“La revolución del sentido común”

 

Durante la campaña presidencial estadounidense, muchos nos tirábamos de los pelos por las consecuencias que traería para el continente y el mundo una eventual victoria de Trump, considerando los antecedentes de su primer gobierno, el fanatismo de sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio bajo el grito de fraude, y la radicalización de la derecha a nivel mundial, esa que enarbola un extraño concepto de libertad.

Durante estos primeros días en el gobierno, los miedos se han ido haciendo realidad. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común… aseveró Trump durante su asunción, quien además anunció un conjunto de medidas con gran impacto en varios sectores.

Dijo que acabaría con el Nuevo Pacto Global y días después su gobierno retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, aquel diseñado para frenar el calentamiento global, ese que acelera el cambio climático y que Trump niega. Pareciera que la “libertad” de sus industrias es más importante que conseguir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial. Sin duda una bofetada a la ONU y a su iniciativa de designar al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. No vamos a ahondar sobre las consecuencias de esta medida, pero sí a precisar que América Latina es la segunda región más propensa a desastres a nivel mundial y que el 83% de éstos son de origen climático. Perú es uno de los países con alto riesgo en esta materia.

Hemos visto en los noticieros los primeros aviones llenos de migrantes, quienes vienen siendo tratados como delincuentes, con grilletes en manos y pies, escoltados en aviones militares de regreso a sus países de origen. Este hecho no fue aceptado por el presidente colombiano Petro, el segundo presidente en la región que levantó la voz después de Sheinbaum, presidenta mexicana, ante la bravata de Trump. Después de un cruce de palabras y amenazas arancelarias, el presidente de EE.UU. tuvo que aceptar enviar a los inmigrantes colombianos respetando formas humanitarias, y Petro tuvo que aceptar recibir a los migrantes expulsados. Lo que seguro no esperaba el “salvado por Dios para hacer América más grande”, es que las empresas de su país comenzaran a reportar pérdidas económicas por la paralización de sus actividades, pues la mano de obra migrante dejó de asistir al trabajo por miedo a las nuevas políticas de deportación.

La Cancillería peruana ha señalado que los ciudadanos que sean deportados van a tener todas las facilidades que se necesiten para su reinserción en el país, remarcando que potenciarían los servicios de asesoría legal. Todavía no hay un anuncio oficial sobre un programa estatal para los migrantes retornantes, como el anunciado por Claudia Sheinbaum en su país. La resaca del viaje a Davos parece no dejar pensar con claridad a nuestra mandataria, preocupada más por sus líos domésticos que por lo que significa este forzado retorno de nuestros connacionales. Aún no cae en cuenta cómo se verán afectadas las partidas de remesas del exterior, que alcanzaron un máximo histórico de US $1240,93 millones en el segundo trimestre de 2024, según el Banco Central de Reserva del Perú, siendo Estados Unidos su principal origen.

Otra de las medidas que nos afectan es la suspensión por 90 días de la cooperación del gobierno de EE.UU., un importante convenio con el Perú con cuatro objetivos bien claros: expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca; incrementar la integridad pública para reducir la corrupción; fortalecer el manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales para expandir beneficios económicos y sociales; y alcanzar la mayor integración económica de los migrantes y refugiados venezolanos. Contra lo que muchos piensan, el dinero de la cooperación de USAID para cumplir estos objetivos, representa un porcentaje mucho mayor para el gobierno peruano (en todos sus niveles), que para las ONG peruanas. Para el periodo 2023-2024 los Gobiernos de Perú y Estados Unidos de América acordaron un incremento de US $92 millones, lo que representó para el Perú US $202.9 millones para proyectos en esos dos años. De allí se entiende el comunicado de preocupación publicado por Cancillería sobre esta decisión.

Es seguro, en base a las nuevas políticas de la segunda era Trump, que los objetivos de la cooperación con el Perú después de esos 90 días van a cambiar. Sin duda, los proyectos (estatales y privados) que serán más afectados estarán relacionados al cambio climático y al medio ambiente. Ya no habrá dinero de la cooperación de USAID para el fortalecimiento de capacidades de instituciones y funcionarios del Estado para enfrentar delitos ambientales, para la seguridad hídrica y algunas inversiones en infraestructura natural y un largo etcétera. Sólo en el 2024 en respuesta a emergencias, protección general del medio ambiente y prevención de desastres, el Perú percibió de la cooperación de USAID US $70.4 millones.

Con Trump al mando de uno de los Estados más poderosos del mundo y una jefa de Estado peruana que no gobierna, es preocupante lo que nos deparan los próximos tiempos. No tendremos capacidad de respuesta, o al menos no se avizora de forma clara por el momento.

