Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

 

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta. 

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.  

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

 

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Legislando la ilegalidad: el REINFO como ejemplo

 

Hubo una vez en la que los gobiernos regionales fueron involucrados en un problema irresuelto de larga data, al otorgárseles la responsabilidad directa de conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. La ley 27651 del 2002, reconoció la existencia de la pequeña minería y minería artesanal y les delegó la tarea de acompañar y supervisar la formalización, mediante autorizaciones y asistencia técnica.

Como suele suceder en nuestro país, la inexistente eficacia del armatoste normativo con el agregado de una gestión regional cercana a ningún resultado, condujo a un “proceso extraordinario de formalización” (2012–2016) en el que, nuevamente, la falta de recursos técnicos y financieros en las regiones y las crecientes presiones políticas y sociales (muchos gobiernos regionales estaban cerca de los gremios mineros y cedían a sus demandas), se tradujo en avances muy limitados, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los mineros inscritos no logró culminar el proceso.

En el 2017 se crea el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), para “superar el impase”, centralizando el proceso en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Se buscaba que los mineros artesanales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y tributarios, intentando diferenciar la minería informal en proceso de regularización de la minería ilegal, permitiendo a los primeros continuar operando mientras cumplían las etapas del trámite. Sin embargo, la mayoría no logró completar el proceso por su complejidad y costos.

Desde este momento lo que se escenifica alrededor del REINFO, fue simplemente una farsa. Nació como una medida transitoria con el Decreto Legislativo 1293 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; se da una primera prórroga (2018–2019), que ampliaba el plazo inicial para permitir que más mineros completaran el proceso; luego tendremos una segunda prórroga (2020–2021), bajo el gobierno de Martín Vizcarra, debido a la baja tasa de formalización; seguirá una tercera prórroga (2022–2023), durante el gobierno de Pedro Castillo; vendrá la cuarta prórroga (2024–2025) con Boluarte; y en noviembre de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027, reincorporando a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.

Una lectura del proceso seguido por el REINFO que no se detenga en la superficie, nos mostrará inmediatamente cómo ámbitos centrales de la legalidad y formalidad del país –el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo–, no encontraron una fórmula válida para la formalización y expusieron sin ambages su permisividad frente a la ilegalidad. En teoría, lo que debió ser un puente hacia la formalización, se convirtió en la práctica en un espacio ambiguo que blinda la ilegalidad, promovido desde el vértice mismo de “la legalidad” del país.

Pero, no es solamente un problema de gestión. Además de una coyuntura favorable impulsada por el espectacular precio del oro, la minería ilegal es una economía política compleja, sostenida por vacíos institucionales, pobreza estructural, corrupción y redes criminales.

Así, el REINFO, lejos de ser una vía hacia la formalidad, terminó siendo un incentivo adicional para permanecer fuera de los marcos normativos por la alta rentabilidad que ofrecen las operaciones informales/ilegales, algo que sabemos hasta la saciedad con el ejemplo del narcotráfico y otras actividades que operan “fuera de la ley”. Dicho de otra manera, permite que mineros ilegales se inscriban y operen bajo una cobertura “legal” sin cumplir requisitos. Esto genera un incentivo perverso porque mantenerse en la informalidad resulta más rentable que formalizarse.

Parte importante de la minería ilegal en Perú funciona como una economía criminal organizada, con una estructura empresarial que combina pequeños productores, plantas de procesamiento, muchas de ellas formales, redes de financiamiento y comercialización internacional. No es un fenómeno caótico, sino un sistema con jerarquías y roles definidos que le permiten sostenerse y expandirse.

Es decir, se comporta como una empresa criminal descentralizada pero articulada, con múltiples niveles: extracción, procesamiento, financiamiento, comercialización y exportación. Cada nivel refuerza al otro, creando una cadena de valor ilícita que compite directamente –y muchas veces se complementa– con la minería formal. De esta manera, no es sólo un inmenso problema ambiental, sino un sistema empresarial criminal que afecta simultáneamente la cohesión social y la legitimidad política, además de los factores del mercado.

Aún más, es una economía criminal integral porque no solo produce oro, sino también violencia estructural que atraviesa lo social, lo ambiental y lo político. En suma, es un fenómeno que reconfigura el poder en territorios rurales, desplazando al Estado y a las comunidades por mafias armadas y redes ilícitas, mostrando claramente que la violencia no es un efecto colateral, sino el producto central de esta economía.

