Desde
el primer momento y superada la sorpresa, a fin de cuentas Jerí, antes de ser
presidente del Congreso, al que llegó como accesitario de Martín Vizcarra, sólo
había adquirido cierta notoriedad por una investigación por un presunto caso de
violación y por la denuncia periodística de un soborno de S/ 150 000 sucedido en
noviembre 2023, cuando lideraba la Comisión de Presupuesto, el nuevo inquilino
de la Plaza de Armas buscó construir una imagen que lo diferencie de su
antecesora, lo que ciertamente no era muy difícil dadas las patéticas
limitaciones de aquella. Reemplazó el silencio y la evasión permanente de
Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y la ciudadanía, por una
apuesta por la conexión con la gente por el tema de la inseguridad y la
delincuencia, en la lógica del espectáculo.
Disfrazado
de Bukele andino, recorrió calles, comisarías y penales, rodeado de policías y
periodistas, haciendo creer desde el momento cero que su respuesta haría
énfasis en la fuerza. Su discurso repitió eficientemente que las guerras se
ganan con acciones antes que, con discursos, buscando empatar con las demandas
de mano dura, que indudablemente impactan en sectores importantes de la
población, afectada directamente por la violencia de la extorsión, el secuestro
y el sicariato. Desde sus redes sociales y con el seguimiento constante de los
grandes medios de comunicación, que se sienten muy cómodos con su estilo de “Indiana
Jones” autoritario, buscó ubicarse en acción constante contra la delincuencia.
A partir
de esa base comunicacional lanzó sus anuncios más significativos. La acción en
los establecimientos penitenciarios, la pomposa creación de una instancia de
coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta
ambulatoria de chips de los celulares, fueron tres de los que generaron alguna
expectativa, enmarcados todos en la declaración del estado de emergencia en
Lima, que más que dirigido contra
la criminalidad y el hampa parecía orientado a controlar las protestas públicas. El
espectáculo como ya estamos acostumbrados, acompañado por los militares en la
calle y la multiplicación de “importantes” y valientes capturas que hace la
policía, para que no se noten las restricciones y las malas caras frente a las
protestas por los distintos malestares de la gente.
A
treinta días de su gobierno encontramos una situación sorprendente. La última
encuesta de opinión pública (circuló el 10 de noviembre) le asigna 55.9 % de aprobación
y una desaprobación nacional de 27.2 %; la misma mostró que 52.2 % de sus
encuestados estuvo de acuerdo con el voto de confianza al gabinete de Álvarez
Miranda, aunque
también ¿contradictoriamente? mostró que 65.6 % apoyaba las movilizaciones de
protesta, evidenciando que sectores significativos de la gente
mantienen una distancia crítica del poder político y muestran que no se puede confundir
la calma “chicha” con una aceptación del gobierno Jerí.
A fin
de cuentas, si uno mira los números por debajo del show y la sonrisa, encuentra los temblores. De acuerdo al analista
de datos, Juan Carbajal, frecuentemente citado por diversos medios de
comunicación, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se produjeron 157 homicidios (68 en Lima, 22 en La Libertad), vale
decir más de 5 al día, con registros constantes que mantienen la alerta en diversas
regiones; en el país se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20
minutos y según cifras del Observatorio de Criminalidad del
Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre
de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el
Callao, sin que hayan disminuido
en la gestión Jerí. Con el tema de los chips no pasó nada y apenas días atrás,
el suspendido presidente de OSIPTEL denuncia que la institución está capturada por
intereses empresariales que están detrás y que permiten la venta ambulatoria de
chips. Y las capturas
de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen acompañadas por escándalos recurrentes
como la denuncia de la falta de transparencia y el beneficio para una empresa
americana, en la compra de pistolas para esta institución, por más de 31
millones de dólares.
Todo, en medio del entusiasmo del
Congreso presidido por otro accesitario –también “encargado” quien inicialmente
aseguró que dejaría de inmediato el puesto heredado–, interesado en terminar
con su agenda, continuar asegurando su impunidad, intentar asegurar su
reelección, bloquear cualquier posibilidad de revertir las leyes procrimen, que
contaron con el voto del congresista Jerí, así como proseguir acelerando incrementos salariales y
pensiones que podrían costar más de 21 000 millones de soles al erario
nacional, según un informe de La
República.
En este escenario tortuoso, en donde desde el Congreso, pero
también desde el Ejecutivo que inicia sus giras por el país buscando
construirse capital político para el 2031, se quiere la continuidad de una
alianza depredadora como la que nos gobierna, cabe preguntarse si los
sectores democráticos, la calle y los partidos que así se dicen, serán capaces
de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea–
se proponga gobernar y no privatizar y terminar de liquidar el Estado.
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