Las noticias internacionales suelen ocupar un espacio pequeño en medios tradicionales, y su pequeña parrilla está destinada usualmente a anécdotas o a la comunicación de desastres. El contexto internacional, cada vez más cambiante, nos obliga a estar atentas y atentos a las noticias, a escoger fuentes fiables y a preocuparnos por nuestra educación mediática. Tenemos que estar alertas ante esta “revolución del sentido común”.

 

desco Opina – Regional / 31 de enero del 2025

descosur

Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025

Lima, ¿quién la celebra?

 

A dos años de gestión municipal en Lima, Rafael López Aliaga, político de ultraderecha y exregidor del procesado alcalde Castañeda –desaparecido sin rendir cuentas a la justicia–, celebra los 490 años de su fundación española. De aquél recibió como herencia política su partido Solidaridad Nacional, para montar Renovación Popular, la organización política de su propiedad, con la que aspiró a la presidencia nacional y luego obtuvo la alcaldía de Lima como premio consuelo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es claramente un trampolín para que él tiente nuevamente la presidencia de la República en las elecciones 2026.

En marzo 2024, Ipsos indicó que 64% de las y los ciudadanos desaprobaba la administración de López Aliaga, cifra que se confirma con una caída a 31% de aprobación en noviembre. Ofreció convertir a Lima en potencia mundial (¿…?) pero su gestión a la vista está a años luz de llegar a cumplir esa promesa, según lo expresado en sus rendiciones de cuentas. Este descontento se atribuye, en parte, al incumplimiento de promesas que las encuestas reflejan como un creciente descontento entre los limeños respecto a la gestión municipal.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha emprendido un plan de financiamiento mediante la emisión de bonos para ejecutar diversas obras en la ciudad. En diciembre de 2023, se colocaron bonos por S/ 1250 millones a un plazo de 20 años y una tasa de interés del 10,1% anual, significativamente superior a la que podría haberse obtenido con el aval del Gobierno central, estimada en alrededor del 7%, lo que habría significado un ahorro de aproximadamente S/ 500 millones en intereses a lo largo de 20 años.

Los recursos recién obtenidos se destinarán a financiar proyectos de inversión pública, incluyendo megaobras viales en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se ha observado, que el 70% de los proyectos priorizados carece de expediente técnico, lo que podría retrasar su ejecución, además de que algunas obras incluidas en el plan de financiamiento presentan duplicidades y falta de sustento técnico.

El préstamo adquirido por la MML implica un fuerte endeudamiento a largo plazo para financiar proyectos de infraestructura. Ello ha generado un debate debido a las condiciones financieras y la planificación de las obras a ejecutar. El Consejo Fiscal y la Contraloría General de la República han expresado su preocupación por el posible sobreendeudamiento y la sostenibilidad financiera de la municipalidad, alertando sobre los riesgos de comprometer recursos de gestiones futuras.

No existe un plan vial integrado ni concertado para la ciudad, ni uno específico de transporte, como se aprecia en muchas de las obras en las que se invierte sin que respondan a un plan para Lima. Aparecen como salidas del sombrero de un mago, como ocurrió con la donación de casi un centenar de vagones y máquinas Diesel para prestar un servicio de transporte diario de trenes de pasajeros entre Callao y Chosica, sin contar con ningún proyecto de estaciones, accesos, vías y otras consideraciones indispensables para un proyecto general, con expedientes aprobados para prestar ese servicio, con interconexiones planificadas con otras rutas y servicios de tren o de ómnibus en la ciudad.

Para el alcalde se trata de romper con la inercia de no hacer nada por la población con el financiamiento internacional obtenido, destinado a la ejecución de importantes obras viales en Lima Metropolitana. Este endeudamiento, mostrado como logro, busca mejorar la infraestructura urbana y optimizar el tránsito en medio de marchas y contramarchas que ya han enfrentado al municipio limeño con varios gobiernos distritales y el propio Poder Ejecutivo. Por cierto, las obras implican costos sociales, como la afectación de viviendas y espacios públicos, lo que genera cuestionamientos sobre el estilo de la planificación y ejecución de estos proyectos para la Municipalidad de Lima. Según voceros de la MML como Deborah Inga, regidora de la Municipalidad Metropolitana, la obra de continuación de la vía expresa Bedoya Reyes ya empezó al recuperar espacios ilegalmente tomados, y las pistas se iniciarían durante este primer semestre 2025, luego de 60 años en los que no se hizo nada.

Simultáneamente, otros temas generan polémica: la compra de miles de motos para la Policía con el presupuesto municipal, los trenes donados de Estados Unidos, que aparecen fuera de todos los planes en marcha, sus anuncios sin pruebas contra la corrupción, la campaña repetidamente fallida por erradicar el comercio informal del Cercado de Lima y Barrios Altos, y recientemente la repetida mudanza de la estatua ecuestre del Conquistador del Perú a las inmediaciones de la plaza de Armas, etc.