Esta grave situación no vamos a amenguarla con performances televisivas inútiles, sino con una estrategia que involucre, además de múltiples dimensiones, la activa participación de la ciudadanía. Por lo que vemos, esto no fue una demanda que tomaran en cuenta los que han gobernado en los últimos veinticinco años, como tampoco parece serla para los que aspiran a gobernarnos desde el 2026. En realidad, cada vez más operadores políticos, pero también económicos y sociales, que se ubican en la “legalidad”, se deben y adecuan a la contundente realidad de lo que con precisión cada vez menos denominamos “ilegalidad”.

 

desco Opina / 12 de diciembre de 2025

El motor de la innovación en el centro del Perú

 

El pasado 4 de diciembre Perú fue testigo de un hito para la ciencia y tecnología. En la 10.ª edición 2025 de la Competencia Internacional de Invenciones e Innovaciones en Canadá (iCAN), la delegación peruana no solo fue la más numerosa entre 62 países, sino que arrasó con 223 invenciones y un medallero histórico: 115 de oro, 76 de plata y 32 de bronce. Lo más revelador no fue la cantidad, sino la procedencia: universidades de la macrorregión centro como la Universidad Continental (UC), la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, demostraron que la innovación ya no es patrimonio exclusivo de la capital.

Este triunfo internacional llega en un momento crucial. Mientras Huancayo se integra al Grupo de Ecosistemas de Innovación de América Latina, ubicándose en un nivel de desarrollo intermedio con 59 puntos, regiones como Huánuco y Huancavelica ejecutan proyectos dinamizadores cofinanciados por ProInnóvate. Sin embargo, este panorama optimista choca con una realidad histórica que debemos comenzar a desmantelar: el centro del país es solo la "despensa" alimentaria de Lima, la fuente energética de Perú y la cantera de materia prima minera.

El reporte GEIAL 2025 destaca las potencialidades indiscutibles de las regiones del centro: una sólida cultura emprendedora donde la sociedad valora y respeta al emprendedor, un rasgo que se extiende a toda la macrorregión, y una demanda local vibrante que está abierta a probar nuevos productos. Además, la formación emprendedora en nuestras universidades y espacios extracurriculares es una fortaleza, lo que explica en parte el éxito rotundo en Canadá.

En pleno 2025, seguir apostando únicamente por la extracción y la agricultura de subsistencia es una condena al estancamiento. El iCAN nos ha mostrado el camino: la industrialización inteligente. Las propuestas premiadas no son casualidad, revelan un ADN de innovación macrorregional. Vemos a la UNCP liderando en Biotech y agroindustria, transformando materias primas; a la UC y UNHEVAL incursionando en Deeptech y automatización; y a la UPLA respondiendo con innovaciones de alto impacto social y sostenibilidad.

Pero, ¿es suficiente? Si miramos la infraestructura de soporte, la brecha aún es grande. Aunque Junín cuenta con tres incubadoras, Huánuco, con tres, Huancavelica, con dos y la región Pasco con una incubadora; algunas aún carecen de visibilidad y participación nacional e internacional. Más preocupante aún es la inexistencia de aceleradoras independientes en la macrorregión, nuestros emprendedores dependen de programas universitarios de escalamiento o deben mirar hacia Lima. Aquí radica nuestro verdadero talón de Aquiles, identificado por el GEIAL: la capacidad de retener talento y el acceso a financiamiento, al depender de fondos públicos limitados y la banca tradicional, careciendo aún de capital inteligente macrorregional.

Para pasar de "despensa" a "motor", necesitamos una articulación real de la cuádruple hélice (academia, Estado, empresa y sociedad civil). Las universidades deben enfocarse en investigaciones, proyectos y patentes que curen los dolores de las comunidades, conversando de forma más cercana con la sociedad civil. Aquí es donde conceptos como la innovación frugal —hacer más con menos— se vuelven vitales para nuestros contextos de recursos limitados, creando soluciones tecnológicas accesibles y eficientes.

