Luego del Mensaje a la Nación

Llamémosle liderazgo presidencial, como dicen casi todos pero, aun así, sigue siendo algo muy insuficiente lo que transmite. El presidente Vizcarra sorprendió cuando en su Mensaje a la Nación contempló el referéndum como mecanismo para viabilizar algunas reformas institucionales. Digamos, era el atajo tomado por alguien que está consciente que no tiene una estructura partidaria propia ni nada que se le asemeje. Por ahora, su actitud le ha salvado el cortísimo plazo: logró, mal que bien, una reacción espasmódica, visceral a tono con los malestares del momento, que circunstancialmente le acarrea simpatías, pero nada más. Sin embargo, también se afirmará con mucha razón, que es lo más radical que podía hacerse hoy desde el Ejecutivo.

Digamos entonces, en el mejor de los sentidos, que tiene la idea, pero hubiésemos querido que nos exponga los medios y, sobre todo, los resultados que se esperan y los plazos que se necesitan para lograrlos.

Suena muy bien que nos consulten la conveniencia de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM (adelantamos, todos vamos a decir sí), la reelección de los congresistas (vamos a decir no), transparencia en el financiamiento privado de los partidos políticos (nuevamente, sí) y la bicameralidad del Congreso (nuevamente, no). Pero, ¿qué resultados buscamos? ¿Para cuándo están previsto estos cambios?

Una segunda cuestión es que lo propuesto por el mandatario pasa indefectiblemente por el Congreso y se rige por lo establecido en la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la que no se explicita ninguna iniciativa presidencial como inicio del proceso. Poniendo de lado las «consideraciones técnicas» que se han expuesto en abundancia durante estos días, poco o nada se ha dicho de la pertinencia política de lo que se busca zanjar mediante la vía plebiscitaria. Al respecto, nos remitimos a la reelección de los congresistas y a la bicameralidad.

En ambos casos, ¿qué buscamos? Si en la no reelección de los congresistas se trata de fomentar mayor legitimidad de las autoridades, deberíamos hacer un balance de, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de no tener reelección presidencial desde el 2001 o de haber instaurado ese mecanismo –junto a la segunda vuelta electoral– para las elecciones municipales y regionales desde el 2012, argumentando entonces, que de esa manera tendríamos gobiernos subnacionales más sólidos y menos propensos a la corrupción.

Para algunos, prohibir la reelección de los congresistas atentaría contra la formación de un capital fundamental para ejercer la representación política, como es la experiencia, como afirmaban los que se opusieron a una iniciativa de ley presentada en mayo de este año. De esta manera, plantean sus preocupaciones sobre si tenemos acaso una idea cercana de lo que sería un hipotético Congreso, donde ninguno de sus integrantes tenga experiencia previa.

A este planteamiento se opone la afirmación de que gran parte de los problemas que nos afectan en la dimensión política se debe al hecho de reducirlos a la actuación congresal y haber convertido el recinto parlamentario en un botín que terminamos pagando todos los peruanos y, en ese sentido, los que realmente tienen vocación pública seguramente encontrarán más y mejores vías de expresión y caminos para aspirar a legitimidades más sólidas.

De esta manera, una consecuencia política indirecta pero decisiva para nuestra incipiente izquierda política es que si quiere subsistir, está forzada a ampliar su horizonte político, más allá de las coyunturas electorales, obligando a sus líderes a actuar en otros campos, lo que tendría como probable consecuencia la consolidación de sus organizaciones y la adquisición de una legitimidad social/política más firme.

De igual manera, ¿qué buscamos con la bicameralidad del Congreso? ¿Hay un problema en la representatividad política que podría ayudar a resolver? ¿Podría otorgarle mayor legitimidad a partidos políticos inexistentes?

Dudamos que así sea. Probablemente, las reformas más eficaces en esa dirección pueden ser las menos rimbombantes como, por ejemplo, cambiar la deformadísima manera de «colocar» funcionarios públicos –incluyendo «asesores» congresales– cuyas versiones más sofisticadas de las labores que desempeñan las hemos contemplado en todo su esplendor con los audios y videos difundidos en estos últimos 25 años.

