Si la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de ministros Alberto Otárola están sólo en capacidad de ofrecer al país su autoritarismo negacionista, deberían renunciar. No lo van a hacer. La deshonestidad pública del gobierno no concierne únicamente a su afán por negar las masacres perpetradas durante las protestas de diciembre a febrero, sino ahora, más recientemente, por desconocer su muy mala imagen internacional derivada de las masacres y de la mediocridad de gestión.
Si cabe algún cotejo macabro de cifras oficiales, la explosión social ecuatoriana del año 2019 produjo seis muertos; el estallido chileno del mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 fallecidos. En tan solo seis semanas de gobierno la dupla Boluarte-Otárola escaló a 67 cadáveres y más de 1900 heridos de distinta gravedad sin que hasta la actualidad se asuma ninguna responsabilidad política por ello. Esto resulta inaceptable en una democracia que debiera proteger los derechos humanos. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política.
El balance de seis meses de gestión, expuesto en conferencia desde Palacio de Gobierno, pretendió, al contrario de lo que muestran diferentes estudios de opinión recientes, ofrecer la imagen de un remanso del proceso político social que vive el país. No hubo ninguna autocrítica sobre su desempeño y pretendió negar que en la práctica es evidente una alianza fáctica con el Congreso de la República.
Durante dos horas y media, la presidenta y sus ministros quisieron pasar como logros lo que no fue sino un listado del funcionamiento inercial del Estado peruano. El balance destacó por su desconexión con la realidad y la omisión grosera de serios problemas como por ejemplo, que las relaciones diplomáticas de Perú hayan quedado reducidas a encargados de negocios con Colombia, México y Honduras, al tiempo que se hizo evidente para el mundo el trato de los presidentes sudamericanos hacia el actual gobierno peruano, duramente frío y distante, como se vio en la reciente cumbre convocada por el presidente Lula en Brasil.
Abundaron las promesas de lo que se pretende para los próximos meses, la información sobre entrega de diferentes bonos a los pescadores artesanales y maestros, así como las becas a alumnos en educación. Se dio cuenta del aumento de cifras presupuestales, varias de ellas simples asignaciones en las cuentas, para su potencial ejecución a futuro como son los planes de negocios. La entrega de toneladas de ayuda alimentaria, la asistencia económica y el aumento de los recursos de programas sociales como el Vaso de Leche y las ollas comunes dejaron ver el lado asistencialista como soporte, en un marco general de pretendido clientelismo, autoritarismo creciente y restricción de los espacios democráticos.
Pretendiendo negar la luz del día se repitió, en la exposición que siguió a cargo de su equipo ministerial, que gracias a la estabilidad y la confianza logradas “se ha conseguido restituir la imagen del Perú como socio confiable para el comercio al disfrutar de estabilidad jurídica y reglas claras para la inversión extranjera” y que se generará... impulsará… transferirá… asignará presupuesto… para distintos sectores, incluyendo 480 millones de soles para el mantenimiento de helicópteros, reactivar camiones, aviones y equipos de ingeniería militar y 558 millones para la industria naval.
Otárola y varios de sus ministros, insistieron en señalar como un logro importante haber dejado en París un memorándum a la OCDE para ingresar a ese espacio —como lo hicieron antes Humala y Kuczynski— a la espera de comentarios dentro de los próximos 36 meses. Dar cuenta de ese trámite como un logro importante, al mentir sobre un ingreso todavía lejano, es actuar con cinismo, en el mismo tono que afirmar que con decretos de este gobierno se reactivará la economía peruana y la confianza económica internacional que hemos perdido.
El Congreso, el verdadero gobierno de los 180 días de los que da cuenta Dina Boluarte, sigue afianzándose desde el siete de diciembre pasado, en medio de la estabilidad relativa del autoritarismo que nos gobierna. Afirmar, como lo hace Otárola, que la crisis ya terminó es negar que vivimos un proceso complejo que se agudiza por un gobierno irracional que se niega a dialogar. Su mensaje es vacío y nada convocante, aunque la presidenta afirme al final de su informe al país, desbarrando, que seguirá buscando trabajar de la mano con la sociedad civil, con la empresa privada, con todos los sectores, con los colegios profesionales, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, los peruanos de la tercera edad, con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, con las mamás… (minuto 28.30).
El cómo se desarrollen los próximos acontecimientos en nuestro complejo escenario político y socio económico será siempre un albur. De lo que sí podemos estar seguros es que, sin sanciones a los verdaderos responsables de las masacres ocurridas y sus aliados, será imposible avanzar hacia una verdadera pacificación, el respeto a los derechos humanos y el afianzamiento de la democracia en nuestro país.
Esta conferencia de junio constituye un triste adelanto de lo que será, párrafos más o guarismos actualizados, el mensaje a la nación del próximo mes.
desco Opina / 16 de junio de 2023
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