Hasta que nos demos cuenta que
la situación actual de la educación en el Perú es un serio problema sin
resolverse, no sabremos bien cómo salir adelante como país de una manera seria
y consistente. Creemos que aumentar los salarios, recrudecer la represión al
movimiento magisterial, apostar a la censura de la persona encargada de la cartera
o a una fantasía como el reemplazo de estos profesores y sus atomizadas dirigencias por otros, no representan en
modo alguno salidas sostenibles a los problemas del magisterio. La crisis de la educación en
el Perú nos muestra, con desgarro, la profundidad de nuestros problemas
nacionales y, por cierto, que éstos no se resuelven principalmente haciendo que
la economía crezca y que el PBI sea cada vez más grande. Está claro que eso no
basta y que el país debe enfrentarse desde una mirada menos centralista y
tecnocrática.
La huelga en sí misma, desatada en el Cusco, en su plataforma nacional de lucha, expresa tres demandas principales: la
mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación
de docentes como instrumento de despido de maestros. A eso deben sumarse en el
proceso de la huelga el pliego maximalista añadido por dirigencias regionales
radicalizadas que demandan la derogatoria de la ley de reforma educativa y
magisterial, y la derogatoria del Decreto Supremo que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo.
El Ministerio de Economía y
Finanzas informó que en el año 2010 el gasto anual por alumno fue de 1580 soles
en primaria y que actualmente se elevó a 2600 soles. El caso es similar en
secundaria donde se aumentó la
inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta cinco veces más que el Perú en
ello. Resolver el déficit de infraestructura educativa en nuestro país, por
ejemplo, requiere de más de 18 mil millones de dólares. Un informe del Instituto Integración revela que el 25 por ciento de
las edificaciones educativas demandan ser sustituidas completamente, que siete
de cada diez colegios rurales no cuentan con servicios de agua y desagüe y 25%
no recibe energía eléctrica, mientras que nueve de cada diez instituciones carece
de acceso a internet.
Esta gran huelga magisterial ha
mostrado al país una realidad en verdad conocida por todos los padres de
familia vinculados a la educación pública, situación que se agrava cuando se
expone también el agotamiento institucional y de representatividad del Comité
Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú
(CEN SUTEP) como interlocutor pleno.
Su impacto movilizador ha sido
muy grande, involucrando a más del 60% del magisterio
y ha mostrado también el enorme fraccionamiento en el que se encuentra el
sindicalismo magisterial que aparentemente estaba liderado y conducido por
Patria Roja. Hoy queda claro que existen muchos grupos regionales que siguen distintas vertientes de Pukallacta, CONARE y Conare-Movadef dificultando ciertamente la interlocución y el diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
La importancia de esta protesta en
la actual coyuntura muestra al mismo tiempo el descontrol político interno, en
el que los principales poderes del Estado no dialogan ni ofrecen propuestas de
solución concertadas a las demandas y reivindicaciones sindicales, lo que
presagia una ola radical que no puede ser organizada ni aglutinada; y las
maneras fallidas de hacer política en el país, fraccionado en territorios
regionales y municipios. Fraccionamiento que en el trato podría llevar a una explosión impensada que empieza a preocupar, en otra
dimensión a diferentes actores nacionales como el mundo empresarial,
principalmente los gremios mineros, los agroexportadores y la propia Confiep.
Ante este escenario entendemos
la urgencia de cambiar las lógicas políticas, de apostar por mejorar la
concertación entre los peruanos, trabajar seriamente en la inclusión social, mejorando
nuestra conectividad real para enfrentar una realidad que no encuentra una masa
crítica de peruanos que vaya más allá de la política cortesana parlamentaria,
que a decir verdad no ha conseguido enfrentar exitosamente la demanda de contar
con un proyecto nacional viable. Al vernos así a las puertas del bicentenario
de nuestra fundación republicana, constatamos lo poco que hemos avanzado para
consolidar al Perú como una colectividad democrática y viable para el conjunto
de sus ciudadanos.
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