Retorno a clases poco seguro

Lamentablemente, estos dos últimos años de pandemia no sólo se ha visto afectada la situación de salud sino también, y en gran medida, el servicio de educación, que se vio suspendido al inicio de la pandemia y posteriormente se redujo sustantivamente a la plataforma de Aprendo en Casa, donde la principal dificultad fue la escasa conectividad y el acceso a los medios que permitían llegar a ella, especialmente en las comunidades rurales, agravándose aún más las brechas en educación.

En Huancavelica, por ejemplo, la pérdida de aprendizajes fue devastadora. En diciembre último, la Dirección Regional de Educación aplicó una evaluación en su territorio a 4310 estudiantes de secundaria; sólo el 14% de estudiantes evaluados lograron resultados satisfactorios, un 30% se encontraba en proceso de lograr los aprendizajes requeridos y 55% estaba apenas en la etapa inicial. A pesar de los esfuerzos realizados con los programas de la plataforma citada o los materiales impresos, no se ha podido evitar que la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes se vea afectada, disminuyendo su competencia para comprender diversos tipos de textos.

En este escenario y dadas las limitaciones que existen en el acceso a los medios de comunicación en gran parte de las comunidades de Huancavelica, lo que dificulta llegar al Programa Aprendo en Casa, se suma una razón más por la que muchos estudiantes, padres y madres de familia desean volver a lo presencial. ¿El servicio educativo público está preparado para volver a lo presencial? Lamentablemente, la respuesta es no; en Huancavelica la mayoría de instituciones educativas no se encuentran preparadas, tal como lo indicó la Defensoría del Pueblo basándose en una reciente supervisión donde se inspeccionó instituciones educativas del casco urbano con miras al reinicio de clases, encontrando falencias en las condiciones de bioseguridad; por ejemplo, la mayoría de planteles inspeccionados no cuenta con los kits de comunicación para la prevención del COVID-19, tampoco disponen de mascarillas, hay algunos donde no se compraron kits de higiene y otros carecen de una adecuada ventilación por tener ventanas selladas. Más preocupante aún es que pese a estas necesidades más de la mitad de planteles tampoco ha retirado el dinero para los requerimientos de mantenimiento.

La cobertura de vacunación contra la COVID-19 tampoco es alentadora y es realmente preocupante, porque niños, niñas y adolescentes, si vuelven a clases no estarán debidamente protegidos. Según reporte del Minsa al 3 de marzo del 2022, Huancavelica presenta avances mínimos en la vacunación del grupo de edad de 5 a 17 años, es decir, en la población escolar. La cobertura de la segunda dosis en población de 5 a 11 años es de 6.97% y de 12 a 17 años, 55.85%. Existe una marcada brecha de vacunación que incrementa el riesgo del contagio en este grupo etario. El principal factor que explica esta situación es el rechazo de la población a la vacuna por creencias religiosas.

Como es obvio aún hay mucho por hacer en Huancavelica y hay retraso. Recién se conformó la Comisión Regional Multisectorial para el “Buen Retorno del Año Escolar 2022” –conformada por las Direcciones Regionales de Educación, Transportes, Salud, Trabajo, Agricultura, Defensa Civil, Cultura, Prefectura, Midis, Policía, Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Inabif, Qali Warma, Unicef y otras instituciones públicas y privadas–, el pasado 18 de febrero. Según el Director Regional de Educación, Julio César Sáez Requena, “…las nuevas competencias educativas no son exclusividad del sector Educación, sino que son resultado de la fuerza y la unión de todas las instituciones del Estado porque la educación es tarea de todos”.

Dicha comisión se encargará de promover el retorno seguro a clases 2022 en la región Huancavelica, haciendo el seguimiento y evaluando las condiciones que garanticen el retorno a clases, previendo los riesgos de contagio de COVID-19. Se trata de una carrera contra el tiempo considerando que las clases se iniciarán el 14 de marzo.

Esperemos que esta comisión recoja la información necesaria para la toma de decisiones oportunas pensando en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, como primer paso para avanzar en revertir los índices de aprendizaje y demostrar en la próxima evaluación regional los logros en la recuperación de los aprendizajes perdidos.

 

desco Opina – Regional / 4 de marzo del 2022

descocentro – UOT Huancavelica

 

Mujer, pieza clave para el desarrollo rural

 

El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.

Para la disminución de la desnutrición crónica infantil se debe educar en alimentación saludable y orientar en adecuadas prácticas de crianza. La madre tiene un rol fundamental en la lucha contra la desnutrición infantil, porque es ella –en la mayoría de casos– quien se encarga de alimentar y/o cuidar a su hijo o hija. Adicionalmente, la mujer cumple una función trascendental en la producción agrícola. “Uno de cada tres productores agrarios en nuestro país es una dama, y dentro de todos los hogares agropecuarios las mujeres cumplen un rol central en el trabajo productivo y en la alimentación y sustento de las familias”; aseveró el presidente Pedro Castillo, al anunciar la creación del fondo para la mujer rural.

