Agendas en juego para Lima

 

Se ha cumplido un mes de la nueva gestión metropolitana en medio de un clima altamente polarizado, con movilizaciones ciudadanas diarias y con una Lima que de la noche a la mañana ha pasado a albergar delegaciones provenientes de varias regiones del país, que buscan hacer valer sus demandas desde la capital, considerada como el centro del poder político y económico. Frente a este contexto, ¿cuál es la agenda que el nuevo alcalde de Lima Metropolitana ha priorizado?

Quedaron atrás sus promesas por convertir a Lima en «potencia mundial», por lo menos fueron postergadas hasta un futuro muy lejano; a cambio ha decidido priorizar voces como la del premier Otárola, para hacer de la ciudad un fortín de contención política, ante la «asonada» que advertían algunos opinólogos y políticos, en un acto groseramente racista. En esa dirección puso en marcha toda una logística para cercar espacios públicos que eran lugares de encuentro y podían volverse en sitios de resistencia simbólica –cultural y política– de las manifestaciones. Hoy es imposible ingresar a plazas como San Martín, y como si ello no fuese suficiente se busca militarizar la comuna desde el sillón municipal y convertir al Centro de Lima en un lugar intangible, con un tinte peligrosamente discriminador y con un claro afán de afectar el derecho que toda persona tiene para protestar y hacer uso libre de los pocos espacios públicos que tiene esta ciudad. ¡Lima no es solo para los limeños, señor alcalde!

No podemos dejar de mencionar que en sus primeros días de gestión buscó echar por la borda una de sus principales banderas de campaña, cambiando su promesa de anular los contratos de los peajes con las actuales concesionarias, por un débil discurso de renegociación. Hoy, debido a la presión ejercida por los alcaldes de Lima Norte y los usuarios de los peajes, se ha anunciado desde el Consejo Metropolitano de Lima la culminación del contrato de concesión del Consorcio Rutas de Lima, aunque según recientes declaraciones, esta decisión podría costarle a la ciudad 1 450 808 000 soles por concepto de endeudamiento, además que en la práctica, no representaría un beneficio directo para la ciudadanía.

Parece entonces que para el señor López Aliaga la ciudad de Lima es el patio trasero de su casa, su jardín de recreo o experimento, con miras a la competencia electoral por la Presidencia de la República. Su plan para volver potencia mundial la metrópoli adolece de una mirada de derechos. No deben sorprendernos sus coqueteos y la incorporación de varios funcionarios de la administración del exburgomaestre Luis Castañeda, implicados en escándalos de corrupción graves, como Comunicore, que carecen de competencias mínimas para liderar encargos tan complicados e importantes como EMAPE o la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Recordemos que hace poco un medio local causó polémica por la emisión de un reportaje poco serio basado en las declaraciones e imágenes proporcionadas por el hoy gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, pretendiendo escandalizar a sus televidentes mostrando las «nuevas estrategias» que utilizan los brigadistas y miembros de la primera línea para hacer uso legítimo de implementos básicos de defensa, para evitar ser afectados por la represión desproporcionada de la policía durante las protestas en Lima.

Las encuestas se muestran favorables al alcalde. CPI en un último sondeo registra una aprobación del 45% y una desaprobación del 35%. Veamos cómo varían estos números en los siguientes meses, considerando que las mismas son apenas a tres semanas de su gestión y el alcalde tiene una larga lista de promesas por cumplir; algunas descabelladas como la construcción de playas artificiales en distritos sin acceso al mar o la creación de un sistema de reservistas de las FF.AA. para tareas de prevención del delito. Hay que recordar que el burgomaestre tiene aliados directos en su gestión en doce distritos de Lima Metropolitana, administrados hoy por Renovación Popular.

Toca seguir de cerca esta gestión y evitar que en Lima Metropolitana se instaure una política antiderechos, de espaldas a la realidad nacional, que termine siendo un frente de batalla político para perseguir a opositores, a quienes llaman vándalos, favoreciendo a los grupos de poder que han decidido cercar los principales distritos de la élite económica limeña, con la idea errónea que su exclusividad debe ser la regla, como si con ello pudiesen evitar que los que hoy reclaman cambios puedan ser escuchados, buscando invisibilizar por distintos medios la grave violación a derechos humanos a la que estamos asistiendo. Parece que se trataría de contribuir a institucionalizar, desde la Municipalidad de Lima, una falsa narrativa y un discurso de odio basados en fake news, con autoridades indolentes para quienes las pérdidas económicas, las piedras en las calles y las ventanas rotas valen más que la vida de un ciudadano.

 

 

 

desco Opina / 3 de febrero de 2023

descoCiudadano

El final del camino

 

Parafraseando las primeras líneas de Ana Karenina, todas las democracias en problemas se parecen unas a otras, pero cada democracia que funciona tiene un motivo particular para hacerlo. En efecto, estas semanas dramáticas no pueden llevarnos a eludir la constatación de que lo experimentado nos acerca a los malestares democráticos que se despliegan por el mundo más allá de especiales particularidades.