Así, no es cuestión que un presidente del Congreso haga renunciar a su jefe de seguridad como un acto político simbólico, sino que nos digan cómo el referido señor llegó a ejercer esa función. Es decir, la crisis política no se refiere únicamente a los políticos. En esa línea, hubiera sido mucho más importante que el presidente Vizcarra nos dijera, para señalar un punto, cuál va a ser el futuro de Servir antes que simplemente seguir a la indignación popular, lo cual no está mal, pero no es, ni mucho menos, suficiente para gobernar en aguas tan crispadas como las nuestras.

desco Opina / 3 de agosto de 2018

La emergencia judicial es nacional

Los escandalosos audios propalados hace pocas semanas, en los que se involucran a jueces supremos, sólo corroboran lo que desde hace años es una sospecha popular: la justicia es un negocio que se vende al mejor postor, no sólo por dinero, sino por negociados y prebendas políticas. Esto ocurre tanto en las altas esferas judiciales de la capital de la República, como a nivel de los espacios políticos regionales y los poderes locales de turno, en los que también se libran investigaciones fiscales y judiciales. El tema de la corrupción en el Poder Judicial no es nuevo en la percepción popular, lo novedoso es que hoy se tienen rostros y pruebas. Sin embargo, los audios no revelan la realidad del sistema judicial en el interior del país, que no es tan distinta, incluso se podría decir que, por falta de notoriedad, es hasta más preocupante.

Desde hace años varios jueces de la región Junín han sido acusados por favorecer a las autoridades regionales y municipales. Algunos de ellos vienen siendo sometidos a procesos disciplinarios con la amenaza de ser destituidos, pero esta situación se dilata en el tiempo y la desazón popular se incrementa; sobre todo cuando las estadísticas señalan que Junín es la tercera región con más casos de corrupción. Las denuncias ciudadanas contra los jueces corruptos pueden ser un acto de valentía, pero por el llamado «espíritu de cuerpo», estas pueden resultar más nocivas para el denunciante que para el infractor. En enero del 2017, la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), anunció la conformación de una Comisión Anticorrupción Institucional, así como un sistema de recompensas para pagar con dos mil soles las denuncias contra jueces corruptos; sin embargo, “Hasta la fecha no se han hecho denuncias como para hacer un operativo y agarrar infraganti al juez en el acto de corrupción”.

Así, en vísperas de las elecciones regionales y municipales, muchos implicados en casos de corrupción postulan a cargos de elección ante la sospechosa lentitud de la investigación fiscal y judicial, lo que hace suponer que existen tentáculos protectores a su favor. De los candidatos a Gobernador Regional por Junín, Vladimir Cerrón es uno de los que más resalta porque tiene juicios pendientes por presunta negociación incompatible y colusión, también tiene serios cuestionamientos por obras como el puente Comuneros, denominado por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, como un monumento a la corrupción. Se le vinculó, además, con el exasesor presidencial de Ollanta Humala, Martín Belaúnde, quien cumple condena por el caso Antalsis. Otro caso es el de Zósimo Cárdenas, quien también ostenta una investigación en la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión de delito contra la administración pública y afronta otra denuncia ante la Fiscalía Provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín por la presunta comisión del delito de peculado y malversación de bienes públicos; pese a ello, los paneles de promoción de su candidatura a la gobernación regional, se extienden a todo lo largo y ancho del territorio.

Pasco no es una excepción, ni un paraíso de incorruptibilidad judicial. En el 2014, un Juez fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo específico al comprobarse que recibió S/ 1420.00 para favorecer a una procesada. La población debe denunciar los hechos irregulares, pues si no lo hace es cómplice; pero si el poder lo ejerce el juez y su entorno, nada garantiza que el denunciante no termine en los juzgados o en los penales. No es de sorprender que en Pasco, fiscales y defensores públicos cometan actos ilícitos como tráfico de influencias para lograr fallos a favor de quien asegure aportes económicos. Kléver Meléndez Gamarra dejó la prisión gracias a un polémico hábeas corpus, y si no se hubiese anulado a tiempo ese fallo, hoy estaría candidateando al sillón regional.

Maciste Díaz, exgobernador regional de Huancavelica, tiene serios procesos judiciales que aparentemente estarían siendo conducidos con antojadizos intereses. Increíblemente, sus abogados tuvieron que representarlo en un mismo día en tres distintas audiencias; sin embargo, no ha tenido problemas para presentar su candidatura, todo ello porque sus juicios culminarán con sentencias para las calendas griegas.

Las últimas declaraciones del Presidente Martín Vizcarra, parecen hacer eco del estribillo «corrupción hay en todos lados». Moralizar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia –si es que alguna vez la tuvo– es una tarea que no se resolverá de la noche a la mañana y demandará muchos esfuerzos y filtros no sólo del Estado, sino de toda la ciudadanía. La declaratoria de emergencia será por noventa días y comprenderá a la Corte Suprema de Justicia de la República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los Distritos Judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General del Poder Judicial. Sin embargo, será insuficiente si solo cambiamos rostros, pero no su actual estructura.

desco Opina - Regional / 26 de julio de 2018

Programa Regional Centro - descocentro

¿Hacia un nuevo colapso del fujimorismo?

