Necesario cambio de aire en Lima

La población de Villa María del Triunfo respira el aire de menor calidad a nivel metropolitano, según datos brindados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-Senamhi. Similares condiciones viven los vecinos de los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Los principales contaminantes son generados por la combustión de vehículos motorizados y de la mediana y gran industria que se ubica en la zona, lo que se agrava producto del déficit de áreas verdes.

Esta situación trasciende a Lima Sur. Un estudio reciente realizado por el Ministerio de Salud señala que Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho registran altos niveles de contaminación del aire, atribuibles a la actividad de ladrilleras, fundiciones clandestinas y de quema de baterías. Esto indica que no sólo se requieren intervenciones en el sistema de transporte masivo– que además de la racionalización de rutas considera emplear vehículos con emisiones menos nocivas- sino un esfuerzo en el ordenamiento de las actividades industriales contaminantes.

En ese contexto las iniciativas por parte del Gobierno Metropolitano en Lima Sur resultan aún insuficientes, al no trascender el «clásico» edil de la donación de arboles y asistencia para su cuidado o la creación de biohuertos en distritos como Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Punta Hermosa. Las principales interrogantes giran en torno al abastecimiento de agua -que pone en juego la sostenibilidad- y a la escala urbana de la intervención. Por ahora, la propuesta de «verde urbano» de la alcaldesa de Lima tiene la dimensión de una intervención local, más que una de carácter metropolitano. Para dar este salto será crucial plantearse el reto de crear áreas verdes sostenibles asociadas a la generación de espacios públicos, siguiendo la pauta marcada por Villa El Salvador y su «Alameda de la Juventud», que combina el reuso de agua para riego del verde, con equipamiento cívico, de descanso y recreación, aportando en conjunto no sólo una mejora ambiental, sino también de ornato y de calidad de vida urbana.

La gestión ambiental metropolitana tuvo su acierto más importante en la decisión de Susana Villarán de dejar sin efecto las normas emitidas por su antecesor, que pretendía consagrar la ocupación industrial del Valle de Lurín. Si bien esto nos indica la voluntad de su gestión por enfrentar la compleja problemática urbano-ambiental de Lima, creemos que aun hay muchas tareas pendientes. En este sentido, el anuncio de que las lomas costeras de Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín y Balnearios serán declaradas zonas de reserva ambiental requerirá de mucha coordinación entre la administración metropolitana y las distritales. Mucho pulso político y capacidad técnica serán necesarios para revertir una de las más fuertes tendencias de la expansión urbana actual: la ocupación de laderas calificadas por el Instituto Metropolitano de Planificación como «áreas de protección ambiental» y los irregulares cambios de zonificación en extensas áreas del Valle. Al respecto, DESCO publicó recientemente un estudio breve que muestra la expansión descontrolada de «nuevos barrios» en estas zonas y la presión que irresponsables empresas «urbanizadoras» realizan sobre los terrenos del Valle de Lurín, el último «pulmón verde de la ciudad».

desco Opina - Regional / 23 de febrero de 2012
Programa Urbano
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La vida después de «Artemio»

El presidente Ollanta Humala lamentó no haber podido capturar él mismo a Florindo Flores, alias ‘Artemio’, cuando patrullaba la zona del Huallaga en los 90 como oficial del Ejército. Durante esa década, marcada por el autoritarismo fujimorista, el régimen todavía cosechaba los réditos de haber capturado a Abimael Guzmán, máximo líder de Sendero Luminoso y pensamiento guía del grupo. En la práctica, este fue el golpe mortal para la agrupación que, según la CVR, es responsable de más de de la mitad de víctimas fatales de la guerra que le declaró al Estado peruano. ¿Qué significa ahora la captura de Artemio? ¿Tendrá el efecto de fortalecer al gabinete encabezado por Valdés?, y ¿cuáles serán los pasos siguientes del gobierno, aprovechando la mayor aceptación que le traerá la captura?

