La crisis desatada por la
reciente divulgación de los audios exhibe ante la opinión pública la existencia
de las redes de corrupción en el Poder Judicial y sus estrechos lazos con el sistema político. En este último caso, el más afectado es el fujimorismo
agrupado en Fuerza Popular (FP), al evidenciarse sus intentos de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin duda no es el
único (recordemos el rol tradicionalmente atribuido al APRA y, últimamente, el
caso de Podemos del excongresista Luna). Pero es FP la que ha encajado los
golpes más fuertes, incluyendo a su jefa, hablándose de ella ahora como la «señora
K», según la conversación de dos personajes sometidos a interceptación
telefónica autorizada judicialmente. Ningún desmentido ha sido convincente
hasta la fecha para quitarle esa nueva chapa.
Este destape ha sido visto por algunos
analistas como un segundo fracaso del fujimorismo, y establecen inevitables comparaciones con el colapso del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000
como consecuencia de la difusión del famoso video Kouri-Montesinos. ¿Hasta qué
punto estamos ante un posible colapso de FP? Al respecto, cabe tener en cuenta
al menos el grado de poder real que ejerce el fujimorismo y la situación de las
fuerzas políticas que se oponen a este.
Como se sabe, en el año 2000 el
fujimorismo controlaba férreamente el Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas
Armadas. Tal control se extendía también hacia el Poder Judicial y el Ministerio
Público; gran parte de los medios de comunicación, especialmente la televisión
de señal abierta; los organismos electorales formalmente autónomos (JNE, ONPE),
etc. Esto no ocurre actualmente; FP controla básicamente el Congreso de la
República, ha extendido sus redes tratando de capturar parcelas de poder en el
sistema judicial, pero sin lograr un poder comparable al ejercido en los años
90, y tiene solo algunos medios de su parte. Si bien ha logrado hacer renunciar
al expresidente PPK y obligado al políticamente débil nuevo gobierno del
presidente Vizcarra a continuas transacciones, no es realista afirmar que
controla el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, menos aún a los medios
masivos, con gran parte de los cuales se encuentra enfrentado.
Un segundo elemento a considerar es la
situación de las fuerzas políticas antifujimoristas; en el año 2000 estas se
habían aglutinado ya para enfrentar a una dictadura de casi diez años que
intentaba continuar en el poder, teniendo incluso un líder que la había
confrontado en las urnas. Este no es tampoco el caso actual; el antifujimorismo
presente en distintos espacios dista de estar unificado, menos aún de tener un
solo liderazgo. Al parecer, ni siquiera podrá tener un candidato de consenso
para presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso.
Estos dos factores tienen efectos en
principio contrapuestos; el primero podría ser positivo, en la medida que el fujimorismo
actual es mucho más débil que el de los años 90, pues no controla los
principales resortes del poder. El segundo podría ser negativo, ya que la
ausencia de unas fuerzas opositoras cohesionadas puede facilitar la continuidad
del control fujimorista en el Congreso y otros espacios de poder. El que además,
FP se enfrente a fuerzas que no apelan a soluciones autoritarias como las
utilizadas por Fujimori papá y su asesor Montesinos y, recientemente, por
miembros de su misma bancada, le hace más llevadera la situación.
El que se haya experimentado
recientemente una transición política en medio de unas expectativas rápidamente
desperdiciadas por la nueva administración, puede explicar en parte que la
población haya permanecido inicialmente pasiva. Sin embargo, la reciente
movilización del pasado jueves 19 de julio parece revertir esa situación, lo
que complica el panorama para FP, ya bastante golpeada por los últimos destapes,
y –más allá de las bravuconadas de algunos de sus miembros– debilitada y políticamente
a la defensiva.
No se vislumbra un
desenlace inmediato de la crisis, menos aún que FP termine colapsando en los
próximos meses. En las actuales condiciones, ello podría ocurrir si se dieran al
menos una o más de estas tres situaciones: la difusión de un audio que
signifique un KO para su lideresa y
su entorno inmediato; una nueva división de su bancada que lleve a la
construcción de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, capaz de establecer
nuevas reglas de juego para la democracia, la transparencia y la participación
ciudadana; y finalmente, movilizaciones masivas que, en alianza con otras
fuerzas, puedan dar una nueva salida institucional a la crisis.
Todo lo anterior es desde luego muy
incierto, sin embargo, lo único que aparece claro por ahora es el serio
desgaste de la imagen de la lideresa de FP y su severa caída en las
preferencias de la opinión pública. Ciertamente, faltan tres años hasta las
próximas elecciones generales (todo un largo plazo en nuestro país), pero es
muy difícil que pueda recomponer tal imagen y disminuir el antifujimorismo
creciente de los últimos meses. Salvo intentar triquiñuelas legales para
deshacerse de potenciales rivales, FP no parece contar con estrategas capaces
de reinventar a la «señora K». Como están las cosas, el colapso puede ser
inminente o a cuenta gotas.
desco Opina / 21 de julio de
2018
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