Un recodo en el camino

 

El deceso de Alberto Fujimori ha intensificado los adjetivos habituales. Los comentaristas políticos llaman a esto “polarización”, porque los contendientes bosquejan “el legado fujimorista” según sus respectivos puntos de vista.

Para el caso, es muy importante que se ponga sobre la mesa lo que significó su régimen en materia de derechos humanos y el arrasamiento de las instituciones. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, los pagos a Vladimiro Montesinos y a los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales y el allanamiento ilegal del domicilio de Trinidad Becerra. Además, fue sentenciado por el caso de los diarios “chicha”, por el desvío de fondos públicos (alrededor de 122 millones de soles) para financiar sus campañas electorales y difamar a sus opositores políticos. Sin embargo, en 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló esta condena, argumentando que las pruebas no demostraban con claridad la responsabilidad de Fujimori.

Pero, no es todo. En diciembre pasado el Poder Judicial había dado inicio al juicio oral por el caso Pativilca contra Fujimori, Montesinos y otras veinte personas, acusadas de homicidio calificado y asesinato con alevosía. En la audiencia, Vladimiro Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que Fujimori debía cumplir una orden de impedimento de salida del país.

Por otro lado, en junio de 2023, la Corte Suprema de Chile aprobó la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Fujimori para ser juzgado por cinco casos más: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador japonés en Lima, el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros, así como las esterilizaciones forzosas, en las que también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

Sobre el último caso, en diciembre pasado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada una demanda de amparo y, por lo mismo, declaró nulo el expediente de apertura de dicho caso. Luego, en agosto de este año, el Poder Judicial anuló la acusación presentada por la Fiscalía, dejando sin efecto lo actuado por esta instancia.

Inversamente proporcional a los señalamientos y acusaciones en materia de derechos humanos y corrupción, está lo referido al modelo económico. Ha sido muy poco lo que se ha puesto en cuestión estos días, de lo que sin lugar a duda es el corazón mismo de la Constitución de 1993, auspiciada por un fujimorismo que tenía en esos años todos los medios para proceder. Con ella, se diseñó un régimen denominado de “economía social de mercado”, con el que se consagró los roles disminuidos –subsidiarios– que tendría el Estado en materia económica.

Otro cambio fue el grado de autonomía que se le otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quedando explícitamente prohibido de financiar al Gobierno y, con ello, poner punto final a la emisión inorgánica –la “maquinita”– a la que fueron muy adeptos los gobiernos pasados.

Un tercer aspecto resaltante fue el programa de privatizaciones, bajo el amparo de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado. Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos por unos 7200 millones de dólares.

Como vemos, los aspectos ya señalados, y seguramente muchos otros más también, continuarán argumentándose de la manera como se hace en estos momentos: que la derrota de la subversión no legitima los excesos en materia de derechos humanos versus quienes creen lo contrario; que el rol del Estado es asegurar el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos frente a quienes sostienen que su rol básico es el de promover entornos favorables a la inversión. La balanza se inclinará para un lado u otro por la fuerza argumentativa, sin duda también emotiva, que deberán tener las posiciones hacia adelante.

 

desco Opina / 20 de setiembre de 2024