Más de medio millón de mujeres desempeñan actividades agropecuarias y representan un cuarto de la Población Económicamente Activa (PEA), según los resultados del último censo nacional de población. En tal sentido, es necesaria la participación de la mujer en la segunda Reforma Agraria que busca mejorar los servicios a productoras y productores de la agricultura familiar para elevar su calidad de vida. En el marco de esta reforma, el Estado tiene previsto impulsar un fondo para la mujer rural que permitirá mejorar las capacidades a más de 700 000 productoras agropecuarias en el país.

Otra de las metas del Sector para el año entrante es la creación de un Fondo Nacional de la Mujer Emprendedora Agraria, así como la capacitación de mujeres y líderes agrarias de las comunidades campesinas y nativas en desarrollo agrario, como parte del fortalecimiento de la agricultura familiar.

Seguramente, las mujeres rurales encuentran esperanzadoras las alternativas planteadas en esta reforma para su crecimiento personal y el fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, se espera que en el plan de acción se considere las voces de estas mujeres, a fin de que sea participativo y no termine siendo una promesa más sin cumplir. Por eso, esta política de gobierno debe garantizar los mecanismos adecuados para asegurar la representatividad de aquellas. La meta a largo plazo es generar relaciones más equitativas y justas en el campo.

 

desco Opina – Regional / 15 de octubre del 2021

descocentro – UOT Huancavelica

Las cifras de la tolerancia hacia la violencia contra la mujer

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), publicados el pasado mes de julio, nos muestran una realidad marcada por la aceptación del uso de la  violencia en las relaciones dentro de las familias peruanas: el índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58,9% y en el caso de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes este alcanza el 58,5%. Si bien, por la metodología empleada, el índice no puede ser comparado con los cálculos del mismo realizados en el 2013 y 2015 (años en los que el índice fue de 51,8% y 52,1% y, 42,1% y 54,8%, respectivamente), las cifras manifiestan la vigencia del problema.

Más allá de ayudarnos a describir mejor esta dura realidad y ver qué tanto ha cambiado, la data mostrada por la ENARES nos invita a reflexionar sobre la forma usual de comprender el fenómeno de la tolerancia hacia la violencia dentro de las familias y, en consecuencia, a afinar el abordaje del problema desde las políticas públicas. Por ejemplo, vayamos solo al caso de la violencia contra la mujer y veamos los siguientes datos que han sido calificados como contratuitivos en varias presentaciones de los resultados de la encuesta: el 94,4% de la población está de acuerdo con que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley, pero a su vez, el 27,2% considera que si alguna mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece algún tipo de castigo; de la misma forma 33,2% considera que las mujeres infieles deben ser castigadas por la pareja, y el 26% considera que las mujeres deben estar dispuestas a mantener relaciones sexuales cuando sus parejas o esposos lo deseen.

¿Qué podemos inferir de esta aparente contradicción? Lo primero que se nos puede ocurrir es que, al formularse la pregunta de forma directa, las personas hayan respondido «correctamente» para salvar las apariencias. Sin embargo, de ser esto cierto, esta actitud se habría mantenido en las respuestas a las demás preguntas, algo que evidentemente no se dio. Descartada esta primera respuesta, parece más adecuado prestar atención a las formas de justificar la violencia, para notar que esta se da en el marco de una institución social con jerarquía y roles determinados, como lo es la familia, y que la violencia es ejercida como herramienta para corregir a quienes se salen de esos roles establecidos y desestabilizan la jerarquía.

La idoneidad de ver la tolerancia ante la violencia contra las mujeres, desde un enfoque que destaca la influencia de los roles, se sustenta en otro dato resaltante de la encuesta, que muestra que el 52,7% de la población está de acuerdo con que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa y después sus sueños. Por ello, la distinción entre lo que se concibe como la «mujer» y la «mujer en su rol de pareja o esposa y madre» es fundamental para abordar el tema de la violencia. Ser conscientes de esta distinción, no resta gravedad a la problemática de las mujeres, entendiendo que esta no se reduce solo a la violencia doméstica y que, además, existe una fuerte presión social dirigida hacia las mujeres para ser madres y esposas al alcanzar una edad determinada. La distinción solo aporta una mayor precisión en la comprensión del problema.

A nivel de políticas públicas esto podría traducirse en un mayor énfasis en el diseño de estrategias de sensibilización, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, que tengan por objetivo reconfigurar  la concepción de los roles dentro de la familia, lo que comprende la eliminación de las restricciones que impiden el bienestar pleno de las mujeres, el descarte de la violencia como elemento presente en las relaciones intrafamiliares, la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y el establecimiento de las nuevas masculinidades. Precisamente, estos temas han ido incrementando su presencia en las políticas para la lucha contra la violencia, elaboradas por el MIMP en los últimos años, por lo que aún falta mucho por trabajar al respecto y los resultados de la ENARES no hacen más que mostrárnoslos.

 

desco Opina - Regional / 2 de octubre de 2020

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