Ante la propuesta de reestructuración del régimen pensionario de policías y militares, específicamente sobre la cédula viva, el tono de la reacción de altos representantes de las Fuerzas Armadas ha abierto algunas preguntas sobre el peso del poder militar en varias áreas de decisión pública.
El Ejecutivo sostiene que no es viable mantener la cédula viva y condiciona su continuidad a los aumentos progresivos anunciados para el personal efectivo militar y policial. El debate ha llegado hasta el Congreso de la República donde incluso representantes del partido de gobierno expresaron su reserva ante la propuesta del Ministerio de Economía, plasmada en el Presupuesto Público 2011.
Si bien es evidente que urge una reforma de este régimen pensionario –que fuera eliminado para los trabajadores civiles en 2006– lo cierto es que un cambio de esta naturaleza no será posible marcado por reacciones destempladas. Por un lado, el presidente García declaró que «no le importaba» la opinión de la bancada aprista; por otro lado las respuestas de los voceros de los militares en retiro, hacen pensar en situaciones extremas, como condicionar el papel de los militares en zonas críticas.
Una de estas zonas críticas es el VRAE, materia de sucesivos «planes» aplicados desde Lima, en una visión en la que el desarrollo queda postergado en función del componente militar en la lucha contra el narcotráfico. La zona –bajo jurisdicción de Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Junín– es un monstruo de muchas cabezas, en el que ante la inoperancia de los gobiernos regionales, el Gobierno Central, mediante el Ministerio de la Presidencia y el sector Defensa se ha convertido en el gran administrador. Para empezar, el Gobierno peruano debe caracterizar con mejores elementos la situación, distinguiendo el papel de Sendero como cuerpo de protección de narcotraficantes, de sus eventuales propósitos de poder político, puesto que eso supone estrategias diferenciadas.
El VRAE tiene potencialidades que pueden encaminarse hacia el desarrollo. Aprovechando los recursos del canon gasífero, la localidad de Pichari ha avanzado en la elaboración de un plan estratégico, en el marco del cual ha logrado mejoras sustantivas en términos de infraestructura y saneamiento. A pesar de que aún está pendiente plantearse una mejor distribución del canon desde una mirada de conjunto del VRAE, el caso de Pichari muestra también que los recursos, bien manejados, pueden transformarse en motor para el desarrollo. Pero para que eso se reproduzca en todo el valle, se requiere de un verdadero plan de desarrollo, más allá de la mera administración militar del conflicto existente.
desco Opina - Regional / 13 de setiembre de 2010Programa Sierra Centro
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