Un escenario tormentoso para el gobierno

Una vez más, el ministro Urresti se puso en el ojo de la tormenta. Su desmedida afición por el protagonismo mediático y el uso constante del twitter para desarrollar su «guerra santa» contra los opositores del gobierno, afán en el que es acompañado por el ministro Cateriano, terminó por pasarle factura. A sus dificultades para responder por la huida del prófugo Martín Belaunde, se sumaron sus encontronazos altisonantes con el congresista Mulder, sus disputas con Keiko Fujimori y Alan García, coronándolas con su infeliz texto, meme incluido, contra el ex mandatario. El corolario fue el del altisonante ministro, pidiendo disculpas contrito tras la reaparición de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien así pudo recuperar alguna visibilidad en un gabinete que en las últimas semanas parece tener como vocero principal al Ministro del Interior.

Como es obvio, en esta lógica el envilecimiento de la política y la descomposición del debate, alentados también por el entusiasmo que despiertan estos comportamientos en distintos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública, continuaron su curso, en perjuicio de una democracia que se deteriora cada vez más ante la incapacidad del gobierno nacional para salir de los muchos entrampamientos que contribuye a generar.

En este contexto, las protestas contra la denominada «Ley Pulpín» han continuado y empiezan a ampliar su contenido y convocatoria. A las protestas y demandas de los colectivos y grupos de jóvenes inicialmente autoconvocados, se sumaron interesadamente muchos de los partidos políticos, especialmente el APRA y las izquierdas, pero también las organizaciones sindicales y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. La publicación del Reglamento, por parte del gobierno, está lejos de calmar las aguas, porque como es obvio, si bien intenta limitar algunos de los peligros de la norma, la mantiene en su esencia, precisamente porque se trata apenas de reglamentarla.

En este escenario, la oposición en el Congreso está presionando a la Presidenta, amenazando con su censura, ante su falta de voluntad para convocar al Pleno, poniéndola en una situación difícil. La primera dama y los voceros empresariales, inicialmente agresivos en su defensa de la norma, han optado por bajar su perfil y por el silencio, eventualmente sorprendidos por una protesta en cuya sostenibilidad no creían. Para peor, varios de los congresistas nacionalistas, como viene ocurriendo cada que las papas queman, prácticamente han desaparecido, preocupados antes por su futuro electoral, ya a la vuelta de la esquina, que por su lealtad a un gobierno cada vez más lleno de problemas.

La tumultuosa movilización del 14 de enero pasado, que hay que decirlo, tuvo pequeños grupos de provocadores y un comportamiento violento de la policía, insinuó ya que las banderas de la lucha, además de la derogatoria de la «Ley Pulpín», se orientan también, como debía ser, a la discusión de la Ley General de Trabajo, comprometida por este gobierno y largamente postergada. Como es obvio, el debate sobre esta norma, aún más que el de la «Ley Pulpín», pone en el centro del debate, los límites de un modelo económico que está dando señales claras de agotamiento, la última de las cuales es el reciente anuncio del exiguo crecimiento oficialmente registrado en el mes de noviembre.

El malestar expresado por los jóvenes en las calles, puede irse ampliando. Aunque es verdad que las movilizaciones, hasta hoy son centralmente limeñas, las encuestas demuestran un rechazo creciente a la nueva norma. ¿Alcanzará éste para que el Congreso derogue la norma? Difícil decirlo, porque hay que recordar que la misma fue aprobada por el Congreso de la República con los votos de buena parte de la oposición, que hoy se desmarca interesadamente de su decisión de ayer.

En cualquier caso, y así las cosas, es indudable que el gobierno entra al 2015 con dificultades crecientes y con una presión sostenida en las calles y las redes, que puede extenderse y calentar aún más un verano de por si caliente.

desco Opina / 16 de enero de 2015

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