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Nueva normalidad: más grande de lo imaginado

 

Las encuestas empiezan a mostrar que aún si el novel político Forsyth, alcalde del distrito limeño de la Victoria, se mantiene como el político más popular en el año de la pandemia, nada está asegurado. Y es que recién empieza a calentar motores la mayoría de las organizaciones políticas y grupos a los que eufemísticamente llamamos partidos políticos, pero que no resisten el más mínimo contraste con lo que los teóricos de las ciencias sociales denominaron partidos durante todo el siglo pasado. Las alianzas y candidaturas están en plena germinación y los corredores definitivos que cierren el bicentenario de representación y liderazgo empezado en tiempos de Unanue y Luna Pizarro, no han terminado de perfilarse.

Las elecciones congresales del año pasado mostraron que la ciudadanía va a seguir buscando novedades no-ideológicas y que los punteros de la hora presente no constituyen la única opción atractiva. La pandemia y sus consecuencias, no solo económicas, también de organización, participación activa y movilización de los distintos grupos del país, todavía no han asomado la cabeza. Nadie ha descubierto ni posee la llave maestra de una nueva estrategia para acceder al poder, aunque es cierto que los vínculos virtuales en estos mismos momentos tejen una compleja y múltiple red de contactos y relaciones a lo largo del país como nunca antes ocurrió. Plataformas como Zoom, Meet, Whatsapp y otras están muy activas sirviendo al desarrollo de nuevos lazos en los que el trabajo político, la construcción de agendas sectoriales, locales, gremiales y otras, se reúnen con una intensidad y frecuencia tan importante o mayor a la de los grupos acostumbrados a participar en seminarios y conferencias académicas y profesionales. El salto tecnológico producido en las comunicaciones nacionales, con sus exclusiones, también mostrará su significado en las ánforas en abril del 2021.

Como ha sido dicho ya reiteradamente, una novedad de este proceso electoral es la aparición franca y al parecer decidida de los candidatos de la derecha peruana entre los que se cuentan a Hernando de Soto, Fernando Cillóniz, Keiko Fujimori, Pedro Cateriano o inciertamente, Roque Benavides. A esas candidaturas conservadoras debemos sumar otras como la autoritaria populista de Daniel Urresti o la fascistizante de Antauro Humala si le permiten candidatear, tan encubiertas a su manera como la de los aparentemente centristas Julio Guzmán y George Forsyth, a diferencia de la desfachatada y ultraconservadora de Rafael López Aliaga. Esa pluralidad derechista en competencia seguramente terminará pulverizando a la mayoría de sus candidatos, abriendo oportunidades a otras opciones verdaderamente de centro o de izquierda para avanzar en sus pretensiones por alcanzar el poder dentro de menos de un semestre.

Como sabemos, la agenda política y electoral está en construcción. Desde la derecha se trata de que la gente vote sólo sobre unos pocos puntos como la recuperación económica y la reactivación empresarial de todo tipo, para que así no vote sobre salud, seguridad social, salarios, derechos laborales, democracia, política económica del Estado, derechos humanos, reivindicaciones de género, o étnicas, precios y otros más. En todos estos temas, la derrota de la derecha sería segura.

Adviértase que los temas que se instalen en la agenda llevarán al electorado muy golpeado de diversas y múltiples maneras por la Covid-19, a avalar o no el statu quo actual y a reclamar un cambio de rumbo nacional propio del inicio verdadero de un tercer centenario republicano. En consecuencia, un No electoral a la derecha tendría que significar un voto general en contra de la destrucción de derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, de la ausencia empresarial del Estado en la economía y la desnacionalización en la que el Perú está hundido en un mundo cuya globalización adquiriere cada día otro rostro bastante diferente al conocido. Para decirlo en palabras caras a nuestro principal historiador, en contra de la penuria nacional.

La construcción de una “nueva normalidad” para desarrollar el país, especialmente el interior nacional dejando de lado progresivamente el agobiante centralismo limeño mediante una redistribución de nuestra ocupación territorial, requiere que nuestra estructura productiva cambie. Que se oriente hacia sectores realmente modernos, rentables y estables abriendo una cuota significativa de participación a las pequeñas y medianas empresas, así como a las comunidades rurales fortalecidas por una relectura nacional ya en marcha, en medio de un proceso de inimaginadas migraciones de retorno.

