La cuota indígena y las elecciones locales y regionales

Ya se inició la carrera electoral regional y municipal, y las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios –al amparo del artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales– les corresponde ocupar no menos del 15% en las listas de candidatos a regidores o consejeros regionales en sus jurisdicciones, según las cuotas establecidas para este efecto. En la Selva Central, los líderes de las etnias reconocen que si bien los movimientos y partidos políticos incorporan miembros de las comunidades a las listas electorales, también señalan que muchas veces éstos son seleccionados con estilos poco democráticos y sin considerar su compromiso con sus pueblos ni su capacidad de interpretar y expresar las demandas e intereses que en teoría representan. No tienen participación efectiva en las propuestas de planes, que son elaboradas sin recibir los aportes y opiniones de las comunidades.

En diversos medios locales de la selva central los líderes indígenas han manifestado la disconformidad que tienen sus organizaciones sobre la ubicación que se les asigna en las listas a sus eventuales representantes. Colocarlos en los últimos lugares muestra que el objetivo es cumplir formalmente con el requisito establecido por la ley, antes que una intención de representación. Por otro lado, más de una comunidad ha visto alterada su dinámica interna a raíz de las pugnas político partidarias que hasta hace pocos años les eran ajenas. Lidiar con tensiones de corte partidario es acaso el costo de consolidar una representación propia que permita la inclusión de las etnias amazónicas en la vida política.

Algunos líderes representativos de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central-CENCOSEC –que agrupa a más de 120 comunidades– manifestaron su disconformidad con la pobreza de la oferta electoral en relación a sus comunidades (edición de Julio de la Revista Diario Regional Selva Central), al señalar que la aparente atención que los candidatos prestan a sus demandas contrastan con el alarmante desconocimiento de la realidad indígena que se evidencia en las propuestas de planes de gobierno. Otros líderes aluden directamente al carácter abstracto de las propuestas de inclusión “… el respeto a la diversidad étnica está bueno pero como van resolver nuestros problemas, eso no está claro”, en una crítica a la retórica del momento, que responde a la incapacidad de los candidatos para articular en sus propuestas la problemática de las comunidades.

Si en territorios caracterizados por la fuerte presencia y dinámica indígena vemos que las limitaciones para articular una representación política causan malestar, a escala nacional la cuestión abre un período de tensión para las organizaciones amazónicas. Como muestras tenemos, además de la potencial candidatura de Alberto Pizango, la reciente polémica alrededor de la opción de la líder yanesha Lidia Rengifo, que anunció que acompañará en las próximas presidenciales al ex premier Yehude Simon, ampliamente cuestionado por su papel durante el Paro Amazónico que culminó trágicamente con el “Baguazo”.

desco Opina - Regional / 27 de agosto de 2010
Programa Selva Central

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¿El final del conflicto de La Convención?

Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.

La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.

Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.

En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.

Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.

desco Opina / 20 de agosto de 2010
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La Convención de la Macroregión Sur

Las protestas ocurridas en las semanas precedentes en la provincia de La Convención (Cusco), no son más que un síntoma de la molestia que se extiende por el sur del país en relación a las reservas de gas. En la artificiosa distinción entre reservas “probables” y “probadas”, causa preocupación que sean éstas las destinadas a la exportación, sin claridad de cómo se resolverá la demanda del mercado interno. Aunque el oficialismo haya calificado como inviables los pedidos de los cusqueños, lo cierto es que la protesta tiene un trasfondo mayor que al gobierno le cuesta reconocer: la cómoda venta de recursos naturales a favor de las transnacionales.

En su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente García anunció la renegociación de las regalías por la exportación del producto, como si fuera algo extraordinario. Lo extraordinario sería que el gobierno libere los 2 billones de pies cúbicos del lote 88 que se encuentran actualmente inmovilizados como garantía del contrato de exportación. Estos recursos podían ser derivados en el gaseoducto sur andino, que hasta el momento tiene asegurado sólo 1 billón de pies cúbicos de este lote –de los 5 billones de pies cúbicos que requiere su funcionamiento– a la espera de que se confirmen las reservasprobables de dicho lote.

