La libertad de expresión en busca de un contexto

 

Por ahora, esperando las decisiones de segunda instancia de la justicia peruana, el periodista Christopher Acosta ha sido sentenciado a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 000 soles compartida con Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House en Perú, por difamación contra César Acuña, en su libro Plata como cancha.

Acosta y Pimentel manifestaron su sorpresa ante dicho fallo, resaltando la pobreza de argumentos en la decisión del Juez. “La sentencia del Juez se basa especialmente en exigirme como periodista casi que yo haya tenido un nivel de presencialidad durante los hechos”, dice Acosta.

Por su lado, Pimentel calificó la sentencia como “una cosa muy grotesca”. “Me ha sorprendido bastante que el juez se arrogue una suerte de capacidad para determinar qué fuentes le parecen legítimas y qué fuentes no. El juez ha estimado y desestimado otras, como si fuera una suerte de editor periodístico”, comentó.

Es posible que Acosta y Pimentel tengan mucha razón en sus argumentos. Por ejemplo, resulta muy complicado aceptar la afirmación de Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, en el sentido de que su patrocinado nunca fue convocado por el autor del libro para hacer sus descargos. Así no procede ningún periodista, por muy bisoño que sea. Ghersi lo sabe bien, dicho sea de paso.

Sin embargo, eso no significa que todos los argumentos que alegan sean siempre aceptables. Según Acosta, los periodistas arman sus historias con citas y en el caso de la publicación en cuestión, no hay testimonios de fuentes anónimas sino personas con nombres y apellidos, “que relatan cosas que han vivido con César Acuña”. Craso error.

El testimonio como tal no es evidencia y, dado el caso, el problema no se resuelve afirmando que el demandante debió dirigirse contra los que opinaron sobre su persona y no contra quien los escribió, porque lo que vale en este caso es la intencionalidad: una situación es comentarle a alguien lo que se opina sobre una persona y otra, muy distinta, es publicarlo para apoyar un argumento, a favor o no, de quien está referido.

Por eso, lo expresado por Rosa María Palacios es cierto, pero en el sentido contrario al que ella quiere darle. Estima que las frases que el juez considera “difamatorias” no le quedaban claras. Pero “la lectura de éstas son un buen recordatorio de lo que los familiares, parejas y allegados de Acuña dijeron de él. No lo dijo Acosta. Si no le gusta, ¿por qué no los demanda a ellos?” Sencillamente, porque lo dicho por los entrevistados no es materia demandable, pero la publicación de ello, buscando apoyar una hipótesis sobre el referido, sí lo es.

Lo de Acosta es relevante como caso de investigación política en un contexto como el peruano, en el que una parte considerable de la vida de un personaje público está sumida en parajes recónditos y oscuros que necesitan mucha imaginación para construir una cadena casuística que permita ponerlos en evidencia.

Por ejemplo, algo que se actualizó a partir del caso Acosta es el doctorado de César Acuña en la Universidad Complutense de Madrid y su maestría en la Universidad de Lima. Si bien resulta complicado asociar la sindéresis y sintaxis que normalmente usa Acuña para comunicarse, con los grados académicos que ostenta, lo cierto es que formalmente es así. En el primer caso, la Comisión Jurídica Asesora de Madrid no aceptó el pedido de la Universidad Complutense, lo que significó que Acuña no ha perdido su grado de doctor. En el segundo, si bien la Universidad de Lima aceptó las evidencias de plagio en la tesis de maestría, siguió manteniendo su grado. ¿Algún investigador puede aclarar estas situaciones?

En todo caso, no debemos perder de vista que la construcción de estos relatos alrededor de controvertidos personajes públicos (las “biografías no autorizadas”) son producto de una lógica editorial muy conocida alrededor del mundo, en donde no primará la fineza de las técnicas de investigación ni la pulcritud en el trabajo editorial, sino las proyecciones de ventas. Todos sabemos que, pasado algún tiempo, se dejará de prestar atención al producto y la idea es sacarle todo el provecho posible mientras tanto.

Desgraciadamente, es así y la hipocresía frente a esta realidad hace mucho daño a lo que se ha puesto en cuestión con Christopher Acosta y César Acuña, porque todos sabemos que esta situación no se reduce a un juez que parece no tener muy clara la tipología de difamación y a un autor que tampoco parece tener plenamente claro qué es la veracidad que puede producir un informante y, a partir de ello, convertirse en fuente probada de su argumento. Son situaciones que se reproducen en muchos espacios editoriales, periodísticos, jurídicos, políticos de nuestro país diariamente.

Y no es que siempre hacemos mal las cosas. A propósito de lo que tenemos ahora entre manos, cuando una investigación busca estándares de rigurosidad y sólo luego de asegurarlos aspirar a buenas ventas, vamos a tener un producto estupendo como Los doce apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, de Francisco Durand, en donde entre otros grupos trata extensamente a los Acuña, sin contemplaciones y sin haber recibido hasta la actualidad amago alguno de demandas.

Desde un ámbito judicial, creemos que no hay mejor ejemplo de cómo se construyen pruebas que apoyan contundentemente una sentencia, que el realizado por los jueces que procesaron a Alberto Fujimori. El espléndido documento que se produjo entonces es un ejemplo de la legitimidad que guarda a través del tiempo una decisión bien construida.

 

desco Opina / 14 de enero de 2022