El arresto de «Artemio» debe entenderse como el retiro de una pieza clave en un engranaje que no funcionaba más bajo la lógica de la consecución de objetivos políticos de SL, sino más bien dentro de la dinámica del movimiento del narcotráfico en el Huallaga. Cabría pensar que, si SL tuviera una lógica de apropiación del territorio (como las FARC) entonces, sin el jefe la zona queda libre y «pacificada». Lamentablemente no es así. Aunque se ha señalado con razón que Artemio proviene de la facción más cercana a Guzmán, el personaje capturado es más un producto derivado del ilícito negocio de las drogas que de una supuesta «mística» senderista de cercar la ciudad desde el campo. Siendo una pieza importante, no deja de ser un engranaje reemplazable para los operadores del narcotráfico que hacen uso instrumental del potencial de amedrentamiento de elementos ‘terroristas’.

En cuanto al fortalecimiento del gobierno, parece claro que la tendencia alcista de la aprobación presidencial recibirá un mayor impulso con este golpe al senderismo, sobre todo en el enrarecido clima de amenaza que se había instalado sobre el país con las pretensiones de inscripción del Movadef. Es de suponer que el efecto positivo se extienda también a una mayor aprobación a la gestión del Primer Ministro, quien ha tenido el cuidado de mantenerse fuera del ojo público en esta coyuntura (acaso más preocupado por Conga).

En lo que sigue, el escenario empieza a nublarse. La zona del Huallaga no está ‘liberada’ y ciertamente no es propicio abandonar los esfuerzos por cortar los circuitos del narcotráfico allí para priorizar otras zonas como el VRAE, donde la tentación podría radicar en seguir al terrorista de turno a medida que vaya apareciendo, por aquí o por allá. Aunque el gobierno ha mostrado cierta cautela, la experiencia demuestra que la administración de los miedos de la población a que regrese el senderismo es una excelente forma de legitimar la presencia militar.

Cabe preguntarse si los militares saldrán del Huallaga y si las acciones contra el narcotráfico quedarán en manos de la policía nacional o cuál es la estrategia para hacer frente al tema, sobre todo con el reciente cambio en la conducción de Devida. Saber qué pasará con la presencia militar es importante a la luz de los temores de hace pocos meses sobre la ‘militarización’ del régimen con Valdés a la cabeza del gabinete. Creemos que, al margen de cierta verticalidad en la toma de decisiones, no se puede hablar realmente de dicha tendencia. Sin embargo, esta importante captura vuelve a poner a las FFAA en primer plano y nos lleva a reflexionar sobre si hemos avanzado o retrocedido en la institucionalidad democrática.

Recordemos el comunicado de 2001 en el que los jefes máximos de las FFAA denuncian el acta de sujeción de los altos mandos al poder omnímodo de Montesinos en 1999. El comunicado habla del respeto a los derechos humanos, orden constitucional y se respalda la conformación de la CVR, un lenguaje que algunos medios interesados se desgañitan en tildar de ‘caviar’. ¿Hemos avanzado respecto de 2001 respecto del rol que queremos que jueguen las FFAA en nuestro país? ¿Utilizará Humala la mayor autonomía que ganará con su mayor aprobación en las encuestas para avanzar en reformas en pro de la institucionalidad política del país?

desco Opina / 17 de febrero de 2012
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Cuando llueve, todos se mojan

Si algo pareciera no faltar durante esta temporada de verano en nuestro país es agua. De hecho, las lluvias, desbordes y deslizamientos han ocasionado graves daños a la infraestructura de transporte y riego, a tierras agrícolas y en las viviendas de miles de personas en la sierra y en la costa, llegándose a declarar regiones enteras en estado de emergencia, como en el caso de Huancavelica. ¿Socava esto la causa de quienes estamos preocupados por una futura escasez del recursos hídrico? Lo fundamental es entender, de una buena vez, que el agua es un recurso vulnerable, aunque caiga del cielo.

Para no desperdiciar una gota del agua de los deshielos –que con el calentamiento global generarán una previsible sensación de abundancia por un tiempo hasta que se acaben definitivamente– y también de las lluvias, la idea es desarrollar alternativas y prácticas de siembra y cosecha del agua, rescatando tecnologías ancestrales como los waru waru diseñadas para zonas de inundación, los andenes para laderas y las amunas para zonas con poca lluvia. Por ejemplo, las amunas captan, a más de 4500 metros de altura, el agua de lluvia para luego derivarla por acequias y «sembrarla» en rocas porosas con alta permeabilidad; meses después, será posible cosecharla 1500 metros más abajo, mediante manantiales, puquios o quebradas. La siembra y cosecha del agua en las cabeceras de cuencas o subcuencas se torna muy importante por la ubicación estratégica de los glaciares, acuíferos y lagunas que dan origen a los manantes, bofedales y ríos. Precisamente en las partes altas de cabecera de cuenca se encuentran múltiples comunidades alpaqueras, que han comprendido la necesidad de tomar acciones como construir y ampliar espejos de agua (de manera artesanal) en praderas naturales de comunidades campesinas, construir microrrepresas, zanjas de infiltración y también contemplar la forestación y reforestación en zonas altas.

