Tal como había sido advertido, la disputa por el presupuesto general del 2010, finalmente se inició. La propuesta del Ejecutivo aumenta la participación del gobierno nacional en los gastos de capital de 44% a 61% del total, a la par que reduce la participación de las municipalidades del 38% al 22%, mostrando su decisión de recentralizar el manejo presupuestal, incrementando, además, el margen de su manejo discrecional desde el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias centralizadas, al incrementar en 110% la denominada Reserva de Contingencia.
Por si cabe alguna duda de su intencionalidad en un año que será claramente electoral, la propuesta del Ejecutivo establece la obligatoriedad de destinar el 6% de los recursos de inversión del próximo año, a los núcleos ejecutores, provocando mayores expectativas y demandas que no podrán ser atendidas por los gobiernos locales que dispondrán de 2,857 millones de soles menos que los contemplados en el presupuesto actual.
Como no podía ser de otra manera, la pretensión del gobierno nacional ya recibió el rechazo de las distintas asociaciones de los gobiernos subnacionales. Convocados por la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), más de 350 municipios del país se movilizaron al Congreso de la República, denunciando la situación y exigiendo la modificación del presupuesto.
Posteriormente, el pronunciamiento firmado el 18 de octubre por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la REMURPE y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pone el dedo en la llaga, llamando al Congreso a corregir dicha propuesta, exigiéndole al Presidente cumplir el compromiso que asumiera el 28 de julio para financiar el aumento de competencias y funciones transferidas a las municipalidades –incrementar de 2% a 4% el impuesto de promoción municipal dentro de la estructura del IGV– y exigiendo la implementación de la descentralización fiscal.
La pregunta de fondo, frente a este nuevo escenario conflictivo, es si el Ejecutivo y el Congreso, tienen alguna disposición a negociar los recursos del 2010 para los gobiernos subnacionales. Si nos guiamos por la experiencia de los años anteriores, la respuesta es negativa. Más aún en un año electoral en el que el Ejecutivo y los congresistas, tienen sus propios intereses. El primero está abiertamente interesado en ser un jugador fuerte en el proceso electoral e incidir en las dinámicas locales, como se evidenció desde el momento mismo en que el Presidente lanzó la iniciativa de los núcleos ejecutores. Buena parte de los segundos, preocupados por su eventual reelección, ahora buscan «acercarse al interior del país» y no dudan en debatir propuestas clientelísticas ya superadas, como la exoneración tributaria para la Amazonía.
Así las cosas, cabe interrogarse por la fuerza y la persistencia de la eventual articulación de las autoridades subnacionales que muestra el comunicado en mención, así como su capacidad de vincular el presupuesto 2010 con algunas de las principales demandas sociales, que siguen manifestándose fragmentadamente. Ello, en un escenario en el que la conflictividad social continúa incrementándose y los múltiples malestares ciudadanos también, a pesar del esfuerzo mayoritario de los medios de comunicación por imponernos los escándalos políticos de más «baja intensidad» –la congresista “robaluz”– o simplemente aquellos puramente delictivos.
Por el momento, da la impresión que el gobierno piensa que la conflictividad social disminuirá en la medida en que el tiempo electoral se acelere y ocupe las preocupaciones o el interés del país.
desco Opina / 19 de octubre 2009
Por si cabe alguna duda de su intencionalidad en un año que será claramente electoral, la propuesta del Ejecutivo establece la obligatoriedad de destinar el 6% de los recursos de inversión del próximo año, a los núcleos ejecutores, provocando mayores expectativas y demandas que no podrán ser atendidas por los gobiernos locales que dispondrán de 2,857 millones de soles menos que los contemplados en el presupuesto actual.
Como no podía ser de otra manera, la pretensión del gobierno nacional ya recibió el rechazo de las distintas asociaciones de los gobiernos subnacionales. Convocados por la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), más de 350 municipios del país se movilizaron al Congreso de la República, denunciando la situación y exigiendo la modificación del presupuesto.
Posteriormente, el pronunciamiento firmado el 18 de octubre por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la REMURPE y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), pone el dedo en la llaga, llamando al Congreso a corregir dicha propuesta, exigiéndole al Presidente cumplir el compromiso que asumiera el 28 de julio para financiar el aumento de competencias y funciones transferidas a las municipalidades –incrementar de 2% a 4% el impuesto de promoción municipal dentro de la estructura del IGV– y exigiendo la implementación de la descentralización fiscal.
La pregunta de fondo, frente a este nuevo escenario conflictivo, es si el Ejecutivo y el Congreso, tienen alguna disposición a negociar los recursos del 2010 para los gobiernos subnacionales. Si nos guiamos por la experiencia de los años anteriores, la respuesta es negativa. Más aún en un año electoral en el que el Ejecutivo y los congresistas, tienen sus propios intereses. El primero está abiertamente interesado en ser un jugador fuerte en el proceso electoral e incidir en las dinámicas locales, como se evidenció desde el momento mismo en que el Presidente lanzó la iniciativa de los núcleos ejecutores. Buena parte de los segundos, preocupados por su eventual reelección, ahora buscan «acercarse al interior del país» y no dudan en debatir propuestas clientelísticas ya superadas, como la exoneración tributaria para la Amazonía.
Así las cosas, cabe interrogarse por la fuerza y la persistencia de la eventual articulación de las autoridades subnacionales que muestra el comunicado en mención, así como su capacidad de vincular el presupuesto 2010 con algunas de las principales demandas sociales, que siguen manifestándose fragmentadamente. Ello, en un escenario en el que la conflictividad social continúa incrementándose y los múltiples malestares ciudadanos también, a pesar del esfuerzo mayoritario de los medios de comunicación por imponernos los escándalos políticos de más «baja intensidad» –la congresista “robaluz”– o simplemente aquellos puramente delictivos.
Por el momento, da la impresión que el gobierno piensa que la conflictividad social disminuirá en la medida en que el tiempo electoral se acelere y ocupe las preocupaciones o el interés del país.
desco Opina / 19 de octubre 2009
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