Muchos años después de los
festejos de los colectivos feministas peruanos, por haber conquistado cuotas de
género para la inscripción de listas de candidatos, basta mirar éstas en las 26
regiones –incluyendo Lima Metropolitana y Callao– para constatar que en nueve de ellas no existe candidata mujer alguna. Además, como se
sabe, la cuota de género no garantiza que las mujeres accedan a cargos de
elección y su ubicación dentro de las listas es relegada.
En el centro del país es
visible la casi total ausencia de candidatas a las gobernaciones regionales; en
Junín, los doce candidatos son varones y sólo dos de estas listas incluyen mujeres
como postulantes a vicegobernadoras. En Huancavelica, sólo una de once
candidaturas es de una mujer y dos a vicegobernadoras; en Pasco, los nueve candidatos
son hombres y apenas hay una sola aspirante a vicegobernadora. Todo ello demuestra
una vez más, que la cuota de género es un mero formulismo, por la persistencia
del machismo o por un escaso posicionamiento femenino al interior de estos grupos políticos. Cabe
preguntarse si no hay mujeres que se sientan capaces de dirigir a sus regiones
o si los grupos políticos las discriminan en sus procesos internos de elección,
a pesar de que la gran mayoría de aspirantes mujeres –entre otras ventajas– suelen
tener menos problemas judiciales que pudiesen eventualmente obstaculizar sus pretensiones
electorales, tal como ocurre de manera bastante alarmante entre los postulantes
varones de la Región Junín.
A nivel provincial, el
panorama no varía mucho. En Junín destaca la provincia de Tarma, donde solo cinco
de dieciséis postulantes a la alcaldía provincial son mujeres (31%), pero el
asunto es más grave en Concepción y Jauja, donde no hay ninguna postulante
femenina, al igual que en Churcampa, Angaraes y Castrovirreyna (Huancavelica). En
este escenario, no sorprende que aun cuando la lucha contra la violencia hacia
las mujeres sea una política de Estado incluida en los planes regionales de
desarrollo concertado, los planes de gobierno de muchas candidaturas no contengan ni una línea sobre el tema. Es en verdad alarmante que las
demandas de las mujeres no estén apareciendo en las propuestas políticas, pese
a los altos índices de violencia contra ellas y que desde hace años existen
colectivos de defensa de sus derechos en casi todas las regiones, sin que hayan
logrado posicionar sus aspiraciones en las propuestas de campaña.
La participación política de
las mujeres en los próximos comicios, evidencia un notorio retroceso respecto al año 2014, en que su presencia ya era
mínima: solo un 25% de regidores provinciales elegidos en todo el país fueron mujeres,
un 23% consejeras regionales y solo una fue gobernadora regional. Un 3% son
alcaldesas provinciales, 2.7% son alcaldesas distritales y el 28% regidoras
distritales. Estas cifras serán previsiblemente mayores que las que se alcancen
después del proceso electoral regional y municipal del 2018, por que el Estado
peruano y la clase política no han podido garantizar el acceso a los derechos
políticos de las mujeres.
Hay sin duda, una serie de
factores que desalientan la participación femenina, uno de ellos es el acoso político hacia las postulantes y autoridades femeninas en ejercicio,
lo que merecería una tipificación legal actualmente inexistente. En el caso de
Junín, se aprobó una Ordenanza Regional para la regulación contra el acoso
político hacia las mujeres de la región (Ordenanza Regional Nº 211-GRJ/CR,
octubre 2015); sin embargo, en la práctica ha servido de poco para reducir las acusaciones
de acoso político contra ellas.
La escasa tribuna que
prestan los medios de comunicación local a las mujeres autoridades y candidatas,
es también una forma de discriminación, aun cuando existen estudios que demuestran
que la percepción popular mayoritaria es positiva sobre el accionar político de las mujeres autoridades, sobre todo por su preocupación en
temas sociales. La situación descrita evidencia que la participación
igualitaria de las mujeres en la política no se va a lograr solo por decreto,
que los avances logrados no son aún irreversibles y que la formación,
reconocimiento y revalorización social del rol y el aporte de la mujer en el
desarrollo integral demanda políticas más activas, así como una mayor apertura y
voluntad política de las fuerzas que aspiran a gobernar el país en sus
distintos niveles.
desco Opina -
Regional / 7 de setiembre de 2018
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