En nuestro caso, apropiándonos de la mirada que propone Fernando Coronil para Venezuela, pero que puede extenderse perfectamente a casi todos los países, la democracia empezó a trabarse hasta imposibilitarse en la medida en que el Estado perdió su magia, algo que, desde la derecha y la izquierda, trataron infructuosamente de reconstituir. La última edición de este libreto fue Pedro Castillo, que buscó gobernar con la consigna «no más pobres en un país rico».

Ahora lo sabemos, ya no estábamos para resumirnos en un factor trascendente y unificador de la nación, generado por un Estado que hacía mucho tiempo fue erosionado constantemente en su legitimidad. Entonces, si en Venezuela, según Coronil, la deificación del Estado tuvo lugar como parte de la transformación del país en nación petrolera, percibiéndose como una nación con dos cuerpos, uno político compuesto por sus ciudadanos y otro natural cuya materia era su rico subsuelo, en nuestro caso, el mito del país minero tuvo su correlato fracasado en una ciudadanización que no se condensó en el Estado sino, por el contrario, se distanció de él hasta convertirse en un factor corrosivo.

Para que ello suceda, se rompieron los relatos. La magia a la que alude Coronil, refiere a una realidad extraordinaria, pero también a una presentación selectiva de elementos que provoca una ilusión de existencia común mediante invisibles manipulaciones apoyadas en la distracción y la diversión. Como la historia, la magia pende entre la ficción y los hechos, entre los trucos y la verdad.

En esta lógica, nuestro sueño devino en pesadilla. El discurso de los políticos –y referimos aquí a Christian Salmon– terminó por sustituir la acción por el relato, la deliberación por la distracción, el arte de gobernar por la puesta en escena. La comunicación política ya no apuntaba solo a formatear el lenguaje, sino a hechizar las mentes y sumirlas en un universo espectral del que los políticos son a la vez performers y víctimas. En suma, nada de eso fue simple incapacidad, sino una consecuencia de las cuerdas separadas, que debía evitar la contaminación de la economía por la política.

Ese fue el gran triunfo del neoliberalismo. Como lo dijo claramente Margaret Tatcher en 1981, “la finalidad es cambiar el corazón y el alma”. En efecto, vendió –y se compró a raudales– la fantasía del emprendedor individualizado y narcisista que fue, y esto es lo esencial, un relato que no se dispensó exclusivamente «desde arriba». Hubo y hay una incesante reinterpretación desde los medios de comunicación y los espacios sociales que alternan codificación y descodificación, encriptación y desciframiento, narración y contra narración.

Así, el político no fue el único que propuso una historia; están los medios de comunicación, las empresas, las iglesias, las organizaciones sociales, los internautas y demás que, con sus comentarios en los posts, sus tweets y sus blogs, interactúan con sus relatos. A veces hasta consiguen hacerle sombra al otro y logran imponer su narración. Una multitud de emisores de intensidad variable obran, cada uno por su cuenta, para captar las atenciones e imponer a la opinión una movilización permanente.

En fin, el Estado nacional eclosionó, revelando que no estábamos solos y que no éramos semejantes. Como afirma Frederick Cooper, ahora debe encontrar un balance entre la homogeneidad y la complejidad social y “esto es justamente lo opuesto a lo que la mayoría de los Estados está haciendo en nuestros días”.

Es lo que mostramos nítidamente desde Perú estos últimos años. Nadie puede dudar de las inmensas brechas existentes entre nuestra abstracta comprensión de «lo peruano» y la pertenencia a colectividades definidas por la religión, la etnicidad, la ocupación o el género. Apelando nuevamente a Cooper, “necesitamos ver las cuestiones de la inclusión y la diversidad en relación no solo con la protección de los derechos individuales en la entidad política, sino con las estructuras sociales que pueden promover o impedir las oportunidades de los individuos y sus familias de alcanzar un modo de vida decente y digno”.

Es decir, la ciudadanía no remite a una relación directa y sin intermediarios entre el individuo y el Estado. Tampoco es per se un mecanismo nivelador. La ciudadanía discurre a través de las comunidades locales, por medio de diversos grados de pertenencia y a través de diferentes jerarquías.

Pero, tememos, nada de esto está en discusión. Para aquellos que depositan al menos parcialmente sus esperanzas en el cambio del régimen constitucional, debemos recordarles que los lazos verticales, entre el Estado y los ciudadanos, como los horizontales, entre las diferentes y desiguales comunidades ciudadanas, son espacios sumamente complejos e inestables y reacios a cualquier reduccionismo formal, incluyendo los jurídicos.

