Megadecepciones

 

Hay varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte del país.

Comencemos con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos. Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a otro país esté tambaleando.

La relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima, no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además, no se ha resuelto aún el arbitraje internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya terminado el túnel para el trasvase de aguas.

Para los cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles, mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130 soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, exigió que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas) y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no, obstaculizarían su avance.

El problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.

En febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El ministro señaló que “El ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a conectar”, lo que significa dejar al resto de regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo abastecidas por el “gas virtual” (suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada el año pasado por las autoridades nacionales. Los manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les agende una reunión para el próximo 3 de abril.  

No podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.

El Sitgas quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este mismo año, el Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el Gobierno Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por mantenimiento y preservación de tubos, y aunque solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el momento.

Con una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.

 

desco Opina – Regional / 28 de marzo del 2025

descosur

La calle se fortalece

 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las ollas comunes o el espectáculo musical.

La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga, además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.

Este crimen ha sido también el catalizador del proceso de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está cansada de ver como se beneficia a los criminales.

Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.

En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación. Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora Boluarte.

La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales.

En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la vida de nuestras familias y compatriotas.

 

desco Opina / 21 de marzo de 2025

Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

Del waikicha Oscorima al chapaku Santiváñez

 

Desde que asumió el cargo de ministro del Interior, la visibilidad del abogado Juan José Santiváñez ha adquirido particular notoriedad, al extremo que ha desplazado a todos los ministros, incluyendo al propio jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén. No es que antes de ejercer el cargo fuera un completo desconocido, porque por su trayectoria como defensor de distintos policías acusados de diversos delitos –corrupción en el caso de un general sindicado de compras sobrevaloradas en la epidemia del Covid-19, liderazgo de una organización criminal en el del exdirector de un penal o dirigir el denominado Escuadrón de la Muerte sindicado de más de 20 muertes en 9 falsos operativos–, apareció regularmente en los medios de comunicación, mostrando la locuacidad que ahora conocemos mejor. Llegó al ministerio del Interior como jefe del gabinete de asesores en el gobierno de Vizcarra, cargo al que tuvo que renunciar al recordarse algunas de sus defensas. Retornó al sector años después, y en abril pasado fue nombrado viceministro de Orden Interno, para convertirse finalmente, en mayo, en el sexto ministro nombrado en esa cartera por la señora Boluarte.

Desde el primer momento quedó claro que había llegado con la pretensión de quedarse y continuar haciendo carrera. Pronto desplazó al waikicha Oscorima en los afectos e intereses de la mandataria y paulatinamente se afirmó como su chapaku o yanapaqui, es decir, su protector o guardaespaldas, sin importar mucho la multiplicación de escándalos y controversias en las que se ha visto envuelto. Sus audios con el capitán Izquierdo en los que adelanta temprano supuestas presiones para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el abuso de autoridad denunciado por el periodista Marco Sifuentes, su evidente aunque negada guerra contra Harvey Colchado y la Diviac, su enfrentamiento constante contra las cifras de violencia e inseguridad del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud en su afán por negar su incapacidad y el naufragio de su gestión, son algunas de las perlas de un largo rosario marcado por una curiosa combinación de altanería y soberbia y un creciente apuro por hacer de su verborrea en el último tiempo, parte de una cruzada contra los “caviares” en su sector. Todo ello sazonado con los abrazos y el respaldo entusiasta de la mandataria, cada vez que lo requirió.

Las últimas semanas de febrero, las cosas se aceleraron. El ministro le declaró la guerra a la Fiscalía, que le tiene abiertas sendas investigaciones y que lo presiona buscando verificar las grabaciones de los audios entregados por el capitán Izquierdo y negados por Santiváñez tras entregar su equipo limpio y sin chip. En esa dirección, denunció a la fiscal Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República buscando que la suspendan o la destituyan, a la par que le pide al juez que debiera proteger sus derechos, la acumulación de sus casos en uno solo, en otras palabras, ninguna medida de protección, lo que evidencia su búsqueda de aliados en la guerra que comparte con el Ejecutivo, contra el Ministerio Público.

Así las cosas, durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo, el enfrentamiento continuó escalando. En los medios empezó a circular la versión de un posible allanamiento de la casa del ministro. Éste apareció en una tensa entrevista en Cuarto Poder en la que evidenció que conocía el contenido del programa antes de su emisión, que estaba al tanto de la información reservada en manos de la Fiscalía y que incluso, rumbo a la entrevista, se había comunicado con dos de sus antiguos defendidos, cuyos nombres, en teoría no tenía como conocer, que negaban la versión de un testigo protegido, que sindicaría a Santiváñez de haberles pedido dinero para negociar con los jueces. Presionado por la indignada entrevistadora para que explique cómo conocía el contenido del programa de televisión, el único ministro con vocero propio, responsabilizó a su jefa de comunicaciones, la que lo desmintió.

