Enfrentando la corrupción a la peruana

Que sucedan situaciones que nos renueven la alerta es, sin duda, bueno. Daba la impresión de que nos estábamos amodorrando con los procesos anticorrupción, en los que asegurábamos no tener otro desenlace que señalar la culpabilidad de los políticos peruanos y los empresarios brasileros que promovieron su corrupción.

La demanda de Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones – Ciadi, nos sacude de buena manera. Ni el pan estaba comido como creíamos, ni la derrota eminente de los funcionarios brasileros estaba cerca. Tampoco los fiscales peruanos eran todo lo brillantes que queríamos que fueran.

Ha sido un toque de realidad y es altamente recomendable que sigamos en esa tónica hasta el final, porque está cada vez más claro que aquello que veíamos como revelaciones y juicios a empresas y políticos corruptos es, en buena cuenta, un control de daños en los que las primeras buscan perder lo menos posible, como corresponde a cualquier lógica empresarial que se respete. Sea «tirando dedo» y cambiándose de alias –como dicen y hacen los delincuentes–, sea planteando una estrategia legal internacional cuyos alcances parecen no conocer cabalmente los operadores de la parte demandada –el Estado peruano–.

Los negocios fueron inmensos para la escala nacional. Sin embargo, para Odebrecht solo rozaron cifras interesantes para lo que acostumbraron manejar. Entonces, una primera cuestión a tomar en cuenta es el dimensionamiento de las cosas. Los brasileros hicieron negocios por más de once mil millones de dólares desde 1990 hasta el 2015 y esas cifras, para judicializarlas, exigen no solo conocimiento de los códigos procesales y penales nativos.

También obligan a saber y manejarse profundamente en los ambientes de los negocios internacionales, los mecanismos de financiamiento (en un mundo que, justamente, globaliza las finanzas y estas son cada vez más burbujas y menos contenidos reales) y las enormes posibilidades existentes actualmente para hacer «aparecer y desaparecer» grandes sumas de dinero, virtuales, además. Al respecto, muy interesante resulta a estas alturas constatar el desinflamiento de lo que comprometía los Panama papers (especialmente, lo que corresponde a nuestro país), por donde se condujo el tramo final del caso Julian Assange y lo que revela Cambridge Analytica.

Todo ello advierte, sin más, la suma importancia que tienen los organismos que deben articularnos con el exterior y preguntarnos cuánto afinamiento posee, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera con sus pares de otros países y cuál es la calidad y cantidad de información oportuna que puede estar procesando. Lo mismo podríamos extender a la Contraloría, el sistema judicial y el Ministerio Público.

Pero, lo fundamental es que los hechos han evidenciado por sí solos que enfrentar la corrupción, además de voluntad que alimenta votos, exige acciones que trasciende lo que pueda hacer el trabajo de un grupo de fiscales y jueces. En otras palabras, «apoyar la excelente labor del equipo especial de la Fiscalía», no puede ser sinónimo de una estrategia clara y con metas precisas.

En esa línea, en lugar de exponer al Premier, a quien lo único que puede ocurrírsele decir es que no tranza con los corruptos, haciendo gala de un manejo político digno de un dirigente escolar, o que le siga en orden de méritos nada menos que el ministro de Agricultura; ¿no hubiera sido adecuado que el Ejecutivo presente al ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de la ministra de Justicia, a decirnos qué es lo que implica el amago de demanda que hace Odebrecht ante el Ciadi y qué es lo que vamos a hacer?

Así es. El mismo responsable de una cartera que hasta el momento su única preocupación ha sido ser explícitamente agradable a un gobierno como el de Trump, que si bien escapó al impeachment, ha dejado prístinamente clara su conducta corrupta, no solo con lo que atañe a Ucrania, sino como un factor indisoluble a su persona.

Los fiscales peruanos han hecho lo que han podido. No es poco, aunque tampoco es suficiente. Pero, no todo dependerá de ellos si los brasileros deciden escalar esta situación, como parecen amenazar.

 desco Opina / 14 de febrero de 2020

Elecciones con doble rasero

La reciente contienda electoral desarrollada en el país nos lleva a reflexionar sobre el desconocimiento del juicio y las demandas que los peruanos esperan de los partidos políticos en su afán de representatividad, donde las sorpresas ya no solo radican en los departamentos del sur, sino también en la propia capital. La legislación no ha podido salvarnos de la evidente fragmentación del Congreso, dejando de esta manera posibilidades para la continuidad de procesos poco transparentes y representativos.

También sabemos que al interior de cada elección lo que se tiene son pobladores que, bajo su desconcierto, militancia o esperanza, determinan su voto. Para el país, es notoria la trayectoria de elección que ha mantenido la zona sur, donde Huancavelica no es ajena al depósito de su confianza a los representantes vinculados a lo que conocemos como la «izquierda», afinidad que ha sido constante durante los últimos procesos electores.

Los resultados electorales en la región Huancavelica, designan como representante –y además con la mayor cantidad de votos– a un virtual congresista de Unión Por el Perú, partido al que hoy se le califica como el más radical de la izquierda, aunque éste no considere esa orientación dentro de sus parámetros de ideología política. Esta tendencia no solo ha calado a nivel de Huancavelica, sino también en el resto de la zona sur del país, desplazando al Frente Amplio, referente en la contienda del 2016.