¿Por qué tanto esfuerzo? Estas prácticas, tienen mucho menos de romantización del pasado que de la ineludible necesidad de establecer una relación más racional con el medio ambiente que reduzca el estrés al que la sometemos hoy, por ignorar las peculiares características de nuestros territorios y su topografía.

Lamentablemente, quien emprende estas acciones pocas veces es el Estado o los gobiernos regionales o locales, dejándole la responsabilidad a las comunidades campesinas como las de los alpaqueros con los que desco tiene una larga experiencia de trabajo. Lo que saben los alpaqueros, pero parecen ignorar otras instancias del Estado, es que no se trata de un problema privado, sino que una degradación de la cuenca alta repercutirá en su capacidad de captación de agua, incluyendo su capacidad para captar las abundantes lluvias que hoy parecen mortales diluvios. Esto tendrá un efecto a todo lo largo de la cuenca de los ríos, en las partes altas y bajas por igual.

Este es uno de los puntos que está poniendo en agenda la Marcha del agua, que ha llegado a Lima después de un largo recorrido por varias regiones del país para entrevistarse con ministros como el titular del MINAM, Manuel Pulgar-Vidal. Pese a una reacción contradictoria de algunos miembros del partido de gobierno, también se reunirán con el presidente del Congreso en una saludable actitud que, al menos en este caso, parece proclive al diálogo y la tolerancia.

El objetivo es presentar una propuesta de Ley que, en parte, le recuerda a las instancias responsables como la Autoridad Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca, la necesidad de ejercer una función más firme en la defensa del recurso, sobre todo en las partes de cuenca alta, donde estamos ante sistemas ecológicos altamente vulnerables.

Esto tiene que ver claramente con la acción de industrias como la minería en las zonas altas de la sierra del Perú y lleva a preguntarse si estamos obteniendo una adecuada relación costo / beneficio a causa de su operación.

Sin duda en la organización de la Marcha confluyen posturas que van desde la defensa a ultranza del medio ambiente como otras más moderadas que claman por mayor aporte monetario de las industrias extractivas. No obstante, la marcha y el foro del agua serán un espacio muy valioso para debatir sobre el tema y acordar una posición que bien podría estar ya representada en la propuesta de Ley.

desco Opina / 10 de febrero de 2012
Programa Sierra Centro
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La Teatralización de la Gran Transformación

Teniendo en cuenta los actuales niveles de aprobación de los que goza el gobierno, se puede afirmar que la crisis del gabinete Lerner fue superada sin mayores costos políticos. Sin embargo, la opción del presidente -y su nuevo premier- por profundizar los gestos de distanciamiento respecto al programa de la Gran Transformación podría estar cultivando futuras tempestades.

Denominar “teatralización” a los testimonios de la violencia expuestos por la Comisión de la Verdad no es sólo una afirmación grotesca del premier Valdés: muestra la persistencia en el poder del corporativismo de las fuerzas armadas, alejándose de las promesas de cambio respecto a la agenda de justicia y reparación y mostrando un temperamento más bien cercano a personajes como Giampietri y otros militares que, antes, desde altas esferas del Estado han intentado desmerecer el Informe de la CVR y las recomendaciones que ésta hiciera al país.

Por la misma ruta de las calificaciones destempladas le siguió el presidente Humala, que comparó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con el dictador camboyano Pol Pot. El infeliz símil propuesto por el Presidente es parte de un discurso con que el que busca formarse una imagen garantista para la inversión, dirigido a los empresarios con los que conversó en España y Suiza, antes que al consumo interno, harto acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

El gobierno parece decidido a no transcender el simple expediente de administrar el crecimiento económico, aunque para esto se sienta obligado a guardar en el clóset los argumentos de cambio esgrimidos durante la campaña electoral. Siguiendo al premier Valdés, la gran transformación “no va”, porque se contrapone a un Estado eficiente, ágil y pragmático. La agenda propia queda para mejores días mientras vemos cómo Humala y sus colaboradores actuales asume paulatina -¿momentáneamente?- la que sostienen quienes realmente detentan el poder en el país y que fueron derrotados en los comicios de junio.