Para potenciar esta transición es imperativo activar la columna vertebral tecnológica que ya existe en nuestro territorio, pero que a menudo opera de manera desarticulada. La macrorregión cuenta con una red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos y privados —desde el CITEccal en Junín y el CITEagroindustrial Huallaga en Huánuco, hasta el CITEtextil Camélidos en Huancavelica y el CITEagroindustrial Oxapampa en Pasco— que hoy brindan el soporte técnico vital para la estandarización productiva. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo reside en conectar estos centros con los emergentes Parques Científicos Tecnológicos (PCT) con el PCT del Centro (UNCP) y el PCT de Huánuco (UNHEVAL) ya formalizados; y las iniciativas legislativas en marcha para los parques de Huancavelica (UNH) y Pasco (UNDAC). Tenemos servida la oportunidad histórica de configurar un "corredor de conocimiento andino-amazónico” que transfiera eficazmente la investigación universitaria a la planta de producción, bajo un enfoque de especialización inteligente.

La revolución pendiente es digital y de valor agregado. No es lo mismo vender un saco de papa nativa en el Mercado Mayorista que exportar chips orgánicos con trazabilidad. Es imperativo integrar tecnologías Blockchain para garantizar la transparencia y el precio justo de nuestro café, cacao, palta, madera y fibras de camélidos. Necesitamos plataformas fintech que democraticen el crédito rural y conecten nuestros superfoods y turismo vivencial con la demanda global; sustentados en la especialización inteligente y basándonos en nuestras potencialidades.

El emprendimiento innovador es el único dique de contención contra la fuga de talento joven hacia la Costa. Si logramos consolidar estos ecosistemas, recuperaremos no solo la economía, sino la dignidad territorial. El centro del Perú ha demostrado tener el talento para dejar de ser el vagón de carga y convertirse en la locomotora del desarrollo sostenible. Es hora de innovar y no resignarnos a ser espectadores de nuestro propio futuro.

 

 

desco Opina – Regional / 5 de diciembre de 2025

descocentro

La importancia de persistir

Ningún país de la Tierra parece haber acumulado, en tan poco tiempo, un ramillete tan amplio de expresidentes procesados, condenados o con investigaciones en curso, soportando carcelería, prisión domiciliaria o restricciones por múltiples delitos. Eso dice mucho de la realidad contemporánea en la que vivimos: de la fragilidad institucional, la debilidad del Estado y del clima de caos político que arrastramos en el Perú desde hace décadas.

No sorprende entonces que, a pocos meses de las próximas elecciones generales, ninguno de los numerosos candidatos y candidatas a la presidencia alcance siquiera el 10 % de respaldo en las encuestas de intención de voto, mientras que las opciones del voto en blanco o viciado se mantienen como una de las preferencias predominantes, cuando un porcentaje significativo de la ciudadanía aún no precisa su opción. Bastarían esos datos, recogidos por las principales encuestadoras, para tener un primer boceto de la realidad electoral: desconfianza, desinterés y una representación política profundamente erosionada.

Pero esa es sólo una pieza del cuadro. El proceso electoral ocurre en medio de circunstancias excepcionales y de una pulverización de la oferta política: decenas de organizaciones, con listas congresales vastas, suman varios miles de candidaturas al Parlamento. Más que una celebración del ejercicio democrático y de la vocación de servicio de tantas ciudadanas y ciudadanos, esas cifras expresan, sobre todo, el gran desorden en el que nos encontramos.

La coyuntura se hace más nítida cuando se agregan otros datos y variables. Ahí están, por ejemplo, las cifras de asesinatos de conductores y trabajadores del transporte público en diversas ciudades del país, especialmente en Lima, como expresión de la expansión del crimen organizado y de las economías ilegales. Desde otro ángulo, los movimientos migratorios forman parte del cuadro: por un lado, los peruanos que han salido del país en los últimos años, por otro, los cientos de miles de venezolanos y venezolanas establecidos en el Perú desde hace más de una década, particularmente en Lima. La emigración de jóvenes decepcionados y sin horizonte, sumada a la llegada de población migrante, configura un fenómeno de relevo de “brazos y cerebros” que se siente con particular fuerza en la capital.

