a su Gabinete. El Presidente de la República debe
haber descubierto ya, que el nuevo «estilo» de comunicación con la gente
–viajes, visitas y gestos que lo acercan a la gente de a pie–, tiene un techo
muy bajo. Más bajo todavía, cuando desde su propio equipo, se hacen méritos
para evidenciar su debilidad y su falta de norte en temas que son cruciales
para el país, como lo demuestran dos hechos recientes.
El triste
espectáculo para desprestigiar al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la
Inclusión Social (LUM) promovido por el congresista Edwin Donayre, apareció
como el «disparador» de una campaña, seguramente organizada desde el
fujimorismo, destinada a construir la nueva narrativa que necesitan del conflicto interno y de su rol; reescribiendo la historia reciente del país y sellando en el camino su alianza con sectores
militares y empresariales, distintos grupos católicos y evangélicos
ultramontanos, así como algunos periodistas, para allanar el camino
neoconservador y autoritario que buscan entronizar el 2021. Más lamentable aún
la deplorable reacción de la Ministra de Cultura que en su afán por lavarse las
manos, terminó inclinándose en el Congreso ante un grupo desbocado de
congresistas, que hicieron evidente la operación en curso. Perdió ella, pero
también el gobierno todo, que se desentendió del ataque.
Simultáneamente,
tuvimos la minicrisis provocada por el Ministro de Economía tras su
presentación el martes 15 ante la Comisión de Economía, donde adelantó que se
pensaba cobrar el Impuesto a la Renta a partir de un ingreso mensual menor al
actual para ampliar la recaudación en 600 millones de soles anuales, que provocó
un corto circuito en el Ejecutivo, ante la multiplicación de las críticas. El
Premier y el propio Presidente, finalmente, tuvieron que salir al frente y echarle
agua fría al responsable del sector que pretendía levantar menos del 0.1%
adicional del PBI, en un escenario en el que el mismo Fernando Tuesta advirtió que las exoneraciones tributarias, que benefician a los más ricos, alcanzan los 16 500 millones de soles, mientras la evasión,
supera los 60 000 millones. El daño, sin embargo, ya estaba causado.
Con un
gobierno que muestra tan pronto tal debilidad e impericia, cabe preguntarse por
su futuro inmediato y por las fortalezas que contribuyan a su sobrevivencia,
máxime cuando las protestas y paralizaciones contra las medidas adoptadas con
el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se iniciaron ya en el sur. Antes que
ajustar números más o menos, el gobierno debió exponer el desastre tributario
que encontró, las enormes trampas que representan los contratos con excepciones
tributarias que se realizaron en el pasado con las grandes empresas –no sólo
las mineras–, mostrando que en esas condiciones ningún país puede enfrentar la
pobreza y la desigualdad. Su debilidad «de origen», pero también su compromiso
con el modelo, lo llevan a evitar esta confrontación eminentemente política,
optando por «administrar» la cosa pública buscando imposibles equilibrios
minimalistas.
Todo indica
que el capital mayor del Ejecutivo radica en las debilidades de las principales
fuerzas políticas del país, interesadas antes en reordenarse para enfrentar el
2021 con posibilidad de éxito electoral, que en hacerse cargo de un país con
signos crecientes de agotamiento y descomposición. El fujimorismo, que aparece
en este escenario como la fuerza principal que condiciona al gobierno,
permanece enredado en sus propios dilemas. Keiko Fujimori, empeñada en poner
orden y reescribir la historia del país y de su padre para aparecer como la
cara «democrática» de una amplia alianza neoconservadora, está atrapada por su esencia
autoritaria y sus vínculos con la corrupción, pero también por su necesidad de
continuar controlando el Congreso.
Las
amenazadoras declaraciones del Presidente de ese poder contra los medios que
osaron preguntar por la compra de frigobares, televisores y computadoras a
través del mecanismo de adquisición directa, no dejan lugar a dudas, como
tampoco lo dejan los esfuerzos de algunas de sus figuras más visibles e
importantes, Miguel Torres y Úrsula Letona, por impedir que las cooperativas,
sospechosas de facilitar el lavado de activos, sean supervisadas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las recientes declaraciones de su candidato a
gobernador regional de Junín, sosteniendo que exmilitantes del MRTA y Sendero Luminoso (SL), hoy lo hacen en Fuerza Popular, son apenas
la cereza del pastel de los múltiples discursos y rostros naranjas.
Como la
situación de las otras fuerzas políticas presentes en el Congreso no es mejor,
el Ejecutivo en el corto plazo, respira con cierto alivio, pero puede terminar
rápidamente, de multiplicarse los malestares de la gente y/o los miedos de los
empresarios. La inminencia del mundial de fútbol y la novela de Paolo Guerrero
lo ayudan a plazo fijo. Sin embargo, después de estos días, queda claro que si
no son capaces de mostrar resultados de su gestión en un par de meses más; si
no consiguen avanzar en una agenda de prioridades de la que carecen y continúan
evidenciando su desarticulación como gobierno y la precariedad de sus
operadores, se les agotará el oxígeno. En esa situación, para sobrevivir, sólo
les quedará convertirse en un gobierno zombie.
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