La reducción en el monto de la última transferencia del
canon minero que le correspondió a Arequipa sorprendió a las autoridades de la región. Si las estimaciones del MEF para el 2016 ya los había alarmado, las cifras reales
mostraron una caída más contundente: 5 millones y medio para el Gobierno
Regional y 16 millones y medio para los gobiernos locales de todo el
departamento, lo que significa una reducción del 94% respecto a lo recibido en
el 2015, el monto más bajo de los últimos diez años.
Por varias razones, la gobernadora regional de Arequipa,
Yamila Osorio, las tiene más difíciles. La primera es por haber asumido un
gobierno con parte del presupuesto de inversión hipotecado por su antecesor,
Juan Manuel Guillén, por la construcción del puente Chilina, uno
de sus más anhelados proyectos. Para su edificación utilizó el mecanismo de obras por impuestos, obligando al Gobierno Regional a liquidar
el proyecto, comprometiendo 26 millones de soles anuales a cuenta del canon por
los próximos diez años. Esta obra, así como la gestión del exgobernador, fueron investigadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso, encontrándose indicios de malversación de más de 1800
millones de soles. La Contraloría General de la República, halló también varias
irregularidades; por ello, la fiscalía ha dispuesto recientemente formalizar una investigación contra Guillén y exfuncionarios de su
entorno.
La segunda dificultad para la gobernadora es haber
comenzado su gestión al final del superciclo de los minerales, lo que se traduce
en una sustancial reducción del monto recaudado por canon minero, tal cual se
indicó anteriormente. Esta partida ha sido por varios años fundamental para el
presupuesto de inversión, permitiendo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA),
por ejemplo, disponer en el 2009 de más 137 millones soles para proyectos.
Los fuertes recortes pueden significar para la
gobernadora confrontar problemas con la sociedad civil organizada, incluyendo a
la que interviene en la elaboración de los presupuestos participativos (PP)
regionales. Este año, por falta de recursos, ninguno de los 13 proyectos
priorizados en el PP del 2015 fue ejecutado; el mismo destino pueden correr los
25 aprobados en el PP 2016, ya que el GRA estimó un techo presupuestal de 47
millones de soles de inversión para el 2017, los que serán utilizados en su
totalidad para la continuación de proyectos multianuales.
En este contexto, la gobernadora se ha visto obligada a gestionar
mayores presupuestos de inversión para el desarrollo de la región, tanto con
actores públicos (Ministerios),
como privados (Empresas), a la fecha con mayor éxito entre los primeros.
Una de sus fórmulas ha sido el impulso de mesas público privadas para discutir problemas focalizados
en cada provincia, buscando inversión de las empresas privadas que impactan en
estas zonas con sus actividades. En la provincia de Arequipa, buscó en vano comprometer a la empresa minera Cerro
Verde con un aporte voluntario para el desarrollo del departamento, por lo que,
ante su negativa, exigió a la empresa que amortice los 286 millones de
soles por regalías impagas requeridos en un fallo judicial. Osorio tiene una posición firme con respecto a la contribución del empresariado minero
y parece que no se rendirá tan fácilmente.
El financiamiento del proyecto del puente Chilina vía
obras por impuestos merece finalmente una reflexión. Visto como una alternativa
que supuestamente supera la ineficiencia y corrupción de las entidades
públicas, en la práctica, compromete el presupuesto de los gobiernos
subnacionales por varios años, de modo que las autoridades que lo usan, les
dejan a sus sucesores un legado de deudas que van a limitar sus funciones. Eso
es justamente lo que le ha ocurrido a la gobernadora Osorio, lo que es más
grave aun considerando la reducción del canon y que no fue la gran solución
para descongestionar el tráfico. Está por demostrarse además, si este mecanismo
es más eficiente y transparente que el utilizado por las entidades
estatales.
Arequipa enfrenta entonces un problema serio que afectará
la capacidad de su gobierno regional y de sus gobiernos locales para invertir
en proyectos en la misma escala que lo ha venido haciendo. Es incluso
previsible que la misma gobernabilidad de la región se vea afectada. Es todo un
reto para el gobierno nacional que se instala el próximo 28 de julio, más aun
considerando el pedido de aumento del presupuesto hecho por los presidentes regionales
y alcaldes durante la Primera Cumbre de descentralización, y las expectativas
que ha generado el nuevo presidente electo en la ciudadanía arequipeña y del
sur, que votó masivamente por PPK.
desco Opina - Regional / 8 de
julio de 2016
Programa Regional Sur
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