Los sondeos electorales han empezado ya. Todo indica que se tratará de una carrera de largo aliento. Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Ollanta Humala, los candidatos que aparecen con mayor ventaja, son a la vez los que cargan los mayores pasivos. En el caso de la hija del ex presidente reo, el afán por lograr impunidad se enfrenta al esfuerzo nacional por construir memoria, activamente bloqueado tanto por el fujimorismo como por el gobierno actual, por los pendientes en materia de derechos humanos que ambos tienen, entre otras coincidencias que parecen reeditar el matrimonio informal del aprismo hiperinflacionario y el fujimorismo larvario de 1990. Castañeda, por su parte, si bien cuenta con más del 80% de aprobación a su gestión en Lima, ya empieza a sentir el costo político de sus dos períodos y difícilmente podrá mantener la táctica del silencio y el «no candidato» que le otorga altos dividendos en la dimensión local. Necesariamente tendrá que proponer y debatir, terrenos en los que antes ya le fue mal, además de trabajar por remontar su imagen capitalina.
Ollanta viene corriendo desde el 2006 y en un país de tiempos cortos, eso lo acerca al elenco de los políticos tradicionales. No parece haber realizado un adecuado balance de su anterior perfomance y su entorno partidario, que si ya era discutible en las elecciones pasadas, parece no haber mejorado. Un poco de perspicacia le permitirá notar que la etiqueta de «izquierdista» que le coloca la derecha para descalificarlo, puede ser un importante crédito en un sistema político huérfano de posicionamientos claros, aunque todo indica que antes que en las definiciones y las propuestas, está más interesado en ganar las elecciones. No está mal pero le puede ir peor.
¿Y Lourdes? A estas alturas ya no puede presentarse como la promesa joven de la política peruana. Le puede ir mejor apelando a su condición de mujer, como ya lo hizo en el 2006. Debe insertarse en un espacio de derecha donde pululan candidaturas y, por añadidura, cargar con el sino de ser la representante de los limeños acomodados, heredado de sus antecesores pepecistas. Alejandro Toledo, por su parte, busca ser el primer presidente reelecto del siglo XXI. Su capital político inicial no es malo y sin duda, tiene que agradecerle a la actual administración por el esfuerzo que ésta hace para su buena recordación. En algún momento, la presión que le impondrán apristas y fujimoristas, puede hacer hasta que pida disculpas por haber permitido el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Detrás de este bloque, vienen los que quieren pero aún no pueden. El tiempo ha empezado a correr para el padre Marco Arana y el pintoresco general Edwin Donayre. En el primer caso, es el intento de una candidatura de izquierda opcional a Humala; en el segundo, se trata de un factor distractivo –no será el único– siguiendo la tradición impuesta por el fujimorismo en los 90, es decir, «farandulear» el proceso electoral para restar votos al oponente (negocio redondo para candidaturas de techo bajo como la de Keiko Fujimori, a las que favorece la fragmentación). Cabe preguntarse si no se están movilizando sentidos patriarcales cuando vemos como opciones electorales a sacerdotes y militares.
Pero, no olvidemos: esta es la fotografía de la partida, y mucha agua correrá bajo el puente en los dos próximos años. El impacto de la crisis mundial en el país, difícil de prever aún, será un factor de definiciones, como lo será también la conflictividad alrededor de distintos proyectos mineros, que no es únicamente medio ambiental, sino también, laboral y de viabilidad del modelo de desarrollo. ¿Cómo se comportarán estos conflictos con el aumento de despidos y con el perfil que tendrán las mineras con la caída de precios de los minerales? En ese escenario próximo, los sectores medios ¿reaccionarán políticamente ante una situación que se prevé como bastante negativa para sus intereses (pérdida de capacidad adquisitiva, imposiciones tributarias injustas, encarecimiento del crédito, creciente inseguridad, etc.)?
Por otro lado, nada aparece más incierto que la política regional. La interlocución de los presidentes regionales con el gobierno central apareció insuficiente cuando el viento estaba algo a favor, por lo que puede temerse un escenario más fragmentado por la búsqueda de recursos cada vez más escasos que siguen en manos del MEF. No debemos olvidar que las elecciones regionales y locales se llevarán a cabo antes de las generales y no después, como sucedió en el 2006. Es bastante diferente negociar políticamente con una candidatura presidencial, aspirando mejores posiciones en los comicios regionales, como le sucedió a Humala en el referido año, que proponerse con los hechos consumados ante los aspirantes a Presidente de la República. En el 2011, ya no habrá que pagar por ver.
Finalmente, todo hace suponer que las fiestas TLC pasarán a segundo plano y vamos a tener que concentrarnos en las dinámicas internas para aspirar a un crecimiento aunque sea mínimo. Así, en un momento en el que el mercado interno se volverá un «refugio» importante ante la crisis, ¿se hará más «representable» el malestar producto de la exclusión a la que empuja el modelo, ya anunciado en los resultados de 2006?
En ese sentido, ¿cuál es el poder político negociable que pueden presentar aquellos productores que a pesar de su importancia son bastante frágiles como, por ejemplo, los ganaderos altoandinos y los cafetaleros? Más aún, en un momento en que los síntomas del reflujo del boom de la construcción son evidentes, y ya atendida en cierta medida la demanda de la clase media por vivienda, ¿se intentará dirigir la atención hacia los sectores populares dado el fracaso de la cobertura de la demanda para este sector (baja intensidad de programa techo propio)? ¿Se acentuará el habitual enfoque asistencialista y el neopopulismo (expropiaciones, segunda oleada de titulación masiva y condonación de deudas de BANMAT)? En suma, muchas preguntas sin responder que apenas ofrecen una idea del largo y complicado camino electoral que tenemos por delante.
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