Si algo positivo ha tenido para la izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner en el centro del debate. De alguna manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe ocupar. Al respecto, en los próximos meses son muchos los espacios que se proyectan decisivos para que una acción política de izquierda tome forma más allá de los cálculos de entrada y salida de los círculos próximos a Humala. En principio, la oportunidad para que el debate sobre el modelo extractivista y su relación con el desarrollo pueda procesarse a escala nacional la está dando la pugna por Conga.

El anuncio del Ministro de Economía de que el peritaje al controvertido proyecto minero no incluye al Estudio de Impacto Ambiental pone un poco más de combustible al mechero de la “Marcha por el Agua”, la que, según indica la prensa, traerá a más de mil comuneros cajamarquinos hasta la capital. Si tomamos en cuenta que también está pendiente de definición el contenido del Reglamento de la Consulta Previa, vemos que las pulsiones que animaban al electorado de “la Gran Transformación” siguen vigentes, aún a despecho de la orientación actual de Humala. En este campo, la izquierda peruana tiene aún una oportunidad para ponerse al día, sin ceder a la presión de convertirse al credo del mercado. La pregunta es si diezmada y dispersa como se encuentra ahora, marchará o no al encuentro de esa oportunidad.

desco Opina / 03 de febrero de 2012

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Revocatoria ¿uso y abuso de un derecho?

El inicio del 2012 nos vuelve a traer a la realidad sobre nuestra débil democracia. En menos de 24 horas del primer día útil del año, el Jurado Nacional de Elecciones vendió 253 Kits para la revocatoria de autoridades regionales y municipales. La prensa nacional ha resaltado el caso de la alcaldesa de Lima, el número de grupos que buscan su revocatoria y la aparente rapidez para el llenado de planillones. Sin embargo, al interior del país la situación hace evidente que grupos opuestos entre sí generan enfrentamientos para revocar a sus autoridades porque cada uno de ellos busca liderar los procesos.

Aunque parezca curioso, la Ley 26300 «Ley de los derechos de participación y control ciudadano», aprobada durante el gobierno fujimorista con el supuesto objetivo de frenar la corrupción y la incapacidad de los alcaldes, otorga la prerrogativa de revocatoria de autoridades y no establece criterios de sustento para las solicitudes presentadas. Posiblemente porque en ese entonces, lo que se buscaba en el fondo era contar con herramientas legales para impedir el crecimiento de liderazgos de las autoridades electas que no eran afines al gobierno.

En la actualidad, salvo justificadas excepciones, los ciudadanos no muestran causales válidas para iniciar estos procesos. Por esta razón creemos que las viejas costumbres de incomodar la gestión de quien no es del agrado de algún sector social, político o económico siguen vigentes, aunque con nuevos rostros. En el caso del centro del país, hay solicitudes de revocatoria para casi todas las regiones y municipalidades provinciales y distritales, habiéndose comprado kits para la revocatoria de los presidentes regionales de Junín, Huancavelica y Pasco.

Como si estos procesos dieran la oportunidad de convertir a sus promotores en salvadores de honras públicas y, al mismo tiempo, de nuestra endeble democracia, lo cierto es que a nivel distrital los temas de revocatoria muchas veces obedecen a disputas personales. Entre los argumentos que se enarbolan públicamente se colocan asuntos de índole personal por encima de los temas de gestión. Por ejemplo, a un alcalde se le enrostra en las calles de su distrito su incapacidad moral por mantener relaciones clandestinas con su secretaria siendo evangélico y casado, y se dejan pasar a segundo plano las denuncias por peculado y malos manejos que ya se encuentran en proceso de judicialización, como si lo primero fuese lo más grave e incidiese de manera directa en sus funciones ediles. A otro alcalde se le acusa de abuso de autoridad por ordenar el cierre de un mini cine y atentar contra la libre empresa, lo que no se dice es que en este local se vendía licor y se transmitían videos pornográficos a menores de edad.