Al mismo tiempo, el perfil productivo y económico del país se define con claridad como propio de una economía atravesada por índices récord de informalidad y una fuerte presencia de actividades ilegales. No se trata únicamente de la informalidad comercial o laboral que supera ampliamente a la economía formal, sino también de la expansión de los circuitos ilegales vinculados a la extracción de oro, al tráfico de drogas y a la explotación de recursos maderables. La minería ilegal de oro, en particular, se ha convertido en un vehículo privilegiado para el lavado de activos provenientes de otros negocios ilícitos, empezando por los vinculados a la cadena de producción y exportación de cocaína.

Que esos datos sean hoy relativamente conocidos –como lo es también la persistencia de una informalidad laboral que abarca a más de dos tercios de la población ocupada– no debería distraernos del problema político de fondo. El país está cada vez peor gobernado como resultado de la confrontación permanente entre poderes del Estado, congresos desacreditados, gobiernos sin proyecto y un sistema de justicia presionado y manipulado. Buena parte de esas instituciones parece funcionar al compás de intereses subalternos, articulados en torno al pacto de las derechas más conservadoras y autoritarias y sus aliados, que trabajan para asegurar la continuidad de un modelo que excluye de la representación real a las mayorías populares y a amplios sectores de las clases medias empobrecidas.

El auge de ciertos sectores económicos –como la minería formal y la agroexportación–, que podrían haber sido pilares para una reforma profunda del Estado, para promover una modernización productiva y asegurar una mejor inserción del Perú en el mundo globalizado, no se ha traducido en ese tipo de transformaciones. Por el contrario, ha coexistido con el deterioro sostenido de la calidad de vida, el aumento de la inseguridad y la consolidación de un orden social que solo ofrece estabilidad a unos pocos.

En este contexto, la política se administra en el día a día, sin un horizonte de país, sin un proyecto nacional compartido, casi como una versión institucional del “gota a gota”: se gestiona la crisis cobrando cuotas sucesivas a la ciudadanía –en derechos, en seguridad, en confianza–, mientras se posterga cualquier reforma de fondo.

Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez por eso, a pesar de todo, continúan apareciendo, una y otra vez, iniciativas, voces y esfuerzos que insisten en construir alternativas democráticas y de justicia social. Son expresiones todavía dispersas, pero necesarias, de quienes no renuncian a la idea de un país distinto. Persistir en esa voluntad de cambio, frente a una coyuntura tan adversa y un sistema político que parece diseñado para bloquearla, es hoy una de las tareas más importantes para quienes seguimos apostando honestamente por el país que queremos.

 

 

desco Opina / 28 de noviembre de 2025 

Infancias invisibles: cuando el Estado peruano decide no mirar

Uno de los factores más profundamente enraizado de la crisis del sistema internacional contemporáneo es, sin lugar a duda, la brecha evidente entre los compromisos normativos que los Estados asumen y su implementación real, sostenida y coherente en sus jurisdicciones, luego de ochenta años de haberse constituido la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esto ha provocado la significativa deslegitimación del derecho internacional, debilitando la capacidad de las normas internacionales para proteger a los más vulnerables y resolver conflictos de manera pacífica y cooperativa. También ha normalizado la impunidad, ante la falta de mecanismos vinculantes o sanciones efectivas, cuando los Estados incumplen sistemáticamente sus obligaciones sin consecuencias reales.

De igual manera, se ha generado lo que empieza a denominarse como “crisis de coherencia entre discurso y práctica”, cuando muchos gobiernos utilizan el lenguaje de los derechos como legitimación externa, mientras internamente promueven leyes, políticas o prácticas que los contradicen.

El resultado descrito es especialmente grave en temas como infancia, género, migración o cambio climático, donde los impactos son acumulativos y estructurales. Por ejemplo, en el caso de la infancia, esto se traduce en sistemas de protección fragmentados, sin presupuesto, sin participación infantil y con alta tolerancia a la violencia estructural.

En esa línea, el Estado peruano debe estar entre los que exhiben el comportamiento más cínico e hipócrita en el concierto internacional. Entre sus numerosos compromisos, nuestro país firmó en noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificándola en 1990; sin embargo, actualmente más de 10 millones de niñas y niños peruanos siguen enfrentando vulneraciones sistemáticas a sus derechos: desnutrición, violencia, exclusión educativa, y falta de participación.

Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, más de 360 000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que limita su desarrollo y perpetúa la pobreza. Más de 60 000 casos de violencia infantil fueron registrados solo en el primer semestre de 2024. La desnutrición infantil aumentó en un 12.2 % durante el mismo periodo, afectando gravemente el derecho a la salud y al desarrollo. De igual manera, el Comité cuestiona que el Congreso haya aprobado leyes que vulneran derechos de menores, sin que el Ejecutivo las observe.

Al ratificar la Convención, Perú se obligó normativamente a reconocer a los niños como sujetos de derechos, no solo como receptores de protección; garantizar el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los menores de 18 años; adecuar su legislación nacional para cumplir con los principios de la Convención; y rendir informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre avances y desafíos.

Si bien con el transcurso del tiempo se crearon dependencias como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), y se formularon el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012-2021 y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; persisten graves vulneraciones estructurales, especialmente en zonas rurales, indígenas y urbanas empobrecidas.

Este grupo etario representa más de una cuarta parte del país, lo que implica una enorme responsabilidad estatal y social en garantizar sus derechos. Sin embargo, en Perú los niños, niñas y adolescentes (NNA) son el grupo más afectado en el ejercicio de sus derechos, especialmente en educación, salud, protección contra la violencia y participación ciudadana.

Además, la situación ya precaria de los NNA peruanos, se agrava por circunstancias estructurales como la desigualdad territorial, en tanto los que habitan en zonas rurales, andinas y amazónicas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos. Sumado a ello, está la alta incidencia de la violencia de género y sexual, condicionando en gran medida que las niñas adolescentes sean especialmente vulnerables a embarazos forzados, abuso y abandono escolar.

Asimismo, pese a que la Convención precisa que la ciudadanización del NNA pasa por los decisivos incentivos que deben darse a la participación, los NNA en Perú no son consultados ni considerados en decisiones que afectan sus vidas, desde las políticas locales hasta las dinámicas familiares. También hay que referirse a los impactos negativos producidos por la crisis climática y el extractivismo: la contaminación, el desplazamiento y el trabajo infantil en zonas mineras afectan gravemente a la infancia.

A todo ello se suman las alarmantes cifras que alcanza las desapariciones de menores. En Perú, más de 8000 menores desaparecieron entre enero y octubre de 2024, y más del 80 % de los casos afectan a niñas y adolescentes mujeres. Solo el 48 % fueron encontrados y muchas de estas desapariciones están vinculadas a redes de trata de personas. Las regiones con más casos incluyen Lima (109), Cusco (28), Lambayeque (27), Arequipa (24), Huánuco (22) y Junín (21).

Empezar a revertir esta situación implica dar varias vueltas de tuerca tanto en el diseño como en la gestión de las políticas públicas, especialmente de las actividades participativas, que reconozcan a los niños como sujetos de derechos y agentes de cambio; también supone crear guías territoriales que visibilicen las vulneraciones específicas en zonas rurales y urbano-marginales.

Pero, sobre todo, debe implementarse realmente un verdadero Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de derechos, género y territorio, como propone UNICEF, dejando de lado la versión desdibujada que tenemos actualmente. Allí es donde deben articularse servicios de salud, educación, protección y participación en torno a la infancia, que permitan, finalmente, reconocer el cuidado como derecho y responsabilidad colectiva, no solo como tarea familiar o femenina.

 

 

desco Opina / 21 de noviembre de 2025

Por fuera flores, por dentro, ¿temblores?

José Jerí Oré ha cumplido un mes como Presidente por decisión del Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, ello como parte del estado de precariedad institucional crónico que vive el país, en un escenario en el que política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía, funcionando porque no tienen otra alternativa. Las encuestas iniciales, a menos de diez días de su instalación, mostraban que, si bien el 32 % estaba de acuerdo con que haya asumido la presidencia, 53 % declaraba su desacuerdo y aunque 37 % creía que se debía mantener en ella, un sector importante hubiera querido otra persona en el cargo o que se dieran cambios más radicales.

Desde el primer momento y superada la sorpresa, a fin de cuentas Jerí, antes de ser presidente del Congreso, al que llegó como accesitario de Martín Vizcarra, sólo había adquirido cierta notoriedad por una investigación por un presunto caso de violación y por la denuncia periodística de un soborno de S/ 150 000 sucedido en noviembre 2023, cuando lideraba la Comisión de Presupuesto, el nuevo inquilino de la Plaza de Armas buscó construir una imagen que lo diferencie de su antecesora, lo que ciertamente no era muy difícil dadas las patéticas limitaciones de aquella. Reemplazó el silencio y la evasión permanente de Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y la ciudadanía, por una apuesta por la conexión con la gente por el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo.