 

desco Opina / 27 de enero de 2023

Junín y su participación en la interminable crisis en Perú

 

El rechazo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, se inició con su imprudente anuncio de un mandato hasta el 2026 olvidando que encabezaba un gobierno de transición; continuó obviando el rechazo generalizado que genera el Congreso, así como con la designación de un gabinete tecnocrático, encabezado por un Primer Ministro timorato e indolente que ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba, alimentó la explosión social que se inició poco después. El costo hasta hoy, no obstante su compromiso de no más muertes, es de más de cincuenta fallecidos, centenares de heridos y una represión bárbara e indiscriminada como parte de una entente que integran el Congreso, la mandataria y su Ejecutivo, y las FF. AA. y policiales.

El país está de luto por enfrentamientos dónde la acción del Estado incorporó el uso de armas de fuego, disparos a quemarropa, dejando como saldo incluso la muerte de personas que transitaban por las calles y no formaban parte de las protestas, además de varios niños. Asistimos así a la nula empatía de un gobierno que parece secuestrado por una alianza económica y política y una forma de acción basada en la represión y el «terruqueo», sin ninguna estrategia para generar diálogo y construir consensos que respondan a las movilizaciones legitimas.

Carreteras bloqueadas en el norte, sur y centro del país, peruanos exigiendo nuevas elecciones generales, pidiendo el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte son parte de las protestas que se multiplican con las consiguientes pérdidas materiales, heridos y muertos mayoritariamente jóvenes de las regiones más pobres de nuestro país.

La Selva Central y Junín en particular, han sido también territorios de violentas protestas durante las últimas semanas. En la Selva Central los pueblos amazónicos, armados con sus arcos y flechas como expresión de su cultura y cosmovisión, se dirigieron hasta la capital regional para sumarse al paro nacional demandando el adelanto de elecciones para el 2023; numerosas marchas que tuvieron ribetes violentos dejaron fuertes estragos y tres fallecidos, entre ellos un menor de edad y múltiples heridos hospitalizados en Pichanaqui, distrito donde se registraron las movilizaciones más graves.

Se trata de un sector de los pueblos originarios de Selva Central que no se siente representado por el Congreso, ni por el Ejecutivo, protestando por la práctica ausencia del Estado en territorios. El fracaso del Estado Nación claramente denunciado.

Aunque la democracia supone que los políticos actúen por el bien común, no obstante la bárbara represión y las muertes, el Congreso dejó en claro que su agenda hasta las elecciones es la de crear las condiciones que necesitan para continuar en el poder, incluyendo el cambio de las autoridades electorales, reglas más laxas para elegir al Defensor del Pueblo y la bicameralidad para reelegirse, entre otras medidas. La Fiscal de la Nación, por su lado, anunció la reestructuración de las fiscalías que buscaría consolidar la criminalización de las protestas y la posibilidad de juzgarlas como terrorismo.

Todo ello, combinado con diversas medidas que favorezcan los intereses de determinados sectores, como se observa en el caso de las universidades bamba y la recurrente postergación de los plazos para la formalización minera. En otras palabras, antes que buscar un camino para atender efectivamente las demandas de la población movilizada, la preocupación mayor del Ejecutivo fue la de asegurar el voto de confianza del gabinete Otárola, así ésta suponga su abrazo definitivo con las derechas extremas.

En este contexto, la paralización indefinida y las movilizaciones reiniciadas en distintas regiones desde el 4 de enero, tienen como demandas más visibles la renuncia de Dina Boluarte, el “que se vayan todos” y se adelanten las elecciones para el 2023, así como la consulta sobre la Asamblea Constituyente. Esta semana será una de significación; las movilizaciones no cesan y a ellas se han sumado distintos gremios y nuevas organizaciones. En el centro del país, nuevamente distintas vías han sido bloqueadas y los manifestantes tratan de ser retirados por las autoridades, que como en otras regiones, buscan evitar la marcha de las delegaciones que pugnan por llegar a Lima. Las posibilidades de diálogo están muy erosionadas.

Mientras un sector muy mayoritario de la sociedad –indignado con la respuesta estatal de muerte y represión a sus demandas, que no cree en la política y que piensa que los políticos simplemente no quieren irse del Estado– exige acciones urgentes, el Estado parece decidido a continuar en la misma vía de violencia y «terruqueo». Convencido de su propia narrativa, quiere hacernos creer que se trata de la continuidad del golpismo de Castillo, de una turbulencia azuzada por terroristas y vándalos, financiada desde el exterior, sin entender una explosión social que expresa legítimamente el hartazgo de muchos malestares de larga duración, donde se combinan políticas y enfrentamientos de los últimos años con profundas desigualdades y exclusiones tan extensas como nuestra historia republicana. Con toda su fragmentación y complejidad, la calle seguirá tratando de enfrentar la crisis que los poderes se muestran incapaces de atender.

 

desco Opina – Regional / 20 de enero de 2023

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