Mientras al gobierno peruano le cuesta fijarle al empresariado los requisitos de una participación responsable en la actividad extractiva y energética –bajo la desgastada excusa de no ahuyentar la inversión– somos testigos de cómo diversas economías extractivas en el mundo asumen como algo lógico y necesario fijar impuestos a las sobreganancias de las empresas mineras, petroleras y gasíferas, tendencia que es respaldada hasta por el Fondo Monetario Internacional, aunque nuestros “liberales” locales se empeñen en hacer aparecer esta demanda como una bandera “antisistema”.

Este problema cobra hoy fuerte actualidad, puesto que estamos en el último año de vigencia del “aporte voluntario” que realizan las empresas en virtud del acuerdo con García, que, una vez en el poder, dejó de lado su promesa de candidato respecto a gravar las citadas sobreganancias. Con un par de proyectos por ventilarse en el Congreso de la República, el poderoso lobby minero ya se encuentra en acción, mientras los principales voceros del gremio han iniciado su campaña a favor de la idea de renovar este acuerdo con el Estado.

La ambigua posición del gobierno frente a los empresarios contraste con las cerradas posiciones con las que enfrenta las movilizaciones ciudadanas alrededor del gas. Sólo tras dos semanas de paralización el gobierno se comprometió a asegurar algo tan elemental como homologar con las tarifas de Lima el precio del balón de gas doméstico en la provincia de La Convención. Sólo tras enfrentamientos entre pobladores y policías el gobierno aceptó dos de las legítimas demandas del Frente de Defensa: que se construya la planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato y que se instale una comisión técnica que busque una ruta alternativa para el ducto que pretendía atravesar el Santuario Natural de Megantoni. Sólo en la profusa imaginación del Premier Velásquez Quesquén quienes levantaban estas demandas podían ser tomados como tontos útiles, manipulables por fuerzas políticas “externas”.

¿Sacará lecciones el gobierno de este legítimo levantamiento ciudadano? ¿Hará público su compromiso de no exportar los recursos del lote 88? Desde ya, respecto a este último punto, está advertido de que ya existe una convención y convicción en la Macro Región Sur.

desco Opina - Regional / 13 de agosto de 2010
Programa Regional Sur
Fecha: 08/2010. Descargar AQUI

Mensajes detrás del Mensaje a la Nación

Transcurrida una semana, mucho se ha dicho ya sobre el Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias. Sin embargo, hay aún algunas preguntas que permiten volver sobre algunos pasajes, esta vez de cara a las recientes movilizaciones sociales y al escenario que se abre en lo que resta del período presidencial. Pensamos que, más que un recuento de su gestión –a pesar de la avalancha de cifras- el 28 de Julio primó en el Presidente García el deseo de “hablarle” a algunos interlocutores específicos, expresando la orientación que piensa asegurar en su salida del poder, con miras a un eventual regreso el 2016.

De lo que se dijo, queremos resaltar apenas uno de los mensajes entrelíneas, el de la consolidación de las Fuerzas Armadas como parte del esquema de gobernabilidad por el que apuesta el García que se va y que ya nos amenaza con volver. Con varios exploraciones mineras en transición a la fase de explotación y abierto el tema del gas, estamos en un momento en el que el modelo debe asegurarse la resolución de los crecientes conflictos. García no piensa dejar este cabo suelto en su período de ausencia (formal) y ha empezado por un “gesto” público, extendiendo la mano a los uniformados, “escogidos” de entre la larga lista de quienes esperan homologación de sueldos y ajustes en su sistema pensionario. El aumento ofrecido a los militares y policías -al que amarra al próximo gobierno- es un dato importante de este movimiento de fichas, que refuerza la apuesta por las tendencias represivas que han hecho cómodo nido en la actual gestión.

Basta recordar que la experiencia inmediata anterior del gobierno en materia de conflictos sociales lleva la marca del “Baguazo”, cuyo resultado político fue la paralización de los decretos legislativos que tenían como objetivo la concesión de extensos territorios amazónicos. Hoy, la sombra de nuevas protestas acosa al Presidente, que no estaría dispuesto a aceptar otra vez que sus compromisos con los grandes inversionistas sean frenados u obligados a retroceder por la fuerza que cobran las protestas, en buena medida debido a la incapacidad de sus operadores para llevar las movilizaciones sociales hacia salidas negociadas. Por la expeditiva vía de las declaratorias de emergencia, las fuerzas armadas tendrán cada vez mayor rango de actuación en el “control interno”, a la vez que levantarán las coartadas favoritas del ineficiente aparato de inteligencia (actuación terrorista e infiltración venezolana). Lo estamos viendo ahora mismo en la movilización de La Convención por el gas.

