Hablar de la crisis del país ya es un lugar común. Mes a mes, las distintas mediciones de la opinión pública nos muestran la abrumadora desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República, es decir de la coalición autoritaria, conservadora y corrupta que nos gobierna. La encuesta de agosto del Instituto de Estudios Peruanos, como en los últimos meses, muestra que apenas 6% aprueba la gestión de la mandataria quien registra una desaprobación del 88% que se acentúa en el centro del país (3%), entre las personas de 25 a 39 años (5%) y en el nivel socioeconómico C (4%). Sus socios del Congreso se mantienen en un patético 4% de aprobación, que cae hasta el 1% en la macrozona central.
El nivel de insatisfacción sobre lo dicho por la presidenta en su mensaje presidencial con respecto a economía, seguridad y corrupción, es superior al 80%, en cada uno de los campos. Siete de cada diez encuestados no le creen nada. Esto es particularmente alto en las zonas rurales, la macrozona norte, las personas de 40 años a más, quienes pertenecen al nivel socioeconómico D/E, así como entre los que se identifican como de izquierda. Idéntico porcentaje de los encuestados no les cree nada o poco a los congresistas, especialmente las personas de 40 años a más, el nivel socioeconómico C, así como entre los que se identifican de izquierda o centro. Alrededor del 70% de los encuestados indica que el gobierno de Boluarte y el Congreso le suscitan sentimientos negativos. Muy pocos afirman tener sentimientos positivos ante el Ejecutivo (3%) o ante el Legislativo (2%).
Si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entendemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados siente respeto por las instituciones políticas. En los últimos meses es claro que la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto meramente electoral, desde el que ella tendría una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China, protegida por su sociedad y sujeción con el parlamentarismo autoritario que nos gobierna, como lo evidenció su indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firmó con otro de sus waykis, Alejandro Soto, el ex presidente del Congreso, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, Alberto Fujimori incluido. La señora, autodeclarada madre de las peruanas y peruanos, a quienes les recuerda la madre propia cuando la silban, está decidida a hacer del agravio su sello personal.
Su capacidad de ofender y desdeñar a la población, como es obvio, marcha a la par con la incompetencia y la altanería de sus ministras y ministros, preocupados por su condición de guardaespaldas, ante que por gestionar el país. Desde su canciller, especializado en las últimas semanas en atacar en su casa a distintos representantes de países amigos, hasta el representante de César Acuña en el Gabinete, el sibilino ministro de Salud que combina su incapacidad para enfrentar el dengue –suman más de 260 000 contagiados y 240 fallecidos en la semana 32 del año–, con la arbitrariedad de algunas de sus decisiones que responden, seguramente a intereses privados como su decisión de cambiar las reglas para postular como serumista el presente año, estableciendo que se puede ocupar una plaza sin haber aprobado el examen nacional de la carrera. Sus distintos ministros combinan el ridículo con la arbitrariedad. Así, se desploman fungiendo de deportistas en la explanada de Palacio, niegan la inseguridad alimentaria insistiendo en que sobra la comida, inútilmente tratan de esconder las cifras de la pobreza creciente, despotrican de la CIDH y aplauden la desinstitucionalización del país, el retroceso en derechos y la protección a las economías ilegales y la impunidad, que promueven con entusiasmo los congresistas.
En el caso del Congreso, para que no queden dudas de sus intenciones futuras –control de la Junta Nacional de Justicia, control de los organismos electorales, seguros para asegurar su impunidad, candados para impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti o Vizcarra, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales–, eligió una mesa directiva representativa de sus intereses e intenciones inmediatas. En este tiempo se evidenciaron tres procesos en marcha en este poder: (i) la consolidación de la alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que más allá del reparto de cargos y la distribución de comisiones, apunta a subordinar a otros sectores de las derechas y a golpear a Renovación Popular; (ii) la ratificación de los intereses personales/grupales mayoritarios en el Congreso y la decisión de continuar en la dirección ya trazada; (iii) el relativo debilitamiento y la creciente necesidad de negociar de Keiko Fujimori, quien tras rechazar la candidatura de Salhuana, tuvo que aceptarla por las presiones de su bancada y posiblemente de su padre.
El nuevo presidente del Parlamento simboliza los vínculos congresales con las economías delictivas; Juárez la decisión de modificar la Constitución y horadar la institucionalidad en función al fujimorismo 2.0, que buscan; Cerrón, el “anticaviarismo” y la impunidad, mientras Cavero, el disfraz de defensa de derechos y constitucionalidad que trata de usar el autoritarismo.
En este escenario, el malestar con el agravio permanente y el autoritarismo creciente, alientan manifestaciones de protesta que se pueden multiplicar. Desde el rechazo a los congresistas Chirinos y Aragón en un bar barranquino –con un censurable e injustificable acto de violencia–, hasta las sucesivas huidas del waikicha mayor del desencanto y la movilización de sus paisanos, pasando por el abucheo a la Ministra de Cultura en un festival de cine, la ausencia “por enfermedad” de la propia mandataria y las críticas que enfrentan crecientemente en las calles y en su semana de representación muchos congresistas, es claro que el hartazgo y la grita espontánea van ganando espacio. Ciertamente no puede reemplazar a la debilidad de la movilización ciudadana organizada, pero se suma a ella y abre un nuevo curso, cuya legitimidad es indiscutible.
desco Opina / 23 de agosto de 2024
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