Uno de los factores más
profundamente enraizado de la crisis del sistema internacional contemporáneo
es, sin lugar a duda, la brecha evidente entre los compromisos normativos que
los Estados asumen y su implementación real,
sostenida y coherente en sus jurisdicciones, luego de ochenta años de haberse
constituido la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esto ha provocado la
significativa deslegitimación del derecho internacional, debilitando la
capacidad de las normas internacionales para proteger a los más vulnerables y
resolver conflictos de manera pacífica y cooperativa. También ha normalizado la
impunidad, ante la falta de mecanismos vinculantes o sanciones efectivas,
cuando los Estados incumplen sistemáticamente sus obligaciones sin
consecuencias reales.
De igual manera, se ha
generado lo que empieza a denominarse como “crisis de coherencia entre discurso
y práctica”, cuando muchos gobiernos utilizan el lenguaje de los derechos como
legitimación externa, mientras internamente promueven leyes, políticas o
prácticas que los contradicen.
El resultado descrito es
especialmente grave en temas como infancia, género, migración o cambio climático,
donde los impactos son acumulativos y estructurales. Por ejemplo, en el caso de
la infancia, esto se traduce en sistemas de protección fragmentados, sin
presupuesto, sin participación infantil y con alta tolerancia a la violencia
estructural.
En esa línea, el Estado
peruano debe estar entre los que exhiben el comportamiento más cínico e
hipócrita en el concierto internacional. Entre sus numerosos compromisos, nuestro
país firmó en noviembre de 1989 la Convención sobre los
Derechos del Niño,
ratificándola en 1990; sin embargo, actualmente más de 10 millones de niñas y niños
peruanos siguen enfrentando vulneraciones sistemáticas a sus derechos:
desnutrición, violencia, exclusión educativa, y falta de participación.
Según el Comité de los Derechos
del Niño de la ONU,
más de 360 000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que
limita su desarrollo y perpetúa la pobreza. Más de 60 000 casos de violencia
infantil fueron registrados solo en el primer semestre de 2024. La desnutrición
infantil aumentó en un 12.2 % durante el mismo periodo, afectando gravemente el
derecho a la salud y al desarrollo. De igual manera, el Comité cuestiona que
el Congreso haya aprobado leyes que vulneran derechos de menores, sin que el Ejecutivo
las observe.
Al ratificar la
Convención, Perú se obligó normativamente a reconocer a los niños como sujetos
de derechos, no solo como receptores de protección; garantizar el cumplimiento
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos
los menores de 18 años; adecuar su legislación nacional para cumplir con los
principios de la Convención; y rendir informes periódicos ante el Comité de los
Derechos del Niño de la ONU sobre avances y desafíos.
Si bien con el transcurso
del tiempo se crearon dependencias como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF),
y se formularon el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA
2012-2021 y la Política Nacional
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; persisten graves
vulneraciones estructurales, especialmente en zonas rurales, indígenas y
urbanas empobrecidas.
Este grupo etario
representa más de una cuarta parte
del país,
lo que implica una enorme responsabilidad estatal y social en garantizar sus
derechos. Sin embargo, en Perú los niños, niñas y adolescentes (NNA) son el
grupo más afectado en el ejercicio de sus derechos, especialmente en educación,
salud, protección contra la violencia y participación ciudadana.
Además, la situación ya
precaria de los NNA peruanos, se agrava por circunstancias estructurales como
la desigualdad territorial, en tanto los que habitan en zonas rurales, andinas
y amazónicas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos.
Sumado a ello, está la alta incidencia de la violencia de género y sexual,
condicionando en gran medida que las niñas adolescentes sean especialmente
vulnerables a embarazos forzados, abuso y abandono escolar.
Asimismo, pese a que la
Convención precisa que la ciudadanización del NNA pasa por los decisivos incentivos
que deben darse a la participación, los NNA en Perú no son consultados ni
considerados en decisiones que afectan sus vidas, desde las políticas locales
hasta las dinámicas familiares. También hay que referirse a los impactos
negativos producidos por la crisis climática y el extractivismo: la
contaminación, el desplazamiento y el trabajo infantil en zonas mineras afectan
gravemente a la infancia.
A todo ello se suman
las alarmantes cifras que alcanza las desapariciones de menores. En Perú, más de 8000 menores
desaparecieron entre enero y octubre de 2024, y más del 80 % de los casos
afectan a niñas y adolescentes mujeres. Solo el 48 % fueron encontrados y muchas de
estas desapariciones están vinculadas a redes de trata de personas. Las regiones con más
casos incluyen Lima (109), Cusco (28), Lambayeque (27), Arequipa (24), Huánuco
(22) y Junín (21).
Empezar a revertir esta
situación implica dar varias vueltas de tuerca tanto en el diseño como en la
gestión de las políticas públicas, especialmente de las actividades
participativas, que reconozcan a los niños como sujetos de derechos y agentes
de cambio; también supone crear guías territoriales que visibilicen las
vulneraciones específicas en zonas rurales y urbano-marginales.
Pero, sobre todo, debe implementarse
realmente un verdadero Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de derechos,
género y territorio, como propone UNICEF, dejando de lado la
versión desdibujada que tenemos actualmente. Allí es donde deben articularse
servicios de salud, educación, protección y participación en torno a la
infancia, que permitan, finalmente, reconocer el cuidado como derecho y responsabilidad
colectiva, no solo como tarea familiar o femenina.
desco Opina / 21 de noviembre de 2025
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