Podemos estar de acuerdo o en contra de estas inciativas, de sus promotores o de las causales que argumentan, pero no podemos tildar los procesos de revocatoria de antidemocráticos, ya que sólo se está haciendo uso de la democracia directa. En las siete últimas consultas populares de revocatoria a nivel nacional se solicitó la revocatoria de 3,367 autoridades municipales (740 alcaldes y 2,627 regidores), resultando revocadas 1,057 (31.3 %): 210 alcaldes y 847 regidores. Lo que queremos poner en cuestión son los costos políticos, sociales y económicos para los territorios. Las reacciones de quienes se sienten amenazados son diversas, hay incluso, quienes minimizan las posibilidades de lograr las metas de firmas requeridas. Pero también están los que reaccionan de manera iracunda y violenta, o que azuzan a sus seguidores a iniciar persecuciones y amenazas contra la integridad de las personas. Lo cierto es que un alto porcentaje no logrará sus propósitos (los antecedentes así lo confirman), pero las fracturas sociales tardarán en curarse.

En algunos casos, las metas de firmas de adherentes que aparentemente son imposibles de lograr, no lo son tanto; todo depende de la estrategia y del discurso, y cuando las razones son válidas, no hay objeción. Pero cuando las motivaciones obedecen a caprichosas interpretaciones personales, ¿cuánto le cuesta al país estos apetitos y venganzas? ¿No sería preferible acelerar los mecanismos de denuncia e investigación de irregularidades funcionales para garantizar sentencias rápidas para la remoción de autoridades de manera ágil y efectiva? En cualquier caso, las paredes de las ciudades y carreteras del interior ya están siendo pintarrajeadas a favor y en contra de unos y otros, lo que nos recuerda que nuestra democracia no descansa de escuchar denuncias y vilipendios, y los ciudadanos tampoco nos libramos de escucharlos, aunque los argumentos de todos nos digan más de lo mismo.

desco Opina / 27 de enero de 2012
Programa Selva Central
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Política chica en cancha grande

Los cambios en el gabinete han sido leídos y analizados como parte de una disputa entre izquierda y derecha, una competencia por ganar terreno en la orientación del gobierno. A pesar que esta disputa se presenta como un asunto ideológico, podemos leerla también como una pelea por el control de sectores del aparato estatal, en la medida en que la derecha no está dispuesta a ceder ningún espacio y sólo parece flexible frente a la tecnocracia social. Si bien por el momento el péndulo se mantiene inclinado hacia la derecha, los avatares de un eventual remezón debido a la crisis internacional podrían provocar un giro populista, cuya principal consecuencia podría ser alterar la ahora armónica relación entre la derecha –siempre recelosa– y el presidente Humala.

Por ahora, sin embargo, el gobierno empezó el año afirmándose en el pragmatismo expresado en el discurso del premier Valdés, que no hizo sino profundizar la frustración de los partidarios de la «Gran Transformación». Esta línea ha impactado fuertemente entre los cuadros oficialistas y ex colaboradores. Para muestra están las severas críticas de Ricardo Soberón respecto al rumbo de la política antidrogas con su salida de DEVIDA y las versiones paralelas que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y su predecesor Ricardo Giesecke dan sobre la existencia del Informe Conga.

En este escenario, la virtual alianza de oposición parlamentaria –conformada por el fujimorismo, el APRA y los pasajeros de PPK– ha tenido en el caso Chehade el mayor instrumento de ataque al oficialismo. Si bien se trata de un capítulo más en el ataque focalizado que la derecha puso en marcha sobre los cuadros que resultaban más problemáticos para su proyecto de continuidad, lo cierto es que lo de Chehade va más allá. Perdido ya el principal activo en su perfil «moralizador», el oficialismo profundizó el traspié al consentir una maniobra que salvó a Chehade del desafuero, rifando su credibilidad y restando para cualquier iniciativa anticorrupción futura, empezando por la comisión que debe investigar el gobierno de Alan García.