La crisis desatada por la reciente divulgación de los audios exhibe ante la opinión pública la existencia de las redes de corrupción en el Poder Judicial y sus estrechos lazos con el sistema político. En este último caso, el más afectado es el fujimorismo agrupado en Fuerza Popular (FP), al evidenciarse sus intentos de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin duda no es el único (recordemos el rol tradicionalmente atribuido al APRA y, últimamente, el caso de Podemos del excongresista Luna). Pero es FP la que ha encajado los golpes más fuertes, incluyendo a su jefa, hablándose de ella ahora como la «señora K», según la conversación de dos personajes sometidos a interceptación telefónica autorizada judicialmente. Ningún desmentido ha sido convincente hasta la fecha para quitarle esa nueva chapa.

Este destape ha sido visto por algunos analistas como un segundo fracaso del fujimorismo, y establecen inevitables comparaciones con el colapso del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000 como consecuencia de la difusión del famoso video Kouri-Montesinos. ¿Hasta qué punto estamos ante un posible colapso de FP? Al respecto, cabe tener en cuenta al menos el grado de poder real que ejerce el fujimorismo y la situación de las fuerzas políticas que se oponen a este.

Como se sabe, en el año 2000 el fujimorismo controlaba férreamente el Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Tal control se extendía también hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público; gran parte de los medios de comunicación, especialmente la televisión de señal abierta; los organismos electorales formalmente autónomos (JNE, ONPE), etc. Esto no ocurre actualmente; FP controla básicamente el Congreso de la República, ha extendido sus redes tratando de capturar parcelas de poder en el sistema judicial, pero sin lograr un poder comparable al ejercido en los años 90, y tiene solo algunos medios de su parte. Si bien ha logrado hacer renunciar al expresidente PPK y obligado al políticamente débil nuevo gobierno del presidente Vizcarra a continuas transacciones, no es realista afirmar que controla el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, menos aún a los medios masivos, con gran parte de los cuales se encuentra enfrentado.

Un segundo elemento a considerar es la situación de las fuerzas políticas antifujimoristas; en el año 2000 estas se habían aglutinado ya para enfrentar a una dictadura de casi diez años que intentaba continuar en el poder, teniendo incluso un líder que la había confrontado en las urnas. Este no es tampoco el caso actual; el antifujimorismo presente en distintos espacios dista de estar unificado, menos aún de tener un solo liderazgo. Al parecer, ni siquiera podrá tener un candidato de consenso para presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso.

Estos dos factores tienen efectos en principio contrapuestos; el primero podría ser positivo, en la medida que el fujimorismo actual es mucho más débil que el de los años 90, pues no controla los principales resortes del poder. El segundo podría ser negativo, ya que la ausencia de unas fuerzas opositoras cohesionadas puede facilitar la continuidad del control fujimorista en el Congreso y otros espacios de poder. El que además, FP se enfrente a fuerzas que no apelan a soluciones autoritarias como las utilizadas por Fujimori papá y su asesor Montesinos y, recientemente, por miembros de su misma bancada, le hace más llevadera la situación.

El que se haya experimentado recientemente una transición política en medio de unas expectativas rápidamente desperdiciadas por la nueva administración, puede explicar en parte que la población haya permanecido inicialmente pasiva. Sin embargo, la reciente movilización del pasado jueves 19 de julio parece revertir esa situación, lo que complica el panorama para FP, ya bastante golpeada por los últimos destapes, y –más allá de las bravuconadas de algunos de sus miembros– debilitada y políticamente a la defensiva.

No se vislumbra un desenlace inmediato de la crisis, menos aún que FP termine colapsando en los próximos meses. En las actuales condiciones, ello podría ocurrir si se dieran al menos una o más de estas tres situaciones: la difusión de un audio que signifique un KO para su lideresa y su entorno inmediato; una nueva división de su bancada que lleve a la construcción de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, capaz de establecer nuevas reglas de juego para la democracia, la transparencia y la participación ciudadana; y finalmente, movilizaciones masivas que, en alianza con otras fuerzas, puedan dar una nueva salida institucional a la crisis.

Todo lo anterior es desde luego muy incierto, sin embargo, lo único que aparece claro por ahora es el serio desgaste de la imagen de la lideresa de FP y su severa caída en las preferencias de la opinión pública. Ciertamente, faltan tres años hasta las próximas elecciones generales (todo un largo plazo en nuestro país), pero es muy difícil que pueda recomponer tal imagen y disminuir el antifujimorismo creciente de los últimos meses. Salvo intentar triquiñuelas legales para deshacerse de potenciales rivales, FP no parece contar con estrategas capaces de reinventar a la «señora K». Como están las cosas, el colapso puede ser inminente o a cuenta gotas.

desco Opina / 21 de julio de 2018