Los senadores estadounidenses Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitieron un comunicado el 6 de diciembre, expresando su preocupación por el impacto que podría tener en la democracia peruana el proyecto que busca modificar la Ley 27692, reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Las alertas manifestadas no se limitan a las referidas autoridades, sino que son extensivas al aparato estatal estadounidense, en tanto las libertades de asociación y expresión, además de ser derechos básicos protegidos por los regímenes democráticos, devienen en instrumentos indispensables para dos de los objetivos políticos, concatenados, que persigue Washington en nuestro hemisferio: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Por eso, el comunicado de los senadores norteamericanos se suma a la preocupación manifestada por los relatores especiales de las Naciones Unidas, quienes, el pasado 19 de junio, advirtieron que las reformas propuestas podrían interferir en el funcionamiento interno de las ONG y las organizaciones sociales. En particular, resaltaron que obligarlas a registrar sus actividades y divulgar información sensible, va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
De igual manera, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, también expresó su preocupación sobre este tema. Destacó la importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia, advirtiendo que las medidas que busca aprobar el Congreso, podrían afectar negativamente la cooperación internacional y el clima de inversión en el Perú.
¿Por qué la preocupación? Lo que no asumen los patrocinadores del proyecto que busca modificar la Ley que norma el funcionamiento de APCI, es la complejidad que supone la referencia a la cooperación internacional. En efecto, cuando el objetivo es perseguir, criminalizar e ilegalizar y no buscar mejores canales para dar eficiencia a estos recursos, los impulsores de la norma no consideran que, según cifras oficiales, 73% de la cooperación para el desarrollo es manejada por el Estado peruano y sólo el 27% lo conducen las ONG y organizaciones sociales.
De ese más del 70% que administra el Estado peruano, la cooperación norteamericana representa casi el 60% del total. En el 2021, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), convino con el Estado peruano la transferencia de 321 millones de dólares, para proyectos de cooperación en Perú, durante los siguientes cinco años.
Estos recursos se destinan al desarrollo económico y social de las comunidades rurales que buscan fuentes de ingreso lícitas y sostenibles mediante el desarrollo de cadenas productivas. En otras palabras, lo que se intenta es la reconversión productiva sostenible de los campesinos cocaleros para, según el objetivo 1 que se propone el plan de USAID para nuestro país, “expandir el desarrollo económico y social en regiones post erradicación para sostener la reducción de los cultivos de coca”.
Una segunda área de cooperación es la mejora de la integridad pública para reducir la corrupción. En esa línea, USAID busca apoyar a las entidades de supervisión y control del Estado peruano, para la implementación de sus políticas y reformas destinadas a lograr mayor eficiencia y transparencia del aparato estatal. Así, según su objetivo de desarrollo 2, nuestro país, “incrementa la integridad pública para reducir la corrupción”.
Como vemos, las posiciones eminentemente personales, combinadas con la vocación profundamente antidemocrática que porta la mayoría de los integrantes del Congreso de la República dan como resultado estas inconcebibles conductas, en las que el necesario debate alrededor de los intereses nacionales queda totalmente de lado. Más aun, ni siquiera estamos ante situaciones inéditas, porque lo que vemos hoy tiene mucha semejanza con lo visto durante el autoritarismo fujimorista de los años 90 e, incluso, encarnado en las mismas personas y agitando los mismos pretextos.
desco Opina / 13 de diciembre de 2024
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