La semana pasada, la marcha de 200 alcaldes de municipalidades rurales de muchas partes del país protestando por el recorte presupuestal municipal pasó algo desapercibida para la prensa. Sin embargo, el tema de las mancomunidades municipales a escala urbana y rural debería cobrar importancia porque fue creado como un instrumento para fortalecer el proceso de descentralización en el Perú. ¿Lo está logrando?
Los recortes presupuestales a las municipalidades ascienden ya a 1858 millones de nuevos soles para el año 2009, los cuales corresponden a los recursos asignados vía Foncodes, Foncomún, Canon y la transferencia de recursos ordinarios. Ante estas y otras iniciativas del Ejecutivo, que van en contra de los intereses y la capacidad operativa de los gobiernos locales, estos últimos han mostrado que la vía de las redes y la asociatividad son un medio efectivo para capear el temporal y, en el caso particular de la Red de Municipalidades Rurales del Perú REMURPE, para una visión compartida del desarrollo rural. Para esta asociatividad hay distintas vías, y una de ellas implica un referente administrativo-jurisdiccional intermedio, la mancomunidad. ¿Cómo vamos con esta figura en el ámbito urbano, en particular en Lima Sur?
En primer lugar la ley vigente -de incentivo a la conformación de mancomunidades- no propone en realidad un reordenamiento territorial. Es menos pretenciosa (y en esta limitación hay que evaluar sus avances), pues lo que hace es darle un “certificado” a un agrupamiento de territorios (no necesariamente contiguos). Esa sería su contribución para el fortalecimiento del proceso de descentralización y la reducción de la brecha existente entre municipalidades provinciales o distritales, grandes y pequeñas, lo que habría que revisarse, específicamente en Lima Sur.
La ley define a la Mancomunidad como “el acuerdo voluntario de dos o más municipios, colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos”. Para los casos de AMASUR y la mancomunidad de los distritos del Litoral de Lima Sur, aún no se ha probado toda la fuerza que posee este instrumento de gestión, puesto que han priorizado la confluencia para brindar servicios públicos a la comunidad.
Tal es el caso evidente de Amasur que, aunque surgida antes de la normatividad vigente, su adecuación está tomando un tiempo que podría ser destinado a generar nuevos proyectos de desarrollo para los distritos asociados: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac y San Borja. Así, su accionar en tres años de gestión, se ha limitado a campañas de limpieza pública interdistrital. Recién a principios de este año, a pesar de que en la presentación pública de AMASUR ya se había hecho este anuncio, se ha difundido el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en Lima Sur que favorecería a todos los distritos de la mancomunidad.
Dado que las mancomunidades tienen prioridad en la distribución de los presupuestos, evidentemente es una ventaja pertenecer a una de ellas y, de esta manera, es obvio el interés de las pequeñas municipalidades por asociarse con las grandes, para que les reditúe en beneficios administrativos y geográficos.
Ello sería una manera de manifestar voluntad por el desarrollo y la equidad, teniendo en cuenta que la Ley de Mancomunidades también expresa su espíritu en base al principio de solidaridad. Pero, también podría ser una manera de generar más exclusión, si pensamos que las mancomunidades conformadas por distritos grandes podrían no acoger a distritos menos fuertes.
En todo caso, la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur parece mostrar una realidad diferente. Formada inmediatamente después de la dación de la norma –aunque las intenciones se expresaron antes de ella- ha experimentado las ventajas de generar proyectos desde la asociatividad, entre otras cosas, por la prioridad que se les otorga como incentivo. Además, pensando en las municipalidades “pequeñas”, resulta ventajoso formar parte de una mancomunidad porque de esa manera le permite acceder a proyectos que de manera individual no lograrían poner en marcha. Sin embargo, los peligros están a la vuelta de la esquina.
Estas mancomunidades podrían estar dificultando la consecución de los objetivos de la descentralización. Si bien articulan a los poblados de menos recursos, también podrían servir como medios para perpetuar la zonificación de intereses económicos excluyentes. De esta manera, terminaría siendo irreal que una municipalidad pequeña, pueda alcanzar el desarrollo asociándose con una municipalidad de mayores recursos.
Es el caso del ordenamiento territorial en el lado este de los distritos del Litoral de Lima Sur, cuyo responsable es el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), pero que no ha priorizado este tema en su agenda. Las seis municipalidades que conforman la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur acordaron planificar dicha zona, con asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero aún están en la fase de recaudación de fondos (1) .
La propuesta es que el uso sea compatible con un espacio ecológico y recreacional. Sin embargo, esto no está exento de problemas. Las indefiniciones jurisdiccionales-territoriales que se multiplican en Lima sin visos de solución, dificultan la debida claridad sobre los alcances de las decisiones tomadas y la población que debería estar comprometida con las mismas. De esta manera, surgen posiciones –con razón o sin ella- que argumentan exclusiones, como pueden ser los casos de la comunidad campesina de Cucuya, la comunidad campesina de Chilca, el Asentamiento Humano San José II y las 158 familias de las Pampas de San Bartolo.
De esta manera, es urgente –para la viabilidad de las mancomunidades municipales- la resolución de conflictos relacionados a demarcaciones territoriales. Los cuarenta conflictos interdistritales, que aquejan a muchas municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao, generan una gestión ineficiente tanto para la administración de sus recursos financieros, la formulación de planes de desarrollo y la aplicación de los presupuestos participativos. Demás está decir que la creación de mancomunidades municipales pueden ser un instrumento para mejorar la gestión administrativa y cumplimiento de metas en función del desarrollo. Por eso, nada mejor que evitar convertir a estos espacios asociativos en cajas de resonancia de los actuales conflictos. Para que así sea, un buen primer paso es fortalecer la vigilancia ciudadana, para evitar que se conviertan, por ejemplo, en una plataforma política para determinados aspirantes distorsionando así sus objetivos. En otras palabras, lo que debe evitarse es que la función pública pueda terminar privatizándose.
desco Opina - Regional / 27 de abril 2009
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