Finalmente, aparecen algunas voces que desde el posextractivismo plantean que no tiene sentido seguir manteniendo el sistema de enclaves neoliberales en control de la minería, energía, banca y agroexportación, fortalecido los últimos treinta años, particularmente a partir del fujimorismo. Al parecer, están dadas las condiciones para que con madurez se hagan los esfuerzos por construir una nueva alianza, en la que un capital nacional digno de tal nombre, plantee para sí una mayor participación en el proceso al lado de organizaciones políticas de izquierda dispuestas a dar ese paso. Todo esto, junto con las demandas y reivindicaciones de las organizaciones populares y de trabajadores del campo y las ciudades que aparecerán en las agendas políticas de la próxima, aunque corta campaña electoral. La esperanza, como la mejor vacuna, de la llegada de un nuevo orden que pueda significar una nueva normalidad que traiga sosiego y esperanza a las mayorías de mujeres y hombres del país, es un factor a considerar en el curso hacia las –sin duda– históricas elecciones nacionales de abril del 2021.

 

desco Opina / 9 de octubre de 2020

Las cifras de la tolerancia hacia la violencia contra la mujer

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), publicados el pasado mes de julio, nos muestran una realidad marcada por la aceptación del uso de la  violencia en las relaciones dentro de las familias peruanas: el índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58,9% y en el caso de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes este alcanza el 58,5%. Si bien, por la metodología empleada, el índice no puede ser comparado con los cálculos del mismo realizados en el 2013 y 2015 (años en los que el índice fue de 51,8% y 52,1% y, 42,1% y 54,8%, respectivamente), las cifras manifiestan la vigencia del problema.

Más allá de ayudarnos a describir mejor esta dura realidad y ver qué tanto ha cambiado, la data mostrada por la ENARES nos invita a reflexionar sobre la forma usual de comprender el fenómeno de la tolerancia hacia la violencia dentro de las familias y, en consecuencia, a afinar el abordaje del problema desde las políticas públicas. Por ejemplo, vayamos solo al caso de la violencia contra la mujer y veamos los siguientes datos que han sido calificados como contratuitivos en varias presentaciones de los resultados de la encuesta: el 94,4% de la población está de acuerdo con que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley, pero a su vez, el 27,2% considera que si alguna mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece algún tipo de castigo; de la misma forma 33,2% considera que las mujeres infieles deben ser castigadas por la pareja, y el 26% considera que las mujeres deben estar dispuestas a mantener relaciones sexuales cuando sus parejas o esposos lo deseen.

¿Qué podemos inferir de esta aparente contradicción? Lo primero que se nos puede ocurrir es que, al formularse la pregunta de forma directa, las personas hayan respondido «correctamente» para salvar las apariencias. Sin embargo, de ser esto cierto, esta actitud se habría mantenido en las respuestas a las demás preguntas, algo que evidentemente no se dio. Descartada esta primera respuesta, parece más adecuado prestar atención a las formas de justificar la violencia, para notar que esta se da en el marco de una institución social con jerarquía y roles determinados, como lo es la familia, y que la violencia es ejercida como herramienta para corregir a quienes se salen de esos roles establecidos y desestabilizan la jerarquía.

La idoneidad de ver la tolerancia ante la violencia contra las mujeres, desde un enfoque que destaca la influencia de los roles, se sustenta en otro dato resaltante de la encuesta, que muestra que el 52,7% de la población está de acuerdo con que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa y después sus sueños. Por ello, la distinción entre lo que se concibe como la «mujer» y la «mujer en su rol de pareja o esposa y madre» es fundamental para abordar el tema de la violencia. Ser conscientes de esta distinción, no resta gravedad a la problemática de las mujeres, entendiendo que esta no se reduce solo a la violencia doméstica y que, además, existe una fuerte presión social dirigida hacia las mujeres para ser madres y esposas al alcanzar una edad determinada. La distinción solo aporta una mayor precisión en la comprensión del problema.

A nivel de políticas públicas esto podría traducirse en un mayor énfasis en el diseño de estrategias de sensibilización, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, que tengan por objetivo reconfigurar  la concepción de los roles dentro de la familia, lo que comprende la eliminación de las restricciones que impiden el bienestar pleno de las mujeres, el descarte de la violencia como elemento presente en las relaciones intrafamiliares, la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y el establecimiento de las nuevas masculinidades. Precisamente, estos temas han ido incrementando su presencia en las políticas para la lucha contra la violencia, elaboradas por el MIMP en los últimos años, por lo que aún falta mucho por trabajar al respecto y los resultados de la ENARES no hacen más que mostrárnoslos.

