El paro de transportistas en Junín, iniciado el 10 de octubre de 2024, ha escalado rápidamente debido a la creciente preocupación por el crimen organizado y las extorsiones que azotan la región. Transportistas, bodegueros, comerciantes y movimientos estudiantiles se han unido en un frente común para exigir la derogación de la Ley N.º 32108, que consideran ineficaz para enfrentar el crimen organizado.
Este paro tiene lugar en un contexto de inseguridad generalizada en muchas partes del país, y Junín no es la excepción. Los pequeños comerciantes y transportistas, frecuentemente víctimas de extorsiones, ya no ven una solución viable dentro del marco legal actual. La movilización no solo responde a las preocupaciones económicas, sino que también refleja una demanda urgente de mayor seguridad y protección para la ciudadanía.
En respuesta, el gobierno nacional ha desplegado 14 000 policías y 4000 militares con el objetivo de controlar la situación, afirmando que los manifestantes representan a una minoría. Sin embargo, en Junín, el paro ha recibido un respaldo significativo, junto a la suspensión de clases y el cierre de mercados por temor a posibles disturbios.
En ciudades como Huancayo, las protestas han sido mayormente pacíficas, aunque se produjeron intentos para bloquear la Carretera Central, lo que conllevó a intervenciones policiales. El transporte público paralizado, con menos combis y buses en circulación, generó un incremento en el uso y costo de taxis.
El paro continuará hasta que el Congreso derogue la cuestionada Ley N.º 32108, denominada también como la “ley pro crimen organizado”. A nivel nacional, diversos gremios han señalado la radicalización de sus medidas, incluyendo huelgas de hambre, si no se deroga la criticada ley y se toman acciones efectivas contra la criminalidad en el país; sin embargo, las principales fuerzas políticas en el Legislativo se han reafirmado en su negativa para poner en debate la derogatoria de la ley, criminalizando la protesta y enfrentándose violentamente a los representantes del gremio de transportistas.
El Ejecutivo, por su parte, pretendió maquillar la paralización nacional y frente a la gran movilización recurrió a sus tácticas terruqueadoras para intentar deslegitimar la protesta. Como se observó en varios medios de comunicación, la presencia militar fue importante en diversos puntos críticos de la ciudad capital, a diferencia de los días previos a la movilización. Y tal como lo advirtió el aún ministro Santiváñez, la fuerza policial se hizo notar en la avenida Abancay, reprimiendo con violencia a la población movilizada que intentaba llegar al Congreso.
La ciudadanía en Junín y el país clama por soluciones concretas a la inseguridad, mientras quienes están hoy en el poder intentan aminorar la gravedad de la situación. Si no se toman decisiones rápidas y acertadas, el paro podría intensificarse, mientras que la criminalidad seguirá escalando dejando en el total desamparo a la población de las regiones del Perú.
¿Existe una verdadera voluntad política para enfrentar la delincuencia? Todo indica que no, y leyes como la Nº 32108 seguirán aprobándose gracias al pacto que hoy gobierna el país y sostiene a Dina Boluarte.
desco Opina - Regional / 11 de octubre de 2024
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