Disfrazado de Bukele andino, recorrió calles, comisarías y penales, rodeado de policías y periodistas, haciendo creer desde el momento cero que su respuesta haría énfasis en la fuerza. Su discurso repitió eficientemente que las guerras se ganan con acciones antes que, con discursos, buscando empatar con las demandas de mano dura, que indudablemente impactan en sectores importantes de la población, afectada directamente por la violencia de la extorsión, el secuestro y el sicariato. Desde sus redes sociales y con el seguimiento constante de los grandes medios de comunicación, que se sienten muy cómodos con su estilo de “Indiana Jones” autoritario, buscó ubicarse en acción constante contra la delincuencia.

A partir de esa base comunicacional lanzó sus anuncios más significativos. La acción en los establecimientos penitenciarios, la pomposa creación de una instancia de coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta ambulatoria de chips de los celulares, fueron tres de los que generaron alguna expectativa, enmarcados todos en la declaración del estado de emergencia en Lima, que más que dirigido contra la criminalidad y el hampa parecía orientado a controlar las protestas públicas. El espectáculo como ya estamos acostumbrados, acompañado por los militares en la calle y la multiplicación de “importantes” y valientes capturas que hace la policía, para que no se noten las restricciones y las malas caras frente a las protestas por los distintos malestares de la gente.

A treinta días de su gobierno encontramos una situación sorprendente. La última encuesta de opinión pública (circuló el 10 de noviembre) le asigna 55.9 % de aprobación y una desaprobación nacional de 27.2 %; la misma mostró que 52.2 % de sus encuestados estuvo de acuerdo con el voto de confianza al gabinete de Álvarez Miranda, aunque también ¿contradictoriamente? mostró que 65.6 % apoyaba las movilizaciones de protesta, evidenciando que sectores significativos de la gente mantienen una distancia crítica del poder político y muestran que no se puede confundir la calma “chicha” con una aceptación del gobierno Jerí.

A fin de cuentas, si uno mira los números por debajo del show y la sonrisa, encuentra los temblores. De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, frecuentemente citado por diversos medios de comunicación, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se produjeron 157 homicidios (68 en Lima, 22 en La Libertad), vale decir más de 5 al día, con registros constantes que mantienen la alerta en diversas regiones; en el país se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20 minutos y según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao, sin que hayan disminuido en la gestión Jerí. Con el tema de los chips no pasó nada y apenas días atrás, el suspendido presidente de OSIPTEL denuncia que la institución está capturada por intereses empresariales que están detrás y que permiten la venta ambulatoria de chips. Y las capturas de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen acompañadas por escándalos recurrentes como la denuncia de la falta de transparencia y el beneficio para una empresa americana, en la compra de pistolas para esta institución, por más de 31 millones de dólares.

Todo, en medio del entusiasmo del Congreso presidido por otro accesitario –también “encargado” quien inicialmente aseguró que dejaría de inmediato el puesto heredado–, interesado en terminar con su agenda, continuar asegurando su impunidad, intentar asegurar su reelección, bloquear cualquier posibilidad de revertir las leyes procrimen, que contaron con el voto del congresista Jerí, así como proseguir acelerando incrementos salariales y pensiones que podrían costar más de 21 000 millones de soles al erario nacional, según un informe de La República.

En este escenario tortuoso, en donde desde el Congreso, pero también desde el Ejecutivo que inicia sus giras por el país buscando construirse capital político para el 2031, se quiere la continuidad de una alianza depredadora como la que nos gobierna, cabe preguntarse si los sectores democráticos, la calle y los partidos que así se dicen, serán capaces de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea– se proponga gobernar y no privatizar y terminar de liquidar el Estado.

 

 

desco Opina / 14 de noviembre de 2025

La gobernanza del agua en jaque

 

La reciente aprobación de la Ley N.º 32434 —conocida como la “Nueva Ley Agraria”— ha sido denostada por diferentes gremios agrarios y especialistas del sector, en particular porque otorga mayores ventajas a los agroexportadores que a los pequeños productores. No sólo afectará la recaudación fiscal, pues reduce el impuesto a la renta de los agroexportadores, sino que, además, los derechos laborales de los empleados de este sector continuarán siendo vulnerados.