El lunes pasado, producido el anunciado allanamiento de la casa, la mandataria, subiendo los decibeles del autoritarismo combinado con miedo, que exhibe en sus recientes peroratas –recordemos, por ejemplo, su “basta de palabras discrepantes”, lanzado en un acto público en Apurímac–, acusó un juego en pared entre el Ministerio Público, Canal 4 y Canal N, para “dar un golpe de Estado blanco”. Indicó que ella y su ministro eran víctimas de acoso político porque están limpiando el ministerio de los caviares que lo tenían capturado. Finalmente, en un hecho sin precedentes, que no sorprende hay que decirlo, el Gabinete en pleno recibió entre abrazos y aplausos a Santiváñez y los ministros multiplicaron su arremetida en medios contra la Fiscalía y el fantasioso golpe que se pretende.

En el escenario actual, ¿cómo entender el protagonismo y la importancia del ministro? En principio, es el pararrayos de la presidencia porque desde su instalación es el foco de las críticas y facilita los largos silencios de Boluarte. Es una pieza bastante locuaz en el ataque a “caviares” y opositores y en la defensa constante de la mandataria y su familia, lo que no es poca cosa. Por lo demás, le encanta dar la cara, como parte de su desmedida ambición. En otras palabras, se ha convertido en el chapaku que la mandataria necesita con urgencia. Un protector, como lo fuera en su momento el waikicha, que Dina necesita a su lado. Todo esto en un juego en el que Santiváñez resulta poderoso por la información que tiene sobre la presidenta, por sus vínculos con una mayoría congresal que se niega a interpelarlo y censurarlo, así como por el apoyo de las distintas derechas obstinadas en arrasar con todo lo que consideran el mundo caviar.

desco Opina / 7 de marzo de 2025

La selva y la ausencia de USAID

 

En la última semana del mes de enero el presidente norteamericano Donald Trump decidió paralizar por 90 días la asistencia financiera a los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de reevaluar y reorientar dichos fondos. Su arremetida contra esta agencia ha sido más agresiva al señalar que "la corrupción está a niveles raramente vistos antes. ¡ciérrenla!" Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. había emitido un comunicado en el que detallaba haber iniciado “una revisión de todos los programas de asistencia exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior”.

USAID ha transferido en los últimos 24 años más de dos mil millones de dólares para proyectos diversos en Perú. Implementa diversos programas enfocados en áreas clave como la gobernanza, la salud, la educación, el desarrollo económico y el medio ambiente, pero es la selva peruana la que recibe una importante atención a través de los fondos para la lucha contra las drogas. USAID se convirtió en una de las fuentes financieras más importantes para el desarrollo de la selva peruana, pues desde sus presupuestos se promueven proyectos de asistencia técnico productiva y de infraestructura vial, se apoya principalmente a los gobiernos locales de las zonas sensibles al narcotráfico y en especial, la promoción de cultivos alternativos como café y cacao para la lucha contra los cultivos ilícitos. Además, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), se canalizan proyectos de desarrollo alternativo, pero parece que el gobierno de Trump no ha calibrado el impacto que tendrá esta medida en la lucha contra el tráfico de drogas que se ha realizado por años en nuestra Amazonía, y los efectos que traerá para las ciudades norteamericanas.

En este escenario el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú dijo estar “absolutamente convencido” de que “la ayuda en cuestiones críticas de seguridad de los EE.UU. no va a ser tocada porque es algo estratégico para los propósitos norteamericanos”, sin embargo, a pesar de que la lucha contra las drogas es estratégica para los intereses norteamericanos, reconoció que podría haber impactos en áreas como “salud, educación, producción, medio ambiente, entre otras”, en las cuales USAID implementa su cooperación a través de su relación con aproximadamente 60 ONG locales que “efectivamente van a sentir el impacto”. Por su parte, DEVIDA, un organismo oficial del Gobierno del Perú adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (no es una ONG), ha funcionado como la contraparte nacional para recibir fondos de la cooperación, especialmente del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su dependencia económica a USAID es más que evidente. Si bien es cierto DEVIDA se crea en 1999, es desde 1981 que se inician las acciones de reducción del cultivo de coca, por presión del gobierno norteamericano, mediante el proyecto CORAH, el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga.