 

desco Opina - Regional / 2 de octubre de 2020

descoCiudadano

Empezó la carrera electoral

 

Superado el intento de vacancia, empezó ya el proceso que nos lleva a las elecciones 2021. Como lo sostuviéramos en un artículo anterior, la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, seguramente continuará en una disputa donde lo más probable es que ambos continúen perdiendo. La agenda de la misma ya fue adelantada –desde la devolución de los aportes a la ONP hasta el presupuesto del próximo año y la elección del Tribunal Constitucional, pasando ciertamente, por la inmunidad parlamentaria– y tendrá, además, como telón de fondo, la multiplicación de las denuncias contra el mandatario. El tono será distinto, porque desde octubre los parlamentarios estarán en la competencia electoral que se sumará a la guerra de desgaste entre los dos poderes, que será un factor de «adelgazamiento» de las propias elecciones en tanto alternativa a las crisis que vivimos.

En este escenario, los distintos personajes de la carrera al Palacio de Pizarro, esto es un importante número de aspirantes a candidatos presidenciales sin partido y las organizaciones legalmente existentes que buscan aspirantes –la mayoría de las cuales se ha negado sistemáticamente a los tímidos intentos de cambio establecidos por el referéndum de diciembre 2018–, están en los metros finales de apuradas y sorprendentes negociaciones.

Son 24 partidos políticos –«franquicia» sería una denominación más justa para la mayoría– así como 21 aspirantes a la presidencia muchos de los cuales, sin partido hasta hace unos días, que se encuentran en apuradas gestiones formales para cumplir con el plazo que vence el próximo 30 de septiembre, para que quienes deseen participar en los comicios de abril próximo puedan afiliarse a una organización partidaria. Los primeros necesitan a los segundos para sobrevivir y no perder su registro, mientas éstos requieren de aquellos para participar. Las elecciones generales del 2021 aparecen apenas como una estación que no despierta entusiasmo, a la que concurrirán varias marcas, muchos pretendientes sin organización y algunos aspirantes a la resurrección.

Alentados por las encuestas, que ya anuncian un temprano favorito que parece engreído de los medios de comunicación que se han esforzado en mostrarlo como alcalde, policía, bombero, empresario y hasta bailarín –apareció en la televisión 430 veces entre enero y agosto– buscan la simpatía de un electorado que, a juzgar por las mismas encuestas, evidencia por ahora, su disposición a buscar candidatos nuevos, pero también su distancia de los partidos políticos. Así, la encuesta más reciente de IPSOS Perú muestra que el 62% no simpatiza con ninguno y se declara independiente, mientras que el partido que encabeza las adhesiones, AP, alcanzaba apenas 6%, que probablemente se ha reducido después de su contradictorio papel en el intento de vacancia.

Tales resultados no deben llamarnos a sorpresa dada la situación de nuestros partidos y la pérdida de contenido de nuestra democracia. La última versión del Barómetro de las Américas (2018-2019) nos mostraba como el país de la región con menor apoyo al sistema político (41.7%), uno de los que mostraba mayor tolerancia a un golpe militar y aquél donde el 95% de los encuestados cree que la mitad o más de los políticos son corruptos. El Latinobarómetro por su parte, en el mismo período registraba que apenas el 11% de peruanos y peruanas se declaraban satisfechos con su democracia y el 13% confiaba en las instituciones, mientras el 85% consideraba que ésta era el gobierno de los poderosos para su beneficio propio. Para que no queden dudas, a inicios de la pandemia (marzo 2020), el INEI en su ENAHO recogía que los partidos políticos eran la institución que generaba menor confianza en la gente (3%), superados apenas por el Congreso de la República (4.3%).

Todo indica, en consecuencia, que el panorama que se avecina puede no ser muy distinto al actual. Es decir, un Congreso con bancadas enfrentadas al Ejecutivo y parlamentarios actuando a título individual al margen de los partidos que los llevaron a la avenida Abancay. Los cambios «pálidos» realizados para el próximo proceso electoral evidencian la inviabilidad de parches parciales y la necesidad de una reforma de mayor calado institucional.

Enfrentar esta situación de pandemia desde una sociedad desestructurada, desconfiada y polarizada, con personajes antes que actores, y en medio de una severa crisis económica, parece un desafío que nos desborda. Más aún cuando parte de los grandes grupos económicos pretenden que la nueva normalidad sea un retorno a su orden. En estas condiciones, nuestro futuro es definitivamente incierto. Hay que considerar que en el ineludible dilema entre democracia y autoritarismo que se está configurando globalmente, y que se planteará en nuestro proceso del 2021, se jugará una vez más la posibilidad de reconstruirnos.

 

 

desco Opina / 25 de setiembre de 2020