Entonces, lo que encontramos como resultado de fondo de esta elección congresal, no es sino un constante reclamo por la ausencia histórica del Estado que, sin embargo, entra en conflicto a nivel local, cuando constatamos que en Huancavelica sus funcionarios regionales de más alto nivel, se encuentran actualmente envueltos en procesos judiciales por delitos de corrupción. Es el caso del gobernador regional Maciste Díaz, sobre el que pesa una sentencia de cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple por los hechos vinculados a la compra de computadoras portátiles en el año 2014 (durante su primera gestión), según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica.

En condiciones parecidas se encuentran otros funcionarios de su actual gestión y exfuncionarios de confianza de la anterior. Igual suerte corre su vicegobernador, Guillermo Quispe Torres, sentenciado a ocho años de prisión por haber formado parte de un comité de selección del Gobierno Regional de Huancavelica que en el 2013 favoreció al Consorcio Capillas I, en una licitación para la construcción de una carretera en Paucará.

Es decir, aparentemente existiría un doble rasero para elegir autoridades y representantes en Huancavelica, pues pareciera que sus representantes nacionales son escogidos por plantear un discurso radical contra la corrupción, mientras regionalmente, insisten con autoridades muy cuestionadas en ese sentido.

Más allá de los motivos que estén detrás de estas decisiones, lo que debemos comprender es que no fomentan la construcción de un escenario adecuado para debatir y procesar las decisiones indispensables que permitan superar los problemas históricos de Huancavelica.

¿Cómo puede pensarse en una apuesta sólida y participativa para el desarrollo de la región cuando se tiene por un lado a pobladores que reclaman hacia afuera una desatención histórica para el caso de Huancavelica, mientras al interior se podrían estar conformando con la desastrosa frase «roba, pero hace»?

desco Opina - Regional / 7 de febrero de 2020

descocentro

Ensayo general

Finalizó uno de los procesos electorales más desconcertantes que podamos recordar. También pudimos decir que fue decepcionante, pero creemos que una parte considerable de los peruanos no dudaba de un desenlace como el que mostró la contienda. En suma, no podía decepcionar lo que ya se presentaba devaluado ante nuestros ojos.

Como afirmaba Murphy en su famosísima ley, si algo puede salir mal, saldrá mal. En materia política, las cosas en el Perú pueden salir mal desde hace décadas y, de hecho, han estado saliendo mal. Luego de la disolución constitucional del Congreso en setiembre del año anterior, debíamos elegir nuevos integrantes del Parlamento, esperanzados en obtener algo cualitativamente mejor que el Congreso dominado por una mayoría fujimorista que interpretó la política como el arte de hacerlo todo imposible mediante el uso de artimañas, imposiciones y colusiones con colegas indefectiblemente delincuentes.

Suponer la política –como fue el caso del fujimorismo y otros grupos parlamentarios– como un negocio, hacer de la representación política un asunto proclive a transarse en el mercado, concebir el financiamiento de las campañas como una actividad empresarial, mostrar un ejercicio torpe de la representación y la práctica ausencia de habilidad política, terminaron por hundir un poder del Estado que, dicho sea de paso, nunca tuvo un nivel aceptable de aprobación.

Por ello, no tenía que llamar a sorpresa la alta indecisión previa. El descrédito del Congreso tiene una larga data entre nosotros y no se debe exclusivamente a la actuación fujimorista-aprista de los últimos años. Aunque en primera instancia pudo ser sorprendente que ninguna agrupación política lograra una clara mayoría, visto ahora no pareciera ser tal, y esto las obliga a poner de manifiesto capacidades políticas para la negociación que no muestran hasta el momento.

Sumado a ello, queda un amplio margen de duda sobre la representatividad de los elegidos y, lo que es más, se ha concedido representación congresal a opciones confesionales, xenófobas, machistas, represoras y demás, dejando constancia que la acción política del ciudadano peruano difiere radicalmente del «deber ser» imaginado por el liberalismo.

El resultado obtenido, entonces, pareciera un capítulo más de un «control ciudadano» que tomó forma tiempo atrás con la sentencia “que se vayan todos” que, si bien ha limitado a la fuerza la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, ha devenido en una fórmula informal de accountability vertical ante la defección de los canales institucionales y, por lo mismo, un mecanismo sumamente precario que no propende al fortalecimiento democrático.

Asimismo, la democracia peruana se caracteriza por funcionar con remedos de partidos políticos y casi nos hemos acostumbrado a aceptar que ese es el quid del problema, sin reparar en mayor medida que el Estado peruano funciona con instancias oficiales cuyas competencias son difusas, graves desarticulaciones verticales con los niveles subnacionales de gobierno y ámbitos sin funciones definidas que, finalmente, hace de los pesos y contrapesos entre poderes una cuestión que es cotidianamente superada. El resultado de esta situación ha sido el profundo distanciamiento ciudadano de las instituciones.

Es cierto que hubo voluntad para corregir en algo esta situación, cuando el presidente Vizcarra buscó implementar una reforma del sistema judicial y, luego, una reforma política cuya legitimidad la sancionó mediante referéndum. Sin embargo, hasta el momento no vislumbramos cambios y a juzgar por las preocupaciones manifiestas por los probables congresistas electos, vamos a tener que esperar mejores tiempos.

Entonces, lo que tenemos es el reacomodo de un sistema político que presenta síntomas de no dar para más, pero que tampoco tiene actores y líderes que podrían conducir su reforma y consolidación. En esa línea, si algo positivo podemos extraer de esta experiencia, es que se ha propuesto como un piloto para las elecciones «de verdad»: las del próximo año. Algo debe hacerse –y pronto– para subsanar siquiera en parte la enorme carencia de organicidad de los partidos y competencia de los candidatos.

desco Opina / 31 de enero de 2020