Después de años de marchas y contramarchas, que tuvo
como último capítulo el archivamiento de la acción de amparo
promovida por el Gobierno Regional del Cusco ante el Tribunal Constitucional contra la ejecución
del proyecto Majes Siguas II, el gobierno autorizó su inicio. Pese al entusiasmo que la noticia ha causado
entre los arequipeños, aún se avizoran nubarrones para el proyecto.
En lo político, con el presidente regional del Cusco Jorge Acurio fuera del juego, aún queda la negociación
con el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar. Ante el anuncio del
Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre la colocación de la primera piedra
para este 22, el Frente ha informado a la prensa que se reunirá con otras
organizaciones sociales de Espinar para fijar su posición final frente al
proyecto, a pesar de que el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional
del Agua acordaron con las autoridades cusqueñas iniciar con la ejecución de proyectos de irrigación y afianzamiento hídrico en esta provincia, y que en la
presentación del Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del Río Apurímac en la
PCM el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Jorge Montenegro,
puntualizó que el estudio garantiza el abastecimiento hídrico para Cusco y
Arequipa.
Por otro lado, se tiene que resolver el pago de la
penalidad por el retraso en la ejecución del proyecto. El ministro de
Agricultura, Milton von Hesse, señaló que «Por el hecho de no ejecutar, había
un crédito concertado con la CAF, que está vigente, ha tenido intereses, la penalidad tiene un costo de más de S/.10 millones». Como se recuerda el Gobierno Nacional tramitó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el cofinanciamiento del proyecto por US$ 150 millones en el 2012. Otro
punto del que aún no hay información es la actualización de costos del
proyecto, teniendo en cuenta que el Consorcio Majes Siguas ganó la buena pro
para este proyecto en el 2010 y que el Gobierno Regional de Arequipa se ha
fiado del buen viento con el que iba el canon minero, fuente con la que va a asumir
su parte en el cofinanciamiento del proyecto. El compromiso del GRA es de US$
57.7 millones.
Asimismo, aún no está muy claro qué fórmula utilizará
el Gobierno Regional de Arequipa para la subasta de tierras de las 38,500 ha en
las pampas de Siguas que incorporará el proyecto al agro, de modo que no
terminen en pocas manos, como pasó en el caso del Proyecto Olmos donde el 70%
de las 28 mil hectáreas subastadas, de una de sus etapas, quedaron bajo la
propiedad de la empresa nacional Gloria y la extranjera Parfen SA., como lo
evidenció CEPES en el 2012. Este tema es
importante en el contexto del país donde está en la mesa la discusión sobre los
límites de la propiedad de tierras y la seguridad alimentaria.
Fuera de la irrigación de tierras, el proyecto se
considera estratégico para la Macro Región Sur por la generación de energía de
560 Mw de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, que forman parte
del proyecto, en especial porque la mayoría de inversiones en nuevos proyectos
mineros se han anunciado en esta parte del país, y la demanda de energía
eléctrica va a ser mayor. Enfocándonos en demandas locales, cabría preguntarse
si se atendió –o se va atender– el pedido de las autoridades del distrito de
Caylloma (donde se ubica gran parte del proyecto) sobre su dotación de energía
eléctrica.
La mayoría de estos temas están pasando «bajo el
radar» de la opinión pública. Los nubarrones están allí, sólo hay que afinar un
poco los sentidos y ver bien todo el panorama, antes que se generen nuevos
conflictos y nuevos retrasos. Tenemos entre manos un tema que pondrá a prueba
las reales convicciones frente al desarrollo macroregional versus los
localismos, la mirada de largo plazo versus los inmediatismos de los líderes
regionales del sur peruano.
desco Opina - Regional / 10 de enero de 2014
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