Por otro lado, con el intento de inscripción del MOVADEF, el año también empezó volviéndonos el rostro hacia el lado oscuro de la política. Nuestra democracia enfrenta el reto de aceptar como parte del juego a una organización que propugna la «amnistía para civiles, policías y militares de la guerra interna» y la libertad para Abimael Guzmán. Sin lugar a ninguna duda, las banderas del MOVADEF representan un retroceso en la inconclusa batalla que el país ha librado en materia de derechos humanos y justicia tras las décadas de muerte y sectarismo que el PCP-SL impuso a los peruanos y peruanas, imposición llevada al límite con su irresponsable tesis sobre “inducir genocidio” con la que se convirtieron en los principales cómplices de la represión criminal que las fuerzas armadas llevaron al campo, a las universidades, a los barrios. Reducir el asunto del MOVADEF a su inscripción como partido es apenas un consuelo para quienes creen que la política se ordena en un «sistema» custodiado por los organismos electorales. Cualquier medida en ese campo será intrascendente en tanto los partidos democráticos, especialmente los de izquierda, no confronten con las armas de la democracia a los seguidores del «Pensamiento Gonzalo», que tienen presencia política en barrios y academias preuniversitarias y tienen decenas de importantes cuadros próximos a terminar el plazo de su condena.

Enlace de interés ¿Qué hacemos con MOVADEF?
http://www.elmorsa.pe/2012/01/20/que-hacemos-con-movadef/


desco Opina / 20 de enero de 2012
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Los ases del Sur

Con el cambio de gabinete ministerial, todos los cargos de confianza de las diferentes instituciones que componen el Gobierno Nacional fueron puestos a disposición del Ejecutivo. Es así que uno de los cargos clave para la promoción de descentralización del país quedó en suspenso tras la renuncia de Manuel Dammert a la Secretaría de Descentralización del Consejo de Ministros en la segunda quincena de diciembre.

Luego de un breve periodo de transición, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Oscar Valdés Dancuart, a fin de año toma la decisión de convocar a un viejo amigo para este puesto: el arequipeño Alberto Muñoz Najar. Él ocupó, como Valdés Dancuart, la Secretaría Técnica de la Macro Región Sur, una dependencia propuesta desde las Cámaras de Comercio del sur que gestó la Macro Región. Su trabajo consistió básicamente en la concertación con distintos actores políticos y empresariales del sur para la construcción de esta gran región, que finalmente no fraguó por diferentes intereses políticos de algunas de las autoridades convocadas, el boicot del poder central del fujimorismo y el resultado negativo del referéndum. Pese a este resultado la experiencia previa de Muñoz Najar es una credencial interesante para las tareas que le ha encomendado la PCM: implementar la política de descentralización y regionalización del Gobierno articulando y concertando con los gobiernos regionales y locales de todo el Perú.

Manuel Dammert y su equipo han dejado preparado el terreno para Alberto Muñoz Najar. Trabajaron en la conformación de cuatro juntas de coordinación interregionales y elaboraron la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012 - 2016.

La última junta en conformarse fue la Junta de Coordinación Interregional Macro Sur, que creemos viene con buena estrella tras esta designación. Esta junta ha priorizado trabajar en dos temas: inclusión social y articulación. En el Plan Nacional de Descentralización se han incluido los proyectos consensuados por la junta como son: a) corredor vial turístico productivo, b) gasoducto y petroquímica, c) proyecto integral de camélidos sudamericanos, d) plataforma logística del sur, e) programa de afianzamiento de cuencas, f) programa minería con valor agregado, g) programa de implementación de energías renovables, h) megapuerto sur, i) programa de saneamiento básico y, j) red ferroviaria del sur. La meta es desarrollarlos en los próximos cuatro años.

De todo este abanico, la construcción del gaseoducto y la petroquímica es el que ha recibido un compromiso formal del gobierno. Para sacar adelante los otros contamos con el apoyo de otro hombre del sur: Mauricio Chabaneix Belling, desde este año el nuevo jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Chabaneix, también cercano a la extinta Secretaría Técnica de la Macro Región Sur.

Ciertamente, dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y que las autoridades del sur dejen sus egos en casa y trabajen en conjunto, para avanzar en la conformación de esta gran región; pero contar por primera vez con dos personas tan cercanas en el Ejecutivo, que vieron nacer e impulsaron este proyecto, se presenta como una gran oportunidad. Las reiteradas derrotas de los proyectos descentralistas han obedecido a la capacidad de resistencia de una estructura de poder centralista. Queda planteado el reto que tienen por delante las actuales autoridades y líderes regionales.

desco Opina / 13 de enero de 2012
Programa Regional Sur
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