El pasado 15 de abril, se presentaron los avances del Estudio de Balance Hídrico del río Apurímac (EBHICA), paso necesario para la viabilidad del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, en la provincia cusqueña de Espinar no se habría podido tomar las muestras necesarias por la oposición de sectores de la población. El equipo de UNOPS –entidad de Naciones Unidas– a cargo del estudio, ha interpretado dicha negativa como una amenaza a su seguridad; mientras el plazo de diez meses fijado para concluir dicho estudio sigue corriendo. Esto plantea un complejo escenario para el Gobierno Regional de Arequipa y para el Gobierno Nacional, que no puede darse el lujo de ponerse de perfil.
Cabe señalar que la realización del citado estudio quedó establecida mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, que señala claramente la participación de la PCM y de la Autoridad Nacional del Agua. No es nuestra intención argumentar aquí sobre la necesidad del proyecto, aunque sí remarcar su importancia para atender la demanda energética en un contexto en el que en Arequipa y en otras partes del Sur se experimentan intempestivos cortes de energía, aparentemente debidos a la saturación de la línea de transmisión Mantaro Socabaya. De acuerdo a los expertos, con la operación de las centrales de Molloco, Lluclla y Lluta –estas dos últimas parte de Majes Siguas II–, se cubriría la demanda de energía.
El Gobierno Regional de Arequipa no ha logrado comunicar las ventajas del proyecto ante sus pares cusqueños, que hasta el momento no han demostrado intención alguna de «comprarse el pleito». Por ahora la respuesta de UNOPS pasa por trabajar el componente comunicación como medio para entrar con mejor pie a las comunidades, en las que no debe promocionar las bondades del proyecto, sino las ventajas de realizar el estudio.
Todo ello mientras el alcalde y los dirigentes de Espinar proponen extender la realización del estudio por veinte meses bajo amenaza de desconocerlo, ante la pasividad de las autoridades del Gobierno Nacional. Al margen de lo que concluya el EBHICA, los hechos muestran lo erróneo de la estrategia del Gobierno Regional de Arequipa al judicializar un asunto que requiere más bien de una decisión técnica y política, incluyendo capacidad de concertación que por ahora no aparece. Desde el Gobierno Nacional es necesario dar señales de que el crecimiento está acompañado de una visión sobre el ordenamiento de los territorios y los bienes mayores en juego, sin que ello signifique un enfrentamiento con la población.
desco Opina - Regional / 22 de abril de 2013
Programa Regional Sur
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