Las municipalidades de las áreas sensibles al narcotráfico reciben asistencia técnica brindada por DEVIDA, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y USAID, lo que permite que se gestionen fondos adicionales a sus presupuestos municipales para invertir en proyectos y actividades. La suspensión del apoyo, en principio por 90 días, deja en tensión los compromisos con estos gobiernos locales, compromisos que han logrado resultados alentadores en la lucha contra la pobreza y en especial contra las drogas. El personal de DEVIDA señala que sus presupuestos para este 2025 están asegurados, sin embargo, se corre el riesgo que se frustren las expectativas futuras debido a la dependencia con el apoyo económico norteamericano. El personal de DEVIDA busca ganar la fidelidad de los agricultores para que estos no vuelvan a depender de los cultivos ilegales que sirven de insumo básico para el narcotráfico, con lo cual todo lo avanzado en la lucha contra las drogas corre el riesgo de perderse irremediablemente. El gobierno peruano debe de aclarar cuál es el futuro de esta institución en el caso de que el apoyo norteamericano no retorne nunca. Cabe mencionar que el esfuerzo de Trump por desmantelar USAID también desmantela los esfuerzos que su país ha hecho durante este tiempo para ejercer un “poder blando” global, como herramienta de influencia para persuadir a otros países, como el Perú, a fin de garantizar sus propios intereses por sobre los intereses de aquellos que se han mantenido como el patio trasero de Estados Unidos. La suspensión es por 90 días, pero los efectos serán por un mayor plazo.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de febrero de 2025

descocentro

Ley y orden neoliberal

Podemos plantearnos serias dudas sobre las reales preocupaciones del ministro de Interior acerca de la generalizada desaprobación de su gestión. A fin de cuentas, la suya no está lejos de las desaprobaciones de prácticamente todos los actores políticos del país; además, desde el Ejecutivo, se declara firmemente que su presencia en el Gabinete está más que asegurada; y, por si fuera poco, sus antecedentes como abogado defensor de altos jefes policiales, hacen suponer que es una persona de mucha confianza entre los que conducen la institución central del sector que actualmente lidera.

En otras palabras, no debe importarle mucho lo que opine la ciudadanía en un ambiente de total descomposición institucional, que se obtuvo como resultado tras un cuarto de siglo de impulsar un sistema político democrático que, como agregado, se implementó durante un ciclo de crecimiento económico que jamás tuvo el país. Son las paradojas del subdesarrollo diríamos, si estuviéramos en los años 60, cuando, al parecer, se pensaba de manera algo más seria la situación de nuestros países y cómo generar las alternativas que permitieran superarla.

Pero, el colapso puede estar ofreciéndonos una oportunidad. El ministro Santiváñez, el sector Interior y la Policía Nacional podrían ser elementos firmes para construir nuevas maneras de comprender nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, que seamos un país perfectamente intrascendente, no sólo en la dimensión global sino también en la regional, sin posibilidad de superar situaciones seculares de pobreza y postración, debiéndose agregar los crecientes índices de criminalidad, debiera conducirnos a concluir tajantemente que nuestro problema no es, ni mucho menos, escasez de recursos.

¿Qué ha fallado? A estas alturas, nadie podrá negar que la clave fundamental del atraso económico reside en la institucionalidad. Desde Douglas North y Robert Fogel, premios Nobel 1993, hasta Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, premios Nobel 2024, el debate se orienta en ese sentido, y nuestro país, claramente, se presenta como un caso nítido de cómo pueden desaprovecharse, una tras otra, las oportunidades económicas que se presentaron cíclicamente, debido a los cuellos de botella insalvables, que se encuentran en esta dimensión.

La diferencia entre el desastre institucional que mostramos actualmente, con otros en el pasado, es que éste fue generado por la misma fórmula que nos garantizó el paraíso en base a privatizaciones –de empresas que ahora quiebran porque su deuda tributaria es impagable– y el desmontaje salvaje del aparato público, porque, decían, era ineficiente. En su lugar, fueron tomando posiciones “los técnicos”, que ahora vemos en acción.

Aún más. El neoliberalismo, con su énfasis en los mercados “libres” y la desregulación en versiones radicales, ha conducido a la creación de formas de actividad económica "parias", que pueden incluir economías ilegales, que surgen como respuesta a las desigualdades y exclusiones generadas por las políticas neoliberales, y no, como creen los ingenuos, simples respuestas delincuenciales disfuncionales que se replican con policialización y militarización.

En este orden de cosas, que está en la base de la informalidad, se ha ido dinamizando una institucionalización paralela, en la que el Estado termina cediendo aún más autonomía a sus fuerzas de seguridad y éstas se adecuan al “terreno” de manera cada vez más firme, es decir, como muchos ciudadanos y ciudadanas hemos intuido desde tiempo atrás: los agentes del Estado que deben evitar la inseguridad –desde el Ministro hasta el policía de servicio en la calle– son también generadores de la misma.