No obstante, más allá de su dimensión fiscal y laboral, hay elementos de la norma que plantean serias interrogantes en materia de gobernanza del agua, tema que no ha sido muy discutido mediáticamente, esto es: permitir a los usuarios del agua disponer del excedente ahorrado, lo que implicaría una mercantilización del recurso.

La Nueva Ley Agraria en el fondo, legalizaría el tráfico de aguas que ya venía aconteciendo. Hemos visto que en valles como en la provincia de Caravelí (Arequipa) ya se vendían excedentes a la minería informal o la ilegal con la que conviven los habitantes de esta zona. Así, cómo el Ejecutivo pretende efectuar una adecuada fiscalización de esta transacción a terceros, si no cuenta con el personal para hacerlo; y ello sumado al embrollo de una reforma interesada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para quitarle los dientes.

Ya tenemos en el país una crisis hídrica causada por el cambio climático, la mala gestión del recurso hídrico, la infraestructura deficiente y la desigualdad en el acceso al agua. Este acápite en la norma se convertiría en una nueva causal y más compleja aún por los problemas que acarreamos a raíz de la expansión de la minería informal e ilegal en nuestro territorio; y por el creciente interés de las comunidades campesinas en dedicarse también a este rubro económico.

En la práctica, la norma crea un incentivo a los usuarios a quienes “les sobre el agua”, para que operen como oferentes de este recurso a terceros, lo cual favorecerá no sólo a la pequeña minería ilegal o informal, sino a las agroexportadoras con capacidad de acumulación de agua —para almacenarla— y para solventar tecnología de riego intensivo.

La norma debilita la capacidad reguladora de la ANA al delegar en los usuarios una potestad que hasta ahora era estrictamente estatal (distribuir, conceder y reasignar usos). Al permitir la transacción del uso del agua, se introduce un mercado informal —o formalizado— de agua agrícola que puede contravenir los principios de asignación prioritaria para consumo humano, ecosistemas o el mismo uso agrícola.

Para comprender el riesgo, es útil observar el caso de Chile, país al que miran con agrado varios opinólogos de la derecha para hacer comparaciones sobre lo mal que funciona el nuestro. Allí, la mercantilización del agua está consagrada desde la dictadura de Augusto Pinochet. Con la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, Chile estableció que los derechos de aprovechamiento de aguas son propiedad privada, separados de la tierra, transferibles, arrendables y heredables; el Estado apenas regula su venta o alquiler. Podemos encontrar en internet diversos documentales y reportajes de cómo varios poblados se han secado porque las aguas fueron desviadas para empresas agroindustriales, mineras o hidroeléctricas, evidenciando una marcada desigualdad en el acceso al recurso.

En un país desregulado como el nuestro, los efectos de este acápite en la norma podrían ser adversos: vaciamiento de fuentes reguladas, poca competitividad porque es más conveniente vender el agua que usarla con eficiencia sin que eso signifique perder el título de usuario, y el desplazamiento o dependencia de pequeños agricultores que no tienen capacidad para acceder al “mercado de agua”. Esto sin contar el debilitamiento del rol de la ANA.

Así las cosas, el agua agrícola se va a convertir —ahora sí, abiertamente— en un bien comercial más, y como consecuencia tendremos una gobernanza con mayor fragmentación. Para evitar este desenlace, es imprescindible que la ANA o los entes competentes tengan capacidad real de supervisión, limitación y revocación de transferencias cuando se afecte a otros usos o ecosistemas; mecanismos que garanticen la participación activa de comunidades y pequeños productores en la gestión del agua; y que las transferencias o alquileres de ésta se condicionen a criterios de sostenibilidad del espacio territorial, no meramente de mercado.

Si no se establecen salvaguardas robustas, y nos permitimos nuevos senadores y diputados con las mismas mañas de este Congreso, corremos el riesgo de replicar los problemas del modelo chileno: concentración, desigualdad, escasez y pérdida de control público sobre un recurso vital.

 

desco Opina – Regional / 7 de noviembre del 2025

descosur