El país está asistiendo a una nueva
crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, actualmente propiedad de la empresa china MMG
Minerals. Como se sabe, desde la concesión del yacimiento a la empresa suiza
Xstrata en el año 2004, los subsecuentes trabajos de exploración y construcción
de mina, hasta la puesta en operación del proyecto, se han desencadenado
innumerables conflictos que han enfrentado a la población de su zona de
influencia con la minera y el Estado.
Tras 15 años de presencia en la zona,
las múltiples experiencias acumuladas que deja la conflictividad allí y en
otros ámbitos mineros, cabe preguntarse por lo que se ha aprendido desde el Estado
y las empresas para gestionar y solucionar eficazmente los conflictos. En otras
palabras, ¿Por qué, a pesar de los diagnósticos realistas –y en general
acertados– que circulan acerca de las causas de la conflictividad y del
comportamiento de sus distintos actores, estos, es decir, los conflictos,
continúan estallando? ¿Era acaso inevitable que escalaran e hicieran crisis como ha vuelto a ocurrir recientemente?
Algo sin duda está fallando, al menos desde
el actor llamado a prevenirlos y solucionarlos como es el Estado. Se han
identificado ya una serie de factores, pero en esta ocasión queremos enfatizar
algunos cuyas fallas se evidencian en el tratamiento de la actual crisis: el
manejo sectorializado y por tanto fragmentado de los conflictos, el enfoque y
las prácticas para su abordaje, y los estilos autoritarios en la adopción de
decisiones que afectan a la ciudadanía.
El manejo sectorializado de los
conflictos fragmenta la actuación del Estado, limitando por ejemplo la
armonización de políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la
conflictividad, que en la práctica es atribución de cada sector o nivel
gubernamental. Es cierto que ha habido avances en la medida que, por ejemplo,
la oficina de conflictos de Energía y Minas (MINEM) coordina con las oficinas
existentes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del
Ambiente (MINAM) y otras entidades, pero tales esfuerzos no se han traducido
hasta ahora en una mirada integral del problema.
Los enfoques vigentes suelen mencionar
la necesidad de priorizar las intervenciones que contribuyan a prevenir los
conflictos y algo sin duda se hace en tal sentido, pero lo que parece
predominar en los hechos es la concepción del conflicto como sinónimo de
movilizaciones, actos de fuerza y violencia; mientras ello no ocurra, la
atención de los casos es más bien lenta y parsimoniosa.
El conflicto vigente en Las Bambas
ilustra por otro lado, el estilo autoritario y burocrático del Estado: así, por
ejemplo, la decisión de convertir una carretera local o regional en vía
nacional se hizo sin consulta ni consideración por el impacto que iba a causar
en la población que vivía por donde iban a transitar los camiones que
transportan minerales, respaldándose en normas que no contemplan tal consulta.
Estos problemas se han intentado abordar
con iniciativas como la que alguna vez circuló, la misma que planteaba crear un
sistema nacional de prevención y gestión de conflictos, con una política
pública que armonizara el tratamiento de la conflictividad desde todos los
niveles y sectores del Estado bajo un enfoque preventivo .Todo esto ha quedado en nada debido a la
resistencia y oposición de sectores que defendieron sus espacios y se negaron a
someterse a la rectoría de la PCM, a la que por otro lado, se acude cuando las
cosas se ponen difíciles, como ocurre ahora y antes en el conflicto de Tía
María. En ambos, la responsabilidad de la oficina especializada de Energía y
Minas por sus errores y omisiones previas a los estallidos ha sido hasta la
fecha invisibilizada.
Detrás de estas falencias están sin duda
la debilidad y precariedad institucionales del Estado, que se traduce, entre
otras cosas, en la carencia de un cuerpo profesional, estable y eficiente de funcionarios
que den continuidad a las políticas públicas y a las decisiones y acuerdos
pactados. Lo que predomina es un amplio sector de funcionarios contratados que
rotan constantemente y afectan la capacidad de volcar los aprendizajes en rutinas,
procedimientos y protocolos, y de allí que los errores que llevan a conflictos
se repitan una y otra vez. Los cambios en esta materia, sin embargo, no son
fáciles de implementar, pues implican reformas abordables en un mediano plazo.
Un abordaje integral de la conflictividad
implica en última instancia una reforma amplia en los modelos vigentes del
ciclo minero (concesión, exploración, construcción, explotación y cierre de
mina), en el cual el rol del Estado sea más activo y la participación ciudadana
más respetada. Esto supone una voluntad política y una correlación de fuerzas
sociales y políticas hoy inexistentes, así que es difícil esperar aquí cambios
inmediatos, salvo modificaciones en materia tributaria o técnica (por ejemplo,
la relacionada con las evaluaciones de impacto ambiental y otros instrumentos).
Por ahora, el Estado debe legitimar sus
actuaciones no solo promoviendo la inversión privada, sino también, defendiendo
los derechos ciudadanos. En la medida en que la población vea esto último, la
confianza hacia aquél aumentará y situaciones como se viven hoy en Las Bambas
disminuirán. Del mismo modo, se hace indispensable que el Estado desarrolle
capacidades para el análisis de lo que está ocurriendo en zonas sensibles al
conflicto, así como instrumentos que le permitan detectar los potenciales
impactos de las decisiones públicas en la conflictividad del país.
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