 

desco Opina / 21 de febrero de 2025 

La diplomacia de Trump

 Si alguna «virtud» tiene el presidente Trump es la de generar una propuesta, lanzar una idea o una amenaza que tiene consecuencias políticas tanto nacionales como internacionales y que, además, no deja de sorprender a tirios y troyanos. Ni bien asumió la presidencia comenzó a actuar como el «matón del barrio», comportamiento que no debe extrañarnos si consideramos que, para él, América Latina es su patio trasero y el mundo, una suma de países mayormente ineptos, muchos de los cuales sobreviven gracias al apoyo de Estados Unidos (EE.UU.). El mundo que se imagina es uno que le otorga el derecho a mandar.

No nos debe sorprender, por ello, la forma en que Trump ha comenzado a poner en marcha su nueva política exterior en América Latina. Anunció con bombos y platillos que estaba interesado en «recuperar» (es decir apropiarse) el Canal de Panamá. Sus razones: que el Canal es manejado por los chinos, lo que explica por qué los buques de bandera norteamericana pagan una tarifa más costosa.

Casi al mismo tiempo, anunció que aumentaría en un 25% los aranceles aduaneros a sus socios comerciales, Canadá y México, argumentando que el TLC firmado por estos tres países no favorecía a EE.UU. y que, además, había propiciado un proceso de desindustrialización de su país. El objetivo es traer de regreso a EE.UU. a estas empresas y empresarios afincados en México y en otros países. También, en estos días de elocuencia presidencial, anunció que iba cambiar el nombre al Golfo de México por el de Golfo de América.

Cabe señalar que la controversia sobre la propiedad del Canal de Panamá terminó cuando el Presidente panameño, un político de derecha y amigo de los EE.UU., anunció luego de conversar con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se encontraba de gira por Centro América, que su gobierno renunciaba a pertenecer a la llamada Ruta de la Seda, que es acaso uno de los mayores proyectos estratégicos de carácter internacional de la China. Por otro lado, el tema del aumento de aranceles se sigue discutiendo y tomará tiempo. Y en cuanto al cambio de nombre del Golfo de México, esto fue en verdad un bluf. El Decreto que firmara a los pocos días de asumir la presidencia lo que aprobó fue el cambio de nombre en la zona de la plataforma marítima de EE.UU., mientras el nombre del Golfo de México nunca estuvo en discusión. Fue un acto de propaganda.

Es claro que la política exterior de Trump tiene dos preocupaciones centrales. Por un lado, el tema de la migración –o mejor dicho cómo contenerla–, ya que fue un eje de su campaña presidencial; por el otro, la presencia de la China, que es para EE.UU. su principal rival.

“Stephen Miller, asesor de seguridad interior de Estados Unidos, y Tom Homan, el «zar» de las migraciones, son los ideólogos de la política trumpista en torno a este eje. Ambos quieren expulsar a alrededor de 11 millones de personas (40% con permisos temporales y 60% indocumentados). Esa cifra incluye a 4 millones de mexicanos, 2 millones de centroamericanos, más de 800.000 sudamericanos y 400.000 caribeños. Las deportaciones tendrán efectos graves en las economías de los países de origen. En este marco, se espera una disminución de las remesas, y varios estados de Estados Unidos planifican imponer mayores impuestos a las que perduren. Las remesas representan entre 20% y 25% del PIB de El Salvador, Guatemala y Honduras. En México suponen 60.000 millones de dólares al año. Aceptar los deportados supone una inmensa carga económica y potenciales crisis políticas y sociales”.

Para que se entienda la complejidad y el impacto que este tema tiene en nuestro país, se calcula que para el 2024, las remesas que han enviados los peruanos en el exterior superan los cuatro mil millones de dólares. Todo un record.

Hace unos días, el presidente Trump declaró que le gustaría reconstruir la ciudad de Gaza para convertirla en una suerte de balneario, es decir un lugar turístico VIP, desplazando a toda la población palestina que vive en ese territorio. Si bien lo primero que uno puede decir ante esta barbaridad es que Trump no tiene «alma» y menos humanidad, es claro que lo que está haciendo es una diplomacia activa, con un tinte pragmático, que empieza provocando, para después negociar, como lo demuestra la reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, que terminó con la liberación de un norteamericano preso por varios años, o los acuerdos con Venezuela que incluyeron la liberación por el gobierno de Maduro, de varios ciudadanos estadounidenses. En realidad, lo que busca es convertirse en un líder de talla mundial. Para ello cuenta con aliados internacionales tanto de la ultraderecha europea como latinoamericana. ¿Lo podrá hacer?

 

 

desco Opina – Regional / 14 de febrero del 2025