Dentro de esta apuesta por tendencias regresivas, queremos también resaltar una serie de “movidas” recientes. Por un lado, tenemos la toma de posición de diversos personajes públicos –entre ellos Javier Villa Stein y César Vega, presidentes de las cortes Suprema y Superior, respectivamente- que junto a Rafael Rey publicaron en Fiestas Patrias una carta de respaldo al Cardenal Cipriani, en la que lo reconocen por su “sacrificada entrega a la causa de la pacificación en nuestro país, especialmente en (…) Ayacucho”, dando una vez más claras muestras de su “neutralidad”. De otro lado, están los arreglos en el Congreso, cuya Mesa Directiva controlada por el aprismo, le ha dado a la casi extinta bancada de Solidaridad Nacional una “ayudita” que le permitirá a su presidente y Alcalde de Lima, Luis Castañeda, librarse de la investigación por corrupción en el caso COMUNICORE. Se sella así una nueva alianza pro impunidad, anunciada hace semanas por el Premier Velásquez Quesquén, que respaldó públicamente a Castañeda en el citado caso. A estar atentos, pues acaba de declarar que considera “un exceso” la investigación reabierta a Keiko Fujimori -candidata heredera del dictador- por la dudosa procedencia del dinero con el que se financiaron sus estudios universitarios.

Como vamos, represión directa a las movilizaciones sociales en las que se seguirán “encontrando” nexos con “venezolanos y terroristas” y canje de negociados por impunidad serán las dos principales fórmulas que marcarán el ambiente en este último año del gobierno aprista. De acuerdo al discurso del mandatario, ese será el camino que nos trasladará al Primer Mundo, puerto al que llegaremos con su conducción, si sus deseos y la pesadilla de miles de peruanos, se hacen realidad.

desco Opina / 06 de agosto de 2010
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La cuota joven en Lima Sur

Ataques personalistas y contra la infraestructura de campañas opositoras, eventos oficiales en diversas zonas para realzar las obras de alcaldes candidatos e inauguraciones al por mayor, entre otras, animan la temporada de invierno más fría de los últimos años. Nos preguntamos si el electorado, distraído por encuestas mentirosas, desfiles y corsos, tiene claro por quién votará. ¿Quién da más por el sillón municipal?

La fragmentación del electorado a nivel nacional por la proliferación de partidos políticos, sigue marcando también la tendencia de este proceso en el nivel local. En los distritos de Lima Sur (Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín), el promedio de listas fue de 15 para las elecciones municipales del 2006, mientras que en el actual proceso este número se incrementa en todos los distritos menos en Lurín. Allí, los tres alcaldes postulan a la reelección y ya se cuenta con 18 listas inscritas en cada uno.

En las 61 listas inscritas para Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y San Juan de Miraflores, la cuota femenina parece caminar lento hacia la equidad, con nueve candidatas a la alcaldía y 120 candidatas a regidoras, lo que significa que de cada diez candidatos sólo dos son mujeres. Además, la inclusión de candidatas en listas no garantiza en sí misma la equidad de género en la elección, pues salvo dos propuestas locales, ellas se ubican en los últimos lugares de la lista y por lo tanto, la oportunidad de la candidata y la electora, se diluye.

Tal es el caso de varias dirigentes vecinales incluidas en las listas de estos distritos, que tendrían mucho por aportar a la gestión dado su vasto conocimiento del territorio y de la población, pero que están ubicadas entre los últimos lugares de las listas.

Por su parte, la significativa presencia de candidatos entre 18 y 29 años –4 de cada 10– en estas mismas listas podría representar el interés de los partidos por la incorporación de nuevos liderazgos. La decisión de la ciudadanía enfrenta una interrogante respecto de las capacidades de los jóvenes candidatos –en Villa El Salvador 78, en San Juan de Miraflores 61 y 57 en Villa María del Triunfo– y en torno a la labor que cumplirán en caso de ser elegidos, especialmente en la población votante de Lima sur, predominantemente adulta, de acuerdo al último Censo de 2007.