Hay una visión de la ciudad como mercancía. Con una lógica de explotar los recursos urbanos para obtener ganancias en medio de procesos de segregación urbana al servicio del capital. Estamos ante un modelo de gestión municipal que apunta a ver la ciudad como mercancía obviando muchos temas en la responsabilidad territorial de servicios a los ciudadanos.

No hay mucho que celebrar cuando Lima aparece ahora internacionalmente como el espejo de lo que no se quiere para una metrópoli. Al parecer por las tendencias, podríamos llegar a ser la Calcuta sudamericana. Un mal ejemplo de ciudad, con lo peor en el tránsito, en el hacinamiento en el transporte, en el desabastecimiento de agua potable y otros servicios para millones de personas: sin olvidar la enorme segmentación y segregación de su población y de un déficit múltiple de calidad urbana, donde destaca la falta de áreas verdes para sus doce millones de habitantes. Mientras tanto, Rafael López Aliaga seguirá con su ánimo electoral y su acérrima defensa a causas conservadoras, prefiriendo rasgar sus vestiduras por inofensivos montajes teatrales tomados a pecho por ciertos sectores religiosos para quienes representan una afrenta u organizando eventos para revalorar los lazos hispanistas, junto a sectores de la ultraderecha internacional como VOX.

 

desco Opina - Regional / 17 de enero de 2025

descoCiudadano

Corrupción y hambre

 

Para los especialistas en corrupción e inseguridad, el caso peruano resultaba, de alguna manera, algo excepcional. Los aparentes altos niveles de criminalidad que acogían los aparatos estatales peruanos hasta hace un tiempo, no eran acompañados de los consiguientes niveles de violencia que podía esperarse.

Ya no es así. La muerte de Nilo Burga, rápida y sospechosamente sindicada como un suicidio, podría ser el punto de quiebre de las maneras habituales con las que quienes actúan en estos espacios, buscaban resolver sus desencuentros.

En efecto, nadie puede sorprenderse que, en general, los programas sociales del Estado peruano, sean rápidamente capturados por redes de proveedores que, de esta manera, se convierten en los “dueños” de estos espacios, poniendo a “su servicio” a las autoridades y funcionarios eventuales que deberían dirigirlos y orientarlos hacia los objetivos previstos.

Nadie se asombra tampoco, de que a estas alturas, precisamente por las maneras como estos programas funcionan, encontremos frecuentemente casos relacionados a la pésima calidad de los productos que son consumidos por las personas que usan estos programas, especialmente niños, ya sea porque el Estado carece de espacios de almacenamiento con los debidos estándares de seguridad, ya sea porque su pésima manipulación y confección hacen que se descompongan antes de ser usados.

Sin embargo, son pocos los que toman en cuenta un asunto que revela nítidamente el dislocamiento de las políticas públicas, que garantiza su nulo impacto: en el Perú. Más de 12 millones de toneladas de alimentos, se pierden a lo largo de la cadena que se inicia con la producción y culmina con el consumidor final. El promedio de pérdidas y desechos representa anualmente el 47,6% de los alimentos.

“Hay estudios sobre pobreza alimentaria que demuestran que en Perú hay serios problemas nutricionales que podrían ser cubiertos con esta cantidad de alimentos que se pierden o se desperdician”, afirmó Noelia Soledad Bedoya Perales, investigadora de la Universidad Nacional de Moquegua.

En su investigación, Bedoya utilizó datos sobre producción de alimentos, comercio y variación del stock del período 2007-2017, de la FAO. De este modo, se estimó que 53 por ciento de la pérdida de alimentos sucede en las etapas de producción agrícola (25 por ciento) y procesamiento y empaque (28 por ciento). Además, 44,04 por ciento de la merma sería de frutas y vegetales (5,6 millones de toneladas al año).

Aun así, seguimos definiendo el gravísimo problema alimentario del país como algo encasillado en lo productivo, anulando así la posibilidad de plantear políticas integrales de más amplio espectro.

Volviendo a Nilo Burga y su empresa FrigoInca, hundamos el dedo en la pus: como señala Jorge Bruce, “tenemos la barbarie incalificable de intoxicar a niños hambrientos y probablemente anémicos, con alimentos inaptos para consumo humano”. Una situación que es “el fruto descompuesto de una red de corrupción en el Ministerio encargado de cuidar a dichos niños”.

No es solamente “un caso”. Que no nos detengamos a comprender y explicar cómo es que habitualmente damos alimentos descompuestos a la población que necesitamos asistir, es un ejemplo clarísimo de que ofrecer alimentos en mal estado o desperdiciarlos de la manera como lo hacemos, sólo puede darse porque hay un ambiente igualmente descompuesto en términos morales que lo posibilita, como afirma Bruce.

Sólo de esta manera, en una situación de completa amoralidad, podemos entender que la noticia es el suicidio-homicidio de uno de los personajes de esta trama y no el hambre de una parte importante de la población, que paliamos con corrupción e indiferencia.

 

 

desco Opina / 10 de enero de 2025