El desventurado incidente migratorio entre nuestro país y Chile deja una vez más en deplorable pie a la Cancillería peruana y de paso evidencia el pésimo manejo de la gobernabilidad nacional por parte del Gobierno Boluarte-Otárola.
Centenares de personas, en ruta desde Chile, continúan varadas durante semanas en la frontera sin una salida humanitaria e inteligente ante el impedimento de entrada a nuestro país de migrantes de diversas nacionalidades. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que ésta es una política para proteger al Perú contra la ola de violencia que se vive. Las medidas adoptadas son, si no vergonzosas, incoherentes.
Ante la presión del incidente, la Presidenta declaró el estado de emergencia en todas las regiones fronterizas del Perú: Tumbes, Piura, Cajamarca San Martín, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Puno (que estaba desde antes en esa situación). Ordenó el despliegue del ejército para reforzar a la policía en los cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia buscando impedir que eventuales migrantes continúen su viaje, aparentemente en un intento por frenar el crimen transnacional. La decisión requiere de una modificación constitucional por lo que se ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional. El gobierno no ha especificado qué implicará el estado de emergencia en términos de restricción de las libertades individuales y públicas, o cuánto tiempo permanecerá en vigor.
Adicionalmente, decretó una amnistía de la multa para las personas extranjeras que incurrieron en sanciones por no prorrogar su residencia o tiempo de permanencia en el país. Según el jefe de Migraciones, cerca de 700 000 venezolanos, estimados en un millón y medio en el territorio nacional, deben tramitar su situación migratoria, advirtiendo a los extranjeros que deberán continuar con una solicitud de prórroga de permanencia o residencia y que aquellas personas en situación irregular –por vencimiento de esos documentos o ingreso sin control migratorio– próximamente deberán iniciar un proceso de regularización, mediante el permiso temporal de permanencia (PTP) un símil de menor rango que el carnet de extranjería, inspirado en razones humanitarias.
La gobernanza migratoria anunciada pretende así acabar con la «ilegalidad» y reducir la política migratoria a una simple política de regularización. Se inscribe en una lógica de control migratorio anclada en los conceptos de control y utilidad de la migración.
La inmigración en el territorio del Perú ha sido constante desde la época del Virreinato, con españoles y africanos. Posteriormente, durante la República, con la llegada de asiáticos (de Japón y China), y en menor medida de europeos. En nuestros días con más de 1.5 millones de venezolanos, Perú es el segundo país de destino para refugiados y migrantes venezolanos en el mundo después de Colombia. Según las Naciones Unidas, cientos de migrantes que han vivido en Chile, provenientes especialmente de Haití y Venezuela, están tratando de abandonar el país a medida que allí se endurecen los controles migratorios. Parados durante semanas en la frontera entre Tacna y Arica, quieren regresar a casa o ir a Estados Unidos. El gobierno peruano ha enfrentado ya varios choques con los extranjeros varados en el desierto, quienes diariamente intentan desbordar los controles.
Algunos estudios y datos de la historia reciente nos permiten ubicar mejor la dimensión del reto que se enfrenta para así ponderar adecuadamente la actuación de las autoridades peruanas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, atendiendo directivas políticas y diplomáticas del gobierno norteamericano, abrió, como nunca había ocurrido antes, nuestras fronteras para acoger a millones de ciudadanos que abandonaron Venezuela cuando su crisis política y económica se agravó a inicios del gobierno del presidente Maduro. Por entonces expresó: “Hemos facilitado, y estamos ampliando, el permiso temporal de permanencia de nuestros hermanos venezolanos. ¡Son bienvenidos a este país democrático! Aquí les hemos dado la puerta abierta para que puedan venir”. Sin embargo, en los últimos años, se dieron varios giros restrictivos, en especial la imposición de una documentación para el ingreso, como el pasaporte y la visa, y Perú se configuró como un país que irregulariza a la población venezolana que había llegado antes sin esos documentos.
De los extranjeros residentes en el país, la mayoría son venezolanos (86.8%). Se estima que, para finales del año 2023, serán alrededor de 1.6 millones de personas. Siguen muy atrás los colombianos (3.3%) y luego poblaciones minúsculas de extranjeros residentes por debajo de 1% como ecuatorianos, estadounidenses, españoles y argentinos. Los inmigrantes chinos, chilenos, brasileros y bolivianos constituyen cada uno el 0.7%. El 75% residen en Lima (más de un millón) y superan a todos los habitantes de la región Arequipa y de veinte regiones más del país. Principalmente viven en los distritos de San Martín de Porres y los Olivos, donde se asientan 300 000 personas venezolanas, aproximadamente.
Según el INEI, 46% de los adultos mayores de edad tiene estudios universitarios o terciarios incompletos. Cerca del 35% cuenta con estudios universitarios o terciarios completos, un talento importante para aprovechar. Cerca del 60% de los refugiados y migrantes venezolanos en el Perú no cuentan con un permiso de estadía válido y eso dificulta aprovechar ese capital profesional e incorporarlo adecuadamente a la actividad laboral profesional.
Se requiere políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante. No tenerlas afecta la redistribución espacial de la población, la estructura por sexo y edad, los niveles de fecundidad y mortalidad y la composición de la población con respecto a otras variables.
Los refugiados y migrantes enfrentan un ambiente difícil, marcado por la discriminación y la xenofobia, los estereotipos, los discursos en contra y las propuestas legislativas que intentan restringir sus derechos humanos y su acceso a servicios esenciales, lo que dificulta su integración socioeconómica. En teoría, por un lado se busca garantizar y proteger los derechos de algunos grupos, por ejemplo, los “verdaderos” refugiados, y, por otro lado, sancionar e impedir la llegada de los migrantes indeseables.
Estos datos bastarían para entender la dimensión del problema y lo desacertada e incoherente que es la actual política del gobierno peruano para su tratamiento.
desco Opina / 5 de mayo de 2023
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