Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025