Si bien los candidatos a regidores han pasado por un proceso formativo en sus partidos, el cual debiera darse a todo nivel en las listas, focalizar la formación por grupos de edad o género podría mejorar la eficiencia del proceso y enriquecería su mirada, en beneficio de la ciudad. Experiencias de este tipo se vienen desarrollando en las redes de regidores y regidoras de Huancavelica y Cusco, por ejemplo. Por ello, resulta importante la iniciativa de la Red de Regidores Jóvenes que tiene como interés facilitar el fortalecimiento de capacidades en candidatos en este rango de edad, a través del cual, seguramente, podrán ver enriquecidas las propuestas programáticas.

Resulta necesario fortalecer estas capacidades que permitirán a los futuros regidores y regidoras de Lima Sur realizar una gestión acorde con las necesidades de sus distritos correspondiendo a la expectativa de la ciudadanía y a los recursos invertidos en su labor dentro del municipio, en caso de ser elegidos o elegidas. Como valor agregado al proceso, se facilita también la renovación de liderazgos, en aras de construir gestiones municipales eficientes para la ciudad, pues la carrera empieza cuando las elecciones terminan.

desco Opina - Regional / 30 de julio de 2010
Programa Urbano

Fujimorismo con rostro aprista

El premier Velásquez Quesquén, perfila su salida del Gabinete y quiere hacerlo por todo lo alto. Para impactar, parece que tuvo a bien vestirse de fujimorista por un momento, señalando que el Perú debía retirarse parcialmente del sistema interamericano de derechos humanos, porque sus sentencias –en las que están involucrados condenados por terrorismo– no estaban en sintonía con los intereses nacionales.

No le siguieron ni sus formalmente subordinados ministros, pero lo dicho, dicho estaba y no respondía a ninguna ingenuidad, aunque lo parezca, sino más bien a torpeza. El premier no se desvía un ápice de una de las líneas de acción planteadas por el actual gobierno, en su fase de salida. En efecto, su planteamiento sintoniza con una serie de actos gubernamentales que muestran indefectiblemente una voluntad de endurecer el precario régimen democrático existente en el país.

Los enfoques que predominan en el Ejecutivo sobre el empleo de la fuerza pública, los roles de la justicia militar y el tratamiento a los pendientes en materia de judicialización por violaciones a los derechos humanos, tienen actualmente una vía abierta para ser formulados en normas, al decidir el Congreso la delegación de facultades legislativas para estos temas. Aún más, debe remarcarse el hecho de que han empezado a tomar forma opiniones «técnicas» en cuestiones tales como la presencia de menores en grupos armados –considerándolos «blancos legítimos»– o la tipificación de «daño colateral» que, en cristiano, significa que no habría consecuencia judicial si alguna persona tuvo la mala suerte de encontrarse en medio del fuego cruzado entre las fuerzas del orden y grupos subversivos y ser víctima de ello.

Incluso, podemos agregar a todo esto las formas lamentables como el Ejecutivo, seguido por la mayoría de los medios de comunicación, plantearon el marco del debate respecto a la liberación de los condenados por terrorismo y el pago de reparaciones.

El escenario descrito conduce a plantearse una pregunta obvia: ¿A qué necesidad responde esta voluntad expresada nítidamente por el gobierno? Seguramente, a organizar el escenario ante la probabilidad de un aumento sustancial de la conflictividad social generada en torno a las actividades extractivas y la disputa por los recursos naturales.

Para el caso, es posible que un aprendizaje de lo experimentado durante el ciclo de violencia política, haya conducido a los agentes del Estado a apelar nuevamente en versión corregida, aumentada y puesta al día, a las restricciones de los derechos garantizados por la Constitución del Estado. Por ello, no es fortuito que vuelva a levantarse la fantasmal amenaza subversiva, que estaría adoptando ahora la figura de sacerdotes que defienden los derechos de la población nativa, activistas de derechos humanos, opositores a la actividad extractiva salvaje, entre otros.

Además, que todo ello suceda en la fase terminal del actual gobierno, permite sospechar que los alcances de sus decisiones no sólo buscan herramientas para sortear la presión social, sino también para poner marcos acotados al próximo gobierno, fuese quien fuese su conductor, obligándolo a actuar bajo estas cuestionables reglas. En este contexto, la institucionalidad democrática es un bien cada vez menos valorado.

desco Opina / 23 de julio de 2010

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Cazadores de brujas y relaves mineros

Meses atrás se hablaba de «cumplimiento del PAMA o Doe Run se iba del Perú». Se decía que el gobierno debía demandar que las empresas mineras y extractivas acataran los acuerdos pactados, así como ellas exigían seguridad jurídica. Incluso, la Sociedad Peruana de Minería cuestionó a la referida empresa y tomó su distancia. ¿Qué dice hoy la empresa Doe Run?, solicita que se modifique la legislación peruana porque la existente pone en riesgo su estabilidad, toda vez que podría ser severamente cuestionada en los Estados Unidos. ¿Y qué dice el gobierno peruano?

Hace muy pocos días, se informó del terrible daño ambiental causado por el derrame de petróleo en uno de los más importantes ríos de la selva peruana, y la cosa quedó ahí. No tenemos noticias de acción alguna por parte del gobierno y sus autoridades respectivas. ¿No se oye padre? Sin embargo, sí se ha pronunciado por la tremenda bulla que arman «los desestabilizadores del sistema y los enemigos de la democracia» (léase, los defensores de los recursos naturales y la población nativa de la amazonía peruana).

Los desperfectos en los depósitos de relave de la minera Caudalosa Chica que colapsó y vertió restos de plomo y zinc, el 26 de junio pasado sobre tres ríos de Huancavelica, fueron detectados en el año 2009 por OSINERGMIN, pero este organismo no realizó un seguimiento exhaustivo de la mejora de estas deficiencias. 50 toneladas de desechos tóxicos recorren hoy el río Escalera y no se oyen los reclamos de «agitadores y resentidos». Tal vez tengan razón en la connotación «resentidos», nos preguntamos si algún lirqueño no tendría razones fundadas para ello, con tanta basura vertida sobre sus dos más importantes fuentes de vida: los ríos Opa y Sicra. Hace treinta años que el río Opa está contaminado y la población de Angaraes ha tenido que gritar muy fuerte para que las intenciones de contaminar el río Sicra, aguas arriba, sean por lo menos detenidas.

Expresiones como «agitador», «perro del hortelano», «enemigo del sistema» son poco novedosas en el Perú. Algunas se usaron en su momento para cuestionar a los defensores de los pobres, de los desvalidos, de obreros y campesinos, incluso para identificar a los apristas y a los revolucionarios de Trujillo (que fueron apristas también). Hoy se repiten estos insultos para quienes se preocupan de los temas ambientales y se ocupan de la defensa de los derechos indígenas. Pareciera que para el actual gobierno, defender los derechos de las poblaciones amazónicas y los de todos los hombres y mujeres del Perú a una vida digna y sana, es pues antipatriótico, anti sistémico. Se nos dice hasta el cansancio que el Perú debe propiciar la inversión y se nos recalca que los inversionistas salvarán nuestras hambres; pero nada se dice y menos se actúa, sobre el control ambiental y la reducción del impacto. Hasta hoy nos estamos preguntando los huancavelicanos qué fue de las empresas mineras que han «invertido» en Huancavelica. Tantas inversiones, durante tanto tiempo y solo nos han dejado el triste título de «La región más pobre del Perú».

El gobierno se muestra débil con los inversionistas extractivistas y mineros que no cumplen con los más elementales códigos de ética y, en cambio, se dedica a perseguir a dirigentes indígenas y campesinos, así como a sacerdotes sensibilizados con la pobreza y los temas ambientales. Mientras tanto, los relaves de Huancavelica, el petróleo y otros desechos tóxicos contaminan los ríos ante el estupor ciudadano, y Doe Run se burla de la legislación peruana, sin recibir sanción alguna.

No tenemos noticia, ni siquiera remota, de que exista intención alguna de expulsar del país a quienes destruyen la vida, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Quién vigila este asunto? ¿Qué se quiere tapar con la cacería de brujas?, ¿qué faenón está en ciernes?

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2010
Programa Sierra Centro

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